El Sistema Nacional de Inversión Pública es un sistema administrativo que tiene por objetivo optimizar el uso de los recursos públicos, mediante principios, procesos y normas técnicas. Este sistema comprende un ciclo de proyectos en el que participan diferentes actores, entre ellos los alcaldes y funcionarios del Ministerio de Economía, institución encargada de este sistema. Principalmente, este sistema es el que regula la construcción de las infraestructuras públicas, por lo que requiere cierto grado de complejidad. De esta forma, a lo largo de los años se han encontrado algunas fallas que complican los procesos, haciendo que la entrega de proyectos demore más del tiempo planificado. Por consiguiente, el presente trabajo busca explicar en qué medida los requerimientos y procedimientos del Sistema de Inversión Pública resultan beneficiosos para las gestiones de los gobiernos subnacionales, ya que estos dependen en su mayoría de este sistema para su financiamiento y cumplimiento de obras. Para esto, se ha hecho una revisión de los trabajos que exponen algunos problemas del funcionamiento del sistema a nivel subnacional y de las propuestas teóricas que explican la importancia de las transferencias fiscales y administrativas a autoridades subnacionales. Como consecuencia, se sostiene que el grado técnico que maneja el MEF y por lo tanto el sistema de inversión pública, no garantiza que al presentar los proyectos a este sistema se controle de una mejor forma la reproducción del gasto, ya que, puedan surgir prácticas como las de corrupción. Pues, no existe mecanismo para controlar la transparencia de las actividades de los diferentes actores involucrados en los proyectos de Inversión Pública. Para probar estos posibles resultados a nivel subnacional, se han seleccionado tres de los proyectos más importantes de la ciudad de Huamanga (Ayacucho) para analizar el funcionamiento del sistema de inversión pública en esta provincia.

El objetivo de este estudio es analizar, tomando como base el caso de Ica, si la institucionalidad y normatividad participativa vienen contribuyendo a impulsar el proceso de descentralización. Para este fin se revisan los antecedentes de la descentralización y la participación ciudadana en Ica, se bosqueja un panorama de la economía y la sociedad y se desarrolla el papel que vienen asumiendo las organizaciones políticas y sociales en la descentralización iniciada en el año 2003. En ese marco, se ha encontrado que la participación ciudadana en Ica muestra en el plano social una frondosa red de instituciones tradicionales y otras nuevas nacidas en el marco de la democratización de los 2000 y, en el plano político, comités locales de los principales partidos nacionales y algunos movimientos regionales. En todos los casos, sus características son la debilidad organizativa y participativa, la ausencia de una elite social y empresarial afincada en la región, poca renovación de liderazgos y la constitución una pequeña capa de dirigentes que copan los espacios públicos; características que sumadas a las restricciones legales impuestas a la representación de la sociedad civil en las instancias participativas del gobierno regional y la escasa voluntad política para hacerla viable, han determinado que las instituciones y organizaciones no hayan estado en la posibilidad de impulsar decididamente el proceso de descentralización a nivel regional. / Tesis

El presente informe jurídico se enfoca en realizar un análisis del Expediente con Código E-2493, en el cual se encuentra en debate la determinación de la legitimidad negocial de SITENTEL, un sindicato conformado por trabajadores de la empresa Telefónica del Perú y de la rama de telecomunicaciones, frente a cuatro empresas que forman parte de la cadena de productividad de la empresa principal, así como si las emplazadas forman parte del ámbito de las telecomunicaciones y por tanto, si es válido entablar una negociación colectiva a nivel de rama con estas. El objeto del presente trabajo pretende demostrar cómo es que la Autoridad Administrativa de Trabajo interpreta finalmente (de una manera evolutiva) la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. En tal sentido, podemos afirmar que no sólo el legislador tiene la obligación constitucional de fomento de la negociación colectiva, sino que esta obligación compromete a todo el Estado, incluyendo las instancias administrativas, pues así lo ordena la Constitución también los Tratados Internacionales que el Perú ha ratificado. La investigación es esencialmente bibliográfica, consistente en la revisión de libros, revistas y publicaciones en internet. Para ello, se utilizará como fuentes, opiniones y doctrina de diversos autores, los cuales nos darán una definición de conceptos como legitimidad negocial, representatividad, descentralización productiva y principio de primacía de la realidad. Además, se examinará la normativa peruana laboral, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, específicamente los artículos que conciernen a la negociación colectiva, los niveles y requisitos de legitimidad negocial, así como normativa constitucional e internacional (Convenios de la OIT) y las opiniones de organismos internacionales como la del Comité de Libertad Sindical. Hay que tener en cuenta que tras la Opinión Consultiva 27 2022 de la Corte Interamericana de Justicia, los pronunciamientos de organismos internacionales como el CLS forman parte del corpus iuris internacional que regula este derecho, con lo que sus pronunciamientos se han visto fortalecidos en su esfera aplicativa Asimismo, se usará la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para analizar la restricción de la libertad de negociación que anteriormente establecía el artículo 45 de la LRCT y cómo este es declarado inconstitucional por el mismo órgano. Para ello usará la sentencia del expediente N°03561-2009-PA/TC (Caso Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Puerto del Callao contra ASPPOR, APAM y ASMARPE).

El Presupuesto Participativo (PP) se ha configurado como una de las principales herramientas de gobernanza para la inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones a nivel local y ha sido promovida por procesos descentralizadores a lo largo de la región. La literatura especializada constata, sin embargo, que este mecanismo presenta una serie de deficiencias que han llevado a un “desencantamiento" de este por parte de la ciudadanía y sus organizaciones. Este desencantamiento se ha expresado, principalmente, en una disminución gradual en el número de participantes en el presupuesto participativo En el Perú, el caso emblemático y posteriormente institucionalizado por las reformas descentralizadoras fue el de Villa El Salvador. Este caso, circunscrito en una alta tradición participativa local, parece no haber sido inmune a los problemas que han venido caracterizando a las experiencias del PP. En este sentido, la presente investigación se abocará en entender cómo ha variado la participación en el PP en Villa el Salvador en los últimos años y, sobre todo, qué motivos o incentivos tienen aquellos que siguen participando. / The Participatory Budget (PB) has been configured as one of the main governance tools for the inclusion of citizens in local decision-making and has been promoted by decentralizing processes throughout the region. The specialized literature notes, however, that this mechanism presents a series of deficiencies that have led to a “disenchantment” of this mechanism on the part of citizens and their organizations. This disenchantment has been expressed, mainly, in a gradual decrease in the number of participants in the participatory budget. In Peru, the emblematic case, later institutionalized by the decentralization reforms, was that of Villa El Salvador. This case, circumscribed in a high local participatory tradition, seems not to have been immune to the problems that have been characterizing PB experiences. In this sense, the present research will focus on understanding how participation in PB in Villa El Salvador has varied in recent years and, above all, what motives or incentives those who continue to participate have.