En Abril del 2006 el Congreso de la República aprobó la Ley 28704 que modificó el artículo 173° del Código Penal, que tuvo por efecto la criminalización de todas las relaciones sexuales con adolescentes, incluyendo las ejercidas de manera libre y autónoma. En consecuencia, y sin proponérselo, la ley impuso graves obstáculos para la provisión de información sobre salud sexual y reproductiva y la atención médica de esta población vulnerable. En este contexto, cobra especial importancia el esfuerzo de un grupo de jóvenes que de manera organizada, tomaron la decisión de demandar ante el Tribunal Constitucional - TC, el reconocimiento de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Tras trece meses de movilización nacional, el 24 de enero de 2013 el Tribunal Constitucional publicó la sentencia que declara fundada la demanda y reconoce el derecho a la libertad sexual de los adolescentes. El fallo es un hito en materia de conquista de derechos sexuales; y el proceso, una muestra de la capacidad de agencia de los jóvenes en el uso de mecanismos de accountability para la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos. La acción de inconstitucionalidad es una valiosa y exitosa experiencia de participación política ciudadana su análisis nos permite conocer los factores que determinan la capacidad de agencia de los jóvenes para el uso de mecanismos de accountability. La experiencia ha sido reconstruida a partir de la percepción y valoración de los entrevistados para este estudio, sus testimonios permitieron ahondar acerca del uso de la accountability vertical social y de su eficacia cuando participan las agencias estatales. Esta experiencia es una evidencia de que la articulación de los mecanismos de accountability vertical social y accountability horizontal permitió la solución de un problema público favoreciendo el ejercicio de la democracia. / In April 2006 the Peruvian Parliament passed the Law 28704, criminalizing sexual relations with adolescents. Consequently and also unintentionally, the law imposed serious obstacles to the availability of information concerning sexual and health education and care of this vulnerable sector of the population. In this context, the effort of a well-organized group of young people, who made the decision to claim their rights before the Constitutional Court - TC, is very important. After thirteen months of large groups of young people to go into the street and demand loudly their sexual rights, the Constitutional Court pronounced a judgement which declared the civic demand as justified and which recognized the right of adolescents to freedom of sexual relationships. This case represents a milestone in the history of the struggle of sexual rights and the process is an example of the political capability of the youth with respect to the use of the mechanisms of accountability in the defence of sexual and reproductive rights. The process has been reconstructed on the basis of the understanding and evaluation of those interviewed for this study. Their testimonies allow a deeper penetration into the use of vertical social accountability and its effectiveness when state agencies are involved. This experience is evidence that the articulation of vertical social accountability and horizontal accountability make way for the solution of a public problem and that its practice strengthens democracy. / Tesis

El presente informe jurídico analiza la Sentencia de la Corte Superior de Justicia, recaída en el expediente Nº 06323-2021–0-1801-JR-DC-09, respecto a la demanda de amparo interpuesta por el ciudadano Ricardo Morán contra la RENIEC. Puesto que, este último organismo del Estado determinó que para la inscripción del acta de nacimiento de sus hijos, quienes nacieron a través de la gestación subrogada transfronteriza, era requisito necesario el nombre de la madre biológica de los niños. Dicha decisión fue materia de discusión en la instancia judicial y se determinó que no existía “legislación positiva que justifique dichos actos”. Por lo tanto, era imprescindible la información que estaba requiriendo la RENIEC. Sin embargo, dicha decisión, no consideró tres hechos relevantes, primero, que el artículo 7 de la Ley General de Salud establece que el acceso a las técnicas de reproducción asistida es un derecho para todo peruano. Segundo, los niños en cuestión fueron procreados a través de la ovodonación. Tercero, que dicho ciudadano peruano cuenta con la exclusiva patria potestad de sus hijos, establecida a través de una sentencia extranjera. En ese sentido, se analizará los argumentos del juez en base a la legislación, doctrina y jurisprudencia vigente