Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / La presente investigación expone y analiza los principales aspectos que han de ser debatidos en la eventual creación de un tipo penal protector del Medio Ambiente que sea eficaz y respetuoso de las garantías que el Derecho Penal procura resguardar. Así entendidas las cosas el presente trabajo efectúa, en lo principal, un examen dogmático de las distintas categorías penales que adquieren importancia al tratar la problemática del Medio Ambiente. Por ello el enfoque del presente trabajo es eminentemente penal y doctrinario. Además, debe señalarse que cada uno de los temas aquí discutidos pueden ser examinados latamente en una investigación particular, siendo esta memoria y tal como su nombre lo señala, una propuesta para la tipificación de un delito medioambiental, y por tanto busca poner en discusión temas no tratados por nuestra doctrina tradicional para así generar debate futuro sobre nuevas tendencias legislativas.

Memoria para optar al título profesional de Ingeniero en Recursos Naturales Renovables / La protección penal ambiental constituye una de las más importantes consecuencias de la preocupación por el medio ambiente en el ordenamiento jurídico a nivel internacional. Por ahora, en Chile no existe un sistema de tipos penales cuyo fin sea la protección al medio ambiente, pudiéndose encontrar cuerpos legales sectoriales que significan su protección de forma indirecta. No obstante, se ha discutido la idea de sancionar penalmente la responsabilidad de las personas naturales y jurídicas por los perjuicios ocasionados al ambiente. En este contexto, el objetivo general de la presente memoria es generar recomendaciones al sector privado ante la posible tipificación y sanción de los delitos contra el medio ambiente en Chile. Para ello se estudió en primer lugar la situación de los países con tradición de derecho continental, puntualizando en la Unión Europea y América Latina, enfocándose en España y Brasil, respectivamente. Además, se analizó la evolución histórica en Chile de siete proyectos de ley en la materia sumado a una revisión de la aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Ley N° 20.393. Luego, sobre la base del análisis de la realidad nacional y la influencia internacional se determinaron cuatro posibles escenarios a los cuales el sector privado podría enfrentarse. Los escenarios quedaron diferenciados según el grado de interés de la alta gerencia de las empresas en el cumplimiento normativo o la prevención de los delitos ambientales, desprendiéndose como escenario deseado el Escenario 2: Interés en la prevención de delitos ambientales. Para este escenario se plantearon y validaron a través de juicio experto las recomendaciones, resaltando entre ellas el diseño e implementación de un modelo de prevención de delitos ambientales de alto nivel, centrado en la responsabilidad de las máximas autoridades administrativas de una empresa. Lo anterior permitió concluir que si bien la aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se ha incorporado en los últimos proyectos de ley, anticiparse a la tipificación a través de un modelo de prevención de delitos ambientales permite evitar acciones lesivas contra el medio ambiente, respaldando a los tomadores de decisiones dentro de una empresa.

La presente tesis abarcará el contenido, importancia y regulación del informe fundamentado emitido por la autoridad competente para los procesos penales sobre delitos ambientales que se constituye como una prueba documental relacionada a la posible comisión de dichos delitos, la importancia del informe fundamentado en la labor fiscal reside en que es una herramienta para que el fiscal pueda determinar si corresponde acusación o no; además, por la colaboración interinstitucional, sirve como un trabajo de apoyo entre el Derecho Administrativo y el Derecho penal con la finalidad de obtener desde el aspecto técnico una evaluación y análisis de los hechos y las normas que protegen al bien jurídico, y determinará que obligaciones han sido incumplidas por los administrados. Por esta razón, La presente investigación propone la modificación del Reglamento del numeral 149.1 del artículo 149 de la Ley N°28611- Ley General del Ambiente, que contiene las bases legales del informe fundamentado, en el extremo que sea un documento obligatorio en la investigación penal, ya que en el 2017 sufrió una modificación que posibilita al fiscal a prescindir del informe fundamentado, lo cual ha traído cambios significativos en el sentido que las instituciones administrativas y penales dejaron de actuar conjuntamente frente a estas situaciones, lo que debe cambiar, puesto que estamos refiriéndonos a leyes penales en blanco, y requieren un complemento del área administrativa para dar solución a dichos actos delictivos.

Memoria de Prueba para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La presente memoria tiene por objeto profundizar el estudio del delito contemplado en el artículo 291 del Código Penal, el cual ha cobrado vital importancia por la creciente conciencia de repulsa al daño ambiental y hoy carente de un prolífero análisis dogmático. En específico, ahondar en el origen de la norma, la necesidad de legislar acerca de la propagación de contaminantes, y el desarrollo que el proyecto de ley tuvo en su tramitación; analizar los elementos de la tipicidad que contempla el delito, a saber, su bien jurídico protegido, sujetos activo y pasivo, la conducta, objeto material de la conducta, elementos normativos del tipo y la causalidad; analizar las distintas formas de aparición del delito, en tanto a su autoría y participación, iter críminis, concurso de delitos, culpabilidad, causales de justificación y de exculpación, penalidad y extinción de la responsabilidad penal; finalmente analizar la aplicación del delito y establecer los problemas que se presentan para la misma, basándonos en estadísticas y jurisprudencia. La metodología utilizada será la propia de las ciencias jurídicas, a saber, el método dogmático.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Sin pretensiones de establecer verdades dogmáticas, sino más bien de confrontar los dogmas teóricos con los planteamientos político criminales aplicables a la situación del Derecho Penal Ambiental, esta memoria examina las principales ventajas y objeciones que presenta la posibilidad de la existencia en nuestro país –a la luz de experiencias y doctrinas internacionales- del Derecho Penal Ambiental, en particular en su relación con las personas jurídicas, relación inevitable si consideramos que el objeto del estos ilícitos es prevenir, reprimir y reparar las más graves conductas atentatorias contra el medio ambiente, la mayor parte de las cuales proviene de entes que participan de la vida social en forma de personas jurídicas.

