Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta investigación ofrece un estudio de la evolución en el derecho penal interno del tratamiento de la tortura, poniendo especial énfasis en el artículo 150-A introducido al Código Penal mediante la Ley 20.968, atendiendo en todo momento a las fuentes internacionales que Chile suscribió y ratificó, a saber, la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Importante consideración tendrá el delito de coacción, en tanto este es uno de los posibles propósitos que tiene en mente el sujeto que ejerce conductas constitutivas de tortura.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El inicio de la tentativa marca el punto en que una particular conducta puede prima faccie ser punida en tanto comportamiento que no ha realizado tipo alguno. Su delimitación ha estado marcada fuertemente por las concepciones que se tengan sobre la fundamentación de la punibilidad de la tentativa. Las diferentes construcciones dogmáticas que se han encargado de precisar el limite se han sustentado en consideraciones objetivas y subjetivas, alcanzando en sus variantes más acabadas una visión mixta que incorpora una visión objetiva, tomando en cuenta el tipo específico, como también una visión subjetiva que recurre a la perspectiva del autor. A este tipo de construcciones pertenece la teoría del acto intermedio, la cual aporta precisión a la vez que resulta consistente con la teoría de las normas aquí favorecida. Una revisión jurisprudencial permitirá demostrar que, a pesar de la profundidad de la discusión dogmática, la jurisprudencia nacional ha hecho escaso eco de ella, limitándose a utilizar ciertas formulas sin justificarlas debidamente. / 23/06/2018

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En nuestro país durante el año 2007, dentro de las diversas propuestas presentadas a tramitación legislativa frente a esta problemática, una de las más controvertidas en el plano político y jurídico ha sido la que prevé la creación de un tipo penal especial para la sanción del femicidio, concepto bajo el cual se 4 comprenden los homicidios de mujeres cometidos por sus parejas actuales o pasadas, contemplando únicamente las relaciones conyugales y de convivencia. La tipificación de este delito obedece a la obligación de los Estados de adecuar sus legislaciones a los instrumentos internacionales pero también al incremento del número de muertes de mujeres y la crueldad con que la que se producen. Por lo mismo, a fin de contribuir a que la legislación sustantiva aprobada en nuestro país, y la institucionalidad especializada para investigar, perseguir y juzgar el asesinato de mujeres, no sólo elimine la impunidad de estos hechos sino que incida en su contención, prevención y tratamiento, es que desde el presente estudio se realiza un análisis criminológico integrativo del delito de Femicidio, a través de una observación metódica en la interacción de factores criminológicos dentro de distintas etapas o procesos temporales que conducen al resultado final de desencadenamiento del delito, considerando los siguientes vectores: el delincuente, la víctima, la situación, los factores micro y macro sociales, y la reacción social formal e informal ante la conducta desviada.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho tributario ) / El presente trabajo comienza revisando el interesante tema de la incorporación de las normas internacionales de derechos humanos al ordenamiento jurídico chileno. Luego, analiza la evolución en la jurisprudencia, nacional e internacional, de la aplicación del Decreto Ley Nº 2.695/1978 de Amnistía y finalmente se hace cargo de las distintas posibles formas de dejar sin efecto dicho decreto ley y sus efectos en los fallos ya dictados por los tribunales, en los casos en los que aún no se dicta sentencia, así como también sobre los garantías fundamentales de carácter procesal y el instituto de la prescripción.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo pretende analizar al estado de necesidad introducido en nuestra legislación en diciembre del 2010 con la modificación al artículo 10 N° 11 realizada por la ley 20.480. En primer lugar, se resume el estado de la doctrina chilena al respecto y de la discusión sobre la naturaleza de la eximente: si es meramente exculpante, o también justificante. Para ello se utiliza la conceptualización de las eximentes de justificación y exculpación como instancias de normas de comportamiento y reglas de imputación, respectivamente. Luego, tomando como punto de partida el caso de Karina Sepúlveda, absuelto por el Tribunal de Juicio Oral de Puente Alto en base a un estado de necesidad exculpante, se expone sobre la doctrina de la culpabilidad, y las distintas formas e interpretaciones que ha tenido desde inicios del siglo XX en adelante. Finalmente, se elabora sobre los requisitos legales para que opere un estado de necesidad exculpante, con una mención de las consecuencias que le asignan las distintas teorías

