En los últimos años en el Perú, las protestas sociales evidenciaron un elevado costo social de heridos y de vidas del personal policial que en algunos casos participó sin los equipos de protección personal (EPP) que corresponden, incumpliéndose la Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo que precisa las medidas de protección en el trabajador. El Estado a través del Ministerio del Interior (MININTER) y Policía Nacional del Perú (PNP) como empleadores deben proveer los EPP adecuados, asegurándose que los policías los utilicen y conserven en forma correcta. Esta norma tiene ámbito de aplicación obligatoria en la PNP. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) determina que el ejercicio de las protestas sociales ejercida por los manifestantes, es un derecho que no es ilimitado y está y está supeditado al cumplimiento de la Ley, que permite asegurar el respeto a los derechos de los demás. El Orden Público (OP) se vulnera en las protestas sociales cuando se tornan violentas. Ante estas situaciones, la PNP a través de las Unidades de Servicios Especiales (USE), desarrollan su actividad dentro del marco constitucional, los derechos humanos y los principios básicos en el empleo del uso progresivo de la fuerza, enmarcados en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. En la actualidad, existe un déficit en el equipamiento especial antidisturbios de las USE de Lima metropolitana para el personal de apoyo designado en el control del OP en las manifestaciones sociales cuando son violentas, lo que viene causando daño en la integridad física del personal policial. En ese sentido, el equipamiento de EPP debe obedecer a un planeamiento de abastecimiento institucional eficiente e innovador, acorde a las necesidades reales que permitan garantizar la integridad física en el accionar del personal policial designado para participar en el control de conflictos sociales, que permitirá el cumplimiento de la Ley 29783 que precisa medidas de protección en el trabajador. / In recent years in Peru, social protests have shown a high social cost of injuries and lives of police personnel who in some cases participated without the corresponding personal protective equipment (PPE), violating Law 29783 on health and safety in Peru. the work that requires protective measures for the worker. The State, through the Ministry of the Interior (MININTER) and the National Police of Peru (PNP), as employers, must provide adequate PPE, ensuring that police officers use and maintain them correctly. This standard has a mandatory scope of application in the PNP. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) determines that the exercise of social protests by protesters is a right that is not unlimited and is subject to restrictions established by law, which allows ensuring respect for the rights of the rest. Public order (PO) is violated in social protests when they become violent. Faced with these situations, the PNP, through the Special Services Units (USE), develop their activity within the constitutional framework, human rights and the basic principles in the use of the progressive use of force, framed in the national legal system and international. Currently, there is a deficit in the special anti-riot equipment of the USE of metropolitan Lima for the support personnel designated to control PO in social demonstrations when they are violent, which has been causing damage to the physical integrity of police personnel. In this sense, the PPE equipment must obey an efficient and innovative institutional supply planning, in accordance with the real needs that allow guaranteeing the physical integrity in the actions of the police personnel designated to participate in the control of social conflicts, which will allow the compliance with Law 29783 that requires protection measures for the worker.

