En Abril del 2006 el Congreso de la República aprobó la Ley 28704 que modificó el artículo 173° del Código Penal, que tuvo por efecto la criminalización de todas las relaciones sexuales con adolescentes, incluyendo las ejercidas de manera libre y autónoma. En consecuencia, y sin proponérselo, la ley impuso graves obstáculos para la provisión de información sobre salud sexual y reproductiva y la atención médica de esta población vulnerable. En este contexto, cobra especial importancia el esfuerzo de un grupo de jóvenes que de manera organizada, tomaron la decisión de demandar ante el Tribunal Constitucional - TC, el reconocimiento de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Tras trece meses de movilización nacional, el 24 de enero de 2013 el Tribunal Constitucional publicó la sentencia que declara fundada la demanda y reconoce el derecho a la libertad sexual de los adolescentes. El fallo es un hito en materia de conquista de derechos sexuales; y el proceso, una muestra de la capacidad de agencia de los jóvenes en el uso de mecanismos de accountability para la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos. La acción de inconstitucionalidad es una valiosa y exitosa experiencia de participación política ciudadana su análisis nos permite conocer los factores que determinan la capacidad de agencia de los jóvenes para el uso de mecanismos de accountability. La experiencia ha sido reconstruida a partir de la percepción y valoración de los entrevistados para este estudio, sus testimonios permitieron ahondar acerca del uso de la accountability vertical social y de su eficacia cuando participan las agencias estatales. Esta experiencia es una evidencia de que la articulación de los mecanismos de accountability vertical social y accountability horizontal permitió la solución de un problema público favoreciendo el ejercicio de la democracia. / In April 2006 the Peruvian Parliament passed the Law 28704, criminalizing sexual relations with adolescents. Consequently and also unintentionally, the law imposed serious obstacles to the availability of information concerning sexual and health education and care of this vulnerable sector of the population. In this context, the effort of a well-organized group of young people, who made the decision to claim their rights before the Constitutional Court - TC, is very important. After thirteen months of large groups of young people to go into the street and demand loudly their sexual rights, the Constitutional Court pronounced a judgement which declared the civic demand as justified and which recognized the right of adolescents to freedom of sexual relationships. This case represents a milestone in the history of the struggle of sexual rights and the process is an example of the political capability of the youth with respect to the use of the mechanisms of accountability in the defence of sexual and reproductive rights. The process has been reconstructed on the basis of the understanding and evaluation of those interviewed for this study. Their testimonies allow a deeper penetration into the use of vertical social accountability and its effectiveness when state agencies are involved. This experience is evidence that the articulation of vertical social accountability and horizontal accountability make way for the solution of a public problem and that its practice strengthens democracy. / Tesis

En 2016, se aprobó el Nuevo Currículo de Educación Básica que incluye Educación Sexual Integral (ESI). Esta junto con el enfoque de género generó oposición, sin embargo, la ESI no es nueva en el Perú. Más bien, lo que llama la atención es el nuevo enfoque que ha tomado la política debido a que su precedente- los Lineamientos y Orientaciones Pedagógica de la ESI que fueron aprobados en 2008- fue una política con enfoque conservador y alcance limitado. En ese sentido, resulta interesante preguntarse qué factores han permitido el cambio en la política de ESI porque existe poca investigación acerca de esta política en el Perú y, además, hay una agenda abierta sobre el tema en la región latinoamericana debido a la creciente oposición de grupos conservadores frente a estas políticas. La investigación utilizará la teoría de Campbell (2014) por lo cual cuatro de las hipótesis corresponden con los modelos propuestos por el autor- político, inercial, artifactual y cognitivo. También se testearán dos hipótesis más- una referida a la importancia de la argumentación y la otra al modelo de coalición promotora. El diseño que se utilizará es cualitativo de caso único y se utilizará la metodología de process tracing para poder contrastar adecuadamente las hipótesis y comprender a detalle cada momento del periodo 2007-2017. / In 2016, the New Basic Education Curriculum was approved, which includes Comprehensive Sex Education (ESI). This, together with the gender approach, generated opposition, however, ESI is not new in Peru. Rather, what is striking is the new approach that the policy has taken because its precedent - the ESI Pedagogical Guidelines and Orientations approved in 2008 - was a policy with a conservative approach and limited scope. In this sense, it is interesting to ask what factors have allowed the change in ESI policy because there is little research on this policy in Peru and, in addition, there is an open agenda on the subject in the Latin American region due to the growing opposition of conservative groups against these policies. The research will use Campbell's theory (2014), therefore, four of the hypotheses correspond to the models proposed by the author-politician, inertial, artifactual and cognitive. Two more hypotheses will also be tested - one referring to the importance of argumentation and the other to the advocacy coalition model. The design to be used is qualitative of a single case and the process tracing methodology will be used to adequately contrast the hypotheses and understand in detail each moment of the period 2007-2017.

