Memoria (magíster en derecho, mención derecho penal) / En el presente documento –que da cuenta de una actividad equivalente a Tesis para optar al grado de Magíster en Derecho- y de acuerdo a lo aprobado como temática de trabajo, se abordará las eximentes incompletas, analizando los requisitos doctrinales y jurisprudenciales para su procedencia. Cabe observar, que el artículo 11 nº 1 del Código Penal nos explica –genéricamente- cuáles son las eximentes incompletas, refiriéndose a aquellas como circunstancias atenuantes y definiéndolas de la siguiente forma: “artículo 11 del Código Penal. Son circunstancias atenuantes: 1ª. Las expresadas en el Artículo anterior, cuando no concurren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos.” Nuestro Código Penal, sólo nos brinda una definición escueta de las eximentes incompletas, construyéndose –en el tiempo- tanto en la doctrina como en la jurisprudencia su concepto y los requisitos que deben concurrir para su procedencia. Sin embargo, al realizar un análisis somero de la doctrina y jurisprudencia que tratan esta materia, es posible percibir que doctrinariamente se han desarrollado diversas posiciones sobre aquellas circunstancias que pueden o no constituir una eximente incompleta como también los requisitos que deberían concurrir para su procedencia; análisis que no se vislumbra con la misma prolijidad por parte de la jurisprudencia, que generalmente se circunscribe a la decisión de aceptar o rechazar una circunstancia atenuante por concurrir o faltar uno o más de sus requisitos para su procedencia, sin realizar mayor desarrollo respecto del asunto. La presente AFET, pretende ser un aporte en la discusión existente sobre los requisitos que deberían concurrir para la procedencia de las eximentes incompletas. Estableciendo los fundamentos jurisprudenciales esgrimidos para aceptar o rechazar la concurrencia de éstas, dando a conocer la forma en que nuestros Tribunales de Justicia abordan esta materia. El estudio de estos fundamentos, nos permitirá conocer y comparar las conclusiones doctrinarias y jurisprudenciales que se han elaborado sobre el tema debatido; convirtiéndose esta actividad formativa en una herramienta para quienes ejercen su labor en el ámbito penal y particularmente un apoyo a quienes a partir de un rol de intervinientes del proceso penal, puedan enriquecer dicha labor, directriz que -en definitiva- anima con mayor fuerza a esta estudiante de post grado y defensora penal.

La responsabilidad civil del empleador frente al aumento de los riesgos permitidos en los accidentes laborales, tiene como base la existencia de una relación laboral entre un empleador y un trabajador. Si bien, dicha relación trae consigo tanto obligaciones como derechos por parte del trabajador; en el cumplimiento de estos deberes, el trabajador puede ser víctima de muchas circunstancias injustas, ya sean provocadas o no por el empleador. Los accidentes laborales, son una de aquellas circunstancias por las que muchos trabajadores son víctimas. El Estado, en su afán de no dejar desprotegido al trabajador frente a situaciones de accidentes laborales, promueve una cultura de prevención de riesgos laborales por parte del empleador hacia sus trabajadores. El empleador, deberá no solo prever situaciones en las que el trabajador por imprudencia o no, pueda incurrir en un accidente, sino que, también deberá manejar un sistema de evaluación y supervisión constante para evitar cualquier situación excepciona (Gimenez 2009). Sin embargo, cabe mencionar que las situaciones que configuran los accidentes laborales pueden ser por diversos motivos, ya sea por negligencia del empleador o por imprudencia del trabajador. En virtud de ello, la problemática que engloba la presente investigación es ¿Cuáles son los criterios jurisprudenciales nacionales que atenúan o eximen de responsabilidad al empleador por aumento del riesgo permitido en los accidentes laborales? Debo de señalar además que no existe un criterio uniforme que permita determinara la responsabilidad del empleador sobre aquellos accidentes donde del colaborador por impericia o negligencia se cause un deño que podría ser determinado como un accidente laboral. Nuestra jurisprudencia siempre atiende a maximizar el principio protector a favor de los colaboradores, sin tener en mérito a un adecuado equilibrio procesal y sobre todo causal, refiriéndome a los hechos, para poder eximir o atenuar la responsabilidad del empleador frente a asumir las indemnizaciones por daños y perjuicios causados por un accidente laboral.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo pretende demostrar que la drogodependencia o adicción a la pasta base de cocaína, cuando alcanza tal grado patológico (diferenciado del mero consumo deshabituado o del consumo habitual), se torna apta para interferir la imputabilidad jurídico-penal del sujeto adicto, pudiendo fundamentarse bajo criterios médicos, sociológicos y jurídicos que tal circunstancia es ubicable tanto dentro del supuesto de inimputabilidad de la eximente de locura o demencia del art. 10 n°1 del Código Penal, como dentro del supuesto de eximente incompleta del art. 11 n°1 del Código Penal, dependiendo de la intensidad en que concurran sus presupuestos. Para esto indagaremos en la conceptualización médico-psiquiátrica de la drogodependencia a nivel internacional, y en doctrina jurídico-penal nacional y comparada orientativa de cuáles serían los criterios que permiten interpretar el genuino sentido de las circunstancias modificatorias de responsabilidad implicadas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la investigación que se desarrollará a continuación se busca analizar la forma en que se aplican las eximentes de responsabilidad criminal, más específicamente la legítima defensa y el estado de necesidad exculpante, en casos de mujeres parricidas de sus parejas que ejercían violencia intrafamiliar sobre ellas. Para cumplir este objetivo, serán revisados los requisitos de cada eximente, poniendo énfasis en la forma en que estos han sido entendidos y aplicados por la jurisprudencia nacional, haciendo una evaluación sobre los razonamientos de los operadores judiciales y examinando si dichos razonamientos presentan elementos de género que consideren adecuadamente el contexto de violencia previa sufrida por la mujer. En este sentido, se constatará que la jurisprudencia nacional no muestra uniformidad en esta materia, pues las decisiones judiciales presentan claras discrepancias a la hora de evaluar la conducta de una mujer parricida que ha sufrido violencia intrafamiliar. Además, se abordarán los límites entre la legítima defensa y el estado de necesidad exculpante, indicando en qué momento es procedente la aplicación de una u otra eximente de acuerdo a sus requisitos y a su particular interpretación en los casos de mujeres parricidas. Finalmente, se analizarán los tratados internacionales ratificados por Chile en esta materia desde una perspectiva crítica, evaluando el rol del Estado chileno en el cumplimiento de sus deberes internacionales.