La violencia contra la mujer es un problema que persiste en la sociedad peruana. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), una de cada diez mujeres ha sido víctima de violencia en los últimos 12 meses (ENDES, 2016). En este contexto, resaltan los esfuerzos del sector público por atender situaciones de violencia doméstica. Entre ellos, la instalación de instituciones especializadas conocidas también como Centros de Emergencia Mujer (CEM). Así, desde el año 2002 hasta agosto 2017, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), ha logrado implementar 275 CEM a nivel nacional, brindando cobertura al 100% de las provincias. En este sentido, el Estado se ha vuelto un agente activo y con personal especializado en la atención de casos de violencia doméstica; no obstante, no hay evidencia formal sobre los resultados de dichos esfuerzos. En este marco, esta investigación propone lo siguiente: (1) Identificar ciertos elementos clave en la violencia contra la mujer y cómo estos han variado (o no) en los últimos años, (2) Brindar alcances sobre cuáles son los principales determinantes en la elección de denunciar un caso de violencia y (3) Identificar si la cercanía a servicios especializados de atención primaria ante casos de violencia es una variable relevante en la elección de elegir denunciar o no una agresión. Para cumplir con los objetivos, se realizan estimaciones econométricas en tres etapas: el modelo de probabilidad lineal (Probit) y el modelo probit bivariado (Bi probit). Los resultados sugieren que ha habido algunos cambios en los patrones de las víctimas entre 2012 y 2017. Asimismo, las estimaciones señalan que, si bien se han reforzado las estrategias de apoyo a víctimas de violencia, la presencia de los CEM no parece ser significativa para las víctimas en su decisión de denunciar un acto de violencia.

El presente trabajo de tiene como objetivo presentar una propuesta de innovación que permita la unificación y sistematización de la información en relación a las denuncias policiales. Esto, con el fin de poder proponer una mejora en el registro de denuncias, particularmente en el SIDPOL y el Mapa del Delito que no solo sirvan para mapear lo hechos ocurridos; sino también para proponer estrategias y oportunidades de mejora en los operativos policiales. El alcance de la investigación es Lima Metropolitana y el Callao. A través de la revisión de literatura y de casos similares en otros países de América Latina se pudieron identificar los principales problemas del tema en cuestión y; además, se lograron desarrollar diferentes alternativas de solución que oscilan desde la modificación física del SIDPOL y el Mapa del Delito hasta la capacitación de personal y la operatividad interinstitucional. Al culminar se concluye que las propuestas de innovación son viables económica y normativamente, excepto la operatividad interinstitucional / Tesis

El Perú, entre los años 1980 y 2000, vivió un periodo de violencia política, de acuerdo con lo establecido por el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El documento estableció la violación de derechos humanos en miles de personas y recomendó que las denuncias sean investigadas por el Ministerio Público La labor se realizó desde 2004, tras la constitución de un subsistema especializado en la materia. Empero, de un estudio al año 2020, se detectó casos que continuaban en trámite correspondiente al periodo de violencia, ante lo cual se infirió la posible “inoportunidad”, así como un inadecuado desempeño de los servicios fiscales. Se identificó el problema público: “Inoportuna atención de denuncias en materia de Derechos Humanos a cargo del Ministerio Público a nivel nacional, relativos al periodo de violencia política de 1980-2000, vigentes al 2020”. Al jerarquizar las causas, se verificó que la carencia de información actualizada y exacta genera mayor impacto en el problema, al impedir su impulso. Esta investigación plantea una solución innovadora para enfrentar el problema identificado: crear una Oficina General Especializada en Derechos Humanos en el Ministerio Público, que asuma el rol de diseñar, proponer y evaluar la situación de casos de violación de derechos humanos. También sugeriría estrategias para viabilizar el impulso de las investigaciones y procesos en instancias fiscales o judiciales, y contribuiría con la asunción de un rol efectivo del Ministerio Público, en favor de la sociedad. / In Perú, between 1980 and 2000, a period of political violence occurred. This is in accordance with the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission, which recommended that complaints regarding alleged human rights violations be investigated by the Public Ministry. Work has been ongoing since 2004, with the establishment of a specialized subsystem. However, a study conducted prior to 2020 revealed that there were cases still being processed from that period, indicating alleged delays and inadequate service. This led to the identification of a public problem: “Inopportune attention to complaints in the field of Human Rights by the Public Ministry at the national level, related to the period of political violence from 1980- 2000, valid until 2020" To address this issue, a thorough analysis identified that the lack of updated and accurate information was the root cause with the most significant impact on the problem. This lack of information hindered the development of strategies and initiatives to address the issue effectively. As a result, this study proposes an innovative solution to tackle the identified problem. It suggests the establishment of a General Office Specialized in Human Rights within the Public Ministry. This office would be responsible for designing, proposing, and evaluating cases related to human rights violations and associated crimes. It would also recommend strategies to facilitate investigations and legal proceedings, thus enhancing the Public Ministry's role in these cases and benefiting society as a whole.