Al ensayar un concepto propio de “cultura” y lo que el significado de esta palabra implicaría en sus variados usos, vinieron a mi mente las clases de un recordado profesor de Derechos Reales y Garantías quien, para comprender las instituciones jurídicas, nos exigía razonamientos que vayan mucho más allá de lo que indicaba la norma y hasta nos retaba a cuestionar a la propia institución. Recuerdo que en una clase donde tratábamos el tema de la posesión, nos señaló que este derecho real era una especie de derecho maleable que al fundamentarse en la apariencia de titularidad sobre un derecho real lograba la exclusión, por lo menos momentánea, del bien respecto de la esfera jurídica de otro sujeto. Así, la posesión podría expresarse como cualquier manifestación de dominio sobre un bien siempre que revele la apariencia de tener la titularidad de un derecho oponible a terceros. Esto, por ejemplo, evita la necesidad de perseguir certezas documentales para reconocer la propiedad sobre un bien cuyos títulos que la acrediten no se encuentren a disposición del propietario en ese momento. Esta importante función nos permite cierta exclusión del bien respecto de terceros, en base a la posesión que opera como una presunción de propiedad o alguna otra titularidad sobre el bien.

La investigación presenta los fundamentos y posibilidades de una extensión de la tesis general de la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares: la de eficacia directa de los derechos sociales en el ámbito privado. Partiendo de una defensa amplia y pormenorizada, en primer lugar, de la tesis de la eficacia directa de los derechos fundamentales entre particulares, y, en segundo lugar, de la postura que reconoce a los derechos sociales como derechos fundamentales, con las mismas propiedades técnico-jurídicas que éstos, y con la misma base axiológica; la investigación plantea una profundización en las razones que sostienen la limitación de la actividad de los particulares frente a la protección del ámbito jurídico de los derechos sociales. Para ello, el trabajo incursiona en la fundamentación moral de los deberes de solidaridad, discutiendo los argumentos de quienes plantean nuestra irresponsabilidad con las privaciones de los demás, y con ello la inmoralidad de la exigencia de limitación o solidaridad. Además de la discusión residenciada en el ámbito de la filosofía moral, el trabajo presenta argumentos para afirmar la responsabilidad de los particulares en la satisfacción de los derechos sociales, basados en consideraciones causales sobre la incidencia de las empresas en la realización de los derechos sociales, producto de fenómenos como la globalización, la liberalización del comercio, la privatización de servicios públicos, entre otros. Sustentadas las razones que permiten afirmar que, en determinados casos, los particulares deben limitar su actividad con el objeto de no dañar ámbitos fundamentales de los derechos sociales, la investigación concluye explicitando dos casos donde se aplica dicha eficacia directa y mostrando en todo caso la forma cómo se podría delimitar adecuadamente dicha eficacia para no devenir en una imposición excesiva. Finalmente, la investigación muestra cómo el modelo de judicialización de derechos sociales (examen de razonabilidad y jurisprudencia dialógica) adoptado para sostener la cualidad ius-fundamental de los derechos sociales, puede ser utilizado también para afirmar la eficacia directa de los derechos sociales, ayudando a superar en todo caso algunas objeciones planteadas a esta eficacia.

A lo largo del presente texto se buscará reflexionar en torno a la inclusión explícita de las diversidades de género y orientación sexual en el texto constitucional. Ello como parte de una solución de justicia en términos de reconocimiento y redistribución, y bajo la premisa de la invisibilización, censura y violencia histórica contra las personas de la comunidad LGBT. Este texto es un esfuerzo por concretizar una de las demandas más grandes del movimiento, que ha luchado para ser visibles e identificados por un estado que aún no les incluye como parte del pueblo peruano. / Trabajo académico

El presente trabajo pretende explicar a través del método dogmático si los jueces al ejercer control difuso deben aplicar necesariamente el test de proporcionalidad conforme lo ordenado en el precedente vinculante, Consulta Nro. 1618-2016-Lima Norte. Asimismo; se explica la aplicación de la teoría conflictivista de derechos fundamentales y la implicancia jurisprudencial en el control difuso para el Derecho peruano. Se arriba a la conclusión de que, si bien el análisis de ponderación es un método de interpretación constitucional global, este no es el único, debiendo priorizarse la libertad interpretativa y no buscar obligar a los jueces a razonar de una única manera. Más aún si para ello no existe justificación alguna y concurre un vacío jurisprudencial de motivación respecto de que haya otro nivel de igual exigencia para la aprobación de la sentencia que realiza control difuso. / The present research aims to explain, through the dogmatic method, whether judges, when exercising diffuse control, must necessarily apply the proportionality test according to the mandates of the binding precedent, query Nro. 1618-2016-Lima Norte. Also; the application of the conflictivist theory of fundamental rights is explained, as well as the jurisprudential implication in diffuse control for peruvian law. It comes to the conclusion that, although weighting analysis is a constitutional global interpretation method, this is not the only one, so interpretive freedom must be prioritized, not forcing judges to reason in a single way. Even more, if there is no justification for this and there is a case-law vacuum of motivation with respect to the existence of another level of equal requirement for the approval of the statement that performs the diffuse control.

