El boom minero que experimenta el Perú entre los años 2004 y 2013 provoca el surgimiento y fortalecimiento de varias actividades ilegales como la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras en los territorios de los pueblos indígenas de la Amazonía donde el Estado tiene una limitada presencia estatal. Por ende, la respuesta estatal frente a estos desafíos en territorios indígenas es débil. Los principales factores que explican esta débil respuesta estatal son los bajos niveles de capacidad estatal a nivel subnacional, la corrupción en las agencias estatales a nivel subnacional, la captura del Estado por parte de actores no estatales, la oposición de actores sociales y estatales, y los vacíos en la legislación nacional. Las principales consecuencias de la débil respuesta estatal en los territorios de los pueblos indígenas de la Amazonía son los conflictos sociales, los problemas ambientales y la muerte de varios líderes indígenas.

Los conflictos socioambientales son la agenda pendiente en el Estado peruano. La longevidad y los episodios de violencia que los caracteriza son producto del deficiente manejo del tema ambiental en el aparato estatal. Ante ello, surgen diversas organizaciones civiles que se encargan no solo de exigir mecanismos de diálogo, sino también buscan participar dentro de la toma de decisiones que surgen dentro de estos procesos como parte de la población que sufre los efectos directos e indirectos de los proyectos extractivos. Sin embargo, las mesas de diálogo parecen reproducir y agudizar las desigualdades que preexisten entre los actores que lo conforman, por lo que vuelve más complicado la meta de lograr incidencia política. Por ende, los casos, en los cuales la población ha salido victoriosa, son pocos y deben ser revisados de manera más profunda. La presente investigación busca ofrecer un análisis a la literatura acerca de los factores que explican la capacidad efectiva de las organizaciones civiles dentro de contextos de conflictividad ambiental. Sobre todo, se hace un acercamiento al caso de Espinar durante el 2020. Esto es debido a que, durante el periodo de emergencia sanitaria, las asimetrías se profundizaron, pero aún así los conflictos continuaron. Ante este escenario, las comunidades de Espinar pudieron negociar la entrega de un bono económico ante la profunda negativa de la empresa Antapaccay. El trabajo busca añadir un enfoque desde la ciencia política y también resaltar la actuación de ciertos actores locales durante contextos de emergencias.

Las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) generan emisiones y efluentes que contaminan el medio ambiente de la ciudad, para resolver este problema y lograr los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) el Estado, en cumplimiento de su función reguladora, exigió en 1997 a la empresa Doe Run Perú, propietaria del CMLO, la ejecución de un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en el plazo de diez años; sin embargo, la empresa incumplió el plazo y solicitó su extensión en dos ocasiones originando un conflicto social muy complejo. A través de una descripción y análisis del conflicto, esta tesis demuestra que los determinantes de la actuación del Estado frente a este problema son los siguientes: Primero, una falta de capacidad que nos muestra a un Estado débil sin autonomía para diseñar sus políticas y sin efectividad para implementarlas. Segundo, la presión que han ejercido los actores sociales (pobladores y trabajadores) que formaron una coalición para apoyar a la empresa y presionar al Estado a través de acciones de movilización. Y, tercero, una decisión intencional del propio Estado de no actuar ya sea tolerando el incumplimiento de las normas ambientales por cálculo político, ignorando el problema por falta de interés o, simplemente, posponiendo una solución definitiva para evitar los costos de exigir el cumplimiento de las normas. Por otro lado, los hallazgos nos muestran que los factores que explican la coalición entre pobladores y trabajadores son sus intereses económicos, la dependencia económica estructural de la ciudad de las operaciones del CMLO, una actitud pasiva frente a la contaminación ambiental, una mayor valoración al trabajo que a la salud y un conjunto de factores sociales y culturales. Los resultados de esta investigación contribuirán a un mejor conocimiento sobre el funcionamiento del Estado en el Perú así como de los factores determinantes de la calidad de sus respuestas a los problemas del país. / The operations of the La Oroya Metallurgical Complex (CMLO) generate emissions and effluents that pollute the city's environment, to solve this problem and achieve the Environmental Quality Standards (EQS) the State, in compliance with its regulatory function, demanded in 1997 to the company Doe Run Peru, owner of the CMLO, the execution of an Environmental Adaptation and Management Program (PAMA) within ten years; however, the company failed to meet the deadline and requested its extension on two occasions, causing a very complex social conflict. Through a description and analysis of the conflict, this thesis shows that the determinants of the State's action against this problem are the following: First, a lack of capacity that shows us a weak State without autonomy to design its policies and without effectiveness to implement them. Second, the pressure exerted by social actors (residents and workers) who formed a coalition to support the company and put pressure on the State through mobilization actions. And third, an intentional decision by the State itself not to act, either by tolerating noncompliance with environmental regulations by political calculation, ignoring the problem due to lack of interest, or simply postponing a definitive solution to avoid the costs of demanding compliance with the rules. On the other hand, the findings show us that the factors that explain the coalition between residents and workers are their economic interests, the city's structural economic dependence on CMLO operations, a passive attitude towards environmental contamination, a higher valuation to the work than to health and a series of social and cultural factors. The results of this research will contribute to a better understanding of the functioning of the State in Peru as well as of the determinants factors of the quality of its responses to the country's problems.

Las paralizaciones por conflictos sociales en minería cada vez son más frecuentes. Por lo general, estas se originan debido a que los actores involucrados no llegan a buenos consensos. Estas paralizaciones causan grandes pérdidas económicas frenando el crecimiento del país. Es por eso que, ante esta situación, nace la necesidad de realizar la presente investigación en donde se plantea como estrategia la creación de empresa comunales con la finalidad de reducir y prevenir estas paralizaciones mineras por conflictos sociales. La presente investigación se efectuó a través del estudio del caso de la empresa comunal ECSAM, la misma que viene trabajando para la empresa minera Nexa Resources en su unidad Minera Atacocha en Cerro de Pasco. Así mismo, en el desarrollo de la investigación se tratan temas relacionados con la minería y las comunidades campesinas con la finalidad de comprender los conflictos existentes entre estas. También se mencionan ejemplos de empresas comunales que han tenido éxito en minería, algunas de estas están ubicadas en minas del centro y norte del país. Para el análisis de la investigación se hizo revisión de la literatura, se efectuó entrevistas grabadas a dos de los actores relevantes de la empresa comunal ECSAM. Para fortalecer la investigación se detalló a través de la narrativa de experiencias vividas dentro de la empresa comunal. Como resultado principal de la investigación se concluyó que las empresas comunales representan un claro ejemplo que las empresas mineras y comunidades campesinas pueden lograr alinear sus objetivos a través de la creación de empresas comunales. Muestra de esto es la reducción de la conflictividad social en el estudio del Caso. / Stoppages due to social conflicts in mining are becoming more frequent. In general, these occur because the actors involved do not reach good agreements. These stoppages cause great economic losses and with it the growth of the country is reduced. Given this situation, the need to carry out this research arises, where the creation of Community Mining Companies is proposed as a strategy in order to reduce and prevent mining stoppages due to these social conflicts. For which the present investigation was carried out through the study of the case of the Community Company ECSAM, which has been working for the mining company Nexa Resources in its mining Atacocha unit in Cerro de Pasco. Other cases of Community Enterprises in mining, which have been successful, are located in central and northern mines of the Country will also be discussed. Likewise, issues will be discussed to better understand the relationship between mining and peasant communities. Where we will start from the importance of the mining sector, the relevant actors within it. In the second part we will focus on the review of the literature on community enterprises, as well as the aforementioned case study. The type of research will be carried out with the focus of case studies, where it is intended to carry out a review of the literature, conduct interviews with the relevant authors and narrative of experiences lived within the Communal Company. As an important result of the investigation, it was concluded that communal companies represent a clear example that mining companies and peasant communities can align their objectives through the creation of communal companies. Which have reduced the risk of social conflict.

