En el presente trabajo se ha investigado las deficiencias de cuantificación de la reparación civil en los procesos penales en el Distrito Judicial de Junín; evidenciándose, que en la mayoría de los casos el monto de la reparación civil se fija de manera mecánica sin ser adecuadamente sustentada, en otros, se pretende justificar de manera incipiente, es decir, solo con aspectos doctrinarios o puntos de vista subjetivos sin ofrecer medios probatorios idóneos; tampoco se sustentan el daño moral, el proyecto de vida, el lucro cesante y/o el daño emergente, que puede haber sufrido la víctima como consecuencia de una acción delictiva.

Habiendo transcurrido más de una década de finalizado el conflicto armado interno en nuestro país, las víctimas no han logrado ser reparadas debidamente por el Estado peruano. Tal situación no solo ha significado un incumplimiento de sus obligaciones internacionales, sino también una oportunidad perdida para contribuir a una verdadera reconciliación nacional. Los peruanos y peruanas más pobres y excluidos por el Estado fueron las principales víctimas de la violencia en el conflicto armado. La “violencia de género” ha sido definida por el Comité CEDAW como aquella violencia dirigida a la mujer por su condición de tal y que le afecta de forma desproporcionada1 . En este sentido, la violencia sexual representa una modalidad de la violencia de género, siendo precisamente uno de los crímenes más atroces que se cometieron durante el conflicto armado interno. Esta grave vulneración a los derechos humanos se practicó de manera sistemática contra las mujeres, dejando secuelas devastadoras no solo en ellas, sino también en sus comunidades y la sociedad peruana en su conjunto. / Tesis

La presente investigación se centra en analizar la siguiente interrogante: Ante los supuestos de incumplimiento de obligaciones contractuales, ¿existen reglas y criterios en el ámbito judicial para resarcir adecuadamente al afectado? Es frecuente que en los casos de incumplimientos contractuales, donde se solicita la ejecución forzada del contrato o la resolución del mismo, se plantee un pedido de resarcimiento de daños y perjuicios. Dicho mecanismo de tutela es utilizado por los acreedores a fin de paliar los daños que se hubiesen ocasionado. Ahora bien, son recurrentes los supuestos en los cuales el monto requerido es cuantitativamente distinto al que se otorga vía resolución judicial, o simplemente a pesar que pueda tenerse la razón, se declara infundada la demanda por la falta de acreditación de los daños. A nuestro entender, en principio el método para resolver el incumplimiento contractual tendría que ser mucho más simple, tendría que bastar con determinar en primer lugar si existe un incumplimiento de obligaciones, luego si realmente existieron daños, para finalmente establecer de manera razonable cómo debe resarcirse el referido incumplimiento. Ocurrido esto, una de las partes recurre a la instancia judicial, generándose un conflicto de interés, ya que por un lado la parte que ha incumplido el contrato se encuentra en una situación incierta respecto a si va a responder o no por el incumplimiento y, de ser el caso, hasta cuánto va a responder1; en cambio por otro lado existe la necesidad de la parte afectada que el proceso judicial sea lo más eficiente posible, en el cual se le coloque a éste en semejante posición a la que hubiese tenido si la otra parte hubiese cumplido. / Tesis

Esta tesis se centra en estudiar el delito de desaparición forzada en Perú durante el conflicto armado interno (1980-2000), que produjo alrededor de 70.000 víctimas mortales y más de 20.000 desaparecidos. En el primer capítulo, después de definir en qué consiste el crimen de desaparición forzada estudiaremos cuáles son los derechos vulnerados de los ciudadanos peruanos que han sido afectados por dicho delito. En el segundo capítulo de la tesis, definiremos el derecho a la reparación de las víctimas y especialmente de los desaparecidos. A tal fin tomaremos en consideración las recomendaciones de la Comisión de Verdad y de la Reconciliación (CVR) y averiguaremos de qué manera el Estado peruano las ha acogido en su ordenamiento jurídico mediante posibles reformas institucionales. En concreto, examinaremos la legislación que regula la ausencia por desaparición forzada, aquella que instituye el Plan Integral de Reparaciones y la ley de búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia de violencia 1980-2000. En el tercer capítulo examinaremos cuales han sido las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para que el Estado peruano implemente las medidas sugeridas por la CVR y cuáles fueron los principales mandatos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nuestras conclusiones son que la reparación de las víctimas no consiste solo en una reparación económica a los familiares sino en poder garantizarles el derecho a la verdad, a la justicia y la garantía de no repetición de tales hechos. El derecho a la verdad implica localizar el paradero de las personas desaparecidas, identificarlas, exhumarlas y entregar sus restos mortales a sus familias. El derecho a la justicia no solo consiste en identificar, juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes sufridos sino también en reparar a las víctimas, reconociendo las injusticias sufridas. Sin embargo, para que el Estado peruano pueda llegar a garantizar dichos derechos debería ejecutar las sentencias de la CIDH, llevando a cabo reformas institucionales y legislativas clave para garantizar tales derechos. Una de ellas es adecuar el art. 320 del Código Penal peruano sobre la desaparición forzada a los estándares internacionales.

