La presente tesis realiza una labor de introspección en el sistema jurídico laboral vigente, a fin de determinar las posibilidades reales que este ofrece para el ejercicio del derecho fundamental de libertad sindical en una de sus expresiones: la negociación colectiva. A tal objetivo los graduandos inician sentando las bases de lo que declaran como filosofía e ideología jurídica: el Estado Constitucional de Derecho. Desde este paradigma se da lectura al conjunto de normas que regulan la negociación colectiva de modo directo o sucedáneo. Del mismo modo, se repasan los datos actuariales que plantean una visión estadística del tema tratado, permitiendo contemplar la evolución o involución de la materia. La mixtura de los datos jurídicos y actuariales permite concluir en un estado deficiente en cuanto a la obligación de fomento de la negociación colectiva que detenta el Estado peruano. Esta conclusión genera una nueva labor en los graduandos: una propositiva. La labor propositiva se erige a razón de cada uno de los estancos en los que se detectan fallas susceptibles de mejora en el sistema, siempre orientados con el logro del objetivo inicial: el fomento de la negociación colectiva.

La presente tesis presenta un trabajo analítico de los convenios colectivos de trabajo celebrados por acuerdo directo en la gran y mediana minería durante la década de los años 2007-2017, centrándose específicamente en la regulación de las cláusulas normativas referidas a la seguridad y salud en el trabajo, a efectos de identificar los intereses de los agentes negociales en torno a dicha materia considerando que el trabajo minero es de alto riesgo y a su vez, uno de los principales cimientos de la economía peruana. A tal objetivo la graduanda inicia sentando las bases de las condiciones fácticas del trabajo minero y los principales factores de riesgos, la frecuencia de la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la evolución en la normativa legal aplicable al personal minero con relación a los derechos a la negociación colectiva y a la salud y seguridad en el trabajo, asimismo aborda las implicancias estrictamente jurídicas y el impacto en las relaciones laborales que erige el ejercicio de tales derechos, para luego analizar el contenido de los convenios colectivos de trabajo sobre seguridad y salud en el trabajo. Advirtiéndose que la tendencia de los agentes negociales durante el periodo estudiado es regular el aterrizaje de medidas sobre salud y seguridad laboral antes que la reproducción textual de la normativa vigente o la regulación de normas suplementarias; asimismo, se aprecia un incuestionable enriquecimiento de los contenidos regulados en la normativa sobre salud y seguridad en el trabajo; lo cual permite que se erijan propuestas en vías de fomentar el ejercicio al derecho a la negociación colectiva sobre los riegos en seguridad y salud que subyacen de la relación del trabajo.

El presente informe analiza la Casación Laboral Nº 24304-2019-LIMA, emitida a inicios del 2022. En esta resolución, la Corte Suprema se pronuncia sobre la extensión unilateral de los beneficios pactados en un convenio colectivo suscrito por un sindicato minoritario. Concretamente, en el caso se examinó el otorgamiento del bono por cierre de pliego que, sólo con una distinta denominación, fue entregado a los trabajadores no sindicalizados a largo de los años. Así, retrocediendo a un criterio jurisprudencial ya superado, el Colegiado admite la extensión de este beneficio afirmando que sólo se trataría de un derecho similar derivado de la voluntad empresarial. A efectos de desarrollar los principales problemas jurídicos contenidos en esta decisión, se ha dividido este trabajo en tres secciones: planteamiento de hechos, identificación de los problemas, y su posterior análisis. En tal sentido, se recurre a la legislación, doctrina y jurisprudencia que se pronuncian sobre los problemas identificados. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones son presentadas. Al margen de que –según se aprecia en el desarrollo del informe– rechazamos el vigente criterio de la Corte, el análisis de la resolución seleccionada es una oportunidad para corregir y avanzar hacia una línea jurisprudencial que garantice la efectividad de los derechos laborales. Por tal razón, como lo advierte el título de este trabajo, el objetivo en cualquier escenario es debatir y progresar, evitando en el camino dar pasos hacia atrás. / This report analyzes Supreme Labor Decision Nº 24304-2019-LIMA, issued at the beginning of 2022. In this resolution, the Supreme Court rules on the unilateral extension of the benefits agreed in a collective bargaining with a minority union. Specifically, in the case was examined the granting of the bonus for closing bargaining, same which, only with a different denomination, was given to non-unionized workers over the years. Thus, going back to an outdated jurisprudential criterion, the Collegiate admits the extension of this benefit on the basis that it would only be a similar right derived from the business will. In order to develop the main legal problems contained in this decision, this report is divided into three sections: statement of facts, identification of problems, and their subsequent analysis. Hence, legislation, doctrine and jurisprudence that rule on the identified problems are used. Finally, conclusions and recommendations are presented. Regardless of the fact that we reject the current criteria of the Court –as can be seen in the development of the report–, the analysis of the selected decision is an opportunity to correct and move towards a jurisprudential line that guarantees the effectiveness of labor rights. For this reason, as the title of this report warns, the objective in any scenario is to debate and progress, avoiding taking steps backwards along the way.

