Tesis

Consiste en un análisis crítico de las normas de interpretación principalmente en el procedimiento contencioso tributario contenido en el LIBRO TERCERO - TITULO III - CAPITULOS del I al V del Texto Único Ordenado del Código Tributario vigente aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, publicado en el diario oficial El Peruano el 22 de junio de 2013, por los tributos que son administrados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y, de los pronunciamientos del Tribunal Fiscal vinculados con la interpretación de la aplicación de las normas legales que establecen criterios que debe seguir la referida administración así como de los pronunciamientos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. / Tesis

He tenido la suerte de conocer el mundo del arbitraje desde mis inicios en la práctica del Derecho, desde mis segundas prácticas pre profesionales en 2008 empecé a trazar un camino constante en el conocimiento del derecho de arbitraje a través del cual he podido seguir de cerca un fenómeno que por ese entonces estaba en plena ebullición, este fenómeno era el referido al control constitucional de los laudos arbitrales a través del amparo constitucional. Y es que el auge arbitral que se ha desplegado en nuestra realidad jurídica y económica,particularmente al ser usado para la solución de controversias comerciales, desde 1996, año de entrada en vigencia de la Ley General de Arbitraje, hicieron que la parte que perdía el arbitraje en algunas situaciones intente revertir esta situación por todos los medios que el derecho le ofrecía, incluido el amparo constitucional. Lo interesante de este asunto es que, conforme se verá a lo largo de esta tesis, la posibilidad de aceptar el cuestionamiento de un laudo vía amparo variará radicalmente dependiendo de la teoría sobre la naturaleza jurídica del arbitraje a la que nos acojamos, es decir dependiendo si somos partidarios de la teoría contractual o jurisdiccional

El presente trabajo tiene como finalidad estudiar uno de los aspectos más importantes en temas arbitrales, que es la calidad de cosa juzgada, en ese sentido desarrollaré y analizaré los hechos, los puntos controvertidos y los argumentos vertidos en el laudo arbitral. El Tribunal Arbitral anterior, cuyo Expediente N° 099-2009, declaró infundada la sexta pretensión del Consorcio; por tanto, declaró como válida Resolución Directoral N° 1202-2009-MTC/20, en la que PROVIAS NACIONAL resuelve el Contrato de Consultoría de Servicio N° 035-2009-MTC/20, por exceso en el plazo de la entrega del Informe N° 2. Además, de lo expuesto en la parte considerativa del laudo anterior se pronuncia afirmando que sí correspondía que la Entidad impusiera la penalidad establecida en el contrato y que dicha penalidad superó los máximos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado (10% del monto del contrato). Por consiguiente, el nuevo Tribunal Arbitral, con Expediente N° 289-59-12, al amparar el punto 3.2 de la tercera pretensión en el presente laudo arbitral materia de análisis, se estaría dejando sin efecto la causal, el artículo 41° de la Ley2, y los artículos 224° a 226° del Reglamento3, que ha servido como fundamento para la resolución del contrato declarado por el primer Tribunal

La subsanación voluntaria de forma previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador constituye un eximente de responsabilidad administrativa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1272, el cual trajo esta modificación a la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, a través del mencionado Decreto Legislativo, se dispone que la Ley del Procedimiento Administrativo General pasa a tener la condición de Ley común, estableciendo para tal efecto la pauta normativa que debe regir toda actuación administrativa. Sin embargo, como se puede apreciar en el presente trabajo, organismos reguladores como el OSINERGMIN han señalado a través de Resoluciones de Consejo Directivo, Reglamentos; entre otros, disposiciones que proponen un régimen diferente y menos beneficioso para el administrado, adaptando la institución de la subsanación voluntaria de una forma que vulneraría lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, afectado de esta forma su carácter de Ley común, bajo un supuesto precepto de especialidad. Sobre el particular, se propone que tanto los organismos reguladores como las demás instituciones y entidades de carácter administrativo establezcan una regla de carácter común respecto a la figura de la subsanación voluntaria, ello con el objetivo de buscar la uniformidad e integración del sistema jurídico, sin que ello vulnere las pautas básicas dispuestas por Ley. / The voluntary correction prior to the initiation of the administrative sanctioning procedure constitutes an exemption of administrative liability in accordance with the provisions of Legislative Decree 1272, which brought this amendment to Law 27444 - General Administrative Procedure Law. Likewise, through said Legislative Decree, it is provided that the General Administrative Procedure Law becomes a common Law, establishing for such purpose the normative guideline that must govern all administrative actions. However, as can be seen in this work, regulatory agencies such as OSINERGMIN have indicated, through Resolutions of the Board of Directors, Regulations, among others, provisions that propose a different and less beneficial regime for the administered party, adapting the institution of voluntary rectification in a way that would violate the provisions of the General Administrative Procedure Law, thus affecting its status as a common Law, under an alleged precept of specialty. In this regard, it is proposed that both the regulatory agencies and the other institutions and entities of an administrative nature establish a common rule regarding the figure of voluntary correction, with the purpose of seeking uniformity and integration of the legal system, without violating the basic guidelines established by Law.

La presente investigación aborda la inspección administrativa como herramienta y procedimiento dentro de la actividad estatal de fiscalización, analizándose su naturaleza probatoria, obstáculos que enfrenta y propuestas que pueden coadyuvar a un mejor despliegue de la misma, especialmente en su fase de actuación y valoración. Para ello, se estudia en primer lugar, el fundamento y surgimiento de dicha institución en el contexto de la actividad de policía administrativa y como herramienta de tutela del interés público. Asimismo, se discute si la inspección debe seguir el cauce de un procedimiento formalizado o si únicamente implica la adopción de ciertos actos que son orientados dependiendo de cada entidad administrativa en particular. Al respecto, se pretende sustentar por qué la inspección debe ajustarse a un procedimiento que siga ciertas garantías, algunas contenidas en el artículo 139° de la Constitución, otras establecidas en el TUO de la Ley N° 27444, y otras propias de su naturaleza jurídica. En el segundo capítulo se estudia la inspección administrativa en su fase de actuación y el soporte que obtiene de otros medios de prueba. Adicionalmente, se determinará qué tipo de prueba constituye el acta de inspección aportada al procedimiento de fiscalización por parte de la administración y su diferencia con otros medios de prueba, como el testimonial o la prueba personal. Finalmente, en el tercer capítulo se analiza el valor probatorio del acta de inspección, así como el tratamiento legal que se le asigna a este medio probatorio y la presunción de veracidad que posee en el ámbito legislativo e incluso doctrinario. Se confronta esta presunción de veracidad asignada al contenido del acta de inspección con el principio de presunción de licitud y veracidad que protege a los administrados.