En estos tiempos actuales, en donde la Constitución debe estar por encima de toda ley, haciendo valer la defensa de los derechos fundamentales, con un respeto al debido proceso en torno del imputado, y el justiciable, es por ello, esta investigación trata de constituir lineamientos, que son indispensables para poder llegar a pensar de que la Sala Penal de la Corte Suprema, vía su recurso de casación penal, que he escogido dicho recurso, para esta investigación en donde se desea y me enfocare respectivamente en su rol que éste debe de tener, para adecuar el recurso en la procedencia. / Tesis

El Código Civil peruano, al igual que la mayoría de Códigos Civiles que se adscriben al sistema romano germánico, adopta una noción pandectística del contrato, entendiéndolo, conforme aparece en su artículo 1351, como “el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial”. Como puede verse, esta definición guarda bastante similitud con la definición que el mismo cuerpo normativo nos brinda respecto del “acto jurídico” [rectius, negocio jurídico1], en el artículo 140, en donde se señala que éste viene a ser “la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas”. Y ello, ciertamente, obedece a que el contrato es, al igual que el testamento y la promesa unilateral, una especie de la categoría general de negocio jurídico, entendiendo a éste como un acto vinculante por medio del cual se establecen las reglas jurídicas cuya actuación permitirá la satisfacción de los intereses de las partes, sea creando, transfiriendo, regulando, modificando o extinguiendo efectos jurídicos, esto es, como un acto de autonomía privada. En esta misma línea se ha dicho que: “El contrato entra en la categoría más amplia del acto de autonomía privada o negocio jurídico, o sea del acto mediante el cual el sujeto dispone de la propia esfera jurídica” (Bianca 2007: 24). / Tesis

El presente trabajo ha sido enfocado desde una perspectiva garantista-eficaz que todo proceso penal debe tener por el modelo de Estado Constitucional de Derecho (interpretación conforme a la constitución) que el ordenamiento jurídico peruano ha adoptado. El objetivo de esta investigación ha sido determinar cuál es la justificación constitucional de la figura de la desvinculación en el proceso penal. Para ello, se debe analizar dos cosas: primero, si se encuentra justificado constitucionalmente, bajo el argumento fáctico de la no impunidad del hecho ilícito, de la no satisfacción y de la reparación del daño a la víctima, que se desvincule procesalmente de la pretensión procesal punitiva a un imputado debido a que no se logró acreditar el tipo penal atribuido; y, segundo, si se encuentra justificado constitucionalmente, bajo el argumento fáctico de la no impunidad del hecho ilícito, de la no satisfacción y de la reparación del daño a la víctima, que a una persona imputada pueda atribuírsele una nueva pretensión (alternativa a la primera atribuida por el fiscal) correspondiente a una nueva figura penal del mismo bien jurídico del tipo penal establecido inicialmente. Conforme se vayan leyendo las bases teóricas pertenecientes a los sujetos procesales intervinientes, el lector irá dilucidando que, efectivamente, la figura de la desvinculación en el proceso penal es inconstitucional e incompatible con el postpositivismo. En ese sentido, no existe razón de existencia ni justificación constitucional de la figura de la desvinculación procesal dado que el juez no debe romper la imparcialidad judicial que tanto profesa para recalificar la imputación deficiente del Ministerio Público por una adecuada e idónea. Ello vulneraria tanto aquellos principios constitucionales establecidos en la norma constitucional, así como los derechos y las garantías procesales del imputado. / Trabajo académico

El documento digital no refiere un asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Trata de resolver cuatro controversias muy puntuales en el delito de colusión: la determinación del bien jurídico protegido en el delito de colusión, la consumación de la colusión en un proceso de selección que es pasible de ser o ha sido declarado nulo, la posibilidad de cometer la colusión mediante omisiones y el concurso de leyes adecuado para la colusión y el cohecho. / Tesis