El reconocimiento de los derechos colectivos del trabajo ha tenido una evolución desde su aparición, y en el caso de los servidores públicos, dicha evolución ha sido más pausada; incluso, en nuestro país existen autores que señalan que la negociación colectiva no está reconocida a nivel constitucional a los servidores públicos. Por ello, el presente trabajo parte de hacer un recuento de las normas vinculadas al reconocimiento del mencionado derecho a favor de los trabajadores del sector públicos, para luego analizar tanto las posiciones doctrinarias al respecto como los pronunciamientos de la jurisdicción constitucional emitidos por el Tribunal Constitucional como máxime intérprete de la Constitución; con el objetivo de establecer si en el sector público los trabajadores gozan del derecho a la negociación colectiva. Con dicha información, este trabajo ha permitido desterrar cualquier duda respecto de la titularidad del derecho a la negociación colectiva de los servidores públicos, y no solo porque esta forma parte del contenido esencial de la libertad sindical, sino también por el reconocimiento general que hace el artículo 28 de la Constitución Política del Perú de los tres derechos colectivos laborales a favor de todos los trabajadores, incluyendo a los que prestan sus servicios al Estado.

El expediente jurídico versa sobre un tema actual, complejo y muy desafiante, cuya investigación permitirá una visión panorámica y realista del derecho laboral peruano respecto al sector público. De esta manera, la hipótesis del presente informe radica en que los trabajadores públicos tienen el derecho a la negociación colectiva en materia económica, basados en un análisis de los principales instrumentos relacionados a los derechos fundamentales de la persona. La conclusión del presente informe evidenció a raíz de una interpretación sistemática de los cuerpos jurídicos nacionales e internacionales (entre ellos, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, Convenios de la Organización Internacional de Trabajo, Comité Libertad Sindical, Comisión de Expertos para la Aplicación de Convenios y Recomendaciones), que se debe regular a nivel legal la negociación colectiva en el sector público a través de un diálogo social que procure el respeto de otros principios constitucionales como el presupuestario.

El presente informe tiene como objeto analizar y cuestionar lo resuelto en el Laudo N° 313 – 15 – B – FPF en el marco de una relación laboral especial – entre un futbolista profesional y su Club -. Para ello, examinaremos lo decidido en el Laudo sobre las tres pretensiones del jugador: el pago de remuneraciones pendientes, indemnización de despido arbitrario y beneficios sociales. La controversia se origina cuando el Club Universidad San Martin decide despedir al jugador Jesús Álvarez cuando, en el 2012, los futbolistas profesionales del Perú decidieron no presentarse a la primera fecha del torneo oficial de fútbol. A razón de esta, se emite el Laudo en el que declaran infundada la principal pretensión del jugador: la indemnización de despido arbitrario. El presente informe arriba a una solución distinta a la planteada por los árbitros. Para ello es determinante la construcción jurídica realizada sobre la aplicación del periodo de prueba en la relación laboral de los futbolistas profesionales. Se utiliza lo establecido en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en la Ley de Régimen Laboral del Futbolista Profesional, en el Convenio Colectivo: Estatuto del Futbolista Profesional del Perú, en la jurisprudencia y en la doctrina para proteger los derechos constitucionales del trabajo y protección frente al despido arbitrario de los futbolistas en el Perú. / The purpose of this report is to analyze and question the decision of Award No. 313 – 15 – B – FPF in the framework of a special employment relationship – between a professional footballer and his Club -. To this end, we will examine what was decided in the Award on the three claims of the player: the payment of outstanding remuneration, compensation for arbitrary dismissal and social benefits. The controversy originated when Club Universidad San Martin decided to fire the player Jesús Álvarez when, in 2012, the professional soccer players of Peru decided not to show up for the first date of the official soccer tournament. Because of this, the Award is issued in which they declare the player's main claim unfounded: compensation for arbitrary dismissal. This report arrives at a solution different from the one proposed by the arbitrators. To this end, the legal construction carried out on the application of the probationary period in the employment relationship of professional footballers is decisive. The provisions of the Law on Labor Productivity and Competitiveness, the Law on the Labor Regime of Professional Soccer Players, the Collective Agreement: Statute of the Professional Soccer Player of Peru, and jurisprudence and doctrine are used to protect the constitutional rights of labor and protection against arbitrary dismissal of soccer players in Peru.