Nuestro estudio busca conocer si las protestas sociales influyen en el nivel de respuesta estatal para el cumplimiento de los compromisos asumidos por las entidades públicas. En particular, nos centramos en los compromisos negociados en instancias de diálogo surgidas como respuesta a los conflictos sociales en un periodo reciente de la historia peruana en que se realizó adecuaciones para consolidar la apertura al mercado internacional, los años 2009 y 2019. En segunda instancia se pretendió determinar si dentro de la relación entre protesta y cumplimiento, las consecuencia violentas de la protesta tienen alguna repercusión mayor ya sea en reducción de plazos o en alcance de los servicios públicos. Con esos fines, se ha extraído información de los reportes de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, las actas de compromisos de la Presidencia del Consejo de Ministros y otras bases de datos de acceso público de las entidades estatales, referida en primer lugar a episodios de protesta social e indicadores escogidos de violencia y en segundo, a los avances en la ejecución los compromisos asociados a un conjunto de espacios de diálogo instaurados en el periodo para 24 conflictos sociales en varias regiones del país. Del análisis de los datos, mediante una prueba de hipótesis de independencia estadística empleando la prueba de chi-cuadrado se colige que no existe relación significativa entre las variables de protesta, suscripción y ejecución de compromisos. Complementariamente, se seleccionó dos procesos de conflicto dentro del periodo para analizarlos como casos, el de la Comisión para la atención de las comunidades en las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza, Tigre, Marañón y Chambira en Loreto y el de la Mesa técnica del río Coata en Puno, de los que se escogió y entrevistó a un conjunto de 15 actores participantes en la gestión de compromisos, tanto representantes de entidades públicas como de los grupos movilizados. Del estudio con la metodología de análisis de marcos referenciales se concluye que en suma a la disrupción que causó la protesta en la labor de las instituciones, pero sin dar peso especial a la que tuvo consecuencias violentas, la articulación técnico política entre movimientos, autoridades locales y nacionales permitió obtener resultados importantes para las comunidades. Estos resultados fueron principalmente recursos y servicios públicos, no soluciones a los reclamos principales de los movimientos o mejoras institucionales de las entidades, por lo que el nivel de cumplimiento no fue total. / This study seeks to know if social protests influence the level of state response to fulfill the commitments assumed by public entities. In particular, we focus on the commitments negotiated in roundtable discussions constituted in response to social conflicts in a recent period of Peruvian history in which adjustments were made to consolidate the opening to the international market, the years 2009 and 2019. In the second instance, the aim was to determine if within the relationship between protest and compliance, the violent consequences of the protest have a greater impact either in reducing deadlines or in the scope of public services. For these purposes, information has been extracted from the social conflict reports of the Ombudsman's Office, the minutes of commitments of the Presidency of the Council of Ministers and other publicly accessible databases of state entities, referring primarily to episodes of social protest and selected indicators of violence and secondly, to the progress in the execution of the commitments associated with a set of dialogue spaces established in the selected period for 24 social conflicts in some regions of the country. From the analysis of the data, through a hypothesis test of statistical independence using the chi-square test, it is concluded that there is no significant relationship between the variables of protest, subscription and execution of commitments. Additionally, two conflict processes were selected within the period to analyze them as cases, the case of the Commission for the attention of the communities in the basins of the Corrientes, Pastaza, Tigre, Marañón and Chambira rivers in Loreto and the case of the Technical Table of the Coata River in Puno, from which a group of actors participating in the management of commitments were chosen and interviewed, both representatives of public entities and the mobilized groups. From the study with the methodology of analysis of referential frameworks, it is concluded that in addition to the disruption that the protest caused in the work of the institutions, but without giving special weight to the one that had violent consequences, the technical-political articulation between movements, local authorities and national ones allowed us to obtain important results for the communities. These results were mainly public resources and services, not solutions to the main demands of the movements or institutional improvements for the entities, so the level of compliance was not total.

