Magister en Derecho Público / En el primer capítulo, denominado: La función constitucional de la administración y su sometimiento a la constitución y la ley, se analiza la función constitucional de la Administración; se expone el sentido y alcance del principio de juridicidad en el Estado de Derecho, para terminar con un análisis de la relación existente entre legalidad y discrecionalidad. En el segundo capítulo, denominado: La discrecionalidad administrativa, se precisa su concepto y sus fundamentos; analizando los límites jurídicos que la afectan, y la función que aquélla cumple en el Estado democrático de derecho. Enseguida se expone la llamada discrecionalidad técnica; los conceptos jurídicos indeterminados y el llamado margen de apreciación, para finalizar con un análisis de la vinculación existente entre discrecionalidad e interdicción de la arbitrariedad. En cuanto al tercer capítulo, en que se contiene el tema central de la investigación, intitulado: El control judicial de ejercicio de la discrecionalidad administrativa, se examinan el concepto de control y sus vinculaciones; las tendencias doctrinales y jurisprudenciales sobre el particular, las técnicas de control, y los órganos a cargo de este último; la extensión y límites del control de la discrecionalidad técnica, para poner término al mismo con la sustitución de la decisión discrecional de la Administración, por los Tribunales. Respecto al cuarto y último capítulo, denominado Jurisprudencia, se exponen, brevemente, los principales dictámenes y fallos que constituyen la jurisprudencia administrativa y judicial que en las últimas dos décadas se han referido a la discrecionalidad administrativa, y principalmente a su control. Por último, se expresan las conclusiones de esta Tesis, y se hace una relación de la bibliografía consultada.

Hoy en día, la selva es una zona que cuenta con una biodiversidad grandiosa y por ello de enormes recursos, pero la pobreza no es ajena a esta región; por ello el Estado promulgó la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía (Ley Nº 27037) que fue emitida el 30 diciembre de 1998, que apuntaba a fortalecer la posición económica y social de la Región. Asimismo, el estado otorgó también la Ley de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, promulgada mediante la Ley Nº 27688, la misma que al igual que la anterior tenían como finalidad incentivar el desarrollo de los sectores de bajos recursos y brindarles facilidades de gestión y políticas económicas que les permitan obtener beneficios e ingresos económicos. Dentro de este contexto, se produce la problemática de la elusión tributaria, que es aquella practica por parte de los contribuyentes para utilizar normas legales a fin de reducir o quedar exentos de la carga tributaria, sin embargo, el trasfondo de este ejercicio es conseguir, vulnerando el fondo público, beneficios particulares que afecta el equilibrio económico y social. Es así que la Sunat es competente, para ejercer control sobre aquellas malas prácticas tributarias que afectan la recaudación de manera masiva, sin embargo, esta institución aún tiene fallos o falencias que deben superar. Asimismo, mediante esta investigación se hace un análisis no sólo de las falencias de la administración tributaria, y las leyes otorgadas a las regiones mencionadas, sino que además se propone reforzar la facultad discrecional de la administración tributaria con la finalidad de incorporar mecanismos permitiendo estar a la defensiva. / Tesis

