El objetivo central de la tesis es proponer la implementación de mecanismos de aseguramiento ético en Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL). Para ello se utiliza la metodología “Integrity Management Toolbox” de la Caja de Herramientas de Water Integrity Network donde de acuerdo a principios de Integridad y evaluando la organización a través de un conjunto de criterios, se identifican los riesgos y herramientas que ayudarán a mitigar los impactos. Se ha realizado una comparación de las metodologías acá señaladas y se ha seleccionado la Caja de Herramientas, la cual es metódica ya que cuenta con un proceso secuencial, deductivo y probatorio. De esta forma, se busca potenciar los actuales procesos de transparencia que ya cuenta SEDAPAL. Incorporar en las organizaciones mecanismos de aseguramiento ético toma relevancia en los últimos años en contextos complejos donde aparecen escándalos de corrupción. La investigación contiene una aproximación teórica de los fundamentos que guían la gestión de la integridad. Por ejemplo, de la teoría organizacional decantan los procesos que conducen a las organizaciones a incorporar prácticas de control de gestión como los mecanismos en anticorrupción. De acuerdo a Alvarado (2019), las decisiones dentro del comportamiento alcanzan “una visión de la estructura y del funcionamiento” (p. 152) de la misma. Esto nos muestra también cómo se relacionan “los motivos personales y los objetivos que orientan a la organización” (Alvarado, 2019, p. 154), cómo se involucran y alinean internamente. Asimismo, la investigación relata políticas anticorrupción a nivel global con organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), International Monetary Fund (IMF), Oficina Federal Anticorrupción (BAK, por sus siglas en alemán), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las cuáles marcan la pauta en cuanto a las reglas y prácticas que hay que tener en consideración al momento de introducir mecanismos de gestión en anticorrupción. En cuanto a las políticas a nivel regional, se puede identificar la aplicación de la Caja de Herramientas a otros contextos también latinoamericanos como Honduras, la cual enseña a tener en consideración una diversidad de riesgos e instrumentos que pueden ser factibles de aplicación a contextos como el peruano. Finalmente, a nivel local se tiene el marco normativo nacional, las normativas del FONAFE y de la SIP, así como la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción; las cuales indican las restricciones y posibilidades de la labor de la lucha contra la corrupción en el país y, por último, estas deben estar de acuerdo al reglamento interno en SEDAPAL también. A continuación, se realizó una evaluación de las siguientes 8 metodologías: Content Analysis of Annual Reports for Corporate Strategy and Risks (1984); Fortune’s Most Admired Corporations (1987); Kinder, Lydenberg, Domini (KLD) (1989); Multidimensional Ethics Scale (MES) (1990); Ethical Climate Index (ECI) (Arnaud, 2010) (citados en Cahn, 2014); Modelo de Gestión de Cambio (Kotter & Cohen, 2012); Aquarating (BID, 2008) y Water Integrity Network IM Toolbox o Caja de Herramientas [CdH] (WIN, CEWAS y SIWI, 2016). Esta evaluación ha supuesto enfoques cuestionadores sobre qué tipo de mecanismos son los más adecuados para SEDAPAL, en qué medida puede funcionar y cuáles son los elementos claves que pueden potenciar las medidas con las que se cuentan actualmente. En general, se observa que la metodología presente actualmente de Aquarating del BID facilita un control y gestión de la integridad. Al respecto, se ha determinado que la metodología que colabora en una dimensión más específica en temas de transparencia, propicia la participación y la cual cuenta con todo un soporte por medio de workshops y de expertos de Water Integrity Network es la Caja de Herramientas o IM Toolbox. Entre las ventajas se encuentran: cuenta con un análisis multidimensional, es teóricamente lógica, indica cómo las múltiples dimensiones deberían ser sopesadas, indica un sentido y propósito de cambio o mejora organizacional, es objetiva, orienta en la evaluación y monitoreo de los riesgos de integridad, SEDAPAL tiene como referencia a esta metodología, es flexible y adaptable, existe una participación del personal monitoreado por expertos, se tiene una consideración estratégica organizacional; trabaja con brechas, prioridades e indicadores netamente sobre integridad y se realiza una preparación y adaptación de la organización para una efectiva aplicación de la herramienta.

