Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La ausencia de un efecto especifico a la declaración de nulidad de un acto dictado en un procedimiento licitatorio, ha permitido al Tribunal de Contratación Publica sostener que es posible que no se apliquen los efectos de la declaración de nulidad, en específico el retroactivo. Para negar la aplicación de este efecto ha recurrido al interés público, los derechos adquiridos, la protección de las situaciones jurídicas consolidadas, la buena fe y la seguridad jurídica. Estos fundamentos se obtuvieron del análisis de un conjunto de fallos compuestos por aquellos en que específicamente el tribunal negaba la posibilidad de aplicar el efecto retroactivo de la declaración de nulidad. Formo parte del análisis no solo lo sostenido en los considerandos de las sentencias, sino que también la fecha de dictación del acto y la fecha de redacción del fallo. Además, se estudió la doctrina nacional e internacional para explicar cómo puede ser posible el uso de los distintos conceptos. Lo obtenido en la jurisprudencia del Tribunal de Contratación Pública fue contrastado con un estudio de derecho comparado, en el que se investigó como funciona un sistema en el que existen efectos específicos para la declaración de nulidad, los que no deberían poder ser soslayados. La elección recayó sobre España, quienes, a pesar de tener una norma expresa, durante bastante tiempo hicieron caso omiso de ella, por tanto, al igual que nuestro tribunal no aplicaban los efectos retroactivos de la nulidad. La manera en que el Tribunal de Contratación Pública ha esgrimido las distintas causales no tiene reproche jurídico alguno. Sin embargo, se pudo apreciar a lo largo del estudio que la razón última para su uso se debe tardanza en que son dictadas las sentencias, debiendo recurrir a estas causales como un salvavidas.