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) busca identificar qué capacidades estatales de políticas de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM resultaron claves para el tratamiento de conflictos sociales entre el 2012 y 2016. En el marco delo anterior, se propone un marco de análisis que evalúa las distintas dimensiones de capacidades de políticas a partir de la combinación de competencias (analíticas, operativas o de gestión, y políticas) y de recursos (a nivel individual, organizativo y sistémico) vinculados con la implementación de las políticas públicas. El objetivo del TSP es analizar y generar evidencia respecto de qué capacidades resultan claves frente a otras, para mejorar o potenciar aquellas vinculadas con el tratamiento de los conflictos sociales a partir de la experiencia de la ONDS y su desarrollo. El trabajo concluye que el tratamiento de los conflictos sociales a través de la experiencia de la ONDS resulta de la combinación e interrelación de las competencias políticas individual y sistémicas, y sus respectivas aportaciones. Es decir, de las habilidades, experiencia, visión política y liderazgo para la toma de decisiones de los titulares de la PCM y ONDS, respectivamente, así como del entorno en el que se enmarcan estas, determinado por el apoyo, la confianza y legitimidad de los demás actores vinculados a la política de diálogo y el papel de la ONDS.

La participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el control del orden público, es fundamental para que en el país prime el Estado de derecho. Los conflictos socioambientales son una manifestación de protesta de los pobladores donde se desarrollan los proyectos mineros, especialmente por el temor a la contaminación de sus terrenos. Llegado el momento de intervenir por desórdenes sociales, el gobierno de turno dispone que la PNP, de conformidad con la Constitución Política, haciendo uso de todos sus recursos humanos y logísticos, controle el orden público. Sin embargo, debido a la estrategia desplegada por los organizadores de las protestas sociales, con motivo de los conflictos socioambientales, éstas se prolongan en el tiempo y se vuelven cada vez más complicadas para la participación de la policía. Se abren muchos frentes de lucha, se aprovecha el terreno geográfico, se amenaza con tomar locales de servicios básicos, etc. Frente a ese escenario, la PNP ve reducidas sus capacidades de controlar el orden público y por lo tanto tiene que solicitar el apoyo de otras instituciones como las Fuerzas Armadas (FFAA), para que con su personal y logística se pueda lograr el objetivo: imperio de la Ley y el orden. Lamentablemente, desde el 2001, en que se dio inicio a los conflictos sociales, hasta la fecha, en las ocasiones que han intervenido las FFAA en apoyo a la PNP, se ha notado que la colaboración no es integral y por el contrario, se ponen ciertas limitaciones en el uso del personal militar y en el uso de su logística, como por ejemplo el empleo del transporte y el combustible, así como su participación siguiendo un planeamiento policial, debido a que la policía es la titular de esta función. Esta situación, que pareciera que solo afecta a la PNP, contribuye a que no se logre el objetivo final de control del orden público, generando un clima de falta de principio de autoridad e impunidad en la población. En estas circunstancias, es conveniente que se instale una política pública que permita que el apoyo de las FFAA a la PNP, en el marco de los conflictos socioambientales, se realice de una manera más dinámica y efectiva, que permita que prevalezca el orden público y por lo tanto la paz social. A nivel económico, esta tranquilidad va a permitir que los potenciales inversionistas puedan elegir al país como un destino que ofrezca garantías a sus capitales, lo que traerá consigo mejores condiciones de vida para nuestra población. Si bien es cierto, a través del tiempo, se han dado algunos dispositivos legales que regulan la participación de las FFAA en conflictos internos, el que se encuentra vigente no ha sido reglamentado y por lo tanto debe serlo; pero no solo eso, se puede encaminar la política pública para que en todo momento en que la PNP requiera el apoyo de las FFAA, no solo durante los conflictos socioambientales, reciba el apoyo solicitado con miras a mantener el principio de autoridad y que los ciudadanos puedan convivir en un clima de tranquilidad. / Trabajo de investigación

