Tesis (magister en derecho con mención en derecho público) / La presente tesis se centra en analizar el control del presupuesto público chileno, sistematizando las normas jurídicas y reconociendo a los organismos de control externo que lo realizan. Posterior a ello se realiza un análisis sobre las actuales competencias de dichos organismos y se realizan diferentes conclusiones sobre las fórmulas de control del presupuesto público, en atención a la conveniencia o no de que dicho control sea realizado por el Poder Ejecutivo de forma primaria, relegando al Congreso Nacional y a la Contraloría General de la República en dicho ámbito. El primer capítulo analiza el ciclo presupuestario y reconoce al control del presupuesto público como una de las fases no desarrolladas por el ordenamiento jurídico chileno. A continuación, se realiza un análisis sobre el concepto de control presupuestario, reconociendo en ello diferentes clasificaciones, examinando en profundidad los tipos de control basado en su dependencia, a sus objetivos y por último el basado en los principios de eficiencia, eficacia y economicidad. La tesis continua en su capítulo segundo con una completa sistematización de las normas de control presupuestario en el ordenamiento jurídico chileno, que incluye análisis constitucional y en especial del Decreto Ley N° 1.263 de 1975, siguiendo con normas más específicas como las que componen el sistema de evaluación de control de gestión del gobierno, la Ley N° 19.875 y la Ley N° 20.530, entre otras. En el capítulo tercero se reconocen a los organismos de control externo, el Congreso Nacional y la Contraloría General de la República. En relación con el Congreso Nacional se analiza como su intervención en el ciclo presupuestario implica 8 necesariamente la realización de distintas fórmulas de control del presupuesto público. En la misma línea se realiza un completo análisis de la Comisión Mixta de Presupuestos y su funcionamiento práctico, en la que se reconoce la falta de funcionamiento constante de sus subcomisiones. Posteriormente se investiga sobre la Unidad de Análisis Presupuestario del Senado y se realizan diferentes propuestas, ante la falta de intervención de la misma de forma relevante en el ciclo presupuestario. Prolongando con dicho capítulo, se estudian las distintas facultades que posee la Contraloría General de la República, sistematizando las mismas y reconociendo el importante aporte que dicha institución ha realizado por medio de sus dictámenes, así como de sus auditorías. Se analizan casos prácticos que demuestran lo señalado y se analiza la distinción entre sus limitaciones legales respecto al análisis de mérito y el análisis de desempeño (tres “E”). El capítulo cuarto realiza un análisis crítico de la situación actual sobre el control externo del presupuesto público en el ordenamiento jurídico chileno, en el cual se determina que en Chile no existe una agencia u organismo autónomo que analice el gasto público posterior a su ejecución de forma exclusiva y con datos propios, toda vez que el monopolio de los datos que posee el Poder Ejecutivo por medio de la DIPRES, genera importantes diferencias en lo que puede realizar el Congreso Nacional y la Contraloría General de la República. Para finalizar se analizan las propuestas realizada en los últimos tres periodos presidenciales sobre la materia, para realizar algunas propuestas propias, que permitan fortalecer a los organismos actuales de control externo y se analiza la posibilidad de crear un organismo externo autónomo para dicha función, en armonía al consenso político de los últimos años, expresado en el proyecto de Ley de Evaluación de Políticas Públicas del año 2014.

The right to collectively negotiate salaries afforded to Public Employees has been a longstanding controversy in our country. Especially, in the light of the prohibitions established by Budget Laws. However, this conflict has been recently resolved by the Constitutional Court. This decision marks a fundamental landmark for Labor Law because it crystallizes the right of public employee to collectively bargain salaries with the State. In this article, the author recount the path travelled by the Constitutional Court in this field, that is, from the absolute prohibitions to a reasonable restriction in the pursue to achieve balance between this right and the public interest at stake. / El derecho de los trabajadores públicos de negociar colectivamente sus salarios ha sido una controversia de larga data en nuestro país. En especial, a la luz de las prohibiciones establecidas por las normas presupuestales. Sin embargo, este conflicto ha sido resuelto recientemente por el Tribunal Constitucional. Esta sentencia marca un hito fundamental en el derecho laboral colectivo, pues ha cristalizado el derecho de los trabajadores de la Administración Pública a negociar colectivamente sus salarios con el Estado. En el presente artículo, el autor realiza un recuento del camino transitado por el Tribunal Constitucional en este campo, esto es, desde la absoluta prohibición hasta la restricción razonable de este derecho en su afán por conciliarlo con el interés público en juego.