Doctorado en Salud Pública / No disponible a texto completo / Objetivo El enfoque de DSS se caracteriza por dirigir las acciones hacia las raíces sociales de las enfermedades, prometiendo resultados sostenibles en el tiempo y de carácter equitativo. Las condiciones en las cuales transcurre la primera infancia son un factor predictor del estado de salud en la edad adulta y son potencialmente modificables mediante políticas adecuadas. La construcción de políticas está definida por la identificación del problema, la formulación de la política; la implementación y evaluación, siendo la implementación la etapa más crítica. El objetivo de este estudio es evaluar el proceso de implementación de la política de protección de la infancia en la comuna de San Joaquín, generando un modelo de monitoreo de la equidad en salud de los niños de 0 a 14 años a nivel local. Método Se realizó un estudio de caso utilizando métodos mixtos de investigación. La recolección y análisis de la información cualitativa y cuantitativa se realizó de manera independiente, concurrente y en una sola fase, asignándole igual peso a ambos tipos de información. El dato cualitativo permitió la comprensión de los procesos de implementación de la política de protección a la infancia, mientras que el dato cuantitativo permitió abordar aspectos más estructurales del monitoreo de la equidad en salud. Las principales técnicas de recolección de datos cualitativos utilizadas fueron las entrevistas en profundidad y la observación participante y no participante. La información cuantitativa corresponde a variables sociodemográficas, estadísticas de utilización de servicios y datos epidemiológicos locales. Resultados Contexto. San Joaquín es una comuna del área sur de la Región Metropolitana que tiene 97 625 habitantes. Los entrevistados entienden su comuna como una comunidad estigmatizada por su origen y pobreza. Su principal característica demográfica es la disminución de la población joven que migra hacia las comunas vecinas en busca de mejores oportunidades. El microtráfico y consumo de drogas son unos de los principales responsables de la pobreza y afectan a los niños desde temprana edad. La baja escolaridad de los padres se relaciona con el desconocimiento de los derechos de los niños y maltrato infantil. La estimulación temprana y el apoyo durante el periodo escolar son escasos, favoreciendo la deserción escolar y el trabajo infantil que se ve fomentado por la precariedad del trabajo de los padres. Las intervenciones relacionadas con la vulneración de los derechos de los niños son consideradas insuficientes, principalmente por la magnitud del daño existente. La cohesión y participación social se manifiesta a través de la formación de las juntas de vecinos infantiles. Contenido de la política. La comuna ha adoptado la política nacional a favor de la infancia que se ha traducido a nivel nacional en el "Sistema de protección integral a la primera infancia: Chile crece contigo", compuesto por prestaciones de carácter universal complementadas con apoyo diferenciado según el grado de vulnerabilidad. A nivel local, este sistema de protección social ha motivado la generación de la "Red de protección a la infancia", entendiendo por protección a la infancia la defensa de los derechos del niño. Proceso. La red de protección a la infancia se formó en abril de 2008. Su estructura quedó definida por un grupo motor y tres comisiones de trabajo (sustentabilidad, capacitación y formación, y participación). Se realizó la primera feria llamada "Parque de los derechos" con el propósito de socializar el tema de los derechos de los niños en la comunidad. Cumplido un año de implementación, se desarrolló la primera evaluación interna. Se destacó como positivo la cohesión lograda entre los integrantes y su carácter participativo y descentralizado. Entre los aspectos a mejorar se mencionó la comunicación entre los integrantes y la planificación de actividades para la comunidad. Actores. Los actores relacionados con la implementación de la política son tomadores de decisión que trabajan en departamentos de la I. Municipalidad de San Joaquín, que pertenecen a programas de nivel nacional que se desarrollan a nivel local, que participan en ONG de la comuna y las madres de los niños que participan en las juntas de vecinos infantiles. Los tomadores de decisión asocian la vulnerabilidad infantil con factores propios de la urbanización y reconocen a la cohesión social como un factor protector en la comuna. La infancia saludable es descrita como una etapa del desarrollo en la cual se respetan los derechos de los niños. La protección de la infancia debe comenzar desde los primeros años de vida a través del desarrollo de una red de apoyo a la crianza. La escuela y la familia son valoradas positivamente para la disminución de la vulnerabilidad, pero el sistema educacional requiere ser reformado para acoger efectivamente a los niños más vulnerados. El trabajo en red es valorado positivamente para la protección a la infancia al potenciar a las instituciones involucradas. Para las mamás, el concepto de salud está relacionado con la salud física y mental de las personas y con la atención de salud entregada por el estado. Las actividades desarrolladas para los niños son consideradas importantes, aunque insuficientes por la alta vulnerabilidad social de los niños. El predominio de las actividades recreativas sobre las formativas preocupa a algunas mamás. Entre los factores de riesgo mencionan el consumo de alcohol y drogas de los padres, mientras que como factores protectores se refieren a la generación de redes de apoyo en la comunidad. El sistema educacional es percibido como de mala