En el presente trabajo de investigación se efectúa un profundo análisis sobre las políticas y el comportamiento, desde la perspectiva de gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial, del último titular del proyecto Río Blanco, el consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, desde el año de adquisición 2007 hasta el año 2019. Este artículo busca contribuir con la estrategia corporativa y de responsabilidad social en el sector minero del Perú a través del caso particular de Río Blanco, y tiene por objetivo analizar y demostrar los enfoques y las estrategias inadecuados aplicados por el titular de capital chino en su gobierno corporativo y estrategia de responsabilidad social después de adquirir el proyecto Río Blanco que ya contaba con un “pasivo social” existente, por lo que se traducen en la falta de aceptación y legitimidad social para desarrollar el proyecto minero. Para ello se valdrá de herramientas teóricas así como entrevistas hechas a los diversos actores de interés, y se expondrá los argumentos para validad la hipótesis del caso, que además pueden ser extrapolables para otros proyectos del sector. / In this research work, an in-depth analysis is carried out on policies and behaviors, from the perspective of corporate governance and corporate social responsibility, of the last owner of the Río Blanco project, the Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation consortium, since the year of acquisition 2007 through 2019. This article seeks to contribute to the corporate and social responsibility strategy in the mining sector of Peru through the particular case of Río Blanco, and aims to analyze and demonstrate the inappropriate approaches and strategies applied by the Chinese capital holder in its corporate governance and social responsibility strategy after acquiring the Río Blanco project, which already had an existing “social liability”, resulting in a lack of acceptance and social legitimacy to develop the mining project. For this, I will use theoretical tools as well as interviews that have taken place from various stakeholders, and will present the arguments to validate the hypothesis of the case, which can also be extrapolated to other projects in this sector. / Trabajo de investigación

El recurso hídrico está ligado a todas las actividades humanas ya que es el insumo primordial para la existencia y desarrollo de la vida. Lo mismo se aplica para la existencia y desarrollo de las actividades productivas entre ellas la actividad minera por lo que se requiere optimizar su uso para satisfacer las necesidades presentes y futuras. Para lograr ello, es indispensable conocer la regulación que rige al sector minero y gestionar las autorizaciones y permisos necesarios para su desarrollo y el buen relacionamiento con los vecinos y la sociedad en general. Muchos proyectos mineros se encuentran ubicados en zonas donde los habitantes no tienen a la minería como actividad principal por lo que el agua cobra mayor relevancia, debido a que sus actividades están estrechamente relacionadas con el recurso hídrico por ello es necesario que los proyectos mineros tengan plenamente identificados los riesgos relacionados con el agua para poder establecer estrategias para el adecuado relacionamiento con las comunidades. Esta investigación busca analizar las buenas prácticas respecto a la gestión del agua en actividades mineras e identificar cómo una gestión del agua basada en un gobierno corporativo responsable puede contrarrestar los conflictos sociales asociados al agua en el sector minero. Las principales conclusiones de este trabajo son que el establecimiento de un gobierno corporativo responsable basado en el enfoque de desarrollo sostenible apoya al establecimiento de iniciativas con responsabilidad social, ambiental y económica. En el sector minero, dichas iniciativas deben orientarse a la gestión del agua bajo un enfoque responsable y sostenible que contribuya al incremento de la seguridad hídrica y con ello poder minimizar los conflictos relacionados con el agua. Así como, la búsqueda de alianzas público – privadas podrían hacer frente a la demanda de abastecimiento en cantidad y calidad de agua para la sociedad civil. / The water resource is relevant to all human activities because it´s the main input for the source and development of life. Also applies to the productive activities, including mining, so it´s needed to optimize its use to satisfy the requirement of the present and the future. Therefore, it´s essential to know the laws associates with mining projects to manage the license required for the good relationship with neighbors and high andean communities. Many mining projects are located in areas where the people don´t have mining as their main activity, making water very important for their activities. So it´s necessary for mining projects to have fully identified all the risks related to water and be able set as suitable strategies to get a good relationship with high andean communities. This research work searches to analyze good practices about water management in mining and identify how water management based on responsible corporate governance can be the key which solving the social issues associated with water in the mining sector. The main conclusions are that the establishment of responsible corporate governance in focus the sustainable development encourages decisions with social, environmental and economics responsibility. In the mining sector, those decisions should be directed towards water management under a responsible and sustainable focusing. This focusing contributes to the increase of water security and could attend the social issues. Likewise, the searching alliances between the mining company and the State could solve the supply demand for quantity and quality of water for civil society. / Trabajo de investigación