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal) / Ante la ausencia de un texto legal expreso que se pronunciare al respecto, la doctrina y la jurisprudencia, bajo el imperio del Código de Procedimiento Penal y aplicando una lógica inquisidora, intentaban determinar qué actuaciones procesales tenían la aptitud para suspender el curso de la prescripción de la acción penal. Las dudas existentes al respecto parecían disiparse con la regulación efectuada por el Código Procesal Penal. Este cuerpo normativo, de manera expresa, asigna a un determinado hito procesal el efecto suspensivo de la prescripción. A partir de la formalización de la investigación, la prescripción de la acción penal se encuentra suspendida. Sin perjuicio del claro tenor literal de la norma, la práctica judicial sigue siendo vacilante, concediendo a actuaciones distintas, los efectos que el legislador ha reservado a la comunicación de cargos que realiza el ente persecutor ante el correspondiente órgano jurisdiccional. Nuestro objetivo es contribuir a la discusión no tan sólo a partir del explícito texto legal, sino que extrayendo consecuencias de los principios orientadores del nuevo proceso penal, los que deben tener un pleno reconocimiento en el actuar de las agencias encargadas de la represión de los delitos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En nuestro primer capítulo analizaremos cada una de las sanciones establecidas en la LRPJ, tanto en lo que se refiere su orientación político-criminal y naturaleza jurídica, como en lo relativo al detalle de su regulación. En segundo término, en el capítulo 2, analizaremos el sistema de determinación de sanciones, instituciones novedosas de aplicación post-condena y las salidas alternativas susceptibles de aplicación en los procedimientos juveniles, todo a efectos de poder vislumbrar con claridad las reales características del sistema de sanciones de nuestra ley penal juvenil, sobre todo en lo relativo a la importancia que tiene la privación de libertad en esta normativa. En el capítulo siguiente trasladaremos nuestro centro de atención a lo que constituyen los fines de la pena en el Derecho penal juvenil, análisis que se referirá no sólo a los fines de la pena declarados en la LRPJ, sino que también y principalmente a las orientaciones doctrinarias en la materia, la normativa internacional pertinente y las críticas que a este respecto puedan formularse. En el capítulo cuarto esbozaremos un examen crítico respecto de ciertas formulaciones doctrinarias, que pese a contar con la aquiescencia de la normativa internacional en la materia, no dejan de ofrecer reparos a los ojos del mandato de restricción en el uso del internamiento y a la vez porque se ven frustrados los objetivos de igualdad que prescribe la doctrina de la protección integral, dicho razonamiento se torna urgente considerando que dicha orientaciones dogmáticas fueron, en cierta medida, incorporadas en la LRPJ, y éstas a la vez forman parte del eje central del sistema de sanciones de la citada ley. En nuestro último capítulo (conclusiones), a la luz de las características previamente analizadas del sistema de sanciones que establece nuestra ley penal juvenil, ofrecemos nuestra posición respecto a la idoneidad de dicho sistema en cuanto a la consecución de los fines de la pena que la propia ley declara, especialmente en lo que a integración socio-educativa se refiere

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El punto que se intentará demostrar en un primer apartado, es que la participación que se dé a la víctima en el proceso penal debe estar estrechamente vinculada con el fin que se le adjudique al mismo. Lo anterior, dado que no es conceptualmente posible incluir a las víctimas en determinados procesos penales, en la medida en que los objetivos que buscan son absolutamente independientes y, en varios ocasiones, contrarios al parecer de las víctimas de los delitos. En esta medida, para analizar el papel que en cada proceso deba tener la víctima, es menester haber clarificado, de antemano, qué es lo que se busca con el proceso. La hipótesis cuya veracidad se intentará demostrar es que, sean cuales fueren los fines que tiene el proceso penal en nuestro país, la participación que el Código Procesal Penal del año 2000 y sus posteriores modificaciones dan a la víctima y al querellante particular no hace sino desvirtuar la forma en que debería operar el citado proceso, de acuerdo a lo que este memorista intentará demostrar que es la correcta comprensión del sistema. En virtud de lo anterior es que se propondrá la realización de dos modificaciones centrales a nuestro derecho procesal penal. En primer término, y para erradicar una de las figuras que más distorsiones genera en nuestro sistema, cual es la del querellante, se planteará su eliminación, concentrando en el Ministerio Público todos los poderes de dirección de la investigación y la