La presente tesis tiene como finalidad mostrar como el personal policial ha venido siendo víctima de agresiones durante las diversas intervenciones policiales a fin de garantizar, mantener y restablecer el orden interno como manda la Constitución Política del Perú, durante esta investigación se ha hecho un análisis cualitativo de los diversas causas que generan estas agresiones a los miembros de la institución policial, las cuales fueron el resultado de una exhaustiva investigación documental y una serie de entrevistas a los diversos actores de esta investigación, muchos de ellos autoridades dentro de la institución policial y también a las víctimas de agresiones, físicas y psicológicas. Debemos mencionar que hemos tomado como casos emblemáticos tres conflictos sociales, cada uno de ellos representativo de los tres últimos gobiernos, sin embargo, estos acontecimientos cobraron victimas del lado policial. Al realizar la investigación se han hecho hallazgos en las diversas áreas en las cuales el personal policial se ve afectado a pesar de las normas y directivas vigentes para el cumplimiento de sus beneficios al ser víctimas en el cumplimiento de sus funciones generándose una brecha de implementación. Para finalizar esta investigación llegamos a diversas conclusiones como producto de nuestro estudio y planteamos algunas recomendaciones a fin de que se puedan tener en cuenta para soluciones futuras por las cuales el personal policial se vería beneficiado.

En el capítulo I se formulan el problema y las preguntas del estudio, y se propone aplicar conceptos teóricos y métodos cualitativos para la obtención de respuestas de los actores -con evidencias empíricas en entrevistas -, con el propósito de construir el argumento central sobre los enfoques sociales aplicados en las operaciones mineras por los accionistas y los funcionarios de la empresa minera Yanacocha, dentro del contexto mayor de las causas de los conflictos sociales y problemas en las relaciones comunitarias de esta última. Uno de los primeros pasos de la investigación fue analizar los antecedentes del caso a fin de identificar a los actores clave -dentro y, también, fuera de la empresa minera-, cuyas entrevistas han permitido construir una línea de tiempo de tres etapas a partir de diversos casos e historias reconstruidas en el entorno social de la empresa minera en el lapso 1990-2010. En el capítulo II, “Estado de la cuestión”, se ordena el marco legal e institucional vigente en aquel entonces, para dar cuenta de los derechos y los deberes de la empresa minera, las comunidades campesinas y el Estado, actor central que otorga en concesión los recursos minerales para su aprovechamiento racional. En esta parte se presentan análisis previos del contexto social y la empresa minera, enfocando algunas situaciones y vacíos que han dado lugar a choques entre comunidades y empresas. Los temas de tierras y aguas, de superposición de derechos de uso, posesión y propiedad, de tensiones entre agricultura familiar andina y operaciones mineras modernas, culminan con la presentación de la primera tabla de las tres etapas, desde las exploraciones, la construcción de las minas en los años noventa y las ampliaciones y cierres de minas desde 2000 en adelante. En el capítulo III se resume el marco teórico y conceptual que surge de una amplia revisión de literatura que ayuda a entender los conceptos aplicados en la empresa minera, los cambios en las lógicas empresariales y las propuestas de los actores sociales recogidas y desarrolladas luego de concluir el trabajo de campo entre 2007 y 2010. En los capítulos IV al VII se presentan las tablas que resumen las entrevistas a los actores empresariales y sociales, se proporcionan las evidencias de los enfoques sociales coexistentes - dentro y fuera de la empresa minera- y se analizan su efecto en los casos de éxitos y fracasos en las relaciones comunitarias de la empresa minera. Los enfoques sociales que se revelan en las respuestas ordenadas a accionistas y ejecutivos de las socias de Yanacocha: Newmont Gold Corporation (NEM) -y la empresa filial de NEM a cargo de las operaciones en Yanacocha- y la Compañía de Minas Buenaventura (BVN), revelan la existencia de diversos enfoques y mutuas influencias entre socios, accionistas, y funcionarios. Luego estas evidencias se analizan a la luz de los conceptos teóricos presentados en el capítulo III con el fin de fundamentar el argumento central acerca de la existencia de enfoques sociales diferentes -dentro y fuera de la empresa minera- y, que corresponden a lógicas contrapuestas entre actores empresariales o shareholders -accionistas, funcionarios y expertos mineros- y los actores sociales o stakeholders, quienes a lo largo del ciclo de vida de