Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Históricamente reconocemos tres etapas en la evolución del Derecho del Trabajo, que devienen desde el obrero proletario al trabajador asalariado de las primeras leyes laborales, y del asalariado al trabajador organizado sindicalmente de mediados del siglo pasado, para llegar progresivamente a la recepción del trabajador como ciudadano. De esta forma el derecho del Trabajo cumple una doble función. En un primer término, ha servido de soporte al modelo económico capitalista, regulando las leyes del mercado y de la libre competencia, y por otro lado, ha prestado importantes servicios al modelo democrático, creando de manera progresiva instancias de protección y de participación para los trabajadores, posicionados como la parte más débil de la relación laboral. Es relevante señalar que si bien en nuestro ordenamiento jurídico la tutela de los derechos fundamentales que garantiza la Constitución de la República, se plasma a través de la acción de protección que aquel cuerpo normativo establece en su Artículo 20, dicha acción resultaba deficiente en cuanto a los elementos propios que constituían la perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos o garantías que pudiesen ser vulnerados al trabajador dentro de su relación de dependencia con el empleador, sobretodo en relación a específicos derechos. Es en este contexto que planteaba una total separación entre el derecho y la realidad que se aprueba en la reforma procesal laboral, especialmente contenida en la Ley N° 20.087, que intenta mejorar la eficacia del derecho del trabajo, incorporando el procedimiento de tutela laboral que busca proteger aquellos derechos que la Constitución reconoce al trabajador en su condición de persona. En su implementación este procedimiento ha sido objeto de numerosas críticas. Ha surgido la interrogante de si ¿se está dando una tutela judicial eficaz a los derechos fundamentales del trabajador? Así, ésta premisa es la principal interrogante que nuestro trabajo pretende dilucidar

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo nace producto de la expresión de un fenómeno social en creciente expansión durante la última década: el aumento de la migración de personas hacia nuestro país. Una de las razones por las que este trabajo se referirá al fenómeno ya descrito, es por que no hemos encontrado una respuesta legal en nuestro derecho interno que se encuentre acorde a la normativa internacional de derechos humanos y, creemos también, tampoco a los principios y garantías propias de nuestra normativa constitucional. Manifestación concreta de ello puede verse en la expulsión de inmigrantes por parte de la administración, materia que será el estudio principal de este trabajo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta memoria se presenta de manera sistémica e integrada el derecho a la libertad de pensamiento. Por tanto, no sólo nos referiremos a este respecto a su fase externa, que es el derecho a la libertad de expresión, sino que se pretende, en el desarrollo de este trabajo investigativo, englobar las distintas fases que la comprenden: su fase interna, entendida como el derecho a libertad de pensamiento, de conciencia y de culto; su fase externa, que comprende el derecho a la libertad de expresión, la libertad de enseñanza y de acceso a la información, y su fase colectiva, caracterizada por los derechos a la libertad de asociación y de reunión