posibilidad de influir en el devenir del proceso. En segundo lugar, y en una propuesta contracíclica, tan de moda por estos días, se propondrá reducir las facultades de las víctimas en el proceso penal. Dado que se concluirá que no hay razones para pagar un costo tan alto como que el sistema se desvirtúe por la inclusión de las víctimas con amplias facultades en el proceso penal, lo más sensato parece ser circunscribir su papel al de testigo y denunciante, como se verá. La estructura que se seguirá para demostrar lo anterior estará basada en tres capítulos, además de un apartado dedicado a las conclusiones. En el primero, tras definir los conceptos relevantes, se analizarán los aspectos doctrinarios generales en torno a la participación que la víctima debe tener en el proceso penal; previo análisis de los fines que éste busca (o puede buscar). En un segundo apartado, se hará un detallado análisis de la participación que, de hecho, tiene la víctima en nuestro actual sistema procesal penal, lo que, en la medida en que vaya siendo pertinente, será parangonado con la práctica comparada. En este capítulo, que tendrá un corte marcadamente dedicado al derecho positivo, se hará una serie de enumeraciones y clasificaciones de los derechos que asisten a las víctimas a lo largo de las diversas etapas del derecho penal, para, en seguida, proceder a comentar estos derechos, en la medida en que lo merezcan, y apreciar su coherencia y consistencia con los presupuestos dogmáticos analizados en el capítulo primero. Como adelanto, se advierte que las conclusiones indicarán que nuestro derecho no va en la línea que esta tesis estima adecuada, toda vez que los poderes que tiene la víctima en el proceso penal y, con mayor razón los del querellante, exceden lo dogmáticamente recomendable. Un tercer apartado será dedicado a la situación del querellante particular en nuestra legislación, y a la forma en que esta figura u otras similares, han sido comprendidas en legislaciones comparadas. Además de la realidad de nuestro derecho positivo, este capítulo será complementado con estadísticas obtenidas directamente en la Fiscalía, tendientes a demostrar que, en el evento de seguirse lo que se recomienda en el primer capítulo en relación a la participación que víctimas y querellantes deben tener en el proceso penal, el impacto práctico no sería tan alto como se imagina, dado que la participación efectiva que tienen, específicamente los querellantes, en el proceso penal, es más bien marginal. Finalmente, se encontrará un apartado dedicado a conclusiones. Aquí, no sólo se realizará una breve síntesis de lo dicho hasta ese punto, sino que se intentará dar soluciones para satisfacer los intereses de las víctimas en áreas distintas al derecho penal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente Investigación pretenderá ilustrar el delito de abigeato en su auténtica dimensión, realizando un estudio a la génesis del cuerpo legal que atribuyó al robo o hurto de animales una mayor importancia dentro de los delitos patrimoniales, analizando su contenido y el resultado de la implementación durante su reciente vigencia. Constituyendo el abigeato un delito exclusivamente rural, cuyo porcentaje de comisión aparentemente sería bastante inferior en comparación a otros delitos patrimoniales, es relevante comprender el objetivo del legislador detrás de la regulación especial que se le asigna, verificando si hay consideración suficiente a los principios rectores del Derecho Penal. De esta manera en la creación de la ley 20.090 existiría una contravención al Principio de Legalidad, pues la normativa implantada el año 2006 establecería presunciones de responsabilidad penal reñidas con la esencia de éste principio, en cuanto al deber de descripción de las conductas punibles expresamente en la ley. En segundo lugar constituirá parte de esta investigación un examen al principio rector de ultima ratio, pues no es claro prima facie si la irrupción de la nueva normativa en el año 2006 se hacía estrictamente necesaria en el Código Penal. Se analizará si el legislador ha planteando una modificación que podría adquirir el carácter de meramente simbólica, lo cual se dilucidará a la luz de los antecedentes estadísticos y jurisprudenciales de implementación de dicho cuerpo legal. También será objeto de análisis el aumento exagerado de penalidad, que sin atención al principio rector de proporcionalidad, estaría introduciendo la Ley N°20.090, generando un desajuste entre la gravedad de las penas y la trascendencia que para la sociedad tendría el delito. Finalmente la presente investigación intentará que el análisis de esta ley común sirva de antecedente válido a fin de complementar otros estudios relacionados con la inserción de nuevos delitos en el Código Penal, y los efectos que pueden obtenerse en la instauración de tipos penales más gravosos cuyos fines apuntan a resultados disuasivos que ulteriormente podrían no verificarse.