El presente trabajo de investigación busca analizar y evidenciar la incompleta e incorrecta regulación que el ordenamiento peruano le ha brindado a la actividad empresarial del Estado. Para dicho fin, se parte de un análisis antropológico acerca del nacimiento del concepto católico de ‘‘subsidiariedad’’, buscando así informar al lector que la subsidiariedad es un concepto social y humanista antes económico. Posteriormente, se analiza el tratamiento legal que brinda INDECOPI a dicho principio a través de conocidas resoluciones. Finalmente, se propone un debate en torno a la incorrecta regulación que se ha establecido para controlar la actividad del Estado a través de los actos de violación de normas. Efectuado al anterior análisis, se concluye que, en nuestro ordenamiento, la interpretación de la subsidiariedad ha sido entendida únicamente desde su faz económica, obviándose constantemente el principio de solidaridad y la actividad prestacional del Estado en los sectores en los cuales la Constitución demanda al Estado un actuar prioritario.

Luego de una “ola privatizadora” en los años ´90, la actividad de distribución eléctrica quedó dividida entre dos tipos de empresas. Así, por un lado, se tenía a las empresas privadas, mientras que por el otro, el Estado continuaba con sus empresas estatales. Estas últimas sometidas a un régimen privado, pero con las limitaciones y controles inherentes a toda Administración Pública e inmunes a los incentivos propios del mercado. Con el tiempo esta situación presentaría inconvenientes que se reflejarían en el alto índice de obligaciones incumplidas, las cuales OSINERGMIN sancionaría. Asimismo, estas empresas mostrarían un bajo nivel de inversión comparado con las empresas privadas, lo cual repercutiría en la calidad del servicio eléctrico prestado. En este contexto, luego del análisis a esta problemática, se ha propuesto una serie de medidas a ser implementadas de manera gradual y sistemática, a fin de mejorar la gestión de las empresas públicas. Para esto, en el presente trabajo, primero se ha señalado el marco teórico que permita identificar los problemas propios de toda empresa pública (Capítulo II). Asimismo, en dicho capítulo se ha considerado los resultados obtenidos de la experiencia colombiana en la gestión de empresas públicas eléctricas. Finalmente, se ha tomado en cuenta el marco normativo de las empresas públicas a fin de poder identificar aquella regulación adicional que poseen, en comparación a las empresas privadas. De otro lado, en el Capítulo III se ha detallado la estructura del mercado peruano de distribución eléctrica, precisando el marco regulatorio, de supervisión y de fiscalización que incide en el desempeño de las empresas eléctricas peruanas. Luego de este marco de referencia, en el Capítulo IV se ha expuesto los estudios más importantes sobre desempeño de las empresas públicas peruanas de distribución eléctrica. Asimismo, se ha analizado los principales indicadores de gestión a fin de evaluar a la empresa pública de distribución eléctrica. No solo se ha considerado los indicadores de calidad (SAIDI/SAIFI) de la empresa, sino que se ha tomado como indicador el nivel de cumplimiento de sus obligaciones como distribuidora eléctrica. En el Capítulo V se ha evaluado las posibles causas de este desempeño, identificándolas como una problemática a nivel normativo, regulatorio y financiero, asimismo, identificando aquellos problemas derivados de la supervisión y fiscalización del regulador. Finalmente, en el Capítulo VI se ha propuesto una serie de medidas que tratan de dar solución a cada problema encontrado. Asimismo, se ha precisado que estas medidas deben formar parte de un plan de mejora a cinco años, que finalmente permita que la empresa pública, sin que el Estado pierda su titularidad, pueda desempeñarse como una empresa privada eficiente. / Tesis

