La creación de la superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral constituirá un elemento determinante dentro del sistema de inspección laboral en el Perú, siendo que una de las funciones primordiales del estado es adoptar mecanismos sólidos de protección de los derechos laborales. El presente texto tiene en primer lugar, un recordatorio de las nociones generales y características del sistema de inspección de trabajo previo a la creación de la SUNAFIL, así como también, la forma en la que se han venido aplicando. Posteriormente, se detallan las principales novedades que trae consigo la Ley 29981, ley que crea la SUNAFIL, para poder analizar a partir de esto, si el nuevo sistema propuesto resulta idóneo para un contexto como el nuestro en donde prima la informalidad. Finalmente, esbozaremos algunas propuestas que sirven como camino para alcanzar un sistema de inspección adecuado, toda vez que una entidad no puede abarcar todo y, mucho menos, solucionar la generalidad de problemas existentes. The creation of the National superintendency of Labor inspection will become a key element in Peru’s labor inspection system, being that one of the primary functions of the state is to adopt strong mechanisms for the protection of labor rights. This article is, in first place, a reminder of the general concepts and characteristics of the labor inspection system before the creation of the suNAFiL, as well as the way it has been applied. Afterwards, it explains the main novelties that Law 29981, the law that creates SUNAFIL, brings. From this explanation, we will analyze if the proposed new system is suitable for a context like ours, where informality prevails. Finally, we outline some proposals that serve as a way to reach an adequate inspection system, since an entity cannot cover everything and, even less, solve the generality of existing problems.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El 5 de octubre de 2006, S. E. la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, promulgó y ordenó llevar a efecto la Ley N°20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios; consecuentemente, la Dirección Nacional del Trabajo, mediante la Circula N°4 de 12 de enero de 2007, instruyó a todos los directores regionales, coordinadores inspectivos e inspectores provinciales y comunales del trabajo, la realización de un programa nacional de fiscalización destinado a verificar el cumplimiento de la nueva normativa laboral. Sin embargo, el organismo estatal encargado de ejecutar dicho programa ha sido sometido a un intenso control judicial, a raíz de los recursos de protección deducidos en su contra por las empresas fiscalizadas. En efecto, desde el 17 de abril de 2007 al 17 de abril de 2008 , de un total de 75 acciones constitucionales en 50 oportunidades los Tribunales Superiores de Justicia han decidido acoger las acciones interpuestas, ordenando al Servicio recurrido adoptar medidas tendientes a dejar sin efecto las actuaciones impugnadas, esto es, el Acta de Constatación de Hechos y/o la Resolución de Multa.

La Resolución N°1908-2022-SUNAFIL/ILM vulnera el debido proceso de la empresa inspeccionada al determinar el incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo en materia de condiciones de seguridad e imputar el tipo legal el numeral 10 del artículo 28 de la RLGIT calificada como muy grave por la conducta infractora, debido a que, configura un supuesto de falta de valoración de los medios probatorios conforme al numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG. Así mismo, sobre dicha falta de valoración probatoria se desprende una conducta transgresora al Principio de competencia conforme al artículo 50 y 249 del TUO de la LPAG cuando SUNAFIL determina que la vigencia de la Resolución Gerencial de INDECI que culmina en el acto administrativo del Certificado ITSE corresponde al momento de la inspección, a pesar de que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico carece de facultad para determinar si un acto realizado por otra entidad administrativa concurre efectos jurídicos. Además, existe una indebida motivación, pues parte de supuestos de hecho inexistentes a partir de lo alegado por las partes y el propio inspector mediante el acta de infracción conforme al numeral 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. En consecuencia, dichas circunstancias generaron consecuencias jurídicas además de la sanción impuesta al inspeccionado una situación de hecho problemática para nuestro ordenamiento jurídico vinculado a la seguridad jurídica del inspeccionado sobre el sistema jurídico en materia inspectiva. / Administrative Resolution N°1908-2022-SUNAFIL/ILM violates the due process of the inspected company when it determines the non-compliance of the safety and health at work regulations regarding safety conditions and imputes the legal type section 10 of Article 28 of the Regulations of the General Law of Labor Inspection qualified as very serious for the infringing conduct, because it configures an assumption of lack of evaluation of the evidentiary means according to numeral 1.2 of Article IV of the Preliminary Title of the General Administrative Process Law. Likewise, the lack of evaluation of the evidentiary means implies a violation of the Principle of competence according to Articles 50 and 249 of the General Administrative Process Law when SUNAFIL determines that the validity of the Management Resolution of INDECI that culminates in the administrative act of the Technical Safety Inspection of Buildings Certificate corresponds to the moment of the inspection, despite the fact that, according to our legal system, it lacks the power to determine whether an act carried out by another administrative entity has legal effects. Moreover, there is an improper motivation, since it is based on non-existent factual assumptions from the allegations made by the parties and the inspector himself in the infraction report in accordance with paragraphs 1.2 and 1.11 of Article IV of the Preliminary Title of the General Administrative Process Law. Consequently, such circumstances generated legal consequences in addition to the sanction imposed on the inspected party, a problematic factual situation for our legal system linked to the legal certainty of the inspected party on the legal system in inspection matters.