Durante muchos años, la participación en política ha sido una estrategia de los pueblos de la amazonía para construir un vínculo con el Estado peruano. La formación de organizaciones de base que sirvieran de apoyo a la gestión de intereses de las poblaciones empezó a consolidar una serie de liderazgos y a construir un camino para que el líder se forme en la búsqueda de cumplir sus objetivos. De este modo, el líder se convierte en un representante de su pueblo que establece una relación con el Estado. ¿Qué sucede cuando esta relación se tensa a partir de una crisis? ¿Cómo se da el proceso para que un líder logre asumir esa representación? ¿Cómo se han transformado estos procesos en los últimos años? La gran crisis entre los pueblos de la amazonía, en este caso awajún y wampis, denominada ‘El Baguazo’, ha sido un hito fundamental. Para enteder algunas de sus consecuencias, esta tesis plantea aproximarse a los líderes indígenas que empezaron a transformar su estrategia de representación política. La construcción de su liderazgo, su estrategia de legitimación, las alianzas políticas y su imaginario sobre el Estado se integran a su religiosidad, su etnicidad, su territorio y su tradición de manera que se construye una cultura política o una cultura del liderazgo de una manera singular. Muchas tensiones futuras seguirán llevando a las organizaciones de los pueblos a establecer una relación con el Estado para lo cual es importante conocer en profundidad las lógicas que marcan el camino del líder. Esta tesis propone un breve acercamiento a algunas historias de construcción de estos liderazgos

Las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) generan emisiones y efluentes que contaminan el medio ambiente de la ciudad, para resolver este problema y lograr los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) el Estado, en cumplimiento de su función reguladora, exigió en 1997 a la empresa Doe Run Perú, propietaria del CMLO, la ejecución de un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en el plazo de diez años; sin embargo, la empresa incumplió el plazo y solicitó su extensión en dos ocasiones originando un conflicto social muy complejo. A través de una descripción y análisis del conflicto, esta tesis demuestra que los determinantes de la actuación del Estado frente a este problema son los siguientes: Primero, una falta de capacidad que nos muestra a un Estado débil sin autonomía para diseñar sus políticas y sin efectividad para implementarlas. Segundo, la presión que han ejercido los actores sociales (pobladores y trabajadores) que formaron una coalición para apoyar a la empresa y presionar al Estado a través de acciones de movilización. Y, tercero, una decisión intencional del propio Estado de no actuar ya sea tolerando el incumplimiento de las normas ambientales por cálculo político, ignorando el problema por falta de interés o, simplemente, posponiendo una solución definitiva para evitar los costos de exigir el cumplimiento de las normas. Por otro lado, los hallazgos nos muestran que los factores que explican la coalición entre pobladores y trabajadores son sus intereses económicos, la dependencia económica estructural de la ciudad de las operaciones del CMLO, una actitud pasiva frente a la contaminación ambiental, una mayor valoración al trabajo que a la salud y un conjunto de factores sociales y culturales. Los resultados de esta investigación contribuirán a un mejor conocimiento sobre el funcionamiento del Estado en el Perú así como de los factores determinantes de la calidad de sus respuestas a los problemas del país. / The operations of the La Oroya Metallurgical Complex (CMLO) generate emissions and effluents that pollute the city's environment, to solve this problem and achieve the Environmental Quality Standards (EQS) the State, in compliance with its regulatory function, demanded in 1997 to the company Doe Run Peru, owner of the CMLO, the execution of an Environmental Adaptation and Management Program (PAMA) within ten years; however, the company failed to meet the deadline and requested its extension on two occasions, causing a very complex social conflict. Through a description and analysis of the conflict, this thesis shows that the determinants of the State's action against this problem are the following: First, a lack of capacity that shows us a weak State without autonomy to design its policies and without effectiveness to implement them. Second, the pressure exerted by social actors (residents and workers) who formed a coalition to support the company and put pressure on the State through mobilization actions. And third, an intentional decision by the State itself not to act, either by tolerating noncompliance with environmental regulations by political calculation, ignoring the problem due to lack of interest, or simply postponing a definitive solution to avoid the costs of demanding compliance with the rules. On the other hand, the findings show us that the factors that explain the coalition between residents and workers are their economic interests, the city's structural economic dependence on CMLO operations, a passive attitude towards environmental contamination, a higher valuation to the work than to health and a series of social and cultural factors. The results of this research will contribute to a better understanding of the functioning of the State in Peru as well as of the determinants factors of the quality of its responses to the country's problems.