Yanacocha a veces han dialogado y en otras oportunidades se han confrontado al no tener una visión compartida del desarrollo sostenible. En esta parte del estudio se contrastan los diversos enfoques sociales que corresponden de un lado, a la tradición minera del país representada por los socios y funcionarios de BVN, y de otro lado, dentro de la propia empresa algunos enfoques modernos que corresponden a los funcionarios de NEM que se guían por estándares internacionales a nivel global. En esta parte se presentan además los principios financieros de un poderoso socio minoritario con influencia gravitante en Yanacocha: La Internacional Finance Corporation (IFC) del Grupo del Banco Mundial. Al escuchar a los actores se trata de entender sus enfoques sociales y analizar las relaciones comunitarias que subyacen a los mismos, así como a las causas y los conflictos sociales -desde los orígenes , pasando por etapas de cambios hasta el estallido de la crisis en Conga (2011), En estas historias son evidentes de un lado la ausencia del Estado y las dificultades de los actores para desarrollar diálogos y cumplir acuerdos pendientes desde los orígenes y a lo largo del ciclo de vida de los proyectos mineros. Luego de concluido el trabajo de campo realizado para este estudio en diciembre 2010, la crisis en Conga puso en un paréntesis los procesos de diálogo iniciados desde tiempo atrás. Tras el procesamiento de las primeras entrevistas a los actores a la luz de los hechos recientes, se han realizado algunas entrevistas complementarias y se han aplicado las técnicas cualitativas como la observación participante, para actualizar y completar los resultados de las tres visitas de campó realizadas entre setiembre del 2007 y diciembre del 2010. En el análisis que se presenta acuerdos y conflictos sociales y se contrastan dichos y documentos, análisis y discursos corporativos así como la data pública de los reportes de sostenibilidad de la empresa minera que contrasta con algunas experiencias propias en los diálogos y tensiones entre actores de la empresa minera y su entorno social. La aplicación del software Atlas ti- permitió procesar 44 entrevistas para identificar códigos articulados en redes sociales con conceptos similares o diferentes, y que ayudan a explicar los enfoques sociales aplicados por funcionarios en Yanacocha. Tras este análisis seencuentran evidencias de estos enfoques diferentes como una de las causas de los conflictos sociales, generados por las respuestas dentro y fuera de la propia empresa minera. Se incluyen dos tablas sobre las denuncias por la muerte de animales y las protestas sociales que revelan un creciente temor por la contaminación ambiental de las aguas, lo cual acrecienta la desconfianza respecto a una empresa que no ha cumplido con acuerdos pendientes de obras y la mejora de los servicios públicos pendientes, en las cuales resulta evidente la precaria presencia de un Estado ausente en el campo andino. El Estado, entendido limitadamente como el Gobierno nacional, reaparece en la parte final de la crisis de Conga, como un actor de gran importancia para los actores empresariales y sociales, de un lado para ejercer el poder con legitimidad para garantizar derechos y deberes, contemplados en el marco constitucional, legal e institucional, para restablecer el orden público y mediar en diálogos para impulsar cambios en los conflictos y las crisis sociales. Los roles y responsabilidades sociales del Estado en relación al desarrollo sostenible y los enfoques sociales de sus funcionarios son una clave en esta parte de la investigación ya que no sería posible entender porque las relaciones comunitarias de {a empresa minera Yanacocha fallan, a pesar de ser de su interés, sin un entorno social que se moviliza y un Estado ausente que a veces ha sido sustituido por la empresa minera. El Estado juega un rol central por acción u omisión, cuando pasa a ser un aliado cuando se asocia con la empresa minera y las comunidades para la ejecución de obras públicas y finalmente, cuando hace de mediador y convoca a representantes de la Iglesia Católica y a expertos internacionales para encontrar soluciones pacíficas a la crisis que subsiste a pesar de decretar el estado de emergencia y disponer el uso de la fuerza pública para restablecer el orden público. En el Capítulo VIII las reflexiones finales, a modo de conclusiones, resumen algunas conexiones entre conceptos teóricos y enfoques aplicados por los actores económicos y sociales en el caso de estudio, se formulan nuevas preguntas y proponen algunas propuestas para mejorar el entendimiento del caso de Yanacocha. Para ello, la autora se ubica entre las dos principales narrativas y enfoques sociales expuestos para coincidir en parte con algunos profesionales dentro y fuera de la empresa minera de Yanacocha, quienes participaron del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS) y suscribieron el Acuerdo por una Minería con responsabilidad social y ambiental, en agosto del año 2006.