En la presente investigación se analiza si los términos ‘malicioso’ o ‘manifiestamente infundado’ son términos jurídicamente indeterminados que han sido recogidos en el artículo 50. numeral 1 inciso n) de la Ley de Contrataciones del Estado, dentro del régimen de infracciones y si estos resultan o no apropiados para el derecho Administrativo, los cuales serán interpretados y analizados para verificar si se encuentran en conformidad con los principios generales de las Contrataciones Públicas. A fin de evitar que el postor sea afectado por una potestad discrecional que devenga en arbitraria. Así se pretende dotar de sentido al término ‘malicioso’ pues resulta más acorde a derecho; por otro lado, erradicar el término ‘manifiestamente infundado’ para prevenir o anular acciones fraudulentas que atenten contra la seguridad jurídica pues resulta un concepto que linda más con lo arbitrario. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La ley faculta a la autoridad administrativa correspondiente - COREMAs o Dirección Ejecutiva Nacional de CONAMA - para calificar ambientalmente los distintos proyectos que deben ingresar al SEIA, siendo un aspecto importante a considerar el referido a la forma de ingreso de los proyectos. En el ejecicio de esta facultad hay un margen dado por las normas, para la discrecionalidad administrativa. Sin embargo, la autoridad competente actuaría, en algunas oportunidades, de manera arbitraria y antojadiza, como se ha planteado en las inquietudes anteriormente expuestas. Ahora bien, las aprehensiones presentadas, entran en el campo de la especulación y los planteamientos formulados corresponden al campo de la teoría normativa, pues, se basan en lo que sostiene la LBGMA y el Reglamento del SEIA. ¿Pero qué ha pasado en los primeros años de aplicación del sistema? ¿Existe consonancia entre los textos normativos y la práctica? ¿Cómo se ha usado la discrecionalidad que confiere la ley no. 19.300, por parte de la autoridad? La presente investigación pretende responder estas interrogantes, referidas más precisamente a cómo opera la discrecionalidad administrativa en la forma de ingreso de proyectos al SEIA.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo del establecimiento del régimen tarifario de acuerdo al modelo de la empresa eficiente, modelo vigente respecto de nuestro servicio público de distribución eléctrica, tuvo como finalidad resolver básicamente dos problemas: el primero, consiste en determinar desde un punto económico y técnico qué conceptos y qué métodos deben utilizarse para que las tarifas sean a la vez suficientes y eficientes, y segundo, desde un punto de vista político, pretende determinar cómo evitar que las tarifas sean manipuladas por el poder público. Para resolver dichos problemas se procuró reducir la discrecionalidad administrativa a través de distintas vías, como por ejemplo el establecimiento de un procedimiento lo más detallado, objetivo y técnico posible que refleje el principio de costo marginal Por otra parte, debemos tener en cuenta que, salvo en casos excepcionales, en toda potestad administrativa conviven tanto elementos reglados como discrecionales debido a que la ley no puede regular detalladamente todos los supuestos posibles propios de un procedimiento de suyo complejo como lo es el tarifario. Así dadas las cosas el objetivo de este trabajo es el de establecer, una vez determinado que es lo que se entiende por discrecionalidad administrativa, cuales son los elementos reglados y cuales los discrecionales de la potestad tarifaria

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo analiza la responsabilidad de la Administración del Estado con motivo de los perjuicios sufridos por quienes fueron víctimas de saqueos de sus locales comerciales, ocurridos como resultado del terremoto de 27 de febrero de 2010 y las demandas interpuestas en razón de lo mismo. Para poder determinar lo anterior, se optó por un análisis de normas constitucionales y administrativas, de investigaciones realizadas con motivo del esclarecimiento de los sucesos posteriores al sismo y doctrina y jurisprudencia aplicable al caso. La investigación arrojó que, en este caso, efectivamente se configuró la responsabilidad de la Administración del Estado producto de la cuestionable aplicación de las herramientas legales disponibles para hacer frente a la catástrofe natural y las consecuencias derivadas de ella

