El objetivo es intentar caracterizar y discutir la propuesta del desarrollo indígena con identidad para establecer la viabilidad de su aplicación en el ámbito de los programas y los proyectos que la institucionalidad pública pone a disposición de los grupos de beneficiarios indígenas. Un propósito bastante más acotado, pero que sin embargo puede arrojar luces interesantes sobre una dimensión poco relevada, cómo es el de los instrumentos concretos en que se traducen las orientaciones generales de la actual política indígena gubernamental.

La presente investigación, contiene la condición de un Informe de Estudio, que observa la Aplicación de la Ley Indígena en Aisén. Dicho proceso significó la entrevista de un conjunto de personas relevantes en los ámbitos municipales y de organizaciones indígenas. Su objetivo central, buscaba conocer la aplicación de la Ley 19.253 en el territorio de Aisén, partiendo de la premisa que las políticas tienen su verdadero desarrollo cuando llegan al territorio local. Pues dichas, políticas tienen una construcción inicial relevante, pero sus procesos y aplicaciones finales, suelen descuidarse, de tal modo que el espacio local, no se observa con algún nivel de sistematicidad. Interesa aportar a la construcción de políticas públicas en regiones, especialmente en la modalidad de observar éstas, a partir de sus protagonistas principales y relevar los modos en que los sistemas intervinientes pueden mejorar sus lógicas de su funcionamiento en beneficio de los ciudadanos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente obra persigue esclarecer el régimen jurídico de protección del Patrimonio Cultural en actual vigencia en nuestro país, tanto del patrimonio cultural entendido en forma genérica, como del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, enfatizando los aspectos culturales y ambientales de esta problemática, con el fin de identificar las falencias de nuestra legislación y proponer soluciones. Al abordar, específicamente, el tema de la protección del patrimonio cultural indígena perseguimos hacer hincapié sobre la naturaleza pluriétnica de nuestro país y reconocer la valiosa herencia cultural aportada por los pueblos originarios de Chile, la que no ha sido suficientemente valorada ni protegida. Debemos tener presente que el patrimonio cultural es el producto de diferentes tradiciones culturales e históricas y la diversidad cultural enriquece la visión de mundo. El patrimonio cultural proporciona bienes de valor artístico y simbólico, mejora la calidad de vida y facilita la identidad de la gente con su pasado y con un proyecto futuro compartido. La presente tesis se considera un aporte porque está destinada a establecer los mecanismos concretos de protección del patrimonio cultural que franquea nuestra legislación, haciendo comparaciones con regulaciones internacionales, tanto estatales como establecidas en convenios internacionales, integrando la opinión de tratadistas, y analizando también la forma en que han resuelto nuestros tribunales los conflictos suscitados en torno al tema. De este modo, se intenta lograr una amplia perspectiva para abordar nuestro objeto de estudio. Por otra parte, dada la complejidad del concepto patrimonio cultural, su protección involucra a diversas disciplinas científicas, tales como la Historia, la Arqueología y, por cierto, el Derecho. Esto hace necesario que desarrollemos un enfoque multidisciplinario para abordar los distintos temas. De igual modo, dentro de la ciencia jurídica el estudio de la protección del patrimonio cultural requiere el concurso de distintas disciplinas, tales como el Derecho Constitucional, el Derecho Administrativo, el Derecho Civil, el Derecho Ambiental, el Derecho Penal, el Derecho Sanitario y el Derecho Internacional, entre otras. En la presente obra este enfoque multidisciplinario permite ampliar los alcances de la discusión, integrando también consideraciones extra jurídicas

Tesis (magíster en derecho, mención derecho penal) / Este trabajo desarrolla los fundamentos dogmáticos que se hallan detrás de la consideración de la costumbre indígena, en nuestro derecho y en lo penal, como un antecedente para el reconocimiento de una eximente o atenuante de responsabilidad penal. Y en la aceptación de que este reconocimiento normativo, se hace en aras del respeto del principio de culpabilidad. Por lo anterior, seguimos la tesis de que el fundamento de aquel reconocimiento normativo se fundamenta, en la existencia de un error de prohibición que, probado, determinará la eventual irresponsabilidad o benignidad en el tratamiento punitivo del indígena infractor de ley. A su vez, en materia probatoria, postulamos que la exigencia del art. 54 inc. 1° de la Ley 19.253 en concordancia con el art. 8.2 del Convenio OIT 169, obligan a que la acreditación en juicio de la costumbre indígena que se invoca, implica justificar ésta y su vigencia, su compatibilidad con la Constitución Política de la República y con los derechos fundamentales que establece el sistema jurídico nacional o con los derechos humanos internacionalmente reconocidos; y probar que, el proceder del individuo, se motivó en el influjo socio-jurídico que sobre él provocó la regla de comportamiento existente en la comunidad, de que forma parte

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales / La presente tesis se gesta en el taller de memoria “Legislación Indígena Nacional Comparada” impartido por el profesor guía Óscar Dávila Campusano. Este trabajo tiene como principal finalidad hacer una investigación y análisis del Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo y la forma en que se ha incorporado este convenio en la jurisprudencia nacional, relativa a las acciones de protección interpuestas por los pueblos indígenas en los diversos tribunales superiores de nuestro país, particularmente relacionadas con el derecho a consulta garantizado en dicho convenio. Esta labor la realizaremos a partir del análisis de las causas jurisprudenciales favorables en sede de protección que tienen como derecho vulnerado el Derecho a Consulta Indígena, lo que nos ayudará a inferir si existe en Chile una aplicación jurisprudencial efectiva del Derecho a Consulta tal como está regulada en el Convenio 169, y no simplemente como lo regula la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Finalmente nos abocaremos la forma en cómo se asimila y/o aplica el Convenio 169 en México y Bolivia, dos de los veintidós países que han aprobado y ratificado dicho convenio, y que a mayor abundamiento, son los países con mayor población indígena en Latinoamérica. Para dicha labor realizaremos un análisis jurisprudencial de las principales causas encontradas de los distintos tribunales de ambos países en las cuales hubo una real protección al Derecho a Consulta regulado por el Convenio 169, lo que nos permitirá inferir si tanto en Bolivia como en México hay efectivamente una real legislación nacional y una correcta formulación y aplicación jurisprudencial, que sea armónica y de la forma en que lo establece el derecho internacional, más específicamente el Convenio 169 de la OIT.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)