La investigación tiene como objetivo conocer las capacidades de gestión de entidades públicas y privadas para la mitigación y resolución de conflictos socioambientales, bajo el modelo de concesión de territorio a diversas corporaciones extractivas de mediano y gran capital en algunas regiones de la sierra del Perú. Se centró en las trayectorias y procesos de aprendizaje de ambas organizaciones, pues en los hechos son aliados estratégicos en el desarrollo extractivo, implementado en la región desde la época colonial. Las prácticas de gestión de dichas entidades se estudian a partir del boom de los commodities iniciado en la década de los 90 hasta el año 2021. Dichas acciones debieran ejecutarse de acuerdo a competencias legales y roles sociales explícitos que, en principio, se complementan para darle viabilidad no sólo económica a esta industria y lograr ingentes réditos en favor del erario público; sino sobre todo a nivel social y ambiental para que dicho modelo aspire a ser sostenible en el territorio y en la población impactada directa e indirectamente. Los resultados muestran que las causas que originan los conflictos socioambientales son difíciles y complejas de resolver desde la agencia de los actores analizados. Las bases de las disputas y tensiones tienen, por un lado, el tipo de bien en conflicto (bienes públicos concesionados por el Estado a privados y bienes colectivos de las comunidades afectadas cuyo territorio colinda con la infraestructura minera o se superpone) y por el otro a factores de carácter estructural e histórico que el Estado y sus gobiernos de turno no han sido capaces de resolver o enfrentar por generaciones: i) pobreza, exclusión, ii) fragmentación de la población para plantear sus demandas, iii) débil capital social (desconfianza para negociar); y iv) precariedad institucional (especialmente política). Las condiciones mencionadas son afrontadas a partir de diversas estrategias legales e instrumentales que de alguna manera han logrado cambios significativos en el manejo de los conflictos. Sin embargo, estos todavía son insuficientes y por lo tanto no se puede avizorar la reducción de los enfrentamientos. / The research seeks to know the management capacities of public and private entities for the mitigation and resolution of socio-environmental conflicts, under the model of concession of territory to various extractive corporations of medium and large capital in some regions of the Peruvian highlands. It focused on the trajectories and learning processes of both organizations, since in fact they are strategic allies in the extractives development implemented in the region since colonial times. The management practices of these entities are studied from the commodities boom, which began in the 1990s until the year 2021. These actions should be carried out in accordance with legal competencies and social roles that complement each other to give -not only- economic viability to this industry and achieve enormous revenues in favor of the public treasury; but above all social and environmental viability so the model could be sustainable in the territory and in the population, directly and indirectly impacted. The results show that the causes that originate socio-environmental conflicts are difficult and complex to resolve from the agency of the analyzed actors. The bases of the disputes and tensions have, on the one hand, the type of good in conflict (public goods granted by the State to private parties and collective goods of the affected communities whose territory adjoins the mining infrastructure or overlaps) and on the other, factors of a structural and historical nature that the State and its governments have not been able to solve or face for generations: i) poverty, exclusion, ii) fragmentation of the population to present their demands, iii) weak social capital (mistrust to negotiate); and iv) institutional precariousness (especially political). The conditions mentioned are confronted from various legal and instrumental strategies that in some way have achieved significant changes in the management of conflicts. However, these are still insufficient and the reduction in clashes cannot be predicted.