La tesis busca zanjar el conflicto existente durante siglos sobre la delimitación entre el dolo y la culpa. Con un marco teórico corto y profundo se muestra las diferentes teorías existentes y la problemática teórico-práctica de éstas; insalvable. En este camino la solución (Tesis) al mencionado conflicto es la Teoría Única Global de la Imputación del Dolo Eventual y la Culpa Consciente. La falta de conceptualización del Dolo Eventual y la Culpa Consciente viola los principios básicos de un Estado Social y Democrático de Derecho. La Teoría Ecléctica (solución doctrina nacional) viola los Principios de Legalidad, Culpabilidad, Proporcionalidad e Igualdad. Para determinar el límite entre dolo y culpa, es decir, para diferenciar el Dolo Eventual de la Culpa Consciente la doctrina nacional usa la Teoría Ecléctica, que es la “mezcla” de la Teoría del Consentimiento y la Teoría de la Probabilidad, sin embargo se posibilita el uso de todas las teorías cognitivas y volitivas existentes, así se violan principios fundamentales del derecho Penal y, a la vez, se crea inseguridad jurídica. La Teoría Única Global de la Imputación del Dolo Eventual y la Culpa Consciente abarca la solución integral de la delimitación entre el dolo eventual y la culpa consciente: 1. Los conceptos: delimitan los criterios de imputación de las mencionadas figuras. 2. Los contenidos de ambas figuras: describen los elementos psicológicos-normativos imputables en la práctica. 3. Los supuestos de interacción social: delimitan los casos concretos que están dentro del dolo eventual y la culpa consciente. 4. El TEST: cierra el círculo al ser un método sencillo para imputar el dolo eventual o la culpa consciente a nivel judicial. Se supera a cualquier otra teoría existente, ya que éstas no cubren todos los requerimientos teóricos prácticos para zanjar la discusión. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El inicio de la tentativa marca el punto en que una particular conducta puede prima faccie ser punida en tanto comportamiento que no ha realizado tipo alguno. Su delimitación ha estado marcada fuertemente por las concepciones que se tengan sobre la fundamentación de la punibilidad de la tentativa. Las diferentes construcciones dogmáticas que se han encargado de precisar el limite se han sustentado en consideraciones objetivas y subjetivas, alcanzando en sus variantes más acabadas una visión mixta que incorpora una visión objetiva, tomando en cuenta el tipo específico, como también una visión subjetiva que recurre a la perspectiva del autor. A este tipo de construcciones pertenece la teoría del acto intermedio, la cual aporta precisión a la vez que resulta consistente con la teoría de las normas aquí favorecida. Una revisión jurisprudencial permitirá demostrar que, a pesar de la profundidad de la discusión dogmática, la jurisprudencia nacional ha hecho escaso eco de ella, limitándose a utilizar ciertas formulas sin justificarlas debidamente. / 23/06/2018

El documento digital no refiere asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Manifiesta si es dogmáticamente aconsejable interpretar como casos de cuasi consentimiento aquellos supuestos típicos en los que la doctrina, por el contrario, afirma que existe un consentimiento, aunque limitado. El problema central es determinar un concepto de aquiescencia sobre la base de la relación entre el bien jurídico y el titular del mismo quien lo emite, el cual no dependa de simples consideraciones legales y que nos permita establecer cuándo se presenta una aquiescencia (consentimiento, voluntad) y cuándo un cuasi consentimiento. Bajo tal consideración, la tarea principal consiste en determinar la relación entre el bien jurídico, el titular del mismo y los principios constitucionales que les dan contenido. A partir de lo cual, se ha asumido un concepto de aquiescencia circunscrito a su relación con el principio de lesividad, esto es, un concepto con efectos atipificantes y, por tanto, con función crítica. Tras ello, se puede constatar que diversos problemas que se analizaban como problemas de limitaciones de la aquiescencia, eran más bien casos de cuasi consentimiento, sea porque no se habían configurado todos los requisitos de la aquiescencia, o porque el legislador ante determinadas circunstancias así lo presumía iure et de iure. Con relación a los métodos usados en el presente trabajo de investigación, se aplican los métodos dogmático, sistemático, analítico, sintético y descriptivo. / Tesis