Hoy en día a razón de que vivimos en un medio globalizado, el intercambio de nuestros datos personales se hace cada vez más frecuente y común, por lo que a la fecha distintos ordenamientos jurídicos, incluido el peruano, regulan el derecho fundamental a la protección de datos personales, indispensable para otorgar seguridad de nuestra vida privada. Es a partir de ello y a las características que presenta el consentimiento para el tratamiento de datos personales, que el derecho de información con el que cuenta el titular del dato personal se ha convertido en la piedra angular como característica de la legalidad del tratamiento de los datos personales y es menester realizar un análisis respecto a su regulación en nuestro ordenamiento y referirnos si a partir del artículo 18 de nuestra Ley 29733 – Ley de Protección de Datos Personales, existe o no tensión entre las obligaciones que de dicho derecho emanan para el titular del banco de datos personales; todo ello, partiendo de que en la Unión Europea, ordenamiento que inspiró nuestras normas en ésta materia, se ha expresado a partir de las Autoridades de Protección de Datos Personales, que existe tensión respecto a las obligaciones que emanan del principio de transparencia, el cual se encuentra muy ligado a el derecho de información regulado en nuestro ordenamiento; por tanto siguiendo ésta línea, en nuestro ordenamiento encontraríamos una tensión similar a la manifestada en la Unión Europea.

Conforme al artículo 95°-A del Código Tributario, la consulta particular, especie del instituto de la consulta tributaria, es un procedimiento que permite a los deudores tributarios consultar a la Administración Tributaria sobre el régimen jurídico aplicable a hechos o situaciones concretas, vinculados con tributos cuya obligación tributaria no hubiera nacido al momento de la presentación de esta y obtener una respuesta por escrita por parte de aquella, siendo que los criterios esbozados en dicha respuesta son vinculantes para los distintos órganos de la SUNAT, de este modo se otorga seguridad jurídica a un acto declarativo de la Administración, que permite a los deudores tributarios tener elementos suficientes para tomar decisiones con una posición clara y predictible respecto a las consecuencias jurídicas de sus actividades y de ser el caso determinar correctamente su obligación tributaria. La presente investigación analiza mediante la argumentación jurídica y el estudio de casos, la naturaleza jurídica de la consulta particular, partiendo del estudio de la consulta tributaria y de la consulta institucional, así como del uso de la legislación comparada. La investigación concluye determinando que la consulta particular viene a ser una manifestación del derecho de petición reconocido en el inciso 20 del artículo 2° de la Constitución Política, así como de los principios de seguridad jurídica, predictibilidad o de confianza legítima. Además, se identifica que la regulación actual constituye una barrera de acceso a la consulta particular que ha determinado que en los más de seis años de vigencia del artículo 95°-A del Código Tributario, únicamente la SUNAT haya atendido una consulta, poniendo en evidencia la necesaria reforma normativa de esta.

En la actualidad, el reconocimiento del alcance relativo de los derechos fundamentales es casi inobjetable. Esto nos permite considerar que los derechos son limitados. Es por ello por lo que el desenvolvimiento del derecho de una persona tendrá que convivir con los derechos de los demás integrantes de la comunidad y demás bienes constitucionales que limitan el ámbito de protección de los derechos fundamentales, o también con las limitaciones que el legislador ha establecido en referencia a un mandato constitucional. En ese sentido, en la presente tesis se plantea establecer una propuesta del sistema de los límites a los derechos fundamentales que se expresan en la Constitución Política de 1993 considerando que esta no establece cláusula general alguna sobre las limitaciones de dichos derechos. Para ello, es pertinente establecer el concepto de límite que se desprende de ella, su utilidad o fundamento, así como los tipos de limitaciones que existen en el marco de las disposiciones constitucionales y finalmente el régimen normativo de las restricciones. Para esta tarea se ha tomado en cuenta la doctrina y jurisprudencia constitucional sobre la materia, llegando a concluir que estamos ante una categoría dogmática-constitucional determinante para el sistema constitucional, que debe cumplir ciertas condiciones para su conformación.