En los últimos años en el Perú, las protestas sociales evidenciaron un elevado costo social de heridos y de vidas del personal policial que en algunos casos participó sin los equipos de protección personal (EPP) que corresponden, incumpliéndose la Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo que precisa las medidas de protección en el trabajador. El Estado a través del Ministerio del Interior (MININTER) y Policía Nacional del Perú (PNP) como empleadores deben proveer los EPP adecuados, asegurándose que los policías los utilicen y conserven en forma correcta. Esta norma tiene ámbito de aplicación obligatoria en la PNP. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) determina que el ejercicio de las protestas sociales ejercida por los manifestantes, es un derecho que no es ilimitado y está y está supeditado al cumplimiento de la Ley, que permite asegurar el respeto a los derechos de los demás. El Orden Público (OP) se vulnera en las protestas sociales cuando se tornan violentas. Ante estas situaciones, la PNP a través de las Unidades de Servicios Especiales (USE), desarrollan su actividad dentro del marco constitucional, los derechos humanos y los principios básicos en el empleo del uso progresivo de la fuerza, enmarcados en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. En la actualidad, existe un déficit en el equipamiento especial antidisturbios de las USE de Lima metropolitana para el personal de apoyo designado en el control del OP en las manifestaciones sociales cuando son violentas, lo que viene causando daño en la integridad física del personal policial. En ese sentido, el equipamiento de EPP debe obedecer a un planeamiento de abastecimiento institucional eficiente e innovador, acorde a las necesidades reales que permitan garantizar la integridad física en el accionar del personal policial designado para participar en el control de conflictos sociales, que permitirá el cumplimiento de la Ley 29783 que precisa medidas de protección en el trabajador. / In recent years in Peru, social protests have shown a high social cost of injuries and lives of police personnel who in some cases participated without the corresponding personal protective equipment (PPE), violating Law 29783 on health and safety in Peru. the work that requires protective measures for the worker. The State, through the Ministry of the Interior (MININTER) and the National Police of Peru (PNP), as employers, must provide adequate PPE, ensuring that police officers use and maintain them correctly. This standard has a mandatory scope of application in the PNP. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) determines that the exercise of social protests by protesters is a right that is not unlimited and is subject to restrictions established by law, which allows ensuring respect for the rights of the rest. Public order (PO) is violated in social protests when they become violent. Faced with these situations, the PNP, through the Special Services Units (USE), develop their activity within the constitutional framework, human rights and the basic principles in the use of the progressive use of force, framed in the national legal system and international. Currently, there is a deficit in the special anti-riot equipment of the USE of metropolitan Lima for the support personnel designated to control PO in social demonstrations when they are violent, which has been causing damage to the physical integrity of police personnel. In this sense, the PPE equipment must obey an efficient and innovative institutional supply planning, in accordance with the real needs that allow guaranteeing the physical integrity in the actions of the police personnel designated to participate in the control of social conflicts, which will allow the compliance with Law 29783 that requires protection measures for the worker.