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tuvo por objeto analizar cada una de las disposiciones del régimen disciplinario penitenciario chileno a la luz de los principios y derechos fundamentales que la Constitución Política de la República y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes garantizan a todas las personas. Con miras a lo anterior, en primer lugar se da cuenta de la normativa que resulta aplicable a la ejecución de las penas privativas de libertad que cumplen efectivamente adultos de sexo masculino sometidos al subsistema cerrado, con énfasis en lo señalado en torno a la imposición de sanciones disciplinarias. En el mismo sentido, se describe el procedimiento administrativo de aplicación de sanciones, así como los sujetos que intervienen en el mismo. En seguida, se estudian cada una de las conductas calificadas como faltas leves, menos graves y graves, así como las medidas disciplinarias destinadas a ser aplicadas ante la comisión de dichas conductas, precisando como las normas referidas en los hechos vulneran los derechos y garantías de las personas privadas de libertad. Por último, se expone el régimen de recursos con que cuentan las personas ante la infracción de derechos constitucionales por medio de la imposición de sanciones disciplinarias.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nos dedicaremos en el presente trabajo, al estudio del menoscabo que puede afectar al trabajador ante el ejercicio que haga el empleador de la facultad contenida en el artículo 12 del Código del Trabajo, conocida doctrinariamente como ius variandi, que consiste en modificar unilateralmente algunas de las condiciones pactadas en el contrato de trabajo, como la naturaleza de las funciones y el lugar donde los servicios deban prestarse, bajo ciertos requisitos que establece el mismo artículo.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho público) / El presente trabajo analizará el origen, naturaleza y efectos del control de constitucionalidad y el control de convencionalidad interno, identificando las diferencias existentes entre ambos, proponiendo que en nuestro país ambos controles normativos no son asimilables y, por tanto, no pueden ser aplicados de manera simultánea por el Tribunal Constitucional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente obra surge a raíz de la identificación de un problema constitucional en el proceso penal: en nuestra Carta Fundamental se le garantiza a la víctima el ejercicio a la acción penal y nuestro Código Procesal Penal la recoge, a través del forzamiento de la acusación. Sin embargo, en la práctica, cuando el fiscal del Ministerio Público, sin haber formalizado la investigación, decide no continuar con la persecución penal, por medio del sobreseimiento o de la decisión de no perseverar, los tribunales nacionales han negado sistemáticamente a los querellantes deducir el forzamiento de la acusación. Con esta idea en mente nos propusimos encontrar una vía apropiada para facilitar la aplicación de dicha institución. Para ello, realizamos una investigación bibliográfica de distintas fuentes relativas al tema, legales, jurisprudenciales, administrativas y doctrinarias. Como resultado, descubrimos las razones que fundamentan la posición predominante, dimensionamos su alcance y nos aventuramos con una reinterpretación de las normas que permita efectivamente la aplicación del forzamiento de la acusación, sea en presencia o ausencia de formalización previa

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo exponer la necesidad de constitucionalizar en Chile la protección del consumidor y usuario. Para ello, el Capítulo I comienza relatando la proclamación de los derechos de los consumidores y usuarios como Derecho Humano, aportándose datos sobre sus origen como derecho y luego como Derecho Fundamental. Además, se revisa su protección tanto en órganos internacionales como en España, Argentina, Brasil y Colombia. El Capítulo II plantea que, a pesar de la inexistencia de un precepto constitucional tutelar de los consumidores, sí es posible que ésta los contenga, para luego examinar los proyectos de reforma constitucional de los últimos años, centrándose en el del año 2014. Finalmente, se expresa la importancia de contar con un precepto constitucional que ampare a los consumidores y usuarios

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta tesis tiene como objetivo analizar si la actual Constitución Política de la República y las demás Constituciones de la historia que han tenido vigencia en el país, poseen una consagración expresa o implícita del derecho al Buen Gobierno o a la Buena Administración Pública, o solo se identifican algunos derechos de los que se consideraran al alero de este, o si, por el contrario, no se encuentra ningún rastro del mismo, también analiza el reciente proceso constituyente, los primeros insumos y el proyecto de nueva Constitución, que se presentaron por el gobierno de Chile. Luego, se buscará identificar a nivel europeo y Latinoamericano, su consagración en los más altos instrumentos de organización de la sociedad, en Cartas que consagran derechos fundamentales, la Constitución Española de 1978 y las convenciones anticorrupción. Por último, se señalará que facetas de existencia presenta el derecho en estudio. El método que se ha empleado en el desarrollo de esta memoria es el de la investigación teórico-dogmática, siendo la técnica de investigación utilizada la documental, bibliográfica y el fichaje, que se materializa en la recopilación del material, legislativo y doctrinario, de Chile, Latinoamérica y Europa, una posterior lectura, revisión y análisis de la información recabada y finalmente, la redacción del trabajo. El resultado de la investigación considera al Buen Gobierno o Buena Administración Pública como un derecho Fundamental de la persona, cuyo fundamento se asienta en la esencia de la función de la Administración, reconocimiento expreso en las Cartas Europea e Iberoamericana, e implícito en algunas Constituciones analizadas.

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