La presente investigación visualiza el problema del Feminicidio, definido como el asesinato o crimen de odio de una mujer, que viene precedido de acciones agresivas sean físicas, psicológicas o sexuales y que se desarrolla en un contexto público o privado; particularmente Arequipa por ser la segunda ciudad en este tipo de homicidios calificados según el MIMPV en los años 2014-2015. El Feminicidio es una realidad global que se desarrolla en todos los estamentos y niveles que conforman una sociedad dentro de un país, el cual afecta directamente a cualquier estado, este problema para el gobierno peruano originó que sea considerado como un caso especial en nuestro Código Penal (Art. 108-A). Esta investigación analizara la atención de los operadores de justicia de Arequipa para atender los casos de Feminicidio desde las políticas públicas (PNP, MP, PJ); realizando una investigación cualitativa y rescatando la opinión de los actores que participan en las diligencias investigatorias. También se identificará los factores que impiden afrontar el delito de Feminicidio en esta ciudad con la finalidad de mejorar la labor de las instituciones comprometidas en la erradicación de este delito. Utilizando para tal fin técnicas e instrumentos de recolección de datos, específicamente una entrevista no estructurada. De esta manera se puede concluir que los mecanismos usados por las instituciones del estado para combatir el Feminicidio en esta localidad sureña, durante los últimos años (2014-2015) no ha tenido los resultados esperados debido a la falta de preparación y capacitación constante de los investigadores policiales y jurídicos, aunados a la carencia de infraestructura (casas refugio) para las víctimas o su entorno, así como el hecho de que los feminicidios acontecidos e investigados por la policía han sido asumidos como casos simples de homicidios o asesinatos más no en esta modalidad de violencia contra la mujer o tipología criminal, olvidándose en todo momento las entidades públicas que deben laborar con el profesionalismo y la ética señalada por el Estado, a fin de cumplir con el compromiso asumido con la población y con los entes internacionales. / Tesis

El estudio explica por qué la coerción penal contra la trata de personas en el departamento de Madre de Dios (Perú) es selectiva; es decir, por qué se concentra en casos de menores de edad y excluye los de tipo laboral y de mujeres adultas. Encontramos que esta selectividad no se explica solo por limitaciones presupuestales, sino por atributos culturales e inventivos (expectativas de asensos, reconocimiento, salarios, sentido de pertenencia) a favor de los fiscales. Contrario a otros estudios y al sentido común, no habría relación directa entre presupuesto asignado y capacidad de judicial (menos recursos, menor capacidad), ni relación inversa con la selectividad (menos recursos, más selectividad). Más bien, la desigualdad de incentivos y presupuesto entre agencias judiciales –los fiscales tienen mejores condiciones de trabajo que los médicos- reduciría la capacidad de apertura de investigaciones preparatorias y la asistencia debida para víctimas. En contraste, la especialización del cuerpo de fiscales y su autonomía relativa vendría favoreciendo la identificación e interposición de denuncias (empleamos el condicional a falta de un análisis más fino de datos). Encontramos, además, que varios problemas procesales –por ejemplo, dificultad para discriminar trata y prostitución, obtener testimonios incriminatorios y dar debida asistencia a víctimas- no son privativos de nuestro caso y aparecen en países ricos en recursos. Por último, los méritos del estudio están en su lógica explicativa –no se limita a documentar problemas de política pública como es habitual en la literatura-, en su propuesta epistemológica –explicar los resultados del sistema mediante un análisis pormenorizado de experiencias de fiscales y médicos- y en la reflexión sobre los límites del poder punitivo en las economías extractivas informales / Tesis

Cuando se estudia la trata de personas, se enfocan carencias estatales o actividades ilegales que contribuyen al delito; sin embargo, se ignoran relaciones que puedan existir entre Estado y Organizaciones No Gubernamentales (ONG). En esta línea, el presente trabajo busca cubrir ese vacío al estudiar las relaciones entre ambos actores. En cuanto a se opta por Capital Humano y Social Alternativo (Chs Alternativo), y el Centro de Promoción y Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) debido a su papel en la lucha contra la trata. La hipótesis sostenida es que el papel de las ONG influye de manera positiva en las acciones estatales en La Pampa, debido a que cubre vacíos dejados por el Estado. Estos vacíos encuentran su fundamento en la mediatización del delito de trata con fines sexuales, en tanto se prioriza el rescate de víctimas que cumplan con cierto perfil, así como la complejidad de la zona que calza en lo que O’Donnell denomina como “zonas marrones”. Para ello, se llevará cabo la revisión de documentos legales, artículos y entrevistas. La conclusión principal es que las labores del estado y de las ONG se complementan en un escenario complejo en el que se presentan varias carencias. / When studying human trafficking, state deficiencies or illegal activities that contribute to this crime are focused. However, the relationships that may exist between the State and Non-Governmental Organizations (NGOs) are ignored. In this line, the present work seeks to fill this gap by studying the relationships between both actors. Regarding NGOs, it opts for Capital Humano y Social Alternativo (Chs Alternativo), and Centro de Promoción y Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) due to their role in the fight against human trafficking. The hypothesis held is that the role of NGOs positively influences state’s actions in La Pampa because it covers the gaps left by the state. These gaps find their foundation in the mediatization of the crime of human trafficking for sexual purposes, while prioritizing the rescue of victims who meet a certain profile, as well as the complexity of the area that fits into what O'Donnell calls “brown areas " For this, the review of legal documents, articles and interviews are carried out. The main conclusion is that the work of the state and the NGOs complement each other in a complex scenario in which several deficiencies arise.