La presente investigación hace un análisis de la gobernanza en la comunidad del Alto Huarca que pertenece a la población originaria quechua en la provincia de Espinar del departamento del Cusco, que presenta un problema de escasa disponibilidad de agua, en el contexto de la explotación minera, lo que ha provocado numerosas protestas que expresan el malestar de la población por la afectación de las aguas. La importancia de la presente investigación, radica en el establecimiento de las pautas para la disminución de los costos del conflicto social en la producción minera, así como los costos para el Estado y la población intervenida. Plantea la hipótesis del deficiente nivel de gobernanza hídrica y escasa incorporación de enfoque de integridad, transversalidad e interculturalidad en la disponibilidad de agua que afecta a la comunidad, en tanto los espacios más utilizados para la gobernanza hídrica lo constituyen las mesas de dialogo, que se activan solamente cuando el conflicto se ha desbordado y ha hecho crisis. Este espacio resulta temporal para la solución de un determinado conflicto, no es permanente; con pérdidas lamentables para la población y pérdidas económicas para la empresa y el Estado. Estos espacios surgen muchas veces como único espacio de negociación efectiva para poblaciones vulnerables y afectadas por la extracción minera y no siempre mantienen el equilibrio de poderes necesario. En esta investigación se ha empleado el método descriptivo de análisis cualitativo basada en el análisis de estudio de caso. Se presenta también a manera de conclusión el planteamiento de una propuesta alternativa intercultural de gobernanza hídrica a través del diálogo y comunicación interactiva y permanente para la mejora de la disponibilidad del agua en la comunidad de Alto Huarca como aporte a la construcción de una cultura de paz en el Sur del país desde tres enfoques (Institucional - normativo, participación ciudadana y responsabilidad social) tomando en cuenta la concertación de los tres actores (Estado, ciudadanía y empresa) para el desarrollo de una propuesta sostenible

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar y proponer una solución a la falta de articulación policial, para temas de conflictos mineros, respondiendo de esta manera a una preocupación desde el punto de vista de valor público por la necesidad de hacer frente a un problema social, identificando el problema público como: “Deficiente articulación policial para prevenir conflictos mineros a nivel nacional”. El capítulo uno, se caracteriza por la definición y descripción del problema a través del flujo de la cadena de valor (insumos, procesos y productos), por cuanto corresponde a una producción pública y de intervención estatal (PNP), y desarrolla el marco conceptual de articulación, conflictos mineros y prevención. Asimismo, al estar relacionado la función policial con las actividades mineras, requiere conocer cuántos conflictos mineros existes a nivel nacional, tanto activos, latentes y pendientes, amparados en el marco constitucional, sectorial e institucional. En el capítulo dos, se desarrolla el árbol de problemas. Para este proyecto de innovación se encontraron tres causas del problema: Causa 1: Inadecuada comunicación y coordinación entre las Unidades PNP, Causa 2: Carencia de un sistema informático y Causa 3: Falta de una guía de actuación policial para la prevención de conflictos mineros. El capítulo tres, corresponde al diseño del prototipo final de innovación, para ello, se analizó las tres causas del problema descritas en una matriz valorativa, identificándose como el elemento causal que obtuvo la mayor ponderación, la causa 2: Carencia de un sistema informático. Es en base a ello, que se analizó propuestas de mejora para la sistematización de las informaciones sobre conflictos mineros, para lo cual se planteó el diseño de un sistema informático denominado conflictos mineros – CONMIN, que consiste en el almacenamiento y procesamiento de la información debidamente estructurado. Finalmente, el capítulo cuatro corresponde al análisis de la deseabilidad, factibilidad y viabilidad del prototipo por medio de entrevistas y focus group con los actores involucrados; obteniendo como resultado la aceptación total de los usuarios para su aplicación, el cual, permitirá en primer lugar, lograr una sistematización de la información y en segundo lugar una adecuada articulación policial comprometidos en temas de conflictos mineros. / The present research work