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Durante lo últimos decenios, han ido tomando cada vez más relevancia en nuestro país, la regulación del desarrollo territorial que se efectúa a través de los Instrumentos de Planificación Territorial, especialmente por el crecimiento de los mercado del suelo e inmobiliario . Estos instrumentos de gestión del territorio reglamentan los distintos ámbitos del desarrollo urbano, incidiendo en el valor del suelo urbano y la calidad de vida de los habitantes de las comunas y regiones del país, al establecer normativa urbana, urbanística y de constructibilidad, que condiciona los tipos y escalas de actividades productivas que pueden efectuarse en los territorios, así como los áreas residenciales, de esparcimiento y de protección. En este contexto se desarrolla esta memoria de título, la través de la cual se busca caracterizar a los Instrumentos de Planificación Territorial como resultado del ejercicio de una potestad pública, buscando determinar el tipo de prerrogativa de la que emana; de modo que ello permita definir los límites a los que éstos se encuentran sujetos y vislumbrar algún medio de control. Para ello se analizarán las potestades del Estado en general, caracterizándolas según su contenido y, especialmente, según su forma, diferenciando, en este último caso, entre potestades regladas y discrecionales. Se examinarán, con especial atención las potestades discrecionales y la discrecionalidad administrativa, reconociendo sus límites. A su vez, se revisarán las actuaciones formales de la Administración, en relación tanto al acto como el procedimiento administrativo. Posteriormente, se estudiará la potestad de planificación, en particular la Planificación Urbana y los Instrumentos de Planificación Territorial, en sus distintos niveles de acción, poniendo atención en su contenido, componentes y el procedimiento para su dictación; y su relación con la potestad reglamentaria. Buscando reconocer la calidad de actos administrativos de dichos Instrumentos y cómo la discrecionalidad se manifiesta en los mismos; y se enunciarán los posibles medios de control de acuerdo de los elementos discrecionales contenidos en los mismos. Finalmente, se expondrá la importancia de la planificación territorial, poniéndose énfasis en su carácter discrecional; ejemplificando cómo esta cualidad debe ser objeto de análisis, para asegurar que los fines públicos que resguarda la Planificación Urbana no se vean afectados por los intereses privados enunciados al principio de esta introducción

Hoy en día, la selva es una zona que cuenta con una biodiversidad grandiosa y por ello de enormes recursos, pero la pobreza no es ajena a esta región; por ello el Estado promulgó la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía (Ley Nº 27037) que fue emitida el 30 diciembre de 1998, que apuntaba a fortalecer la posición económica y social de la Región. Asimismo, el estado otorgó también la Ley de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, promulgada mediante la Ley Nº 27688, la misma que al igual que la anterior tenían como finalidad incentivar el desarrollo de los sectores de bajos recursos y brindarles facilidades de gestión y políticas económicas que les permitan obtener beneficios e ingresos económicos. Dentro de este contexto, se produce la problemática de la elusión tributaria, que es aquella practica por parte de los contribuyentes para utilizar normas legales a fin de reducir o quedar exentos de la carga tributaria, sin embargo, el trasfondo de este ejercicio es conseguir, vulnerando el fondo público, beneficios particulares que afecta el equilibrio económico y social. Es así que la Sunat es competente, para ejercer control sobre aquellas malas prácticas tributarias que afectan la recaudación de manera masiva, sin embargo, esta institución aún tiene fallos o falencias que deben superar. Asimismo, mediante esta investigación se hace un análisis no sólo de las falencias de la administración tributaria, y las leyes otorgadas a las regiones mencionadas, sino que además se propone reforzar la facultad discrecional de la administración tributaria con la finalidad de incorporar mecanismos permitiendo estar a la defensiva.

En la presente investigación se analiza si los términos ‘malicioso’ o ‘manifiestamente infundado’ son términos jurídicamente indeterminados que han sido recogidos en el artículo 50. numeral 1 inciso n) de la Ley de Contrataciones del Estado, dentro del régimen de infracciones y si estos resultan o no apropiados para el derecho Administrativo, los cuales serán interpretados y analizados para verificar si se encuentran en conformidad con los principios generales de las Contrataciones Públicas. A fin de evitar que el postor sea afectado por una potestad discrecional que devenga en arbitraria. Así se pretende dotar de sentido al término ‘malicioso’ pues resulta más acorde a derecho; por otro lado, erradicar el término ‘manifiestamente infundado’ para prevenir o anular acciones fraudulentas que atenten contra la seguridad jurídica pues resulta un concepto que linda más con lo arbitrario.