El problema principal de investigación del presente trabajo es analizar la razón por la cual el Gerente General de una empresa del Estado no realiza de forma oportuna la certificación de la asistencia del directorio en las actas del libro del Directorio, ocasionando que el nuevo designado no asuma dicha obligación que le correspondía al anterior Gerente. Es por ello, que en la hipótesis de la investigación se analiza si es necesario implementar un procedimiento interno para la expedición de constancias y certificación respecto de los libros y registros de las actas de directorio por parte del Gerente General de una empresa del Estado, y así de esta manera poder regular de manera adecuada los actos ordinarios como la certificación y la expedición de constancias que debe realizar el Gerente General por mandato del Decreto Supremo 006-2013-JUS, Ley General de Sociedades y Reglamento del Registro de Sociedades- SUNARP. Se plantea que dicho procedimiento debe plasmar de forma sistemática lo establecido en las normas mencionadas, teniendo en cuenta los riesgos legales que acarrea no realizar la certificación del Gerente en una Sociedad de propiedad del Estado. Los impactos más relevantes de no tener este procedimiento interno de certificación del Gerente, es variopinto, desde una mala reputación de la empresa estatal, como malas prácticas del buen gobierno de corporativo de la empresa estatal, hasta una mala imagen como profesional del cargo del Gerente General. Teniendo en cuenta ello, estudiaremos las causas jurídicas y operativas que determinan por qué los Gerentes Generales no certifican las actas societarias a tiempo, para lo cual las estudiaremos en función al estatuto de la empresa, Manual de Organización y Responsabilidades General, y código de buen gobierno de las empresas del estado regulado por FONAFE, a fin de evaluar si el procedimiento interno que se propone es pertinente para el problema planteado. Finalmente, se propondrá soluciones legales que procuraran reducir los riesgos societarios y de incumplimiento normativo, a fin de evitar malas prácticas societarias identificadas a nivel de la Alta Gerencia y las áreas de apoyo.

El presente artículo académico analizaremos la actividad empresarial del Estado teniendo como base los artículos 58, 59 y 60 de la Constitución Política del Perú (CPP) y de forma conjunta el artículo 14.3 de la Ley de Represión de Competencia Desleal (LRCD), logrando definir cual es el rol del Estado en la economía social de mercado amparado por los principios de subsidiariedad y solidaridad. Así, demarcaremos cuales son los supuestos en los que el Estado puede intervenir como agente económico y sus requisitos diferenciándolos de los supuestos de Ius imperium, deber del Estado y actividades consideradas asistenciales. Finalmente, analizaremos casos claves y determinantes que nos han permitido delimitar los supuestos en los que estamos o no frente a actividad empresarial y cuando nos encontraríamos ante competencia desleal. Estos casos son los siguiente: El de la pollería el Rancho, el caso del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y finalmente el caso de las veterinarias municipales. Concluiremos así señalando que el Estado solo mediante ley expresa, de forma subsidiaria y cuando verse sobre alto interés público o manifiesta conveniencia nacional, puede desarrollar actividad empresarial. El principio de subsidiaridad es un principio que implica que el Estado solo interviene cuando los intereses generales no pueden ser satisfechos por los privados, esta puede ser vertical u horizontal. Las tres formas en las cuales el Estado puede intervenir en la economía sin calificar como actividad empresarial son las actividades Ius imperium, deber del Estado y actividades consideradas asistenciales. / In this academic article we will analyze the entrepreneurial activity of the State based on articles 58, 59 and 60 of the Political Constitution of Peru and jointly on article 14.3 of the Law for the Repression of Unfair Competition, defining the role of the State in the social market economy protected by the principles of subsidiarity and solidarity. This, we will demarcate which are the cases in which the State can intervene as an economic agent and its requirements, differentiating them from the cases of Ius imperium, duty of the State and activities considered as welfare activities. Finally, we will analyze key and determining cases that have allowed us to delimit the cases in which we are or are not in front of business activity and when we would find ourselves in front of unfair competition. These cases are the following: The case of the poultry store El Rancho, the case of the Peruvian Sports Institute (IPD) and finally the case of the municipal veterinaries. We will conclude by pointing out that the State can only develop business activities by means of an express law, in a subsidiary manner and when it is of high public interest or manifest national convenience. The principle of subsidiarity is a principle that implies that the State only intervenes when the general interests cannot be satisfied by the private sector, this can be vertical or horizontal. The three ways in which the State may intervene in the economy without qualifying as a business activity are Ius imperium activities, State duty and activities considered to be welfare activities. / Trabajo académico

La información que llega a las personas de a pie sobre corrupción, falta de ética, comportamiento amoral o abiertamente inmoral de algunos servidores y funcionarios públicos puede provocar, por un lado, indignación, que se expresa en sentimientos de rabia y diferentes formas de protesta; y, por otro lado, desinterés y hasta desprecio por los asuntos públicos.

