El presente trabajo de investigación analiza la pertinencia de la aplicación del periodo de prueba en el régimen especial de construcción civil a raíz del pronunciamiento emitido por el Tribunal Constitucional mediante Sentencia N° 01807-2010-PA/TC, donde se ha expresado que, a los trabajadores de construcción civil también les es aplicable dicha institución del régimen general establecida en el artículo 10° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR. Sobre el particular, consideramos que esta disposición constituye un error por parte del máximo intérprete de la Constitución, debido a que en la citada sentencia no se han considerado las características propias y esenciales del régimen especial de construcción civil (la eventualidad y la ubicación relativa) que, por el contrario, sí fueron desarrolladas previamente en la sentencia recaída en el Exp. N° 0261-2003- AA/TC. En ese sentido, este precedente puede generar una confusión en los operadores jurídicos sobre la estabilidad laboral de los trabajadores de construcción civil; por ello se expondrán los argumentos que sustentan nuestra postura respecto a la inaplicación del periodo de prueba en este régimen en virtud a las particularidades del trabajo realizado en dicho sector productivo. Sin perjuicio de lo señalado, es necesario mencionar que sobre el tema central del trabajo no existen tratados ni ensayos, y que su aplicación jurisprudencial no ha sido la esperada pues no se analizaron las instituciones comprendidas a detalle. Por todo ello, la presente investigación buscará suplir el vacío existente analizando las instituciones comprometidas y ensayando respuestas a las controversias surgidas a partir de la aplicación de una institución general, como lo es el periodo de prueba, a un régimen especial. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación analiza la pertinencia de la aplicación del periodo de prueba en el régimen especial de construcción civil a raíz del pronunciamiento emitido por el Tribunal Constitucional mediante Sentencia N° 01807-2010-PA/TC, donde se ha expresado que, a los trabajadores de construcción civil también les es aplicable dicha institución del régimen general establecida en el artículo 10° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR. Sobre el particular, consideramos que esta disposición constituye un error por parte del máximo intérprete de la Constitución, debido a que en la citada sentencia no se han considerado las características propias y esenciales del régimen especial de construcción civil (la eventualidad y la ubicación relativa) que, por el contrario, sí fueron desarrolladas previamente en la sentencia recaída en el Exp. N° 0261-2003- AA/TC. En ese sentido, este precedente puede generar una confusión en los operadores jurídicos sobre la estabilidad laboral de los trabajadores de construcción civil; por ello se expondrán los argumentos que sustentan nuestra postura respecto a la inaplicación del periodo de prueba en este régimen en virtud a las particularidades del trabajo realizado en dicho sector productivo. Sin perjuicio de lo señalado, es necesario mencionar que sobre el tema central del trabajo no existen tratados ni ensayos, y que su aplicación jurisprudencial no ha sido la esperada pues no se analizaron las instituciones comprendidas a detalle. Por todo ello, la presente investigación buscará suplir el vacío existente analizando las instituciones comprometidas y ensayando respuestas a las controversias surgidas a partir de la aplicación de una institución general, como lo es el periodo de prueba, a un régimen especial.

El tema de la anotación preventiva del Certificado de Zonificación y Vías es de interés pues a través de dicha anotación preventiva se ha pretendido alegar seguridad jurídica en el llamado “derecho a edificar”, vía oponibilidad producto de la publicidad que brinda el Registro Público. A razón de determinar si es posible lograr la referida seguridad jurídica del “derecho a edificar” establecemos, en primer lugar, en qué consiste el mismo y los límites a los que se somete en cuanto a su ejercicio. En segundo lugar, abordamos la temática de qué es la zonificación y su relación con el bien común enunciado en la Constitución. Posteriormente, examinamos si el asiento de anotación preventiva es compatible, en cuanto a sus fines, con la naturaleza del Certificado de Zonificación y Vías. Finalmente, planteamos la relación entre la publicidad que brinda el Registro y el Certificado de Zonificación y Vías como parte del Urbanismo. Concluimos que no es posible alegar la referida seguridad jurídica, puesto que el Certificado de Zonificación y Vías tiene por naturaleza ser un compendio de normas en materia de zonificación y a propósito de su anotación preventiva no se debería pretender lograr una suerte de “estabilidad jurídica” en la facultad de edificar que solo se concretiza con la licencia de edificación como título habilitante.