aims to analyze and propose a solution to the lack of police coordination, for issues of mining conflicts, thus responding to a concern from the point of view of public value for the need to face a problem social, identifying the public problem as: "Deficient police coordination to prevent mining conflicts at the national level." Chapter one is characterized by the definition and description of the problem through the flow of the value chain (inputs, processes and products), since it corresponds to a public production and state intervention (PNP), and develops the conceptual framework of articulation, mining conflicts and prevention. Likewise, since the police function is related to mining activities, it requires knowing how many mining conflicts exist at the national level, both active and latent, protected by the constitutional, sectorial and institutional framework. In chapter two, the problem tree is developed. For this innovation project, three causes of the problem were found: Cause 1: Inadequate communication and coordination between the PNP Units, Cause 2: Lack of a computer system and Cause 3: Lack ofa police action guide for the prevention of mining conflicts. Chapter three corresponds to the design of the final innovation prototype, for this, the three causes of the problem described in a value matrix were analyzed, identifying as the causal element that obtained the highest weighting, cause 2: Lack of a computer system. It is based on this, that proposals for improvement were analyzed for the systematization of information on mining conflicts, for which the design of a computer system called mining conflicts - CONMIN was proposed, which consists of the storage and processing of information properly structured. Finally, chapter four corresponds to the analysis of the desirability, feasibility and viability of the prototype through interviews and focus groups with the actors involved; Obtaining as a result the total acceptance of the users for its application, which will allow, in the first place, to achieve a systematization of the information and in the second place, an adequate police coordination involved in issues of mining conflicts.

La participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el control del orden público, es fundamental para que en el país prime el Estado de derecho. Los conflictos socioambientales son una manifestación de protesta de los pobladores donde se desarrollan los proyectos mineros, especialmente por el temor a la contaminación de sus terrenos. Llegado el momento de intervenir por desórdenes sociales, el gobierno de turno dispone que la PNP, de conformidad con la Constitución Política, haciendo uso de todos sus recursos humanos y logísticos, controle el orden público. Sin embargo, debido a la estrategia desplegada por los organizadores de las protestas sociales, con motivo de los conflictos socioambientales, éstas se prolongan en el tiempo y se vuelven cada vez más complicadas para la participación de la policía. Se abren muchos frentes de lucha, se aprovecha el terreno geográfico, se amenaza con tomar locales de servicios básicos, etc. Frente a ese escenario, la PNP ve reducidas sus capacidades de controlar el orden público y por lo tanto tiene que solicitar el apoyo de otras instituciones como las Fuerzas Armadas (FFAA), para que con su personal y logística se pueda lograr el objetivo: imperio de la Ley y el orden. Lamentablemente, desde el 2001, en que se dio inicio a los conflictos sociales, hasta la fecha, en las ocasiones que han intervenido las FFAA en apoyo a la PNP, se ha notado que la colaboración no es integral y por el contrario, se ponen ciertas limitaciones en el uso del personal militar y en el uso de su logística, como por ejemplo el empleo del transporte y el combustible, así como su participación siguiendo un planeamiento policial, debido a que la policía es la titular de esta función. Esta situación, que pareciera que solo afecta a la PNP, contribuye a que no se logre el objetivo final de control del orden público, generando un clima de falta de principio de autoridad e impunidad en la población. En estas circunstancias, es conveniente que se instale una política pública que permita que el apoyo de las FFAA a la PNP, en el marco de los conflictos socioambientales, se realice de una manera más dinámica y efectiva, que permita que prevalezca el orden público y por lo tanto la paz social. A nivel económico, esta tranquilidad va a permitir que los potenciales inversionistas