En estos tiempos actuales, en donde la Constitución debe estar por encima de toda ley, haciendo valer la defensa de los derechos fundamentales, con un respeto al debido proceso en torno del imputado, y el justiciable, es por ello, esta investigación trata de constituir lineamientos, que son indispensables para poder llegar a pensar de que la Sala Penal de la Corte Suprema, vía su recurso de casación penal, que he escogido dicho recurso, para esta investigación en donde se desea y me enfocare respectivamente en su rol que éste debe de tener, para adecuar el recurso en la procedencia.

El Código Civil peruano, al igual que la mayoría de Códigos Civiles que se adscriben al sistema romano germánico, adopta una noción pandectística del contrato, entendiéndolo, conforme aparece en su artículo 1351, como “el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial”. Como puede verse, esta definición guarda bastante similitud con la definición que el mismo cuerpo normativo nos brinda respecto del “acto jurídico” [rectius, negocio jurídico1], en el artículo 140, en donde se señala que éste viene a ser “la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas”. Y ello, ciertamente, obedece a que el contrato es, al igual que el testamento y la promesa unilateral, una especie de la categoría general de negocio jurídico, entendiendo a éste como un acto vinculante por medio del cual se establecen las reglas jurídicas cuya actuación permitirá la satisfacción de los intereses de las partes, sea creando, transfiriendo, regulando, modificando o extinguiendo efectos jurídicos, esto es, como un acto de autonomía privada. En esta misma línea se ha dicho que: “El contrato entra en la categoría más amplia del acto de autonomía privada o negocio jurídico, o sea del acto mediante el cual el sujeto dispone de la propia esfera jurídica” (Bianca 2007: 24).

El objetivo del presente informe jurídico es analizar el recurso de Nulidad No 1842-2016-Lima, mediante el cual planteo un problema principal y dos secundarios. En el problema principal analizo la sanción del funcionario público por el delito de colusión a pesar de la no intervención ni sanción del tercero interesado, donde concluyó que no es posible únicamente sancionar al funcionario. Seguidamente, en el primer problema secundario analizo el uso de la prueba indiciaria para la acreditación de la concertación como elemento primordial para la configuración del delito de colusión, concluyendo que hay una falta de pluralidad y concordancia en los indicios del caso. Por último, cuestionó que se haya condenado a Alex Kouri por el delito de colusión, dado que concluyo que el tipo penal aplicable era el de negociación incompatible. Se utilizará el método exegético, dogmático y funcional. El método exegético y dogmático permitirá el análisis de la doctrina y jurisprudencia vinculada a los principales elementos del delito de colusión, las teorías y tesis aplicables, y, por último, el método funcional facilitará el razonamiento de la discusión de la solución a los problemas jurídicos planteados. (RAMOS 2004:71-73) / The objective of this legal report is to analyze the Nullity appeal No. 1842-2016-Lima, through which I raise a main problem and two secondary ones. In the main problem, I analyze the sanction of the public official for the crime of collusion despite the non-intervention or sanction of the interested third party, where he concluded that it is not possible to only sanction the official. Next, in the first secondary problem, I analyze the use of circumstantial evidence for the accreditation of the agreement as a fundamental element for the configuration of the crime of collusion, concluding that there is a lack of plurality and concordance in the evidence of the case. Lastly, it questioned that Alex Kouri had been convicted of the crime of collusion, given that it concluded that the applicable criminal offense was that of incompatible negotiation. The exegetical, dogmatic and functional method will be used. The exegetical and dogmatic method will allow the analysis of the doctrine and jurisprudence related to the main elements of the crime of collusion, the applicable theories and theses, and, finally, the functional method will facilitate the reasoning of the discussion of the solution to legal problems. raised. (RAMOS 2004:71-73)