Habiendo transcurrido más de una década de finalizado el conflicto armado interno en nuestro país, las víctimas no han logrado ser reparadas debidamente por el Estado peruano. Tal situación no solo ha significado un incumplimiento de sus obligaciones internacionales, sino también una oportunidad perdida para contribuir a una verdadera reconciliación nacional. Los peruanos y peruanas más pobres y excluidos por el Estado fueron las principales víctimas de la violencia en el conflicto armado. La “violencia de género” ha sido definida por el Comité CEDAW como aquella violencia dirigida a la mujer por su condición de tal y que le afecta de forma desproporcionada1 . En este sentido, la violencia sexual representa una modalidad de la violencia de género, siendo precisamente uno de los crímenes más atroces que se cometieron durante el conflicto armado interno. Esta grave vulneración a los derechos humanos se practicó de manera sistemática contra las mujeres, dejando secuelas devastadoras no solo en ellas, sino también en sus comunidades y la sociedad peruana en su conjunto.

La presente investigación se centra en analizar la siguiente interrogante: Ante los supuestos de incumplimiento de obligaciones contractuales, ¿existen reglas y criterios en el ámbito judicial para resarcir adecuadamente al afectado? Es frecuente que en los casos de incumplimientos contractuales, donde se solicita la ejecución forzada del contrato o la resolución del mismo, se plantee un pedido de resarcimiento de daños y perjuicios. Dicho mecanismo de tutela es utilizado por los acreedores a fin de paliar los daños que se hubiesen ocasionado. Ahora bien, son recurrentes los supuestos en los cuales el monto requerido es cuantitativamente distinto al que se otorga vía resolución judicial, o simplemente a pesar que pueda tenerse la razón, se declara infundada la demanda por la falta de acreditación de los daños. A nuestro entender, en principio el método para resolver el incumplimiento contractual tendría que ser mucho más simple, tendría que bastar con determinar en primer lugar si existe un incumplimiento de obligaciones, luego si realmente existieron daños, para finalmente establecer de manera razonable cómo debe resarcirse el referido incumplimiento. Ocurrido esto, una de las partes recurre a la instancia judicial, generándose un conflicto de interés, ya que por un lado la parte que ha incumplido el contrato se encuentra en una situación incierta respecto a si va a responder o no por el incumplimiento y, de ser el caso, hasta cuánto va a responder1; en cambio por otro lado existe la necesidad de la parte afectada que el proceso judicial sea lo más eficiente posible, en el cual se le coloque a éste en semejante posición a la que hubiese tenido si la otra parte hubiese cumplido.

El fallo de la Sala de Primera Instancia III de la Corte Penal Internacional sobre el caso del Fiscal contra Jean Pierre Bemba Gombo fue el primero en atribuir responsabilidad penal internacional al imputado bajo la modalidad de responsabilidad de mando o del superior jerárquico. También fue el primer fallo de la Corte en declarar culpable a una persona por el crimen de violación sexual, tanto como crimen de guerra, como crimen de lesa humanidad. Este trabajo tiene por objetivo analizar la postura de la Corte sobre estas dos figuras, revisando los conceptos aplicados y los hechos presentados por el Fiscal de la Corte. En base a este análisis, es posible concluir la validez jurídica de la posición de la Corte, así como el impacto que tiene en el desarrollo del Derecho Penal Internacional en relación a crímenes que no han recibido la atención necesaria de la Corte en casos anteriores y a una modalidad de responsabilidad que permite que comandantes o superiores que no hayan cometido los crímenes de manera directa, puedan ser encontrados culpables internacionalmente por ellos, en atención a la posición de control que ostentan sobre sus tropas o subordinados. De ese modo, también es posible afirmar que esta sentencia es un paso adelante para puede evitar que crímenes internacionales queden en la impunidad

El delito de contaminación ambiental con presencia del daño al medio ambiente, se deben establecer de manera primordial formas de reparación in natura, ya que solamente de esta manera se logrará una efectiva reparación al medio ambiente lamentablemente en diversos pronunciamientos de la Procuraduría Publica Especializada en Delitos Ambientales no se han pronunciado al respecto, teniendo en cuenta que nuestra finalidad está basada en el objetivo principal el cual expresa en plantear la propuesta legislativa en función a la problemática planteada con criterios constitucionales y garantizando que se tenga en cuenta la reparación in natura cuando se fije la reparación civil, durante la investigación fiscal y asimismo se realice la adecuada valoración del daño, en los procesos penales sobre delitos ambientales.