La presente investigación tiene el propósito de fundamentar que la incorporación de la categoría “género” en el razonamiento de los tribunales de justicia como método de análisis de los derechos de las mujeres en casos de feminicidio, es un imperativo jurídico derivado del principio de igualdad y no discriminación, es además una necesidad en la justicia penal para responder adecuadamente a la violencia contra la mujer. En ese sentido, la incorporación de la perspectiva de género en el análisis del feminicidio es una propuesta de método que impacta en la garantía de imparcialidad como la propuesta liberadora de estereotipos, útil para identificar asimetrías de poder entre victimario y víctima en un delito que es expresión de la violencia estructural contra la mujer. El objetivo es concretizar el deber de no discriminar, no estereotipar, para efectos de garantizar la imparcialidad en sentido contemporáneo en el interior del proceso penal, por ende, contribuir a desterrar la concepción errónea de inferioridad de las mujeres.

El objetivo de la presente investigación es analizar las capacidades y la agencia desplegada por las víctimas de la implementación del “Programa Nacional de Salud Reproductiva de Planificación Familiar”, política estatal ejecutada entre los años 1996 y 2000 durante el gobierno de Alberto Fujimori. La investigación desarrolla los antecedentes, así como el contexto internacional y nacional en el que se implementó esta política gubernamental, la cual tenía una finalidad económica y, a la par, ofrecía garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero que en la práctica terminó cercenando las capacidades y violando los derechos humanos de un grupo importante de ellas. Durante la investigación se da cuenta y analizan las denuncias públicas presentadas desde diversos sectores: la Iglesia católica, las organizaciones feministas y el gremio médico, así como la agenda política detrás de estas denuncias. De igual manera aborda las investigaciones que se realizaron al momento de la implementación de esta política desde las organizaciones feministas y diversas instancias estatales; así como la organización de las mujeres víctimas para exponer sus demandas por el reconocimiento de su derecho a la reparación. La investigación concluye que, pese al despliegue de la agencia de las mujeres víctimas de esta política pública, hasta la fecha sus voces no han sido escuchadas y sus demandas no son tomadas en cuenta por el Estado. / The goal of this research is to analyze the capabilities and agency displayed by the victims of the implementation of the "National Program of Reproductive Health and Family Planning," a state policy executed between 1996 and 2000, during the government of Alberto Fujimori. The research develops the background, as well as the international and national context in which this government policy was implemented, which had an economic purpose and simultaneously offered to guarantee the sexual and reproductive rights of women, but in practice ended up curtailing their capabilities and violating the human rights of a significant group of them. The research also accounts for and analyzes the public complaints that arose from various sectors such as the Catholic Church, feminist organizations, and the medical guild, as well as the political agenda behind these complaints. Similarly, it addresses the investigations carried out at the time by feminist organizations and various state instances in relation to the crimes committed in the framework of implementing this policy; as well as the organization of the victimized women to present their demands for recognition of their right to reparation. The research concludes that, despite the deployment of freedoms and the agency of the women victims of this public policy, to date their voices have not been heard and their demands are not taken into account by the State.

El estudio explica por qué la coerción penal contra la trata de personas en el departamento de Madre de Dios (Perú) es selectiva; es decir, por qué se concentra en casos de menores de edad y excluye los de tipo laboral y de mujeres adultas. Encontramos que esta selectividad no se explica solo por limitaciones presupuestales, sino por atributos culturales e inventivos (expectativas de asensos, reconocimiento, salarios, sentido de pertenencia) a favor de los fiscales. Contrario a otros estudios y al sentido común, no habría relación directa entre presupuesto asignado y capacidad de judicial (menos recursos, menor capacidad), ni relación inversa con la selectividad (menos recursos, más selectividad). Más bien, la desigualdad de incentivos y presupuesto entre agencias judiciales –los fiscales tienen mejores condiciones de trabajo que los médicos- reduciría la capacidad de apertura de investigaciones preparatorias y la asistencia debida para víctimas. En contraste, la especialización del cuerpo de fiscales y su autonomía relativa vendría favoreciendo la identificación e interposición de denuncias (empleamos el condicional a falta de un análisis más fino de datos). Encontramos, además, que varios problemas procesales –por ejemplo, dificultad para discriminar trata y prostitución, obtener testimonios incriminatorios y dar debida asistencia a víctimas- no son privativos de nuestro caso y aparecen en países ricos en recursos. Por último, los méritos del estudio están en su lógica explicativa –no se limita a documentar problemas de política pública como es habitual en la literatura-, en su propuesta epistemológica –explicar los resultados del sistema mediante un análisis pormenorizado de experiencias de fiscales y médicos- y en la reflexión sobre los límites del poder punitivo en las economías extractivas informales / Tesis

