No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo. / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de este trabajo consiste en indagar sobre la realidad de la aplicación de los derechos fundamentales de los trabajadores mineros en Chile, específicamente en las regiones donde es posible encontrar la mayor cantidad de desarrollo de esta actividad económica, a la luz del procedimiento de tutela de derechos fundamentales, desde que comenzó el proceso de reforma al procedimiento laboral y hasta el año 2010. La hipótesis de este trabajo es que el ejercicio de los derechos fundamentales en la relación laboral minera, a través del procedimiento de tutela laboral, tiene características particulares que guardan relación con el tipo de obras que se realizan, las que principalmente se relacionan con el derecho a la vida y la integridad física y psíquica. La metodología de este trabajo se basa en el método inductivo, con el que se busca obtener premisas generales a partir del estudio de una serie de elementos particulares. Así, se revisan primero conceptos básicos y elementales para el estudio, desde el concepto de derecho fundamental hasta conceptos más técnicos de la minería, para finalmente realizar el estudio cada derecho en la realidad del trabajador minero y de casos asociados a estos derechos, obteniendo conclusiones a partir de toda la información recopilada y analizada.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El mundo y nuestro país se encuentran en un constante estado de desarrollo: económico, social, cultural, tecnológico -entre otros diversos factores-, que influyen permanentemente en la vida cotidiana de las personas. Ante este progreso, el Estado responde instaurando o reformulando políticas públicas en todas aquellas áreas que requieren de una regulación para la mantención de la paz social y la correcta armonía de los intereses privados y colectivos a las nuevas situaciones que se presentan. En el área de la regulación positiva, el Constituyente de 1980 se ha hecho cargo de establecer los lineamientos generales que permitan asegurar a las personas las libertades y obligaciones presentes según el moderno Estado de Derecho, haciendo del artículo 19 el eje central de las garantías fundamentales aseguradas, complementándolo con la fuerza vinculante asociada al Derecho Internacional a través de los Tratados Internacionales ratificados por Chile, en la manera prescrita en el inciso segundo del artículo 5°.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / El objetivo del presente trabajo es realizar un acercamiento a la estructura de la Seguridad Social en Chile, desde el punto de vista de los sujetos; a través del método inductivo, se analizan los aspectos dogmáticos de la Constitución que tienen relevancia respecto al tema en estudio; a su vez, se consagran las garantías constitucionales en general, para posteriormente adentrarnos en el concepto de Seguridad Social y sus principios inspiradores que integran nuestra legislación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El consumo de alcohol y/o drogas se ha presentado como un problema que abarca a la sociedad como un todo. Este problema se acentúa cuando ese consumo es abusivo o genera dependencias, y por tanto, se torna un problema esencial en la vida de las personas afectadas por tales situaciones. Luego, la trascendencia de estas conductas desata consecuencias no sólo para el consumidor, sino también para su entorno familiar; social en general; y en específico de acuerdo al tema que nos convoca, también en el ámbito laboral.

Tesis (para optar al grado de doctor en derecho) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La imagen de un mamífero en gestación en el vientre de una hembra es quizás el símbolo más elocuente del asombroso proceso de creación de la vida. Frente a ella, no podemos evitar una actitud de sobrecogimiento y respeto. Y cuando el embrión o feto es humano, la imagen además nos vincula con nuestra realidad: criaturas de un universo cuya total comprensión nos está vedada, al que llegamos para vivir fugaces años en la contingente compañía de otros seres con los que creamos lazos y de quienes luego nos separa la muerte. A este misterioso paréntesis de vida lo protegemos en nuestras constituciones y proclamamos en nuestros tratados. El aborto inducido implica la interrupción artificial de una vida en gestación. El acto de abortar supone, entre otras muchas cosas, una violencia simbólica muy fuerte, al tener que ser decidido y ejecutado por quienes somos criaturas que fuimos recibidas por otros, en un gesto que nos permitió llegar a ser. Pero reconocer esta violencia, y los males más concretos que pueden asociarse al aborto, no determina necesariamente que el aborto deba siempre estar prohibido. Es posible que el aborto esté jurídicamente justificado en ciertos casos o cuando es realizado en el primer periodo del embarazo. Así lo han decidido muchas sociedades en procesos de deliberación legítimos y tomando en consideración los muchos argumentos, creencias, experiencias y sensibilidades que son relevantes en este tema. Esta tesis presenta una propuesta interpretativa del artículo 19 Nº1 de la Constitución Política chilena, en lo que se refiere al mandato de proteger la vida del que está por nacer, en el contexto acotado de la regulación del aborto. Por lo mismo, no trata temas relacionados como la investigación con embriones o la reproducción asistida, aunque las discusiones y conclusiones pueden resultar también pertinentes en estas materias

