No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo. / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objeto de este trabajo es hacer un análisis a los requisitos que la doctrina ha establecido para la dictación de las denominadas medidas restrictivas de derechos fundamentales, en el ámbito de las facultades que el DL 211 ha establecido para la Fiscalía Nacional Económica en la investigación de los ilícitos del artículo 3 a). En un primer capítulo hacemos una síntesis de la historia y modificación del DL 211 hasta la ley N°20.361 haciendo hincapié en los motivos que llevaron a la dictación de esta última ley, para finalmente hacernos cargo de las primeras críticas que se dieron a la incorporación de estas nuevas atribuciones.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo pretende hacer un análisis amplio de la doctrina de las facilidades esenciales, tanto en su papel de teoría dogmática como en el desarrollo que ha encontrado en la jurisprudencia. Para tales efectos, se ilustrará primera y sucintamente en lo qué ella consiste y cuáles son sus planteamientos, reseñando luego su historia en la jurisprudencia comparada (capítulo I). En seguida, se presentarán los presupuestos que se estiman como necesarios para que la doctrina en comento reciba aplicación, integrando las distintas posiciones y argumentos que se han generado en el debate. Lo anterior exigirá exponer las posturas a favor y en contra de la misma (capítulo II). Sobre ese precedente, se procederá a revisar la doctrina a la luz de nuestro ordenamiento jurídico, determinando el lugar que la doctrina de las facilidades esenciales ocupa en el derecho antimonopolios nacional, particularmente en el Decreto Ley Nº 211. De este modo, se pretenderá determinar si es que existen argumentos normativos para que ésta reciba aplicación por nuestros organismos de defensa de la libre competencia, y en definitiva, si es que efectivamente ésta ha tenido o no recepción en la práctica jurisprudencial (capítulo III). Con lo expuesto precedentemente, debe señalarse que la principal intención contenida en este trabajo es recoger con la mayor fidelidad posible los diversos conceptos y argumentos elaborados en el derecho comparado, a fin de contribuir a su promoción y a la mejor calidad de su examen