El presente Plan de Tesis tiene como objetivo principal analizar el impacto contable y tributario de la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, en el reconocimiento de ingresos en las empresas del sector inmobiliario del Perú, para el cual se desarrollará un caso práctico de la empresa “Inmobiliaria CIKA”. Como objetivos específicos se propone determinar el impacto en la Situación Financiera, en el Estado de Resultados y el impacto tributario en las empresas del sector inmobiliario por la aplicación de dicha norma contable. Esta investigación es de suma importancia, debido a que en el sector inmobiliario esta norma puede originar grandes impactos, tanto en el Perú como internacionalmente, ya que las inmobiliarias poseen varios contratos con múltiples elementos, los cuales deben seguir los nuevos lineamientos de la NIIF 15. Para ello, el trabajo se sustentará, principalmente, en fuentes bibliográficas, publicaciones, revistas académicas y libros sobre normas, tanto contables como tributarias. Asimismo, se utilizarán los estados financieros de la empresa para efectos de demostrar el impacto de la NIIF 15. Por otro lado, la metodología empleada es cualitativa debido a que se describe de manera detallada el impacto de la norma contable, sin utilizar análisis estadísticos

la relevancia que tiene en cuanto a la economía nacional. Los actores más importantes que intervienen en dicha industria son los comitentes – normalmente grandes empresas mineras, petroleras o industriales – y los contratistas, que suelen también ser empresas grandes o medianas, pero con bastante poder de financiamiento debido a que las obras a ejecutarse demandan grandes fluctuaciones económicas. A pesar de su importancia, el contrato de construcción, que por orden económico debería situarse a continuación del contrato de compraventa, no tiene una regulación propia en nuestro Código Civil, dando lugar a la autorregulación contractual de las partes. Pero al tratarse de contratos por adhesión, impuestos en su gran mayoría por los comitentes, surgen muchos conflictos contractuales que finalmente se resolverán en los tribunales arbitrales. Uno de los conflictos más frecuentes es la intervención contractual del comitente, que es una excepción al principio del pacta sun servanda y que faculta al comitente a “incumplir” su deber implícito de “dejar hacer”, para procurarse por sí mismo el cumplimiento del contrato de construcción ante un incumplimiento contractual parcial del contratista. Esta intervención contractual suele darse a través del back charge o el retiro de partidas contractuales. En cuanto al back charge, los conflictos comunes surgen porque las partes no se ponen de acuerdo en definir cuándo se está ante un incumplimiento contractual del contratista que faculte la aplicación del back charge por el comitente, y cuál es el límite económico de esta afectación. Este trabajo de investigación, aborda esta problemática a través de soluciones jurisprudenciales internacionales con el objetivo de aportar para que los tribunales arbitrales nacionales tengan mejores herramientas en sus fundamentaciones para resolver mejor estos casos frecuentes.

La presente investigación parte de un expediente que contiene temas de derecho civil, registral, urbanístico y constitucional; en el que se discute, como punto primordial, a quién le pertenece el derecho de propiedad sobre un pasaje dentro de una edificación que alguna vez fue una quinta. En ese sentido, se justifica dada la existencia de diversos problemas de índole jurídico que giran en torno al derecho fundamental de propiedad y al principio de seguridad jurídica. Este trabajo tiene el objetivo de desarrollar una postura que, guardando coherencia con las reglas de la lógica y respeto del ordenamiento jurídico, responda directamente al problema central. Para ello, se identifican los acontecimientos más relevantes y se interpretan, desde distintos métodos, sus consecuencias a la luz de la normativa aplicable en cada momento. La información documental utilizada es diversa e incluye legislación, jurisprudencia, pronunciamientos administrativos y doctrina. Dicha teoría sostiene la necesidad de proteger el derecho de propiedad privada frente a las intromisiones injustificadas por parte de particulares y órganos estatales. La conclusión principal afirma que no ha existido una vulneración al derecho de propiedad de la persona jurídica constructora de la edificación tipo quinta debido a que, en Perú, la inscripción registral de las transferencias inmobiliarias no es constitutiva de derechos, motivo por el cual la extensión de diversos y cuestionables asientos de inscripción en la partida registral del pasaje únicamente han generado una discordancia entre los planos fáctico y jurídico, encontrándose legitimada la propietaria para accionar judicialmente solicitando se corrija dicha inexactitud