para demostrar la afectación a los derechos de fundar y pertenecer a una familia. El quebrantamiento de los derechos reproductivos así como el de igualdad y no discriminación por razón de sexo al ciudadano Ricardo Morán. Por último, la vulneración del derecho a la identidad y otros derechos civiles de los niños. / This legal report analyzes the Judgment of the Superior Court of Justice, relapsed in file Nº 06323-2021-0-1801-JR-DC-09, regarding the demand for protection filed by the citizen Ricardo Morán against the RENIEC. Since the latter state body demanded that for the registration of the birth certificate of their children, who were born through cross-border surrogacy, it was demanding to have the name of the biological mother of the children. This decisión was subject of discusión in the judicial instance and it was determined that there was not “positive legislation that justifies said acts”. Therefore, the information demanded by the RENIEC was essential. However, said decisión did not considered three relevant facts, first, that the article 7 of the General Health Law establishes that the access to assisted reproduction techniques is a right for all peruvian person. Second, the children were procreated through egg donation. Third, that said peruvian citizen has the exclusive parental authority of his children, established by a foreign sentence. In this sense, the arguments of the judge will be analyzed based on the current legislation, doctrine and jurisprudence, to demonstrate the affectation of the rights of founding and belonging to a family. The violation of the reproductive rights, as well as equality and non-discrimination based on sex to the citizen Ricardo Morán. Finally, the violation of the right of identity and other civil rights of the children.

El objetivo de la presente investigación es analizar las capacidades y la agencia desplegada por las víctimas de la implementación del “Programa Nacional de Salud Reproductiva de Planificación Familiar”, política estatal ejecutada entre los años 1996 y 2000 durante el gobierno de Alberto Fujimori. La investigación desarrolla los antecedentes, así como el contexto internacional y nacional en el que se implementó esta política gubernamental, la cual tenía una finalidad económica y, a la par, ofrecía garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero que en la práctica terminó cercenando las capacidades y violando los derechos humanos de un grupo importante de ellas. Durante la investigación se da cuenta y analizan las denuncias públicas presentadas desde diversos sectores: la Iglesia católica, las organizaciones feministas y el gremio médico, así como la agenda política detrás de estas denuncias. De igual manera aborda las investigaciones que se realizaron al momento de la implementación de esta política desde las organizaciones feministas y diversas instancias estatales; así como la organización de las mujeres víctimas para exponer sus demandas por el reconocimiento de su derecho a la reparación. La investigación concluye que, pese al despliegue de la agencia de las mujeres víctimas de esta política pública, hasta la fecha sus voces no han sido escuchadas y sus demandas no son tomadas en cuenta por el Estado. / The goal of this research is to analyze the capabilities and agency displayed by the victims of the implementation of the "National Program of Reproductive Health and Family Planning," a state policy executed between 1996 and 2000, during the government of Alberto Fujimori. The research develops the background, as well as the international and national context in which this government policy was implemented, which had an economic purpose and simultaneously offered to guarantee the sexual and reproductive rights of women, but in practice ended up curtailing their capabilities and violating the human rights of a significant group of them. The research also accounts for and analyzes the public complaints that arose from various sectors such as the Catholic Church, feminist organizations, and the medical guild, as well as the political agenda behind these complaints. Similarly, it addresses the investigations carried out at the time by feminist organizations and various state instances in relation to the crimes committed in the framework of implementing this policy; as well as the organization of the victimized women to present their demands for recognition of their right to reparation. The research concludes that, despite the deployment of freedoms and the agency of the women victims of this public policy, to date their voices have not been heard and their demands are not taken into account by the State.

