El autor se plantea la cuestión de si el Tribunal Constitucional peruano ha ejercido extralimitadamente su función a la hora de definir el contenido constitucional del derecho fundamental a la adecuada protección contra el despido arbitrario. Argumenta que el constituyente peruano ha encargado al legislador la tarea de concretar la «adecuada protección », y que el legislador al haber decidido que la adecuada protección es solamente la indemnización cuando se trata de trabajadores del régimen privado no incurre en inconstitucionalidad, porque la indemnización es una de las modalidades válidas previstas por la norma internacional vinculante para el Perú. En la medida que el Tribunal Constitucional deja sin efecto esta regla jurídica y la sustituye por otra que dispone que la adecuada protección es la indemnización o la reposición a elección del trabajador, concluye el autor que el Tribunal Constitucional se excede y asume una función gubernativa al imponer la regla jurídica que él estima conveniente entre dos reglas igualmente Constitucionales.

The author analyzes the rules of civil liability and its application in the workplace to establish the right to compensation as a result of irregular dismissal. In particular, it seeks to determine if a judicial declaration of unfair dismissal is sufficient to justify the payment of compensation for moral damages for the worker element. / El autor realiza un análisis de las reglas de la responsabilidad civil y su aplicación en el ámbito laboral para establecer el derecho a ser indemnizado como consecuencia de un cese irregular. En particular, busca determinar si es que una declaración judicial de despido arbitrario es un elemento suficiente para justificar el pago de una indemnización por daño moral a favor del trabajador.

El VII Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Previsional y Laboral consideró que solo merecen protección de eficacia resarcitoria los trabajadores de dirección o de confianza de entidades y empresas del sector privado que desde su ingreso ocuparon una posición en la que ejercían funciones ordinarias o comunes, más no los que directamente ocuparon un puesto de confianza o de dirección. A pesar de que nuestra legislación ampara la protección ante despido arbitrario, en la práctica a los trabajadores de confianza se les retira de sus cargos bajo la premisa de “pérdida de confianza”, este ya es un serio problema, sin embargo, el mismo se agrava aún más en los tribunales, donde a nivel jurisprudencial y en base al Pleno mencionado, el cual no es vinculante, se les está privando, en algunos casos, a aquellos trabajadores de confianza que han superado un periodo de prueba de manera satisfactoria, de un derecho o beneficio laboral que les corresponde. Esto ha ocasionado una fuerte incertidumbre jurídica y una falta de criterio uniforme en cuanto al accionar justo, pues no todos obtienen lo que “les es debido”. La problemática sobre la cual se enfocará la presente investigación es de suma importancia para ventilar esta posición discriminatoria injustificada, así como para determinar los criterios para garantizar la protección resarcitoria frente al despido arbitrario de todos los trabajadores de confianza. De esta manera se busca argumentar una efectiva protección y consecución de estabilidad laboral, evitando así las posibles injusticias que, aunque hoy solo reciben algunos, resulta una amenaza para todos. / The Seventh Supreme Jurisdictional Plenum on Social Security and Labor Matters considered that only management workers or trusted workers of private sector companies and/or institutions who first entered a position in which they performed common or ordinary duties, deserved protection with the effect of compensation, but not those who directly held a position of trust or management. Despite the fact that our legislation provides protection against arbitrary dismissal, in practice, trusted workers are removed from their jobs because of “loss of confidence”. This is already a serious problem, however, the problem is even worse in the courts, in case law level, where on the basis of the above-mentioned plenum, which is not binding, trusted workers who have successfully passed a probationary period are in some cases deprived of a right or benefit to which they are entitled. This has led to considerable legal uncertainty and a lack of uniform standards of fairness, as not everyone gets what is “due to them”. The problem on which this investigation will focus is extremely important in order to clarify this unjustified discriminatory position, as well as to determine the criteria for guaranteeing compensatory protection of all management workers and trusted workers against arbitrary dismissal. In this way, it seeks to argue for effective protection and achievement of job stability, thus avoiding possible injustices that, although today only some receive, are a threat to all. Keywords: Reliance, indemnity,

After a conceptual overview of the scope of the right to job stability, its relationship with other rights (right to work, right to access to employment, right to maintain employment) and its constitutional, international and legal regulation and the position of jurisprudence, the author goes on to discuss the complex picture presented to the employer before a decision to dismiss both from a legal perspective (compensation, replacement) and case law (damages, replacement) adding a paragraph called “others” the recount administrative consequences arising from said measure both labor (SUNAFIL) and tax (SUNAT) viewpoint. / Luego de un breve repaso conceptual de los alcances del derecho a la estabilidad laboral, su relación con otros derechos (derecho al trabajo, derecho de acceso al empleo, derecho a conservar el empleo) y su regulación constitucional, internacional y legal, así como la posición de la jurisprudencia, el autor pasa a comentar el complejo panorama que se presenta al empleador ante una decisión de despido tanto desde la óptica legal (indemnización, reposición) como jurisprudencial (indemnización por daños, reposición) añadiéndose un acápite denominado “otros” para las relatar las consecuencias administrativas que surgen de la indicada medida tanto desde la óptica laboral (SUNAFIL) como tributaria (SUNAT).