El expediente a analizar expone como problemática jurídica principal, el uso de una garantía de acción popular para cuestionar una norma infralegal, cuyo contenido deroga otra norma del mismo rango, trayendo como consecuencia la permisión de la exposición de detenidos por la Policía Nacional del Perú por la presunta comisión de actos delictivos. Es así que, la presente investigación se justifica en dos razones motivo de análisis: la afectación de derechos fundamentales como la presunción de inocencia a partir de la concepción errónea del concepto de eficacia preventiva y punitiva amparado en la medida estatal en cuestión; y la verificación de la eficacia de la norma constitucional y de los derechos fundamentales mediante procesos constitucionales, tal como se realiza en un Estado Constitucional de Derecho. Asimismo, resulta importante resaltar el notorio aporte jurisprudencial de este caso, como es la observancia de la presunción de inocencia como límite a actuaciones procesales. En ese sentido, se sustenta como hipótesis que sí es posible tutelar el derecho a la presunción de inocencia y otros derechos constitucionales a través del proceso de acción popular. A pesar de que la norma impugnada sea de contenido derogatorio de otra norma del mismo rango, siempre y cuando se demuestre que la existencia de la norma en mención genere la afectación de principios constitucionales, en este caso, la presunción de inocencia y la supremacía de la constitución. Para efectos de sustentar lo anterior, se empleó como metodología la revisión de jurisprudencia y doctrina relacionada, empleando el método dogmático-jurídico. Finalmente, se concluye que los derechos fundamentales pueden ser tutelados a través de la acción popular, independientemente del contenido de la norma infralegal, siempre y cuando existan motivos fundados que puedan advertir el peligro de la afectación de los mismos.

En este trabajo académico, la autora hace un análisis de la aporofobia, término novedoso acuñado por la filósofa Adela Cortina, la cual es entendida como el rechazo u odio al pobre, a través de la óptica de la discriminación estructural. En tal sentido, se parte del estudio de lo que implica el derecho a la no discriminación tanto a nivel nacional como a través de los diversos instrumentos internacionales, para luego enfocarse en el concepto de discriminación estructural como fenómeno intergrupal y sistémico. Además, para comprender mejor el concepto de aporofobia se hace un desarrollo de lo que se ha venido entendiendo por pobreza tanto a nivel económico, filosófico y doctrinal. De esta manera, se pasa al análisis teórico de lo que implica la aporofobia y cuáles son sus orígenes, para vincular este concepto con una forma de discriminación por motivos económicos. Así se llega a señalar que la aporofobia se manifiesta a través de la discriminación estructural de las que son victimas diversos grupos a los que se identifica como pobres. Siendo que a los individuos de estos grupos sociales se les atribuirá diversos estereotipos y prejuicios negativos que justifican las actitudes aporófobas. Por último, una vez señalado este problema estructural, se desarrollan algunas propuestas para contrarrestar tal situación en la sociedad peruana. / In this academic work, the author makes an analysis of aporophobia, a novel term coined by the philosopher Adela Cortina, which is understood as the rejection or hatred of the poor, through the perspective of structural discrimination. In this sense, it starts from the study of what the right to non-discrimination implies both at the national level and through the various international instruments, to then focus on the concept of structural discrimination as an intergroup and systemic phenomenon. In addition, to better understand the concept of aporophobia, development is made of what has been understood by poverty both at an economic, philosophical and doctrinal level. In this way, we proceed to the theoretical analysis of what aporophobia implies and decisions are its origins, to link this concept with a form of discrimination for economic reasons. Thus, it is pointed out that aporophobia manifests itself through the structural discrimination suffered by various groups that are identified as poor. Being that the individuals of these social groups will be attributed various negative stereotypes and prejudices that justify aporophobic attitudes. Finally, once this structural problem has been pointed out, some proposals are developed to counteract this situation in Peruvian society.

El rango constitucional del derecho al agua potable ofrece una serie de aspectos que constituyen un amplio espacio de análisis, el cual trasciende al enfoque estrictamente constitucional o ambiental, e incluso al enfoque jurídico general; no obstante, el ámbito que aborda este trabajo se encuentra motivado principalmente por el proceso de desarrollo que ha merecido el contenido de dicho derecho fundamental, durante estos quince (15) años trazados, entre la labor jurisdiccional y legislativa; sin perder de vista, cuáles han sido los principales problemas que se han advertido, a partir del paralelismo de ambas funciones ejercidas desde el poder público. Asimismo, el análisis realizado asume el esfuerzo de compatibilizar el desarrollo jurisprudencial con el desarrollo legislativo, desde un punto de vista complementario; en dicho intento se evidencian diversos tópicos que fundamentan el contenido del derecho al agua potable, los cuales a su vez proporcionan relevantes factores o parámetros de interpretación para todo el ordenamiento jurídico relativo a recursos hídricos y saneamiento. Finalmente, luego de una revisión teórica o abstracta sobre contenidos jurídicos; este trabajo no deja de lado la necesidad de reseñar cuáles son las implicancias y/o efectividad del reconocimiento del derecho al agua potable, en función a los principales problemas que se presentan a nivel país, relacionados a la satisfacción de las necesidades básicas de la población respecto a los servicios de saneamiento.