En nuestra realidad nacional se puede apreciar que no existe una aplicación correcta del principio de mínima Intervención en función a la determinación de conductas ambientales penalmente relevante, en donde se puede afirmar que como bien jurídico protegido se busca garantizar la estabilidad de los ecosistemas, a través de diseñar una propuesta legislativa en función a la problemática existente con criterios constitucionales y buscando la aplicación del principio de fragmentariedad frente a las conductas ilícitas ambientales recogidas en el ordenamiento penal peruano, delimitando aspectos en función al derecho penal ambiental pues este no debe criminalizar cualquier conducta que vulnere el entorno, sino aquellas perjudiciales al ambiente o a la salud ambiental, mediante su lesión o puesta en peligro grave, teniendo en cuenta los altos índices de incidencia que ocurren no solo la región materia de estudio sino en todo el territorio nacional.

El delito de contaminación ambiental con presencia del daño al medio ambiente, se deben establecer de manera primordial formas de reparación in natura, ya que solamente de esta manera se logrará una efectiva reparación al medio ambiente lamentablemente en diversos pronunciamientos de la Procuraduría Publica Especializada en Delitos Ambientales no se han pronunciado al respecto, teniendo en cuenta que nuestra finalidad está basada en el objetivo principal el cual expresa en plantear la propuesta legislativa en función a la problemática planteada con criterios constitucionales y garantizando que se tenga en cuenta la reparación in natura cuando se fije la reparación civil, durante la investigación fiscal y asimismo se realice la adecuada valoración del daño, en los procesos penales sobre delitos ambientales.

El presente trabajo de investigación busca analizar –a partir de la Casación N.º 74-2014-AMAZONAS– el objeto de protección o bien jurídico protegido del artículo 313 del Código Penal, siendo la hipótesis del presente trabajo que será todo a que espacio geográfico regulado a través de la normatividad administrativo-ambiental cuya modificación –a través de la tala o construcción– no haya sido autorizada por autoridad competente y en abierta vulneración de las normas indicadas precedentemente. En tal sentido, son pasibles de protección tanto las áreas naturales protegidas como las zonas de amortiguamiento en tanto y en cuanto para su modificación fuera de los términos del Plan Maestro está sujeto a la emisión de compatibilidades y –si se afectan bosques– autorizaciones de desbosque, otorgados por Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas –en el primer caso– y el Servicio Forestal o la Autoridad Regional Forestal competente –en el segundo caso–.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención derecho penal) / Por medio del presente trabajo, se pretende plantear un problema y dar una respuesta en cuanto a poder afirmar que la norma del articulo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, de verificarse, ya sea a modo de acción u omisión y que las mismas sean a titulo doloso y/o culposo, en su caso, trátase de una figura infraccional sancionada solo en sede civil a la luz de lo dispuesto en el articulo 124 del citado cuerpo legal o por el contrario, teniendo en consideración las sanciones a imponer en su caso, ya sea la sanción de multa y/o la pena privativa de libertad, dicha figura es realmente un tipo penal independiente que debe ser investigada y resuelta en sede penal. Asimismo, de afirmarse que el Art. 136 del cuerpo legal citado es efectivamente una figura delictual, un delito independiente, plantear la problemática si este ilícito penal tratase de un delito de peligro o un delito de lesión, de resultado, teniendo en consideración al momento de la determinación de la sanción penal el principio de lesividad en materia penal. Asimismo, en caso de operar la reparación del daño producido por el actuar ilícito, si esa reparación trae aparejada alguna consecuencia favorable para el autor al momento de la sanción o pena a imponer

El desarrollo del presente trabajo pretende analizar el criterio de confidencialidad adoptado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el marco de una investigación por delitos ambientales, a efectos de determinar si es correcta su aplicación al analizar el marco jurídico completo, buscando consolidar los procesos de coordinación interinstitucional y remisión de información entre elMinisterio Público y el OEFA, en esta accesoriedad administrativa de la investigación por comisión de ilícitos ambientales. El OEFA tiene establecido como criterio, restringir el acceso a la información solicitada por el Ministerio Público en el marco de una investigación por delitos ambientales, aduciendo el carácter confidencial regulado en el Inc. 3 del Artículo 17° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS. La adopción de este criterio es basado únicamente en una excepción contemplada en La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin embargo, no analiza que dicho pedido fiscal no se realiza por una solicitud de acceso a la información pública; por el contrario, el pedido tiene un marco especial, Ley General del Ambiente y el Reglamento del Inc. 149.1 del Art. 149 de la Ley General del Ambiente, que no solo reglamentan las disposiciones relativas a la emisión del informe fundamentado; sino también, la aplicación para toda investigación por la comisión de delitos ambientales. Las consecuencias que analizaremos en este trabajo corresponden a la configuración del delito por rehusamiento de actos funcionares en los que incurriría los funcionarios del OEFA, la anulación de las prerrogativas del Ministerio Público en la investigación penal y la limitación del ius puniendi del Estado.