calidad e insuficiente para satisfacer la demanda local. Existe consenso en considerar que faltan competencias parentales que permitan establecer normas y límites claros al interior de la familia. La figura paterna está ausente en numerosas familias, asumiendo las abuelas un rol fundamental en el proceso de crianza. Las mamás destacan los esfuerzos del estado en los últimos años por entregar recursos que permitan realizar iniciativas para proteger a los niños. No obstante, las iniciativas no se sostienen en el tiempo o no se diseñan de acuerdo a las necesidades de los niños. Indicadores. Se diseñó un modelo de monitoreo en base a 4 determinantes sociales estructurales: 1) sistema democrático instrumentalizado, 2) sistema de protección y bienestar familiar inadecuados e insuficientes, 3) reforma educacional inadecuada y 4) reforma de salud que fortalece el enfoque curativo en detrimento de lo promocional. Estos determinantes estructurales se derivan de los DSS más proximales factibles de modificar en el mediano plazo, definidos como: modelo institucional que dificulta compartir la toma de decisión con los actores sociales locales, dificultades locales para articular los programas sociales, bajas competencias parentales, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, clima escolar violento, trastornos del desarrollo psicosocial infantil y programa de salud infantil que no detecta adecuadamente situaciones de riesgo psicosocial en los niños. La línea basal medida en diciembre 2008 indica que existen 69 organizaciones relacionadas con la protección de la infancia; 18 habían participado de manera constante en la red de infancia. Se realizaron 16 talleres con 227 padres y 250 niños. En promedio, los hogares tenían 3,7 integrantes, el 28,1% estaba bajo jefatura femenina y el 27% eran extensos. Se realizaron 582 denuncias por violencia intrafamiliar; el 57% fue atendido. Se constituyeron 20 juntas de vecinos infantiles con al menos 30 niños cada una. 8 de las 10 escuelas municipalizadas realizaban el diagnóstico de nudos críticos para generar las propuestas de convivencia escolar. 97% de la matrícula del nivel medio mayor de los 4 jardines JUNJI participaba en el proyecto de psicomotricidad. Existe un déficit de 6,34 hrs. semanales de nutricionistas por cada 10 000 habitantes. Conclusiones La implementación de la política de protección a la infancia, traducida en la formación de la red de infancia y juventud de San Joaquín, fue un proceso exitoso determinado por las características de los actores, el contenido de la política y el contexto local. Se construyó un modelo de monitoreo compuesto por indicadores cuali cuantitativos capaces de evaluar los DSS relacionados con la vulnerabilidad social de los niños, con el propósito de darle seguimiento a la política de protección a la infancia implementada. Las lecciones aprendidas en este estudio pueden ser aplicadas a iniciativas similares en contextos urbanos de alta vulnerabilidad social como es la comuna de San Joaquín.

Mediante la Resolución del Tribunal Fiscal No. 02112-5-2019, dicho órgano concluyó que no era posible aplicar, durante el ejercicio 2005, las reglas de valor de mercado a los servicios gratuitos de cualquier tipo (incluyendo los de financiamiento – es decir, a los préstamos sin interés), pues la LIR recién amparó dicha posibilidad a partir del ejercicio 2006, incluyendo a “los servicios a cualquier título” en el artículo 32 de la norma. El presente informe jurídico busca discutir, justamente, dicha posibilidad. En efecto, nos enfocamos en la problemática referida a la posibilidad de aplicar las reglas de valor de mercado, previstas en el artículo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta, a los préstamos gratuitos entre partes vinculadas, de manera previa a la modificación de dicha norma por la Ley No. 28655 (vigente desde el 1 de enero del 2006). Al respecto, el expediente nos enfrenta a conceptos tributarios como lo son las teorías de renta o las reglas de imputación, los cuales deben ser analizados sobre la base de la constitucionalización de nuestro ordenamiento jurídico. En consecuencia, la interpretación de las normas tributarias debe realizarse siempre tomando en cuenta los principios de capacidad contributiva y equidad previstos en nuestra Constitución, y reconociendo la reserva de ley consagrada en nuestra norma constitucional. Dicha labor es indispensable en un Estado Constitucional de Derecho, pues nos permite reflexionar sobre los límites que existen a la potestad tributaria, y las tensiones que existen entre la propiedad privada y el gravamen estatal. Con la finalidad de analizar exhaustivamente las materias aquí expuestas, el informe discute: i) el Estado Constitucional de Derecho y su relación con el derecho tributario, ii) las teorías de renta en la LIR y las denominadas rentas fictas, iii) las reglas de imputación vinculadas a los préstamos u otorgamientos de capital, previstas en el artículo 26 de la LIR, y su conceptualización como rentas presuntas y/o fictas, y iv) la posibilidad que existía, al ejercicio 2005, de valorizar los préstamos gratuitos entre partes vinculadas, en aplicación conjunta de los artículos 26 y 32 de la LIR. La metodología que hemos utilizado para cumplir con este objetivo ha implicado una revisión profunda de la doctrina en materia tributaria, desde las teorías de renta hasta la naturaleza de los capitales, y la doctrina constitucional, que precisa los límites y manifestaciones del concepto del tributo en un Estado Constitucional de Derecho, así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los informes de la Administración Tributaria y la jurisprudencia del Tribunal Fiscal.