Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El derecho humano al agua se encuentra reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el año 2010. En la misma línea existen países vecinos que ya consagraron el derecho humano al agua en sus cartas fundamentales, con el propósito de garantizar a todo ciudadano el acceso a este recurso natural, como es el caso de Uruguay, Ecuador y Bolivia. En el caso de nuestro país, el Código de Aguas de 1981 permitió a través de la creación del “derecho de aprovechamiento” la privatización de este recurso hídrico, generando grandes conflictos sociales, culturales y ambientales. Bajo este escenario cabe preguntarse cuál es el efecto que genera el reconocimiento del derecho humano a nivel internacional en nuestro país ¿Es vinculante? ¿Son meras declaraciones? Y de ser este último caso ¿ejercen alguna presión en la agenda legislativa? Este trabajo de investigación busca responder estas preguntas. Para esto en primer lugar se revisará el origen y desarrollo histórico del derecho humano al agua, luego se desglosará su contenido y se analizarán las obligaciones que genera para los Estados, finalmente se analizará la aplicación y el alcance de la normativa internacional en el derecho chileno. Al concluir se revisarán los principales proyectos de ley que buscan armonizar nuestro derecho a las directrices internacionales en materia de recursos hídricos en su enfoque de derechos fundamentales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La actual la crisis ambiental que estamos recién comenzando a dimensionar y las catastróficas consecuencias que se avecinan en materia de sobreexplotación de recursos naturales y cambio climático han sido la verdadera motivación que me llevó, en primer lugar, a avocarme al Derecho Ambiental. Luego, al momento de elegir el tema para desarrollar mi tesis no podía sino partir por el cual considero que requiere más urgencia, el agua. Se ha identificado entonces el problema básico: el agua es un recurso natural escaso y limitado que está siendo sobreexplotado. La principal causa de esta sobreexplotación se deriva de los múltiples usos y, principalmente, a que estos no siempre son conducidos de manera racional y en armonía con el medio ambiente. Por lo tanto, el objetivo principal de esta tesis se concentrará en detectar las principales falencias de nuestra legislación en relación al uso del recurso, que impiden un uso racional y sustentable, para posteriormente desarrollar los fundamentos necesarios para plantear un cambio regulatorio y finalmente analizar algunas posibles soluciones al problema.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta memoria desarrollaré aspectos del derecho internacional público que se aplican al uso del agua, principalmente agua dulce, ese recurso natural, escaso, limitado y de vital importancia para la sobrevivencia humana y desarrollo económico especialmente de aquellas zonas más desérticas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Las aguas de la casi totalidad de las cuencas de nuestro país, que se pueden destinar a los usos agrícolas, industriales, mineros, de generación de energía, acuicultura, etc., ya se encuentran otorgadas y además, la DGA, a solicitud de los interesados, ya ha decretado zonas de escasez de aguas subterráneas o el agotamiento de cuencas hidrográficas en varias zonas del país, de manera que los conflictos en el aprovechamiento de dichas aguas son cada vez más frecuentes y de mayor relevancia. Asimismo, debe agregarse el fenómeno de la sequía, que ya no sólo afecta a las zonas semi áridas de nuestro país. A lo anterior, debe sumarse el aspecto ecológico del problema del agua, que cada vez adquiere mayor relevancia, la que ya se ha reflejado en nuestro ordenamiento jurídico general con la Ley General de Bases del Medio Ambiente y en el Derecho de Aguas en particular, con la incorporación al Código de Aguas, en las modificaciones introducidas por la Ley Nº 20.017, de 16 de Junio de 2005, sobre normas de protección ecológica de los cauces

