El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la necesidad del acceso a internet como derecho fundamental en el ordenamiento jurídico peruano a fin de salvaguardar este nuevo derecho y reducir el problema de la brecha digital. Es debido a ello que, analizamos la figura del internet como derecho fundamental desde una perspectiva constitucional y filosófica, con apoyo de informes estadísticos de la realidad del Perú y su implementación en la legislación internacional. La metodología empleada es el enfoque cualitativo de nivel no experimental, el mismo que nos permitió llegar a la conclusión que, sí es necesario, reconocer el acceso a internet como un derecho fundamental en nuestra Constitución, mediante la reforma constitucional, incorporar el artículo 14-A dentro de su Capitulo II, que trata a los “Derechos Sociales y Económicos”. En la medida en que, favorece el desarrollo humano al contribuir con el goce efectivo del ejercicio de otros derechos fundamentales, de ese modo, pueda ser el medio para superar desigualdades y conseguir una mayor inclusión entre los peruanos.

El presente análisis de la sentencia N°2945-2003-AA/TC tiene como finalidad determinar si existe vulneración del derecho a la vida y la salud en caso el Ministerio de Salud no proporcione la cobertura médica total del tratamiento contra VIH/SIDA, a pacientes en situaciones de vulnerabilidad y extrema pobreza. Frente a ello, consideramos el derecho a la salud como un derecho fundamental y que merece atención prioritaria por parte del Estado a través del fomento de políticas sobre salud pública que asistan a las personas que padecen de esta enfermedad en especial de aquellas que atraviesen situaciones vulnerables. Por estas consideraciones y de la mano con la correspondiente doctrina y jurisprudencia nacional e internacional se desarrollan los siguientes puntos: el derecho a la salud y su indesligable relación con el derecho a la vida, el principio de dignidad de la persona, los derechos sociales y económicos, el Estado social y democrático de derecho, el principio de progresividad y la salud pública y por último la eficiente ejecución del presupuesto de la república para poder salvaguardar los derechos de la población.