Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La anterior legislación antimonopolio establecía un tipo abierto de conductas sancionadas que no estaban determinadas taxativamente, sino que se dejaba su definición a los organismos de defensa de la libre competencia caso a caso. En el Art. 2 del D.L. 211, se establecían a modo ejemplar una serie de conductas que son consideradas ilícitas. El sistema de sanción de conductas por medio de un tipo abierto, permite que la legislación se adapte a la evolución de la economía, evitando que se vuelva obsoleta. Esto último nos parece, en principio, una opción acertada, sin embargo, los ejemplos establecidos por la ley eran imprecisos y muchas veces incoherentes, por ello, no cumplían con su función de ilustrar a los organismos antimonopolio sobre cuáles eran las conductas que debían ser reprimidas. Así, por ejemplo, la letra b) del artículo 2º establecía como hecho ilícito “las que se refieran al transporte”. Esta imprecisión, a su vez, provocaba una incertidumbre jurídica en los particulares, a quienes la ley tampoco orientaba con definiciones ni parámetros que les permitieran prever si se encontraban o no en una situación anticompetitiva. Esto cobra especial gravedad si se considera la poca elaboración jurisprudencial en esta materia, ya que, como explicaremos más adelante, la composición y funcionamiento de las Comisiones Preventiva y Resolutiva no permitía una jurisprudencia uniforme y avanzada en materias de antimonopolio

Magíster en derecho con mención en derecho penal / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Según las diversas opiniones surgidas a partir de la dictación de la Ley N° 19.911, se ha afirmado categóricamente la imposibilidad de aplicar sanciones penales a los atentados contra la libre competencia en nuestro país, en particular, a la alteración concertada de precios. A nuestro juicio, tal afirmación es incorrecta, ya que para la defensa de la libre competencia aún subsiste en Chile un modelo de protección conjunta entre normas que establecen sanciones de carácter administrativo con normas que contienen sanciones de carácter penal y que no han sido derogadas. El presente trabajo pretende demostrar nuestra posición, mediante el análisis histórico, sistemático y del derecho comparado referente a la colusión para alterar los precios. PALABRAS CLAVE: libre competencia, prácticas colusorias, alteración concertada de precios, modelo de protección a la libre competencia, legislación de defensa de la libre competencia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En este trabajo, analizaremos brevemente la evolución de las normas de la competencia en nuestro país y especialmente el cambio introducido por la Ley N°19.911. Dicha ley vino a modificar los Artículos Primero y Tercero del Decreto Ley N°211, que trataban justamente acerca del objetivo perseguido por dicho cuerpo legal. Actualmente se discute en el Congreso una nueva iniciativa para modificar el texto actual del Decreto Ley N°211, con el objeto de adecuar sus disposiciones a la experiencia práctica que ha tenido el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en sus primeros años de existencia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La primera parte de este trabajo se enfocó en revisar algunos aspectos históricos de la Legislación Antimonopólica, primero en la legislación comparada y luego adentrándonos en la génesis de nuestro sistema de protección y defensa de la Libre Competencia, desde sus orígenes, pasando por el Decreto Ley nº 211, con sus respectivas instituciones, las modificaciones introducidas por la ley 19.911, y las ultimas adecuaciones efectuadas por la ley Ley Nº 20.361. En su segundo capítulo, el presente trabajo contiene el estudio del derecho procesal Orgánico y Funcional sobre defensa la Libre Competencia, comenzando por una revisión de los órganos encargados de velar por la libre competencia establecidos en el DL 211, con anterioridad a la existencia del Tribunal de Defensa de la Libre competencia, esto es las Comisiones Preventivas Regionales, la Comisión Preventiva Central, la Comisión Resolutiva y la Fiscalía Nacional Económica, efectuando un estudio de su organización, composición y procedimientos. En el mismo capítulo segundo capítulo, nos avocamos al estudio de los órganos que conforman la institucionalidad que nuestro ordenamiento jurídico se ha dado en pos de la defensa de la libre competencia en la actualidad, esto es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica. Que en cuanto al Tribunal, se presenta un trabajo que contempla su definición, sus características, un análisis del mismo desde las bases orgánicas de la jurisdicción, su organización, composición, funcionamiento, su competencia, atribuciones y potestades, concluyendo el estudio del procedimiento de las causas ventiladas antes dicho ente, sea contencioso o no contencioso. Finaliza nuestro estudio con un punto referente al la Fiscalía Nacional Economía, la que sin ser un órgano jurisdiccional, requería de un pequeño estudio necesario al ser uno de los principales intervinientes contemplados en la ley para los procesos ante el Tribunal de defensa de la libre competencia.