puedan elegir al país como un destino que ofrezca garantías a sus capitales, lo que traerá consigo mejores condiciones de vida para nuestra población. Si bien es cierto, a través del tiempo, se han dado algunos dispositivos legales que regulan la participación de las FFAA en conflictos internos, el que se encuentra vigente no ha sido reglamentado y por lo tanto debe serlo; pero no solo eso, se puede encaminar la política pública para que en todo momento en que la PNP requiera el apoyo de las FFAA, no solo durante los conflictos socioambientales, reciba el apoyo solicitado con miras a mantener el principio de autoridad y que los ciudadanos puedan convivir en un clima de tranquilidad. / Trabajo de investigación

En el capítulo I se formulan el problema y las preguntas del estudio, y se propone aplicar conceptos teóricos y métodos cualitativos para la obtención de respuestas de los actores -con evidencias empíricas en entrevistas -, con el propósito de construir el argumento central sobre los enfoques sociales aplicados en las operaciones mineras por los accionistas y los funcionarios de la empresa minera Yanacocha, dentro del contexto mayor de las causas de los conflictos sociales y problemas en las relaciones comunitarias de esta última. Uno de los primeros pasos de la investigación fue analizar los antecedentes del caso a fin de identificar a los actores clave -dentro y, también, fuera de la empresa minera-, cuyas entrevistas han permitido construir una línea de tiempo de tres etapas a partir de diversos casos e historias reconstruidas en el entorno social de la empresa minera en el lapso 1990-2010. En el capítulo II, “Estado de la cuestión”, se ordena el marco legal e institucional vigente en aquel entonces, para dar cuenta de los derechos y los deberes de la empresa minera, las comunidades campesinas y el Estado, actor central que otorga en concesión los recursos minerales para su aprovechamiento racional. En esta parte se presentan análisis previos del contexto social y la empresa minera, enfocando algunas situaciones y vacíos que han dado lugar a choques entre comunidades y empresas. Los temas de tierras y aguas, de superposición de derechos de uso, posesión y propiedad, de tensiones entre agricultura familiar andina y operaciones mineras modernas, culminan con la presentación de la primera tabla de las tres etapas, desde las exploraciones, la construcción de las minas en los años noventa y las ampliaciones y cierres de minas desde 2000 en adelante. En el capítulo III se resume el marco teórico y conceptual que surge de una amplia revisión de literatura que ayuda a entender los conceptos aplicados en la empresa minera, los cambios en las lógicas empresariales y las propuestas de los actores sociales recogidas y desarrolladas luego de concluir el trabajo de campo entre 2007 y 2010. En los capítulos IV al VII se presentan las tablas que resumen las entrevistas a los actores empresariales y sociales, se proporcionan las evidencias de los enfoques sociales coexistentes - dentro y fuera de la empresa minera- y se analizan su efecto en los casos de éxitos y fracasos en las relaciones comunitarias de la empresa minera. Los enfoques sociales que se revelan en las respuestas ordenadas a accionistas y ejecutivos de las socias de Yanacocha: Newmont Gold Corporation (NEM) -y la empresa filial de NEM a cargo de las operaciones en Yanacocha- y la Compañía de Minas Buenaventura (BVN), revelan la existencia de diversos enfoques y mutuas influencias entre socios, accionistas, y funcionarios. Luego estas evidencias se analizan a la luz de los conceptos teóricos presentados en el capítulo III con el fin de fundamentar el argumento central acerca de la existencia de enfoques sociales diferentes -dentro y fuera de la empresa minera- y, que corresponden a lógicas contrapuestas entre actores empresariales o shareholders -accionistas, funcionarios y expertos mineros- y los actores sociales o stakeholders, quienes a lo largo del ciclo de vida de Yanacocha a veces han dialogado y en otras oportunidades se han confrontado al no tener una visión compartida del desarrollo sostenible. En esta parte del estudio se contrastan los diversos enfoques sociales que corresponden de un lado, a la tradición minera del país representada por los socios y funcionarios de BVN, y de otro lado, dentro de la propia empresa algunos enfoques modernos que corresponden a los funcionarios de NEM que se guían por estándares internacionales a nivel global. En esta parte se