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Al escuchar la expresión “derrames de agua”, en general, lo primero que pensamos es en una acción descuidada y negligente en que dejamos caer o desperdiciamos parte de este vital recurso. Dicha expresión, en la legislación de aguas vigente, no tiene ese significado de descuido y pérdida, sino que, por el contrario, se refiere a una de las formas en que se presenta jurídicamente el uso de este importante bien económico que es el agua. A lo largo de este trabajo se ha buscado sistematizar su tratamiento jurídico en nuestra legislación de aguas. Para dicho objetivo, en primer lugar se analiza el concepto de las aguas de derrames, ya sea en la técnica agrícola, actividad en que tienen su origen, en la doctrina jurídica, la jurisprudencia, la evolución que ha tenido dicho concepto a través de las distintas legislaciones de aguas, hasta llegar al concepto actualmente vigente. En segundo lugar, se ha precisado la naturaleza jurídica de las aguas de derrames, conforme a la clasificación que de las aguas terrestres hace el código de aguas. En el capítulo tercero se ha establecido en qué situaciones estamos en presencia de producción de aguas de derrames, cómo se realiza su aprovechamiento o utilización, y la posibilidad de constitución de derechos de aprovechamiento sobre ellas; la celebración de actos o contratos que las tengan a ellas como objeto, lo que se profundiza en relación a la constitución de servidumbres en el capítulo siguiente. Finalmente, se han señalado las principales actividades económicas que utilizan agua para su desarrollo y si existe o no producción de aguas de derrames en cada una de ellas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Es de público conocimiento y afianzado saber científico que el agua es de los elementos más importantes para la vida de cualquier persona, indicándola incluso como el “elemento vital”. Desde el comienzo de los tiempos ha determinado el afianzamiento de los pueblos a su alrededor y significado la prosperidad de los mismos. El acceso a ella ha sido desde siempre objeto de ajusticiamientos y batallas, exteriores y locales, demostrando así el lugar prioritario en cualquier tipo y forma de asentamiento humano. Nuestro país no ha sido excepción: si bien está dotado de un extenso mar y generosos afluentes de agua dulce estupendos para el consumo humano, en los tiempos de la Colonia, sólo algunos tenían acceso a las aguas más limpias y frescas; en Santiago, por ejemplo, únicamente eran las familias que poseían grandes bidones de arcilla (para mantenerla fría) y carretillas, las que podían acceder al mejor afluente de la cuenca, la quebrada de Ramón, agua que luego sería usada para beber, cocinar y bañarse. Para lavar la ropa, la servidumbre ocupaba el río Mapocho, el mismo lugar de donde el resto de la población sacaba el elemento para sus necesidades básicas. Así la historia, a pesar de seguir siendo considerada como imprescindible, el agua pasó a convertirse en un bien cada vez más escaso, y por lo tanto, cada vez más difícil de acceder. Lo anterior hizo necesario que la autoridad se hiciera cargo de su regulación. En un primer término, fue parte de las competencias políticas de los gobernantes como normas del estilo “policía” de la época, por lo que su estudio correspondía al sector público del derecho. En una segunda instancia, su regulación estuvo a cargo del derecho privado, especialmente porque se identificó el derecho al agua como un derecho accesorio a la tierra. Finalmente, con el tratamiento químico de la misma y su distribución a cada casa en forma particular a través de cañerías, se crearon organismos del Estado especializados, las que luego pasaron a ser empresas públicas. 2 Hoy en día, desde la modificación a la Ley General de Servicios Públicos (DFL 382 de 1988, de Obras Públicas) el panorama orgánico de la regulación del agua potable y el alcantarillado está inscrito en el sector privado. Sin embargo y como en todos los países del mundo, sigue existiendo un margen de población viviendo en carencia y desigualdades en el acceso y consumo de bienes y servicios entre diferentes estratos socio-económicos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Incuestionable es la importancia que representa el agua actualmente en el mundo entero, siendo un recurso de gran valor para el desarrollo de diferentes actividades industriales, agrícolas y energéticas, como así también de vital relevancia para la vida humana. El interés por las comunidades de aguas subterráneas surge al advertir la carencia de una regulación adecuada de las organizaciones de usuarios de aguas subterráneas, dentro de la legislación general del derecho de aguas vigente, en tiempos donde la asociatividad entre los usuarios cobra particular relevancia para una mejor gestión de los acuíferos. La actual regulación de las organizaciones de usuarios en el Código de Aguas presenta problemas estructurales al tratar en forma conjunta instituciones propias de las aguas superficiales aplicadas al recurso hídrico subterráneo, situación que será abordada en este trabajo de investigación y que constituye el eje del mismo. La carencia de normativa legal apropiada ha llevado a la Administración a suplir las deficiencias con actos administrativos como la Resolución DGA N° 425, de 2007, que constituye la principal fuente normativa de las aguas subterráneas en Chile. Como consecuencia de lo anterior, se presentan una serie de problemáticas en cuanto a la determinación de los supuestos fácticos que determinan el origen de una comunidad de aguas subterráneas, su ámbito de competencia, su procedimiento de registro en la Dirección General de Aguas, la relación con otras organizaciones de usuarios y la falta de conceptualización -legal y técnica- de los elementos que componen el sistema de las aguas subterráneas.

Memoria para optar al título de Geógrafa

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto estudiar los aspectos centrales de la institucionalidad chilena vinculada con las aguas, con el fin de identificar las principales dificultades y falencias que, en nuestro sistema de gestión de recursos hídricos, deben ser abordadas para mejorar la administración de este recurso natural. Para lo anterior, en primer lugar, se revisará el estatuto jurídico del agua en su calidad de bien nacional de uso público, lo que permitirá comprender la relación existente entre las aguas y la institucionalidad que las gestiona. En segundo lugar, se estudiarán los aspectos centrales de la regulación de las aguas como bienes nacionales de uso público, lo que nos permitirá sentar las bases para entender a continuación el régimen jurídico especial al que se encuentran sometidas, y el rol que le corresponde desempeñar a la institucionalidad pública en su gestión. En tercer lugar, se analizará la situación de las aguas en el derecho comparado, estudiando con este fin la experiencia de Francia, España, Estados Unidos, Israel, Uruguay y Argentina. Se mostrará la realidad de estos seis países en la materia, a partir del análisis respecto de cada uno de ellos de una serie de variables comparables. En cuarto lugar, se revisarán los distintos actores públicos y privados que componen la institucionalidad vinculada con el agua en Chile. En quinto lugar, se estudiará en detalle el principal organismo público en materia de gestión de recursos hídricos en nuestro país, es decir la Dirección General de Aguas. Para terminar, se presentará un conjunto de consideraciones finales relacionadas con las principales dificultades de nuestra institucionalidad en la materia, los esfuerzos recientemente emprendidos y los desafíos pendientes.

Memoria (para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales)