Los terminales terrestres interprovinciales son obras de infraestructura utilizadas en la prestación de los servicios de transporte terrestre de pasajeros, su necesaria presencia en las urbes los vincula con el desarrollo urbano de las ciudades. Esta relación genera controversias entre los actores involucrados, donde los operadores privados del servicio de transporte y las autoridades locales, cada quien organizan su propia propuesta de solución al problema del embarque y desembarque de pasajeros dentro del casco urbano de la ciudad. Una de estas propuestas es el esquema técnico legal de otorgamiento en concesión de los terminales terrestres interprovinciales desde los gobiernos locales. Es un modelo único, elaborado con el apoyo de la Agencia de Promoción para la Inversión Privada; el cual ha sido replicado por varios municipios de las ciudades más importantes del país. Para realizar un análisis jurídico inductivo a dicho esquema, hemos elegido al proyecto diseñado para Lima, no obstante, para complementar su estudio haremos referencia a los de otras ciudades. Como modelo representativo, lo que se diga para Lima servirá para los de las demás ciudades. / Tesis

Los terminales terrestres interprovinciales son obras de infraestructura utilizadas en la prestación de los servicios de transporte terrestre de pasajeros, su necesaria presencia en las urbes los vincula con el desarrollo urbano de las ciudades. Esta relación genera controversias entre los actores involucrados, donde los operadores privados del servicio de transporte y las autoridades locales, cada quien organizan su propia propuesta de solución al problema del embarque y desembarque de pasajeros dentro del casco urbano de la ciudad. Una de estas propuestas es el esquema técnico legal de otorgamiento en concesión de los terminales terrestres interprovinciales desde los gobiernos locales. Es un modelo único, elaborado con el apoyo de la Agencia de Promoción para la Inversión Privada; el cual ha sido replicado por varios municipios de las ciudades más importantes del país. Para realizar un análisis jurídico inductivo a dicho esquema, hemos elegido al proyecto diseñado para Lima, no obstante, para complementar su estudio haremos referencia a los de otras ciudades. Como modelo representativo, lo que se diga para Lima servirá para los de las demás ciudades.

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Realiza un diagnóstico de las mejoras necesarias a la organización mediante la implantación de las cláusulas de la Norma ISO 9001:2008, logrando de esta manera la plena satisfacción de los clientes. El desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad se basa en el seguimiento del ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar). En la etapa de diagnóstico se analiza la operatividad de la empresa, se define el sistema actual de prestación del servicio, se identifica las causas de no calidad, los aspectos a mejorar y se analiza el cumplimiento de la Norma 9001:2008, para lo cual se hace uso de las entrevistas y la lista de revisión de la Norma 9001:2008. En la etapa de planificación se capacita al personal, se identifica las necesidades y expectativas de los clientes, se realiza el mapeo de procesos y se elabora la documentación; en esta etapa se utilizan los talleres de capacitación y diagramas de flujo de procesos. En la etapa de realización se puso en práctica la documentación y registros establecidos, asegurándose que la documentación este de acuerdo a lo diseñado. En la etapa de verificación se revisa que la documentación este acorde con la norma y la correspondencia de lo que se hace con lo que está escrito; como herramientas se utilizaron los indicadores de revisión. Por último, en la etapa de actuación se realizan las revisiones periódicas y la retroalimentación en el sistema de mejora continua. / Tesis

¿Es posible sancionar administrativamente a una empresa intermediaria por las afectaciones y/o riesgos que un usuario pueda recibir en un servicio de transporte? Es frecuente encontrar trabajos académicos sobre las particularidades de los servicios de intermediación dentro del esquema de economía colaborativa pero son muy pocos los estudios que analizan estas particularidades en relación a la responsabilidad atribuible a las empresas intermediarias u operadores detrás de una plataforma colaborativa. En ese contexto, en el presente artículo el autor responderá a la interrogante acerca de la atribución de responsabilidad administrativa de las empresas intermediarias u operadores por las fallas de seguridad que se presenten en la prestación del servicio de transporte brindado por los usuarios-conductores. De esta manera, en primer lugar, se realiza una definición jurídica del modelo de negocio del servicio de transporte contratado a través de plataformas colaborativas. En segundo lugar, se clasifican las fallas de seguridad que surgen en el servicio de transporte brindado por el usuario-conductor; para luego, analizar la responsabilidad que asumen los intermediarios u operadores por las diversas problemáticas que pueden surgir en este servicio. En ese sentido, podremos concluir que un intermediario no puede asumir responsabilidad respecto a fallas de seguridad en el servicio de transporte.

El presente trabajo analiza la problemática del incumplimiento de la normativa en el servicio de transporte terrestre regular de personas entre los centros poblados de Tarapoto y Yurimaguas, que prescribe que el transporte de personas entre los referidos centros poblados se realice por con vehículos de gran capacidad. Se plantea la hipótesis de que la regulación de la categoría vehicular utilizada para la prestación del servicio no se adecúa al caso particular del transporte terrestre entre ambas localidades, por cuanto esta regulación no minimizaría el costo generalizado por persona transportada, indicador de planificación de transporte que considera las economías de escala de la provisión del servicio en vehículos de gran capacidad y el tiempo promedio de espera del usuario. Los resultados implican que si bien existe un costo derivado del mayor tiempo de espera del usuario del servicio derivado del mayor tiempo de espera cuando el servicio se atiende en unidades de mayor capacidad, este es más que compensado por las eficiencias inducidas por la mayor capacidad del servicio de transporte para el nivel de demanda de servicios de transporte terrestre observada entre las localidades de Tarapoto y Yurimaguas, por lo que se rechaza la hipótesis planteada. Se plantean explicaciones alternativas respecto al incumplimiento de la normativa, relacionadas con limitantes en el acceso financiero para la adquisición de unidades de gran capacidad y a la dinámica local de formación de empleo en la prestación del servicio, en el marco de la persistencia de una falla de mercado “equilibrio malo” resultado de la falta de incentivos al cambio en la forma de prestación del servicio. / Tesis

En los últimos cuatro años, las plataformas digitales en diversos sectores han ingresado al mercado peruano, siendo en los sectores de transporte y reparto a domicilio donde han ganado mayor presencia, logrando así posicionarse entre los ciudadanos. En una ciudad como Lima donde no se cuenta con un sistema de transporte integrado y eficiente, los ciudadanos gastan muchas horas en movilizarse. Por ello, buscan nuevas estrategias para disminuir dicho tiempo y los taxis por aplicación parecen ser parte de la respuesta. Asimismo, una manera de generar trabajo y facilitar las transacciones entre los ciudadanos, se da a través de las aplicaciones de reparto a domicilio pues, estas recogen y entregan desde un documento, una hamburguesa del restaurante de moda hasta las medicinas recetadas por el doctor. No obstante, el surgimiento de las plataformas digitales en el contexto actual, donde prima el neoliberalismo, invita a reflexionar las consecuencias que se generan, el futuro del trabajo dentro de la cuarta revolución tecnológica y el papel que debe asumir el Estado. La presente investigación se pregunta por cómo se configura la respuesta del Estado a la necesidad de regulación de las plataformas digitales en los últimos cuatro años, a partir del análisis de las iniciativas legislativas tomadas por tres congresistas de diferentes grupos parlamentarios dentro del Congreso de la República. La hipótesis que se demuestra en esta investigación es que los factores que configuraron las respuestas de los congresistas de tres grupos parlamentarios distintos frente a la regulación de las plataformas digitales son: la presencia y características de los eventos de enfoque que pusieron la atención sobre estas plataformas, las características de los emprendedores de políticas que la impulsan (los congresistas) entendidas en términos de ideologías , incentivos y/o motivaciones políticas o personales que los impulsan a actuar y la forma como entienden el papel de la economía colaborativa, concretamente en el caso de las plataformas digitales objeto de este estudio Uber taxi y Glovo.

La informalidad en el Transporte Terrestre de Personas se define como el desplazamiento sin autorización de personas en las vías terrestres. La presencia de los transportistas informales en las vías nacionales trae graves consecuencias, entre las que se encuentran las fuertes pérdidas económicas de las empresas de TTP formal y la gran magnitud de accidentes de tránsito ocasionados por los informales. Desde el Estado, la autoridad competente de la fiscalización al TTP informal en el ámbito nacional es la Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías, la cual tiene sedes desconcentradas -llamadas Unidades Desconcentradas- que se encargan de hacer cumplir la normatividad en las regiones del país. En el presente estudio, se trabajará con un caso de relativo éxito en la lucha contra la informalidad en Transporte Terrestre de Personas en el ámbito nacional: la sede desconcentrada de Junín. Así, analizar un caso de relativo éxito permitirá evaluar en qué difiere este de los otros casos y cuáles son las posibles acciones que se pueden implementar, desde la autoridad competente, para resolver los problemas del sector. Asimismo, se demostrará que es fundamental la “buena coordinación” que la sede desconcentrada de Junín sostiene con las distintas instituciones que tienen competencias en el ámbito de transporte para generar acuerdos que fortalezcan los operativos de fiscalización al TTP informal, teniendo como fin la mejora de su capacidad. Al respecto, en la presente investigación se utilizarán los conceptos de “capacidad estatal a nivel subnacional” y de “coordinación en las políticas públicas”. Finalmente, la investigación indicará que lo que contribuyó a la buena efectividad en la lucha contra el TTP informal fue una burocracia activa que ha desarrollado una buena coordinación con otras instituciones y ha encontrado buena receptividad de ellas.