presentan además los principios financieros de un poderoso socio minoritario con influencia gravitante en Yanacocha: La Internacional Finance Corporation (IFC) del Grupo del Banco Mundial. Al escuchar a los actores se trata de entender sus enfoques sociales y analizar las relaciones comunitarias que subyacen a los mismos, así como a las causas y los conflictos sociales -desde los orígenes , pasando por etapas de cambios hasta el estallido de la crisis en Conga (2011), En estas historias son evidentes de un lado la ausencia del Estado y las dificultades de los actores para desarrollar diálogos y cumplir acuerdos pendientes desde los orígenes y a lo largo del ciclo de vida de los proyectos mineros. Luego de concluido el trabajo de campo realizado para este estudio en diciembre 2010, la crisis en Conga puso en un paréntesis los procesos de diálogo iniciados desde tiempo atrás. Tras el procesamiento de las primeras entrevistas a los actores a la luz de los hechos recientes, se han realizado algunas entrevistas complementarias y se han aplicado las técnicas cualitativas como la observación participante, para actualizar y completar los resultados de las tres visitas de campó realizadas entre setiembre del 2007 y diciembre del 2010. En el análisis que se presenta acuerdos y conflictos sociales y se contrastan dichos y documentos, análisis y discursos corporativos así como la data pública de los reportes de sostenibilidad de la empresa minera que contrasta con algunas experiencias propias en los diálogos y tensiones entre actores de la empresa minera y su entorno social. La aplicación del software Atlas ti- permitió procesar 44 entrevistas para identificar códigos articulados en redes sociales con conceptos similares o diferentes, y que ayudan a explicar los enfoques sociales aplicados por funcionarios en Yanacocha. Tras este análisis seencuentran evidencias de estos enfoques diferentes como una de las causas de los conflictos sociales, generados por las respuestas dentro y fuera de la propia empresa minera. Se incluyen dos tablas sobre las denuncias por la muerte de animales y las protestas sociales que revelan un creciente temor por la contaminación ambiental de las aguas, lo cual acrecienta la desconfianza respecto a una empresa que no ha cumplido con acuerdos pendientes de obras y la mejora de los servicios públicos pendientes, en las cuales resulta evidente la precaria presencia de un Estado ausente en el campo andino. El Estado, entendido limitadamente como el Gobierno nacional, reaparece en la parte final de la crisis de Conga, como un actor de gran importancia para los actores empresariales y sociales, de un lado para ejercer el poder con legitimidad para garantizar derechos y deberes, contemplados en el marco constitucional, legal e institucional, para restablecer el orden público y mediar en diálogos para impulsar cambios en los conflictos y las crisis sociales. Los roles y responsabilidades sociales del Estado en relación al desarrollo sostenible y los enfoques sociales de sus funcionarios son una clave en esta parte de la investigación ya que no sería posible entender porque las relaciones comunitarias de {a empresa minera Yanacocha fallan, a pesar de ser de su interés, sin un entorno social que se moviliza y un Estado ausente que a veces ha sido sustituido por la empresa minera. El Estado juega un rol central por acción u omisión, cuando pasa a ser un aliado cuando se asocia con la empresa minera y las comunidades para la ejecución de obras públicas y finalmente, cuando hace de mediador y convoca a representantes de la Iglesia Católica y a expertos internacionales para encontrar soluciones pacíficas a la crisis que subsiste a pesar de decretar el estado de emergencia y disponer el uso de la fuerza pública para restablecer el orden público. En el Capítulo VIII las reflexiones finales, a modo de conclusiones, resumen algunas conexiones entre conceptos teóricos y enfoques aplicados por los actores económicos y sociales en el caso de estudio, se formulan nuevas preguntas y proponen algunas propuestas para mejorar el entendimiento del caso de Yanacocha. Para ello, la autora se ubica entre las dos principales narrativas y enfoques sociales expuestos para coincidir en parte con algunos profesionales dentro y fuera de la empresa minera de Yanacocha, quienes participaron del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS) y suscribieron el Acuerdo por una Minería con responsabilidad social y ambiental, en agosto del año 2006.