Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La ausencia de un efecto especifico a la declaración de nulidad de un acto dictado en un procedimiento licitatorio, ha permitido al Tribunal de Contratación Publica sostener que es posible que no se apliquen los efectos de la declaración de nulidad, en específico el retroactivo. Para negar la aplicación de este efecto ha recurrido al interés público, los derechos adquiridos, la protección de las situaciones jurídicas consolidadas, la buena fe y la seguridad jurídica. Estos fundamentos se obtuvieron del análisis de un conjunto de fallos compuestos por aquellos en que específicamente el tribunal negaba la posibilidad de aplicar el efecto retroactivo de la declaración de nulidad. Formo parte del análisis no solo lo sostenido en los considerandos de las sentencias, sino que también la fecha de dictación del acto y la fecha de redacción del fallo. Además, se estudió la doctrina nacional e internacional para explicar cómo puede ser posible el uso de los distintos conceptos. Lo obtenido en la jurisprudencia del Tribunal de Contratación Pública fue contrastado con un estudio de derecho comparado, en el que se investigó como funciona un sistema en el que existen efectos específicos para la declaración de nulidad, los que no deberían poder ser soslayados. La elección recayó sobre España, quienes, a pesar de tener una norma expresa, durante bastante tiempo hicieron caso omiso de ella, por tanto, al igual que nuestro tribunal no aplicaban los efectos retroactivos de la nulidad. La manera en que el Tribunal de Contratación Pública ha esgrimido las distintas causales no tiene reproche jurídico alguno. Sin embargo, se pudo apreciar a lo largo del estudio que la razón última para su uso se debe tardanza en que son dictadas las sentencias, debiendo recurrir a estas causales como un salvavidas.

Memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El objeto de la presente investigación es entregar una nueva perspectiva al tratamiento del riesgo en las controversias que se han suscitado en los Contratos de Concesión de Obra Pública en nuestro país y a los mecanismos empleados para su solución. Para esto, realizaremos una revisión jurisprudencial sucinta de la materia, con casos emblemáticos y ejemplares, lo cual permitirá al lector obtener una perspectiva práctica del antiguo y del nuevo sistema de solución de conflictos introducido a través de la reforma de la Ley 20.410 del año 2010. Previo a lo anterior, estimamos necesario abordar el impacto político-económico de este tipo de contrataciones y la legislación presente en nuestro país en la materia. Finalmente, analizaremos casos seleccionados en atención a su relevancia, entregando una breve compilación de criterios aplicados por la jurisprudencia, con el fin de comprender la aplicación concreta y el pensamiento lógico que da respuesta a cómo se resuelven este tipo de conflictos

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo aborda, desde una perspectiva conceptual y legal, la noción de servicio público y cómo esta se refleja en la organización concreta de ciertos servicios económicos en red: los servicios eléctricos, sanitarios, de gas y telecomunicaciones. Para ello, se analiza la evolución conceptual del servicio público desde una visión de carácter predominantemente orgánico hacia una funcional, que abre espacio para la entrada de los privados a la gestión del servicio, y cómo este tránsito se materializó posteriormente en una atención de las necesidades generales a través de mecanismos de mercado y libre competencia, en sectores anteriormente publificados. Se analizan y comparan las leyes reguladoras de los sectores antes mencionados, los que tienen por finalidad la cobertura de necesidades esenciales para la vida humana y fueron desarrollados en el marco de procesos de urbanización e industrialización durante el siglo XIX, en un diseño jurídico que llamaremos tradicional. A partir de la década de 1970, estos servicios comienzan a experimentar reformas liberalizadoras y procesos privatizadores, que posteriormente debieron complementarse con una nueva regulación que enfrente los desafíos en materia de libre competencia y permitiera a su vez compatibilizar las necesidades de interés general con los intereses empresariales de los nuevos gestores de estas actividades. Trataremos el rol que le corresponderá a los agentes públicos y privados en la gestión de los servicios, la definición de las áreas en que éste se prestará, las prerrogativas públicas que poseerán los concesionarios, los principios que rigen la prestación y explotación del servicio, el régimen tarifario y la forma en que se pondrá fin a los contratos en que se encarga la gestión de los servicios a agentes privados