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El penúltimo inciso del literal n) del artículo 39 del Decreto Ley N° 211 establece la llamada regla de exclusión en materia de libre competencia, al disponer que los resultados de las facultades investigativas duras de la Fiscalía Nacional Económica no podrán ser utilizados como medios de prueba en el procedimiento seguido ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia cuando ella haya incurrido en ciertas causales de ilicitud. Considerando los escasos años que lleva vigente la norma y lo poco que se ha abordado este tema en la doctrina, el presente trabajo tiene por objetivo principal realizar un análisis procesal sobre la configuración de la prueba ilícita en el Decreto Ley N° 211, poniendo especial énfasis en aquélla obtenida como consecuencia del ejercicio de las diligencias intrusivas de la Fiscalía Nacional Económica. Con tal propósito, desarrollaremos una serie de instituciones relativas a la orgánica de la Fiscalía, la aplicación de las medidas intrusivas en esta sede y la teoría de la prueba ilícita en general, las cuales nos permitirán conocer la forma en que nuestra legislación reconoce y acoge la regla de exclusión del material probatorio producido con infracción de garantías fundamentales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tendrá por objeto efectuar un análisis, tanto desde un punto de vista dogmático como jurisprudencial, del tipo del ilícito monopólico de colusión consagrado en el artículo 3˚ del D.L. N˚211. A fin de dotar de un marco de referencia dicho análisis que tendrá lugar en el Capítulo III de esta obra, en el Capítulo I se examinan, a modo de introducción, la ubicación de la Ley de Defensa de la Libre Competencia - concretada en el Decreto Ley N˚211 de 1973 - en nuestro ordenamiento jurídico y el bien jurídico protegido por nuestra legislación antimonopolios. Luego, en el Capítulo II se pasan revista al monopolio y al poder de mercado en un sentido jurídico, a la clasificación de los ilícitos monopólicos entre ilícitos de fuente y de abuso, al tratamiento de los ilícitos monopólicos por el D.L. N˚211 y, finalmente, a la naturaleza jurídica de los ilícitos monopólicos. A lo largo de esta obra se citarán doctrina y jurisprudencia nacionales y también doctrina y jurisprudencia extranjeras, en especial aquellas provenientes de los Estados Unidos de América y de la Unión Europea que son las principales fuentes inspiradoras de la legislación de defensa de la libre competencia de Chile . Finalmente, sólo queda por expresar que la pretensión esencial de este trabajo es contribuir a examinar y esclarecer un tema que, por el momento, no ha sido abordado de forma suficientemente exhaustiva por parte de la doctrina nacional. Esperamos que, a partir de esta obra, sean otros quienes se interesen por revisar y profundizar los temas aquí tratados con el objeto de incrementar el nivel de análisis existente acerca de la colusión monopólica.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En este empeño, el presente trabajo se estructura sobre la base de una primera parte general introductoria (capítulo I), en donde se pretende dar un marco general teórico al desarrollo posterior, precisando la noción de libre competencia y prácticas anticompetitivas, y desarrollando ciertos aspectos procesales que tienen relación con dicho bien jurídico. En la segunda parte (capítulo II), nos introduciremos en la colusión como ilícito, previsto y sancionado en la letra a) del artículo 3° del DL 211 de nuestra legislación, sus elementos y características. Todas cuestiones de particular relevancia a la hora de determinar los esfuerzos probatorios que habrán de desplegar los actores a fin de dar por acreditado dicho ilícito en sede jurisdiccional. En la tercera parte de este trabajo (capítulo III) se tratarán cuestiones relativas a la teoría general de la prueba y su relación e importancia en materia de libre competencia, valoración de la prueba y debido proceso. 11 Y, finalmente, en la cuarta parte de este trabajo (capítulo IV) se abordaran cuestiones relativas a los medios de prueba contenidos en el DL 211 y como estos deben ser y en la práctica han sido desplegados a fin de hacerlos eficaces a la hora de pretender acreditar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y nuestra Excma. Corte Suprema, el ilícito anticompetitivo de colusión.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el último tiempo, la opinión pública ha sido testigo de situaciones fraguadas y constituidas por agentes económicos productores y comercializadores de bienes y servicios de primera necesidad, y que afectan diaria y comúnmente a las personas en su vida cotidiana. Frente a estas situaciones, la sociedad civil ha manifestado una continua insatisfacción sobre las sanciones que son aplicables a las empresas y ejecutivos que tomaron parte en estos hechos ilícitos. Fundamentalmente, se aprecia que estas infracciones afectan a los consumidores en su totalidad, y más aún, que se trata de estrategias comerciales desarrolladas por empresas con estructuras y regulaciones claras, pero que sin embargo, se ven envueltas en situaciones de suyo ilícitas, con reconocimiento expreso y público de responsabilidad de por medio. Frente a estos ilícitos el ordenamiento jurídico parece no tener las suficientes herramientas de persecución y reproche.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / En el presente trabajo se pretende hacer un análisis del sistema de responsabilidad civil extracontractual contemplado en el Decreto Ley N° 211, y en lo específico, la posibilidad de alegar tal responsabilidad entre competidores y por consumidores, de mediar una infracción contra la libre competencia, de modo de fortalecer el "private enforcement" de esa área del derecho. La idea central es que pese a que exista un sistema especial con consagración legal, no constituye una regla clara ni eficiente para los competidores y consumidores, considerando los fines que persigue la legislación de competencia. Se propondrá la incorporación de los daños triplicados, como también la posibilidad de interponer la acción civil colectivamente, como mecanismos que enmienden las actuales deficiencias dentro de nuestro sistema nacional. Para llevar a cabo el presente análisis, se revisará la jurisprudencia, la doctrina nacional vigente y el modo en el que se ha estudiado en el derecho comparado. Todo lo anterior como respuesta a la necesidad de una reforma que implique un avance dentro de nuestra legislación acorde a la realidad económica nacional

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente proyecto busca, luego de describir el sistema de Consulta y los Acuerdos Extrajudiciales, referirse a aquellas contingencias, conflictos o interrogantes que han surgido de su aplicación, y cómo la doctrina y jurisprudencia nacional han abordado los mismos. Para ello, el presente proyecto pretende analizar los límites de la potestad de absolver consultas como mecanismo de control de operaciones de concentración; describir el carácter voluntario de la Consulta y sus crecientes excepciones; revisar el peliagudo problema de quién pude consultar y quién puede participar en la consulta; además de explicar las etapas de la consulta, su duración y, finalmente la forma de proponer los remedios

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En este trabajo, analizaremos brevemente la evolución de las normas de la competencia en nuestro país y especialmente el cambio introducido por la Ley N°19.911. Dicha ley vino a modificar los Artículos Primero y Tercero del Decreto Ley N°211, que trataban justamente acerca del objetivo perseguido por dicho cuerpo legal. Actualmente se discute en el Congreso una nueva iniciativa para modificar el texto actual del Decreto Ley N°211, con el objeto de adecuar sus disposiciones a la experiencia práctica que ha tenido el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en sus primeros años de existencia.