En Abril del 2006 el Congreso de la República aprobó la Ley 28704 que modificó el artículo 173° del Código Penal, que tuvo por efecto la criminalización de todas las relaciones sexuales con adolescentes, incluyendo las ejercidas de manera libre y autónoma. En consecuencia, y sin proponérselo, la ley impuso graves obstáculos para la provisión de información sobre salud sexual y reproductiva y la atención médica de esta población vulnerable. En este contexto, cobra especial importancia el esfuerzo de un grupo de jóvenes que de manera organizada, tomaron la decisión de demandar ante el Tribunal Constitucional - TC, el reconocimiento de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Tras trece meses de movilización nacional, el 24 de enero de 2013 el Tribunal Constitucional publicó la sentencia que declara fundada la demanda y reconoce el derecho a la libertad sexual de los adolescentes. El fallo es un hito en materia de conquista de derechos sexuales; y el proceso, una muestra de la capacidad de agencia de los jóvenes en el uso de mecanismos de accountability para la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos. La acción de inconstitucionalidad es una valiosa y exitosa experiencia de participación política ciudadana su análisis nos permite conocer los factores que determinan la capacidad de agencia de los jóvenes para el uso de mecanismos de accountability. La experiencia ha sido reconstruida a partir de la percepción y valoración de los entrevistados para este estudio, sus testimonios permitieron ahondar acerca del uso de la accountability vertical social y de su eficacia cuando participan las agencias estatales. Esta experiencia es una evidencia de que la articulación de los mecanismos de accountability vertical social y accountability horizontal permitió la solución de un problema público favoreciendo el ejercicio de la democracia. / In April 2006 the Peruvian Parliament passed the Law 28704, criminalizing sexual relations with adolescents. Consequently and also unintentionally, the law imposed serious obstacles to the availability of information concerning sexual and health education and care of this vulnerable sector of the population. In this context, the effort of a well-organized group of young people, who made the decision to claim their rights before the Constitutional Court - TC, is very important. After thirteen months of large groups of young people to go into the street and demand loudly their sexual rights, the Constitutional Court pronounced a judgement which declared the civic demand as justified and which recognized the right of adolescents to freedom of sexual relationships. This case represents a milestone in the history of the struggle of sexual rights and the process is an example of the political capability of the youth with respect to the use of the mechanisms of accountability in the defence of sexual and reproductive rights. The process has been reconstructed on the basis of the understanding and evaluation of those interviewed for this study. Their testimonies allow a deeper penetration into the use of vertical social accountability and its effectiveness when state agencies are involved. This experience is evidence that the articulation of vertical social accountability and horizontal accountability make way for the solution of a public problem and that its practice strengthens democracy.

La Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) es considerada actualmente como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y como un recurso estratégico para enfrentar el grave problema del embarazo no deseado en el Perú, que conlleva al aborto inducido y a la mortalidad materna. La implementación de la AOE causó polémica en diferentes países de América Latina por el efecto abortivo que un sector de la sociedad le atribuye. En el Perú dicho proceso inició en el año 2001 y generó un intenso debate por más de quince años. Finalmente, en agosto 2016, el Poder Judicial ordenó al Ministerio de Salud la distribución gratuita de la AOE a nivel nacional. Siendo importante conocer ¿Cómo se está implementando la Política Pública de Salud Sexual y Reproductiva en el caso de la AOE en la Región Arequipa? En Arequipa el proceso de implementación de la AOE está a cargo de la Gerencia Regional de Salud y se identificaron seis actores involucrados, unos a favor y otros en contra de la AOE. Para el análisis se usó una metodología cualitativa y las técnicas utilizadas fueron: entrevistas semiestructuradas y revisión de fuentes secundarias. Así mismo, se consideran tres ejes teóricos: políticas públicas, implementación de políticas públicas y biopolítica. Esta última teoría permite analizar las perspectivas de los actores a través de los conceptos de: gubernamentalidad, población y paradigma inmunitario. Finalmente, se evalúan los resultados de la implementación de la AOE en Arequipa. En cuanto a los resultados directos (outputs), la cobertura de la AOE alcanzó al 100% de los establecimientos del MINSA y se entregó 516 tratamientos de AOE durante el año 2017. En cuanto a los resultados indirectos (impactos y efectos), se analizó la evolución de los embarazos no deseados, los abortos y las muertes maternas durante el periodo 2015-2017, evidenciándose una evolución favorable de dichas variables. Todo lo antes mencionado permitió arribar a 8 conclusiones.