El presente trabajo de investigación comprende una situación problemática en el ámbito procesal penal, concretamente la tutela de la víctima en la ejecución de fallos condenatorios con pena suspendida o no privativas de la libertad del sentenciado; de ese modo, especificamos las limitaciones que presenta la regulación procesal vigente que impiden al agraviado asumir un rol activo para ver satisfecho la reparación civil que le fue fijada a su favor en la sentencia, pues su participación está supeditada a la previa intervención del Ministerio Público. En ese entender, además de exponer nociones teóricas necesarias para un mejor entendimiento y tratamiento del estado de la cuestión, bajo un método descriptivo, concluiremos que los mecanismos de tutela de la víctima en la ejecución de sentencias con pena suspendida no son adecuados ni suficientes para dotar de eficacia a la reparación civil; por lo que, siguiendo una interpretación sistemática, constitucional y convencional, concluiremos que se debe permitir su participación activa en dicha etapa del proceso con la finalidad que pueda exigir el resarcimiento por el daño que le fue causado por la comisión del delito, sin excluir las facultades inherentes del Ministerio Público vinculadas al control de la legalidad y la ejecución de las penas. / This research work includes a problematic situation in the criminal procedural field, specifically the protection of the victim in the execution of convictions with suspended sentences or non-custodial sentences of the sentenced person; In this way, we specify the limitations presented by the current procedural regulation that prevent the aggrieved from assuming an active role to see satisfied the civil compensation that was established in his favor in the sentence, since his participation is subject to the prior intervention of the Public Ministry . In this understanding, in addition to exposing theoretical notions necessary for a better understanding and treatment of the state of the matter, under a descriptive method, we will conclude that the mechanisms of protection of the victim in the execution of sentences with suspended sentences are neither adequate nor sufficient to make civil reparation effective; Therefore, following a systematic, constitutional and conventional interpretation, we will conclude that their active participation in said stage of the process should be allowed in order to demand compensation for the damage that was caused by the commission of the crime, without excluding the Inherent powers of the Public Ministry linked to the control of legality and the execution of penalties.

La presente producción académica se cimienta en la dinámica establecida dentro del proceso especial de terminación anticipada (en adelante T.A.), como manifestación del derecho premial, establecida en el Art. 468° del nuevo modelo procesal penal (en adelante nCPP), el mismo que muestra como principal objetivo el resultado rápido y eficaz de la tan anhelada “justicia”, mostrándose como una manera de simplificación del tortuoso y dilatado proceso penal. Este proceso es la manifestación de la justicia negociada, con mayor preponderancia entre el fiscal y el imputado, con la finalidad de poner fin al conflicto durante la etapa de investigación. Sin embargo, cuando analizamos la actuación del actor civil, quien también forma parte de la relación jurídica procesal por haber sufrido materialmente la comisión del delito, detectamos que aquel tiene una participación limitada durante las negociaciones. Lo que solamente existe, es una aparente garantía en su favor, que es el derecho de impugnación establecido en el núm. 7 del acotado articulo procesal, cuando aquel no está conforme con la fijación de la indemnización económica postulatoria -reparación civil. Por ello, sostenemos que el proceso de T.A. afecta los derechos en sus hebras más fundamentales como lo son: la dignidad humana, tutela judicial y el debido proceso que corre a favor del actor civil ya que, durante el desarrollo de este proceso especial, el actor civil no tiene una participación trascendental y los jueces no garantizan sus derechos, a pesar de que lo que se negocia constituye el objeto civil del proceso, es decir su pretensión principal. / This academic production is based on the dynamics established within the special process of early termination (hereinafter TA), as a manifestation of the award law, established in Art. 468 of the new criminal procedural model (hereinafter nCPP), the same as shows as its main objective the quick and effective result of the much desired "justice", showing itself as a way of simplifying the tortuous and lengthy criminal process. This process is the manifestation of negotiated justice, with greater preponderance between the prosecutor and the accused, in order to put an end to the conflict during the investigation stage. However, when we analyze the performance of the civil actor, who is also part of the procedural legal relationship for having materially suffered the commission of the crime, we detect that he has a limited participation during the negotiations. What only exists is an apparent guarantee in their favor, which is the right to challenge established in no. 7 of the limited procedural article, when he is not satisfied with the fixation of the postulatory economic compensation - civil reparation. Therefore, we maintain that the T.A. affects rights in their most fundamental strands such as: human dignity, judicial protection and due process that runs in favor of the civil actor since, during the development of this special process, the civil actor does not have a transcendental participation and the Judges do not guarantee their rights, despite the fact that what is negotiated constitutes the civil object of the process, that is, its main claim.