El problema de la Seguridad Ciudadana es uno de los más importantes para la ciudadanía, relevante para todos los sectores sociales. Por esto las mejoras que aquí se pueden lograr son significativas. Esta memoria tiene como objetivo principal identificar los factores de riesgo y seguridad relevantes para las personas, tomando al barrio como elemento de estudio. Se parte del supuesto que mientras más pequeña es la unidad, más homogénea es su población y sus necesidades, por lo que las políticas que se implementen podrían ser más efectivas. Por lo mismo esta investigación se enfocó en barrios de la comuna de La Pintana, una de las más inseguras del país. En el trabajo de terreno, para encontrar los factores de riesgo, se escogieron ocho barrios de la comuna, cuatro seguros y cuatro inseguros, dos de cada tipo en los cuatro sectores de La Pintana. Luego se realizaron visitas a terreno para encontrar factores relacionados con el entorno. Además se llevaron a cabo grupos focales con habitantes de los barrios escogidos con el objetivo de encontrar factores de riesgo y seguridad relevantes para ellos. Una de las conclusiones más importantes encontradas es que, si bien los barrios fueron clasificados como seguros o inseguros a partir de las denuncias de delitos, la percepción de sus habitantes no siempre coincide con este indicador. Un aspecto común que tienen los barrios en donde la percepción es de seguridad, es que sus vecinos tienen una historia común, se conocen desde antes o a principios de la llegada al barrio. Esto ayuda a la unión y confianza entre ellos, lo que produce un sentimiento de seguridad dentro del barrio y ayuda a tener mayor control sobre este. Por esto se propone, con el fin crear barrios más seguros, dividirlos en unidades más pequeñas y crear instancias donde los vecinos participen y se conozcan para así generar lazos entre ellos. Los factores de riesgo encontrados se agruparon en cinco dimensiones: psico social, institucional, económica, cultural y físico espacial. Las propuestas se enfocan en la dimensión físico espacial, ya que son medidas menos complejas y de mediano plazo, a diferencia de otras dimensiones, donde factores como desempleo, drogadicción y educación son más complejos de resolver. En barrios inseguros las áreas verdes y canchas tienen que estar cerradas, bien iluminadas y tener elementos que sean atractivos para fomentar su uso. Asimismo es necesario asegurar que la inversión esté ligada a una organización comunitaria responsable, que se encargue de la mantención e incentive su utilización. Otras medidas a considerar son la eliminación los sitios eriazos, mejorar la seguridad en los paraderos y aumentar la vigilancia tanto por parte de Carabineros y la Municipalidad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La videovigilancia del espacio público es una práctica gubernamental consolidada en gran parte de las ciudades del mundo. Aun así, la justificación discursiva para el empleo de los circuitos cerrados de televisión (CCTV) no es universal. Por el contrario está fuertemente marcada por consideraciones locales y regionales, pese a la escala global del fenómeno. En Chile, como en gran parte de América Latina, el fundamento para el empleo de los CCTV descansa en la supuesta eficacia que tienen en la provisión de seguridad pública, ya sea desde la prevención del delito o la persecución de éste. Las agencias privadas y estatales vinculadas a la seguridad pública arguyen la aptitud de las cámaras de monitoreo para disminuir los índices de criminalidad e inseguridad pública. No obstante lo categórico de las sentencias sobre su eficacia, lo cierto es que no existen estudios que avalen dichas afirmaciones. Las investigaciones que han evaluado la aptitud de los CCTV en la provisión de seguridad pública concluyen que estos dispositivos resultan ineficaces o prestan una contribución nimia. Pese a que lo anterior debiera ser una alerta para los programas estatales que impulsan la instalación de estos dispositivos, la videovigilancia del espacio público se consolida y el afán de las autoridades políticas por expandir su uso no cesa. El debate público, en Chile y América Latina, se ha centrado en la supuesta eficacia de los CCTV para proveer seguridad pública. Esta reducción de la discusión ha impedido que se revise el uso de estos dispositivos desde otras perspectivas, sin cuestionar siquiera la posibilidad de que esta práctica gubernamental tenga efectos indeseados. En esta presentación se busca superar dicha visión parcelada de la videovigilancia gubernamental del espacio público, para ello integramos al análisis de esta práctica estatal las aportaciones de diversas disciplinas. Con lo anterior pretendemos acreditar que la videovigilancia es una práctica gubernamental compleja y que no puede ser reducida a la supuesta ‘lucha contra la delincuencia’.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo tiene por objeto analizar el programa de Carabineros de Chile denominado STAD, a fin de evaluar su efectividad en el control y prevención del delito en nuestro país. Carabineros de Chile es una institución que frecuentemente se relaciona como el principal factor al momento de buscar soluciones al problema de la delincuencia. En razón de esto, surge la necesidad de analizar sus estrategias y tácticas en aras de posicionar este programa dentro del contexto global que supone el Análisis Delictual y la Seguridad Ciudadana. Efectuando un análisis cualitativo, me remito a la historia, normas legales y contexto político que rodea a la implementación de dicho programa para intentar vislumbrar los objetivos del STAD y la coherencia de estos con el actuar institucional en los últimos años. De esta forma, esta obra pretende servir de aporte para la comprensión de la policía predictiva, fenómeno que se está posicionando en la literatura de la disciplina

