This academic article focuses its research on the legal figure of expropriation, the nature of the title with inscribable vocation, the registry qualification and its inscription as such in the land registry, all within the framework of Legislative Decree No. 1192. The main objective is to analyze and/or criticize the legal norm for establishing limits to the registry qualification, imposing to the registry instances the practice of the registration entry, since by mandate of this decree, they are forbidden to negatively qualify the title of an expropriation, having to be qualified as if it were a judicial mandate, even though, the title of an expropriation is of an administrative nature and should be treated given its particularities from the precedent of mandatory observance that established three years before the enactment of Legislative Decree 1192° the scope and limits of the registry qualification of administrative documents, which would protect the predictability that must exist in any legal system. In this sense, and in order to support our position, we will first develop the legal content of the expropriation institute, in order to understand its raison d'être, and then establish ourselves in the current legal regime that regulates this institute. Secondly, we will reflect on the formal principles that support our registry system, distinguishing it from other registry systems. Then, in the third chapter, after having determined that the formal principles are essential in our registry system, we will address in greater depth the principle of registry qualification, in order to determine its general scope, as well as the autonomy with which the registrar is vested and obliged in the exercise of his qualification function. Finally, we will analyze all the above, in order to establish a distant position to the limits imposed on the registry qualification as a result of this legal regime. / El presente artículo académico centra su investigación en la figura jurídica de la expropiación, la naturaleza del título con vocación inscribible, la calificación registral y su inscripción como tal en el registro de predio, todo ello en el marco del Decreto Legislativo N° 1192. El objetivo principal es analizar y/o criticar la norma legal por establecer límites a la calificación registral, imponiendo a las instancias registrales la práctica del asiento de inscripción, toda vez que por mandato del presente decreto, estos se encuentran prohibidos de calificar negativamente el título de una expropiación, debiendo ser calificado como si de un mandato judicial se tratase, a pesar que, el título de una expropiación es de naturaleza administrativa y debiera ser tratado dado sus particularidades desde el precedente de observancia obligativa que estableció tres años antes de la promulgación del Decreto Legislativo 1192° los alcances y límites de la calificación registral de documentos administrativos, con lo cual se protegería la predictibilidad que debe existir en todo sistema jurídico. En ese sentido y para sostener nuestra posición, en principio, desarrollaremos el contenido jurídico del instituto de la expropiación, a fin de comprender su razón de ser, para luego establecernos en el actual régimen legal que regula este instituto. En segundo lugar, reflexionaremos acerca de los principios formales que sostienen nuestro sistema registral, distinguiéndolo de otros sistemas registrales. Seguidamente en el tercer capítulo, luego de haber determinado que los principios formales son imprescindibles en nuestro sistema registral, abordaremos con mayor ahínco el principio de calificación registral, con el objeto de determinar su alcance general, así como la autonomía con el que se encuentra investido y obligado el registrador en el ejercicio de su función calificadora. Por último, analizaremos todo lo abordado anteriormente, para establecer una postura distante a los límites impuestos en la calificación registral a raíz de este régimen jurídico. / Trabajo académico

Esta investigación académica tiene como propósito efectuar una evaluación, desde una perspectiva constitucional, a la ejecución de las expropiaciones en la actual legislación peruana, teniendo como parámetro el nivel de protección que se concede al derecho de propiedad. Para este propósito, en el primer capítulo denominado Propiedad y Expropiación en el Perú, se efectúa una revisión conceptual del derecho de propiedad en la Constitución Política, así como un análisis de la legislación de la expropiación hasta antes del actual marco normativo vigente consistente en el TUO del Decreto Legislativo N° 1192. Además, se ha revisado cómo se afecta el derecho de propiedad con la normativa de expropiaciones y se culmina con una evaluación crítica. En el segundo capítulo, titulado Expropiación Jurisdiccional y Expropiación Administrativa, se ha efectuado una comparación entre ambos modelos de expropiación, siendo que el primero supone una traslación de propiedad por mandato de una autoridad jurisdiccional, sea un juez o árbitro, mientras que el segundo conlleva a una afectación de la propiedad de manera directa por parte de la Administración Pública. Asimismo, se han considerado los eventuales riesgos económicos, operacionales y hasta contractuales a los que se encuentra sometido el sujeto pasivo en una expropiación. Seguidamente, en el tercer capítulo de este trabajo de investigación, al que se ha denominado Análisis Constitucional de la Transferencia de Propiedad en la Expropiación, se ha efectuado una revisión del tema en evaluación desde la perspectiva de la Constitución Económica. En este capítulo, la aplicación del test de proporcionalidad a determinados artículos de la normativa de expropiaciones es un punto medular en esta investigación, concluyéndose con una propuesta de necesaria adecuación normativa de la legislación al marco constitucional, así como a los criterios que emanan de las sentencias del Tribunal Constitucional, que resguardan el derecho de propiedad.