En Abril del 2006 el Congreso de la República aprobó la Ley 28704 que modificó el artículo 173° del Código Penal, que tuvo por efecto la criminalización de todas las relaciones sexuales con adolescentes, incluyendo las ejercidas de manera libre y autónoma. En consecuencia, y sin proponérselo, la ley impuso graves obstáculos para la provisión de información sobre salud sexual y reproductiva y la atención médica de esta población vulnerable. En este contexto, cobra especial importancia el esfuerzo de un grupo de jóvenes que de manera organizada, tomaron la decisión de demandar ante el Tribunal Constitucional - TC, el reconocimiento de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Tras trece meses de movilización nacional, el 24 de enero de 2013 el Tribunal Constitucional publicó la sentencia que declara fundada la demanda y reconoce el derecho a la libertad sexual de los adolescentes. El fallo es un hito en materia de conquista de derechos sexuales; y el proceso, una muestra de la capacidad de agencia de los jóvenes en el uso de mecanismos de accountability para la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos. La acción de inconstitucionalidad es una valiosa y exitosa experiencia de participación política ciudadana su análisis nos permite conocer los factores que determinan la capacidad de agencia de los jóvenes para el uso de mecanismos de accountability. La experiencia ha sido reconstruida a partir de la percepción y valoración de los entrevistados para este estudio, sus testimonios permitieron ahondar acerca del uso de la accountability vertical social y de su eficacia cuando participan las agencias estatales. Esta experiencia es una evidencia de que la articulación de los mecanismos de accountability vertical social y accountability horizontal permitió la solución de un problema público favoreciendo el ejercicio de la democracia. / In April 2006 the Peruvian Parliament passed the Law 28704, criminalizing sexual relations with adolescents. Consequently and also unintentionally, the law imposed serious obstacles to the availability of information concerning sexual and health education and care of this vulnerable sector of the population. In this context, the effort of a well-organized group of young people, who made the decision to claim their rights before the Constitutional Court - TC, is very important. After thirteen months of large groups of young people to go into the street and demand loudly their sexual rights, the Constitutional Court pronounced a judgement which declared the civic demand as justified and which recognized the right of adolescents to freedom of sexual relationships. This case represents a milestone in the history of the struggle of sexual rights and the process is an example of the political capability of the youth with respect to the use of the mechanisms of accountability in the defence of sexual and reproductive rights. The process has been reconstructed on the basis of the understanding and evaluation of those interviewed for this study. Their testimonies allow a deeper penetration into the use of vertical social accountability and its effectiveness when state agencies are involved. This experience is evidence that the articulation of vertical social accountability and horizontal accountability make way for the solution of a public problem and that its practice strengthens democracy.