El servicio de transporte aéreo de pasajeros en el Perú constituye una actividad de interés general que requiere una especial promoción del Estado. En su momento, la creación de la empresa estatal Tans (1963-2006) significó la preocupación del Estado por promover el acceso al mencionado servicio; sin embargo, tiempo después, la referida empresa fue disuelta y liquidada, entre otros motivos, por operar vuelos comerciales satisfechos por oferta privada. El fin de la empresa estatal Tans se debió principalmente a que, según el régimen económico previsto en la Constitución del Perú (1993), el Estado no puede realizar actividad empresarial donde existe participación del sector privado. Teniendo en cuenta ello, la actuación del Estado peruano en los últimos años ha estado dirigida a la realización de vuelos de acción cívica y a la implementación de un programa de fomento para la prestación del servicio de transporte aéreo en zonas alejadas del país. El presente trabajo identifica una actuación estatal referida a la realización de vuelos de acción cívica a zonas donde existe participación del sector privado, hecho que configura una transformación del rol del Estado. Por tal motivo, se propone el rol subsidiario del Estado como garantía del desarrollo de la actividad bajo estudio y se recomienda la modificación de la ley que autoriza la realización de vuelos de acción cívica en el Perú. / The passenger air transport service in Peru is an activity of general interest that requires a special promotion of the State. At the time, the creation of the state company Tans (1963-2006) meant the State's concern to promote access to the aforementioned service; However, some time later, the aforementioned company was dissolved and liquidated, among other reasons, for operating commercial flights satisfied by private offer. The end of the state company Tans was mainly due to the fact that, according to the economic regime provided for in the Constitution of Peru (1993), the State can not carry out business activity where there is participation of the private sector. Taking this into account, the performance of the Peruvian State in recent years has been directed to the realization of civic action flights and to the implementation of a promotion program for the provision of air transport service in remote areas of the country. The present work identifies a state action referred to the performance of civic action flights to areas where there is participation of the private sector, a fact that configures a transformation of the role of the State. For this reason, it proposes the subsidiary role of the State as a guarantee of the development of the activity under study and recommends the modification of law that authorizes the realization of civic action flights in Peru. / Tesis

En los últimos años, el INDECOPI ha conocido y se ha pronunciado, de oficio o por denuncia de parte, sobre las actividades empresariales desarrolladas por determinadas Entidades del Estado. Debido a que muchas de estas, usando los recursos económicos del Estado y la infraestructura pública, entran a competir en un determinado mercado y afectan la libre competencia. De ahí se deriva la relevancia de analizar este tipo de casos. De acuerdo al modelo económico adoptado por la Constitución de 1993 (economía social de mercado), se determinó que la libre competencia es el mejor sistema económico para el Perú, pero admite la intervención del Estado en determinados supuestos. El artículo 60 de la Constitución Política del Perú de 1993 reguló los requisitos para que las Entidades del Estado puedan intervenir en un mercado (estos requisitos son autorización por ley expresa, la actividad tiene que ser subsidiaria y ser una actividad de interés público). Con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal (en adelante, “Ley de Competencia Desleal”), la actividad empresarial de Estado sin cumplir con los requisitos dispuestos por el artículo 60 de la Constitución de 1993 es sancionada. El Estado no puede utilizar infraestructura pública para realizar actividad empresarial, sin que medie un procedimiento transparente y se cumpla con lo dispuesto por la Constitución. Lo contrario significaría afectar el proceso competitivo y usar de forma ilegal los recursos del Estado. El presente Informe tiene como finalidad analizar si el INEN cumple con los requisitos para poder intervenir dentro del mercado, ello de acuerdo al procedimiento establecido por el INDECOPI para analizar este tipo de casos. Además, verificaremos las condiciones en que se prestan los servicios brindados por el INEN a las personas. Mi conclusión, luego de haber analizado a detalle este caso, es que el INEN no posee (i) una ley que autorice la actividad empresarial, y (ii) que el INDECOPI no ha analizado y determinado el mercado relevante de forma adecuada, lo cual genera cambios sustanciales en el análisis de subsidiariedad. Además, no se puede hacer diferenciaciones en las prestaciones de salud, lo cual origina que el servicio se brinde de forma inequitativa. Es por ello que concluyo que el INEN no se encuentra autorizado para realizar actividad empresarial.