Esta tesis hace un análisis de las representaciones de las mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en los diarios impresos de mayor lectoría de Lima. Mediante el análisis de las noticias como un síntoma, se muestra los procesos de construcción de la representación, para lo cual se visibilizan los encuadres y modos discursivos utilizados por el discurso mediático. Finalmente, se procede a problematizar las representaciones de víctimas identificados, tanto en las narrativas escritas como visuales, teniendo como eje el cuestionamiento del uso de la categoría víctima. Asimismo, se pone a debate la responsabilidad periodística dentro de la construcción y reproducción de las noticias, para así desmitificar que el producto noticioso es objetivo. Las conclusiones de esta tesis hacen un engranaje de la conceptualización de la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual elaborado por Rita Segato y el análisis de las representaciones en los medios, con la finalidad de visibilizar las interrelaciones entre los discursos y las prácticas sociales.

La presente investigación visualiza el problema del Feminicidio, definido como el asesinato o crimen de odio de una mujer, que viene precedido de acciones agresivas sean físicas, psicológicas o sexuales y que se desarrolla en un contexto público o privado; particularmente Arequipa por ser la segunda ciudad en este tipo de homicidios calificados según el MIMPV en los años 2014-2015. El Feminicidio es una realidad global que se desarrolla en todos los estamentos y niveles que conforman una sociedad dentro de un país, el cual afecta directamente a cualquier estado, este problema para el gobierno peruano originó que sea considerado como un caso especial en nuestro Código Penal (Art. 108-A). Esta investigación analizara la atención de los operadores de justicia de Arequipa para atender los casos de Feminicidio desde las políticas públicas (PNP, MP, PJ); realizando una investigación cualitativa y rescatando la opinión de los actores que participan en las diligencias investigatorias. También se identificará los factores que impiden afrontar el delito de Feminicidio en esta ciudad con la finalidad de mejorar la labor de las instituciones comprometidas en la erradicación de este delito. Utilizando para tal fin técnicas e instrumentos de recolección de datos, específicamente una entrevista no estructurada. De esta manera se puede concluir que los mecanismos usados por las instituciones del estado para combatir el Feminicidio en esta localidad sureña, durante los últimos años (2014-2015) no ha tenido los resultados esperados debido a la falta de preparación y capacitación constante de los investigadores policiales y jurídicos, aunados a la carencia de infraestructura (casas refugio) para las víctimas o su entorno, así como el hecho de que los feminicidios acontecidos e investigados por la policía han sido asumidos como casos simples de homicidios o asesinatos más no en esta modalidad de violencia contra la mujer o tipología criminal, olvidándose en todo momento las entidades públicas que deben laborar con el profesionalismo y la ética señalada por el Estado, a fin de cumplir con el compromiso asumido con la población y con los entes internacionales.

En el Perú, el reconocimiento de la problemática de la trata de personas se remonta al año 2001, con la suscripción del Protocolo de Palermo. A partir de ello, la trata de personas fue incorporada en el artículo 182° del Código Penal y el Estado se dispuso a elaborar mecanismos para luchar contra este delito. Así, nació el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016, que fue el primer instrumento para luchar contra el tráfico y comercio de personas. Sin embargo, los altos precios del oro convirtieron a Madre de Dios en uno de los principales lugares de destino y explotación de víctimas debido a la gran presencia de campamentos de minería ilegal, los cuales tienen una relación directa con la trata de personas. Por ello, los estudios empezaron a centrarse en este departamento, en el que La Pampa resalta aún más, ya que es una zona de difícil acceso y el Estado está poco presente. En este panorama, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) comienzan sus acciones; es el caso de Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), y el Centro de Promoción y Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex). La literatura concerniente a la problemática de la trata de personas se centra principalmente en la capacidad estatal, por lo que existe un vacío en cuanto a investigaciones sobre el tipo de relación entre el Estado y las ONG en la atención de este problema. La presente tesis se sitúa precisamente en este campo de estudio y nace a partir de la interrogante sobre cómo es la relación que se establece entre el Estado y las ONG en el proceso de enfrentar la trata de mujeres. El principal hallazgo es que el Estado y las ONG actúan de forma involuntariamente complementaria. Es decir que no se lleva a cabo una coordinación estrecha que permita afirmar que se trata de una relación complementaria, aunque las acciones del Estado y las ONG contribuyen a la lucha contra este delito y convergen en este objetivo.