El presente informe sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N°00238-2021-PA/TC tiene como finalidad responder a la pregunta si la falta de información y distribución gratuita del Anticonceptivo Oral de Emergencia – Levonorgestrel, constituye una violación a los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la información y a la igualdad y no discriminación de las personas con capacidad de gestar. Para ello, se analizó el desarrollo normativo nacional e internacional de los derechos sexuales y reproductivos, en específico, el derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia. En tal sentido, abordamos un primer problema procesal con el fin de determinar si en el presente caso nos encontramos frente a un proceso de amparo contra amparo tomando en cuenta la sentencia previa del Tribunal Constitucional del Expediente N° 02005-2009-PA/TC. Por otro lado, respecto a los problemas de fondo sostenemos que los derechos sexuales y reproductivos se fundamentan principalmente en el derecho a la salud, entendido este último bajo una concepción de salud como agencia. Asimismo, argumentamos que la falta de distribución gratuita del mencionado anticonceptivo vulnera el derecho a la elección libre de métodos anticonceptivos como parte de la salud sexual y reproductiva y contraviene las obligaciones estatales con relación a ella. Finalmente, concluimos de igual manera, que el mencionado hecho vulnera el derecho a la información en materia sexual y reproductiva y la igualdad y no discriminación de las mujeres pertenecientes a los sectores más empobrecidos de nuestro país. / The purpose of this report on the ruling of the Constitutional Court issued in File No. 00238-2021-PA/TC is to answer the question whether the lack of information and free distribution of the Emergency Oral Contraceptive – Levonorgestrel constitutes a violation of the sexual and reproductive rights, as well as the right to information and equality and non-discrimination of people with gestational capacity. For that, the national and international regulatory development of sexual and reproductive rights was analyzed, specifically, the right to freely choose the contraceptive method of one's preference. In this sense, we address a first problem in order to determine whether we are facing a process of amparo against amparo in this case, taking into account the previous ruling of the Constitutional Court of File No. 02005-2009-PA/TC. On the other hand, regarding the underlying problems, we maintain that sexual and reproductive rights are based mainly on the right to health, the latter understood under a conception of health as an agency. Thus, we conclude that the lack of free distribution of the aforementioned contraceptive violates the right to free choice of contraceptive methods as part of sexual and reproductive health and the state obligations regarding this. Finally, we also conclude that it violates the right to information on sexual and reproductive matters and the equality and non-discrimination of women belonging to the most impoverished sectors of our country.

El presente informe jurídico analiza la Sentencia del Expediente N.° 238-2021- PA/TC. Para ello, se basa en la siguiente pregunta principal: ¿La medida de prohibir la distribución gratuita del AOE por parte del MINSA implica una vulneración de los derechos a la autodeterminación reproductiva (DAR) y a la igualdad de las personas con capacidad de gestar (PCG)? Para responder la misma, se ha utilizado legislación nacional, así como tratados internacionales. Asimismo, en relación a la jurisprudencia se contó con las sentencias de los Expedientes N° 7435-2006-PC/TC, N° 2005-2009-AA/TC y N° 3378-2019-PA/TC del TC, así como la sentencia del caso Manuela y otros vs. El Salvador y la sentencia del caso I.V. vs. Bolivia de la Corte IDH. Finalmente, tras el análisis correspondiente, se concluye que la prohibición de distribuir gratuitamente el AOE implica una violación del DAR y a la igualdad y no discriminación, afectando desproporcionadamente a PCG de bajos recursos económicos. / This legal report analyzes Judgment 197/2023 of Case No. 238-2021-PA/TC. It is based on the following primary question: Does the Ministry of Health's prohibition on the free distribution of emergency oral contraceptives imply a violation of the rights to reproductive self-determination and to equality of persons with the capacity to gestate? The analysis uses national legislation and international treaties. Additionally, jurisprudence was considered, including the rulings of Cases No. 7435-2006-PC/TC, No. 2005-2009-AA/TC, and No. 03378- 2019-PA/TC, as well as the ruling in the case of Manuela and Others vs. El Salvador and the ruling in the caso of I.V. vs. Bolivia of the I/A Court H.R. Finally, after the corresponding analysis, it is concluded that the prohibition on the free distribution of emergency oral contraceptives constitutes a violation of the right to reproductive self-determination and to equality, disproportionately affecting economically disadvantaged persons with the capacity to gestate.