Durante los últimos años los Estados vienen incentivando la participación del sector privado como agente colaborador en la lucha contra el soborno. En ese contexto, varios países han aceptado la premisa de que las personas jurídicas pueden ser objeto de responsabilidad penal por los delitos de soborno que cometan las personas naturales relacionadas a ella. Así, nuestro país se ha sumado a esta tendencia al aprobar la Ley N° 30424, que regula la responsabilidad administrativa1 de las personas jurídicas; la misma que ha sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1352 y la Ley N° 30835, los cuales amplían los delitos por los que pueden ser sancionadas, entre ellos, el soborno. Por otro lado, son las empresas del sector construcción quienes observan con especial atención las implicancias de esta reforma, debido a que, dadas las características de sus actividades están expuestas al riesgo del soborno en mayor medida. Así también, esta regulación ha previsto la implementación de un modelo de prevención al interior de la empresa, como circunstancia atenuante o eximente de responsabilidad ante la comisión de un delito. En el presente trabajo de investigación se identifican los factores esenciales que deben tomar en cuenta las empresas constructoras, durante la elaboración del plan de administración del riesgo del soborno, como elemento principal del modelo de prevención; entendiéndose por estos factores, al proceso de selección del personal, las relaciones con socios comerciales, el registro de gastos en proveedores, las políticas de beneficios a terceros y las políticas de agentes intermediarios en la empresa / Trabajo de investigación

En los últimos años el gobierno nacional comienza a tener un papel más protagonista en el desarrollo de la vivienda de interés social. Tal es así que mediante decretos supremos se promueve la inversión privada en el desarrollo de estos proyectos. Los decretos supremos 010-2018 y 012-2019 buscan establecer disposiciones básicas que los promotores inmobiliarios puedan usar desde la concepción de los proyectos como tener más altura, densidad, reducir áreas mínimas, etc. que en conjunto da como resultado tener más área vendible, así mismo, obtener la licencia municipal, a pesar que estos no cumplan en su totalidad con los parámetros establecidos en el certificado de parámetros. Por otro lado, debido a que cada vez más limeños de clase media buscan departamentos ubicados en la llamada Lima Moderna, la cual comprende distritos de Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Miguel y Surquillo. Lince colinda con zonas residenciales, financieras y comerciales importantes de San Isidro, Jesús María, Lima Centro y La Victoria. Además, de su ubicación cuenta con una alta conectividad e infraestructura, por lo que el distrito es considerado como un punto estratégico. Lince está evolucionando de ser una zona comercial y residencial a una zona atractiva para el desarrollo inmobiliario como es el caso de la Av. Prolongación Iquitos donde muchas viviendas unifamiliares y comercios han cedido sus espacios para desarrollos inmobiliarios, por ello se ha considerado este distrito para el presente trabajo de tesis. El propósito del presente trabajo de tesis consiste en mostrar la conveniencia de la aplicación de los decretos supremos 010-2018 y 012-2019 en un proyecto multifamiliar en la avenida prolongación Iquitos del distrito de Lince. Presentar los beneficios del uso de ambos decretos, un comparativo entre un proyecto que está siendo ejecutado y que cumple con certificado de parámetros, y un proyecto que aplica algunas disposiciones de los decretos supremos para ofertar en el mercado un producto más económico y accesible a un target establecido. Para ello, se realizará un estudio que integre la situación macroeconómica, microeconómica, aspectos del mercado (oferta y demanda), propuesta de diseño, plan comercial y desarrollo del perfil estático y dinámico de ambos proyectos. Así mismo, el presente proyecto busca romper con los esquemas actuales de precio/calidad de departamentos en la zona para que inversionistas y personas del nivel socioeconómico B+ y A- puedan acceder a un inmueble económico, eco-amigable, sostenible y rentable que incluya espacios para Co-living y Co-Working, además de ser beneficiado por los programas sociales del estado peruano cerca a sus zonas de trabajo y estar en un distrito céntrico de Lima. Al analizar el proyecto y planteando un costo de capital (ke) de 12%, una velocidad de ventas de 6 unidades por mes que considera que el 33% de ellas son planes ahorro a 6 meses, el proyecto tiene un TIR anual de 16.32%, un TIR anual del accionista de 15.83% y VAN positivo. Con los TIR antes mencionados el proyecto es capaz de cubrir lo requerido por el accionista y el banco. Mientras que el proyecto que no aplica asumiendo un costo de capital de 12%, considerando la velocidad de venta real del producto de 4 unidades por mes, sin considerar planes ahorro; tiene TIR anual de 12.40%, un TIR anual del accionista de 10.08% y VAN positivo. / Tesis

El sector inmobiliario representa, hoy en día, una gran fuente de ingreso para la economía nacional. En ese sentido, las relaciones de consumo al interior de este rubro han evolucionado y es necesaria la intervención del Estado en un sector que, sabemos, involucra una gran inversión e impacto en la situación económica y financiera de los futuros propietarios. En ese sentido, la finalidad del presente trabajo de investigación es discutir el rol del Estado (representado por Indecopi) en materia inmobiliaria; y con ello, el grado de intervención que debe tener en una relación que, si bien se inició en el ámbito privado, requiere la intervención la autoridad competente para nivelar la relación de consumo creada.