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nuestro trabajo consistirá en un primer capítulo, sobre el concepto de los derechos fundamentales. También en este capítulo nos centramos en la constitucionalización de los derechos fundamentales laborales, vale decir, el reconocimiento de estos derechos en la constitución y la aplicación de los mismos a las relaciones particulares. Algunos de estos derechos son reconocidos de manera específica en las relaciones laborales y otros de manera inespecífica, que son derechos que se le reconocen a toda persona por ser tal, y por ende aplicables a las relaciones laborales derivadas del contrato de trabajo. Sin embargo nos encontramos con el artículo 485 del Código del Trabajo se remite solo a algunos derechos cuya tutela se ampara por el nuevo procedimiento de tutela de derechos fundamentales. En el capitulo segundo, enumeramos y dimos una explicación a grandes rasgos de los derechos protegidos en el nuevo procedimiento de tutela, según indica el artículo 485 del Código del Trabajo, el cual se remite a ciertos derechos fundamentales protegidos por la Constitución, y además recalcamos la especial importancia del derecho o garantía de indemnidad, creado especialmente en este artículo, el cual consiste en que los trabajadores puedan ejercer tanto acciones administrativas como judiciales, sin que el empleador pueda realizar actos de represalia como consecuencia de dichas denuncias. En el capítulo tercero analizamos, someramente, el procedimiento de tutela laboral empezando con sus antecedentes previos y la necesidad de la aplicación de un nuevo procedimiento de tutela laboral en Chile. Dentro de este capítulo analizamos algunos principios formativos del nuevo procedimiento laboral aplicables al procedimiento de tutela, ya que este procedimiento en su gran medida se remite al procedimiento ordinario laboral. Por último dentro de este capítulo vimos el procedimiento propiamente tal. Y por ultimo en el capítulo cuarto siendo la parte principal de nuestro trabajo extractamos y comentamos brevemente, tanto la jurisprudencia administrativa y judicial. En esta recopilación se trató de seguir el orden de los derechos fundamentales protegidos en el Código del Trabajo, tal como lo indica el artículo 485

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde una premisa práctica y considerando el requerimiento de las personas de acudir al mercado para la satisfacción de sus necesidades, se observa una insuficiencia de los modelos de protección al consumidor. En general, estos sistemas obedecen a estructuras estatales, sustentadas en un catálogo de derechos básicos de rango legal. Sin embargo, durante las últimas décadas, se ha identificado una tendencia en consagrar estos derechos a nivel constitucional, al punto que, en América Latina, sólo Chile y Uruguay no han incluido a los consumidores en sus textos fundamentales. El objetivo del presente trabajo es analizar los modelos comparados de protección al consumidor y las técnicas empleadas para la recepción constitucional del usuario, comparando con el actual marco legal chileno. Se logró identificar que el catálogo de derechos del consumidor comparte, en esencia, los mismos fundamentos que los derechos humanos o, como se prefiere denominar, fundamentales, de modo que, aun sin una recepción expresa en el texto constitucional, pueden recibir protección en ese nivel y surgen ciertas obligaciones para los Estados. Por consiguiente, se postula que estos derechos constituyen derechos constitucionales implícitos, de forma autónoma o derivada, lo que genera importantes consecuencias jurídicas y prácticas dentro del ordenamiento jurídico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Dentro de todo este nuevo panorama bioético, promovido por la revolución tecnológica, surge una variable jurídica de considerable importancia: el consentimiento informado del paciente. Sea como quiera mirárselo o catalogárselo, el paciente es sujeto de derechos. Ya sea que se lo considere como titular del derecho humano a la salud, o como al cliente de una prestación profesional de salud, tiene el derecho a estar informado para con ello poder ejercer otro derecho que está estrictamente relacionado con aquél: el poder elegir, a partir de su información, tanto el servicio asistencial médico en que tratar su enfermedad, como el profesional médico con quien desea atenderse. Nuestra Constitución Política, en apariencia, no contiene la consagración de este derecho, ya que la expresa garantía del artículo 19 Nº 9 sólo se refiere a la protección de la salud, el libre e igualitario acceso a las acciones de salud, la protección y recuperación de la salud y rehabilitación del individuo. En seguida, la norma constitucional consagra deberes para el Estado, como es la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud; garantizar la ejecución de las acciones de salud. Por último consagra el derecho de toda persona a elegir el sistema de salud a que desea acogerse, estatal o privado La presente memoria busca abordar este problema y ver cómo el Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (AUGE), con dos años de vigencia, se enmarca en los principios de un sistema de seguridad social.