La presente investigación, “Implicancias jurídicas de la propiedad y expropiación del Patrimonio Cultural Inmueble: análisis a partir del caso Machupicchu”, tuvo como objetivo analizar las repercusiones jurídicas de la problemática vinculada a la propiedad y expropiación del patrimonio cultural inmueble a partir del Caso Machupicchu, desarrollado bajo el enfoque cualitativo, de tipo básica y teórica, diseño hermenéutico. Se utilizó como técnicas el análisis documental, así como la entrevista y la encuesta, en las cuales participaron 9 expertos que respondieron una guía de entrevista y 119 ciudadanos que respondieron el cuestionario. Resultados: A partir del análisis realizado se infiere que, del tracto sucesivo de la propiedad, se cumple el reconocimiento del derecho a la propiedad para las familias Abrill y Zavaleta en relación a la propiedad de las tierras que albergan el Parque Arqueológico de Machupicchu y la ciudadela Inca de Machupicchu. Según el análisis realizado a la Ley N° 6634, en sus artículos 1 y 5, los monumentos existentes en el territorio nacional eran de propiedad del Estado, pero no lo era de los terrenos que los albergaba, pudiendo ser este de un particular, para lo cual la propiedad en favor del Estado tuvo que tener una previa expropiación del bien, la cual nunca se concretizó por no haber cumplido con la indemnización justipreciada, en consecuencia, se infiere que siguen siendo de propiedad privada. En ese orden de ideas, según lo manifestado por los entrevistados, 3 expertos manifiestan que los terrenos que albergan el Parque Arqueológico de Machupicchu y la ciudadela Inca de Machupicchu fueron de propiedad privada; 1 experto manifiesta que es de propiedad pública y 5 expertos no precisan. En cuanto a la indemnización justipreciada, los entrevistados manifiestan que la expropiación debe realizarse según el procedimiento que exige la Ley, pagando al propietario por el bien expropiado. Por otro lado, se determina que la Ley N° 28296 y el D.L. N° 1192 muestran deficiencias en la regulación de los bienes culturales inmuebles, existiendo un retroceso por la falta de fomento en la preservación de estos. La Ley N° 31770 que modifica a la Ley N° 28296, se presenta como una oportunidad para tratar casos similares de expropiación de patrimonio cultural inmueble y su posterior disposición en favor del bien común de la sociedad. Finalmente, el cuestionario realizado a los 119 ciudadanos, refleja un problema real en la sociedad, por un lado la conservación del patrimonio cultural inmueble, pues el 65,5% considera que el Estado peruano tiene más derecho sobre la propiedad que el mismo propietario, lo que refleja una deconstrucción del concepto de ‘conservación’, pues el derecho a la propiedad es un derecho fundamental el cual el Estado no debería lesionar, limitando el uso y disposición de forma desmedida sobre los bienes donde se halla patrimonio cultural inmueble. / The present research, "Legal Implications of Ownership and Expropriation of Immovable Cultural Heritage: Analysis Based on the Machupicchu Case," aimed to analyze the legal repercussions of the issues related to the ownership and expropriation of immovable cultural heritage, starting with the Machupicchu Case, developed under a qualitative approach, basic and theoretical type, hermeneutical design. Documentary analysis was used as techniques, as well as interviews and surveys, in which 9 experts participated by responding to an interview guide and 119 citizens responded to the questionnaire. Results: From the analysis carried out, it is inferred that, from the successive tract of ownership, the recognition of the right to property for the Abrill and Zavaleta families regarding the land that houses the Machupicchu Archaeological Park and the Inca citadel of Machupicchu is fulfilled. According to the analysis of Law No. 6634, in its articles 1 and 5, the monuments existing in the national territory were property of the State, but not the lands that housed them, which could belong to a private individual. For this, the property in favor of the State had to have a prior expropriation of the asset, which was never realized for not having complied with the fair compensation, consequently, it is inferred that they continue being private property. In that order of ideas, according to what was expressed by the interviewees, 3 experts state that the lands that house the Machupicchu Archaeological Park and the Inca citadel of Machupicchu were private property; 1 expert states that it is public property and 5 experts do not specify. Regarding fair compensation, interviewees state that expropriation should be carried out according to the procedure required by Law, paying the owner for the expropriated property. On the other hand, it is determined that Law No. 28296 and D.L. No. 1192 show deficiencies in the regulation of immovable cultural goods, existing a setback due to the lack of promotion in their preservation. Law No. 31770, which amends Law No. 28296, presents an opportunity to address similar cases of expropriation of immovable cultural heritage and its subsequent disposition in favor of the common good of society. Finally, the questionnaire carried out to the 119 citizens reflects a real problem in society, on one hand the conservation of immovable cultural heritage, since 65.5% consider that the Peruvian state has more right over the property than the owner itself, which reflects a deconstruction of the concept of ‘conservation’, since the right to property is a fundamental right which the State should not injure by limiting the use and disposition excessively on the goods where immovable cultural heritage is located.

El presente trabajo busca analizar, desde la perspectiva del Derecho Tributario, Constitucional y Procesal Constitucional, un caso cuyo origen se remonta a la expropiación de un bien inmueble de propiedad de Sociedad Agrícola San Agustín S.A. (SASA) para la ejecución de una obra de gran envergadura. Una vez determinado el monto de la indemnización justipreciada por la vía arbitral y con el fin de salvaguardar su derecho de propiedad, SASA interpone una demanda de amparo contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), pretendiendo la inaplicación del artículo 5 de la Ley del Impuesto a la Renta, que califica a la expropiación como una forma de enajenación gravable con el referido impuesto. Demanda que fue finalmente declarada fundada por el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el Expediente No. 00319-2013-AA/TC. Sin duda, el caso tiene relevancia jurídica, pues supone una investigación jurídica integral desde múltiples ramas del Derecho, que permite evaluar los principales problemas jurídicos sopesados en la resolución que al respecto emitió el alto tribunal. Así, a lo largo de este trabajo demostraremos que, a pesar de que técnicamente la expropiación califica como un hecho imponible susceptible de generar una ganancia de capital, ello no es sino el reflejo de un uso excesivo de la potestad tributaria que ostenta el legislador; y que demuestra una clara vulneración de los principios constitucionales tributarios que fungen de límites para su adecuado ejercicio.