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La Seguridad Ciudadana es un concepto clave en la reflexión penal contemporánea, con raíces propias en la Criminología, que cuenta con expresiones distintivas en Política criminal y que, además, tiene una alta incidencia en la discusión sustantiva del Derecho penal. Pese a su perfil técnico y, aparentemente, neutro, en esta visión sobre el delito, el control y el castigo penal subyace un discurso teórico que la encuadra como un producto intelectual más de la hegemónica racionalidad neoliberal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente memoria tiene por objeto estudiar los programas de cumplimiento o compliance, un fenómeno enfocado en la autoorganización preventiva por parte de las personas jurídicas con el objeto de evitar que se cometan delitos al interior de éstas. El capítulo 1 versa sobre la experiencia histórica legislativa de los programas de compliance en Chile en comparación con la evolución que éstos tuvieron en Estados Unidos, país precursor en la materia. En este capítulo analizamos tanto las razones políticas internacionales como legales que llevaron a nuestro país a promulgar la Ley n° 20.393, la que fija por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas y –en lo que respecta a esta memoria– la posibilidad de implementar programas de cumplimiento al interior de las empresas con el fin de excluir o disminuir su responsabilidad. En el capítulo 2 profundizamos en los tópicos más importantes que se abordaron en la discusión del proyecto de la Ley n° 20.393 en relación a los programas de cumplimiento. Este capítulo da cuenta de cuáles fueron las materias que inicialmente se presentaron como importantes para discutir, incluyendo diversos tópicos que, no estando incluidos en la Ley finalmente aprobada, abordan aspectos relevantes para la actual discusión en relación a las carencias de la Ley n° 20.393 y de los compliance ya implementados en numerosas empresas. El capítulo 3 presenta aquellos aspectos dogmáticos que fundamentan y dan origen a los programas de cumplimiento. Se explica sobre el sistema dogmático de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas incorporado por la Ley n° 20.393 y la manera de ligarlo con los deberes de dirección y supervisión que penden sobre las empresas. Estos deberes son de máxima importancia puesto que, una vez imputada una persona jurídica, ésta deberá demostrar el hecho de haber cumplido satisfactoriamente sus deberes con el fin de excluir o disminuir su eventual responsabilidad penal. Como vemos, justamente la manera de cumplir con estos deberes será a través de la implementación de un programa de cumplimiento plenamente eficaz. El capítulo 4 tiene como finalidad responder y explicar en profundidad las siguientes preguntas: ¿Qué es un programa de cumplimiento? ¿Cómo se diseña un programa de cumplimiento? ¿Cuáles son los pasos más relevantes en la implementación y monitoreo de un compliance? Para responder a estas preguntas se presentan las aproximaciones legales, dogmáticas y, en algunos casos, prácticas, con el fin de ilustrar de manera integral de qué tratan y cómo operan estos sistemas de prevención de delitos. Finalmente, el capítulo 5 aborda aquellos temas que consideramos importantes de tratar una vez analizados en profundidad los programas de cumplimiento. En efecto, nos preocupamos de explicar las consecuencias y las ventajas de su implementación y abordamos diversos temas de actual discusión nacional como extranjera en relación a este sistema de prevención

Memoria de Pregrado para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El legislador ha incluido en nuestra legislación jurídico-penal la tipificación de un delito que busca castigar a quien incurra en la conducta de “incendiar bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos o formaciones xerofíticas de aquellas definidas en la ley Nº 20.283”, lo que, para propósitos de este trabajo, se considerará como un delito de “incendio forestal”. En cuanto a este delito, su análisis parte por determinar cuál es el bien jurídico que busca proteger. En su conformación primigenia se ha entendido que, al igual que el delito de incendio “común”, buscaba proteger el patrimonio, entendido en términos civilistas, pero aquella concepción ha cambiado, adaptándose a la necesidad de proteger sistemas ecológicos. Se ha cambiado el enfoque, por tanto, para pasar a una protección de la seguridad de bienes colectivos (por el amplio margen de afectación que puede tener un incendio forestal, en cuanto a su magnitud), pasando últimamente a la protección de bienes jurídicos con una raíz más bien moderna, como lo es, el medio ambiente. Para comprender de una mejor manera el delito del que hablaremos, será necesario descomponerlo en todos sus elementos. Luego de haber determinado el o los bienes jurídicos que busca proteger, el análisis se centra en aquello que la doctrina generalmente denomina como “elementos del tipo”. Se determina, por tanto, quienes pueden ser establecidos como autores del delito, cuál es el objeto del delito, y cuál es la conducta típica en que se incurre para ser sujeto de la sanción penal. En este apartado se da cuenta de la dificultad en determinar, por ejemplo, el sujeto pasivo del delito (lo cual está directamente relacionado con el bien jurídico protegido), de la relevancia para la existencia de este delito que tiene el 6 objeto en que recae (determinando su existencia como una variable particular y distinguible del delito de incendio), o lo complejo que es definir correctamente de qué hablamos cuando el legislador utiliza el vocablo “incendiar”, como verbo rector de la acción típica que nos ocupa. Luego, será fundamental entender el aspecto subjetivo de este delito, por cuanto de aquel se colige finalmente la responsabilidad que habrá de determinar un juez frente a una situación calificable típicamente como un “incendio forestal”. Es de particular interés el análisis de las formas “culpables” de este delito, por cuanto la culpa es excepcional en el derecho Penal, y está efectivamente presente en este caso, en legislaciones anexas a la del Código Penal. Finalmente, el análisis dará cuenta de las formas especiales de comisión del delito de Incendio Forestal. Se analiza el Iter Criminis de este delito, determinando desde qué momento podemos hablar concretamente de un incendio forestal, y si existe sanción en etapas previas a su consumación. También se hará referencia a la problemática sobre la existencia de un delito de peligro abstracto dentro de la legislación, y finalmente, cómo interactúa este delito frente a otros que se puedan cometer en el mismo contexto, es decir, se hará referencia a los posibles concursos de delitos que puedan existir.