En la presente investigación se analizará la multicausalidad de los accidentes de trabajo en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. Ello en virtud de principios de la seguridad y salud en el trabajo (prevención, protección, cooperación y responsabilidad), la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento, y doctrina nacional e internacional. Asimismo, se postulará el método de cadena causal de Frank E. Bird Jr., cuya base es la multicausalidad. La referida metodología cuenta con elementos que pueden asimilarse a las figuras existentes en la regulación peruana, tales como las causas inmediatas (actos subestándares y condiciones subestándares) y causas básicas (factores personales y factores de trabajo) La mencionada indagación especializada en seguridad y salud en el trabajo se plantea a fin de analizar la imputación de infracciones con relación a la Matriz de la IPERC, condiciones de seguridad, y formación e información en el siniestro en particular. La relevancia de la aplicación de la técnica de la multicausalidad responde a que la atribución de responsabilidad del empleador debe ser en consideración de la identificación de determinado actuar ilícito y con vinculación al accidente de trabajo, lo cual no fue lo suscitado en la Resolución de Sala Plena No. 005-2022-SUNAFIL/TFL. / This research will analyze the multi-causality of occupational accidents within the framework of an administrative sanctioning procedure. This is based on the principles of occupational safety and health (prevention, protection, cooperation and responsibility), the Occupational Safety and Health Law, its Regulations, and national and international doctrine. Likewise, the causal chain method of Frank E. Bird Jr. will be postulated, which is based on multi-causality. The referred methodology has elements that can be assimilated to the existing figures in the Peruvian regulation, such as immediate causes (substandard acts and substandard conditions) and basic causes (personal factors and work factors). The aforementioned specialized inquiry in occupational safety and health is proposed in order to analyze the imputation of violations in relation to the IPERC Matrix, safety conditions, and training and information in the particular accident. The relevance of the application of the multi-causality technique responds to the fact that the attribution of the employer's liability must be in consideration of the identification of a certain unlawful act linked to the work accident, which was not the case in Full Chamber Resolution No. 005-2022-SUNAFIL/TFL.

The present interview makes a recount of some relevant aspects about the New Labour Procedural Law and his main contribution on resolution of labor conflicts. Also, gives the interviewed opinion about two relevant current events: the binding precedent Huatuco and the accomplishments of SUNAFIL, about one year of its lifespan. / La presente entrevista busca hacer un recuento de algunos aspectos relevantes de la Nueva Ley Procesal del Trabajo y su aporte en la resolución de conflictos del ámbito laboral. Además, el entrevistado expresa su opinión respecto a dos temas de actualidad: el precedente vinculante Huatuco Huatuco y los logros de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), a puertas de un año de su entrada en funcionamiento.