Magíster en Gestión y Políticas Públicas / El modelo de protección de los derechos de los consumidores en Chile está permanentemente expuesto a la crítica ya que cada vez surgen reclamos por abusos por parte de los consumidores. El caso más emblemático y que da origen al objeto de este estudio, surge a raíz de los cerca de mil reclamos de consumidores contra la empresa La Polar en el año 2010 por procesos de repactaciones unilaterales de sus deudas. Ello da paso a la decisión del gobierno de crear un Servicio Nacional del Consumidor Financiero, con el fin de regular estas situaciones, disminuir las asimetrías de información, e implementar nuevas exigencias a las empresas y fortalecer los derechos de los consumidores en el mercado financiero. Todo lo cual se hizo en medio de una amplia cobertura comunicacional y mientras se investigaba el caso La Polar. Conceptualmente las fallas de mercado que provocan estos abusos son las asimetrías de información, costos de transacción y racionalidad limitada, y los países regulan para evitar o minimizar estas conductas. En Chile la regulación financiera está abordada por temas a través de diferentes Superintendencias y el Servicio Nacional del Consumidor es la institucionalidad dedicada a proteger los derechos de los consumidores. Con el SERNAC Financiero se introducen modificaciones a la Ley del Consumidor que pretenden hacerse cargo de minimizar los abusos en los productos financieros. A través de este estudio se muestra la trayectoria que dio origen al SERNAC Financiero, desde su sus principales hitos, actores, recursos e implementación teniendo como objetivo analizar si el diseño de esta política pública logra cumplir con fortalecer los derechos de los consumidores, obteniendo lecciones y recomendaciones. Para ello se revisó la prensa nacional, los informes técnicos, la historia de la ley, las leyes relacionadas y se sostuvieron entrevistas a ex y actuales autoridades. Con el SERNAC Financiero se buscaba fortalecer los derechos de los consumidores exigiendo mayor información a los proveedores, instalando a Ministros de Fe en el SERNAC, aumentando las atribuciones y las multas y creando un nuevo instrumento de regulación: el Sello SERNAC. Se puede concluir con este trabajo que, a pesar que el tema de los consumidores se sube a la agenda pública, y se lanza la iniciativa de un SERNAC Financiero con mucha publicidad, que vendría a solucionar los problemas de abusos financieros, apuntando a fortalecer y proteger los derechos de los consumidores, dicha institucionalidad sigue siendo insuficiente, no cumpliendo con las expectativas de la mayoría de los actores del sistema así como también con respecto a organismos similares en países más desarrollados, pero en especial frente a la protección efectiva de los derechos de los consumidores.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo pretende determinar de la forma más precisa posible cual es el universo de relaciones de consumo que ampara le Ley Nº 19.496 de Protección de los Derechos de los Consumidores (en adelante también: Ley de Protección al Consumidor o LPC), para esto, analizaremos uno a uno los artículos que tengan relevancia para determinar a que sujetos y a que actos se aplica esta disposición. En primer lugar, revisaremos los requisitos que deben reunir los sujetos de la relación de consumo, estudiaremos los conceptos de consumidor o usuario y de proveedor que nos da el artículo 1º en sus números 1) y 2) para lograr así establecer en forma certera quienes pueden ser considerados como tales. Luego, nos referiremos al elemento objetivo de la relación de consumo revisando como se entrelaza con los requisitos subjetivos, estudiaremos en que consiste el carácter mixto que debe tener todo acto de consumo y que excepciones existen a esta regla. Por último, en el Capítulo IV trataremos la aplicación de la LPC en materias reguladas por leyes especiales, nos referiremos a su carácter supletorio y a los casos contemplados en las letras b) y c) que se refieren a los intereses colectivos y difusos y al tema indemnizatorio

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como pilar fundamental el análisis de los conflictos que se suscitan entre consumidores y proveedores y los métodos de resolución que se han aplicado para resolverlos. De esta forma, se intentó afirmar la siguiente hipótesis: “el arbitraje es un método eficaz y eficiente para resolver conflictos en sede de consumo que es factible de ser establecido en Chile”. Para contextualizar se ha debido introducir el tema caracterizando el conflicto de consumo, describiendo en qué consiste un acto de consumo, los sujetos que participan de él y las normas y principios sustantivos que rigen en esta materia, para luego aportar información sobre la experiencia comparada de Argentina, España y México respecto de los cuales se ha realizado un análisis legal, doctrinario y jurisprudencial en materia de arbitraje de consumo: sus ventajas y desventajas, procedimiento previsto, cómo ha sido acogido por los sujetos de los actos de consumo y cómo conviven los distintos métodos de resolución de conflictos. La investigación se realizó conforme al método dogmático tradicional, combinado con metodologías propias de la investigación cualitativa, realizándose entrevistas semi-estructuradas a juristas del ámbito nacional e internacional. Como resultado se formulan propuestas susceptibles de ser aplicadas en la legislación chilena, además de servir de base para nuevas investigaciones y proyectos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo de la memoria que nos ocupa es realizar una recopilación de la variada jurisprudencia existente en materia de derecho del consumidor a nivel nacional, para luego realizar un análisis doctrinal de dicha jurisprudencia. Para lograr un análisis acabado y ordenado, emplearemos el mismo esquema que establece la Ley 19.496.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El sistema de control de contenido de las cláusulas abusivas dispuesto en nuestra legislación, siguiendo la experiencia comparada, ha establecido un catálogo de cláusulas nulas por estimarse que atentan contra la buena fe alterando el necesario equilibrio o conmutatividad de las prestaciones debidas entre las partes. Asimismo, a modo de norma de clausura ha dispuesto una cláusula abierta de abusividad presente en el artículo 16 letra g) de la Ley 19.496, la cual erige como parámetros a la buena fe y el desequilibrio importante de las prestaciones para que el juez, atendiendo la finalidad del contrato y las normas que lo regulan, pueda controlar la abusividad de un término contractual determinado. Tales conceptos han resultado de difícil acceso por la doctrina nacional y extranjera, Con el fin de dar contenido a la noción de cláusula abusiva en los contratos de consumo, este trabajo pretende incorporar consideraciones propias del análisis económico del derecho, ligándolos con el concepto de cooperación, permitiéndole al intérprete determinar la abusividad de un término contractual en base a criterios económicos y teleológicos. / Autor no autoriza el acceso completo de su documento hasta el año 2017 / 08/09/2017

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En las últimas décadas, Chile se ha dotado de una institucionalidad y una regulación que norma el vínculo que se produce en el acto de consumo y establece los derechos del consumidor. La ley 19.496 y, particularmente, el artículo 23 inciso 1° contenido en ella, es la piedra angular de dicho ordenamiento en materia de responsabilidad. Pese a la importancia de esta normativa, su interpretación desde la doctrina y la aplicación en la práctica, así como la jurisprudencia no han generado consenso. En la aplicación del artículo 23 inciso 1° de la Ley 19.496, el presente trabajo se propuso identificar su uso más apegado al sentido de la normativa. La conclusión a la que arribamos es que debe primar el principio de Especialidad vigente en nuestro ordenamiento. Ello se traduce en la pertinencia de aquellos artículos que regulan específicamente conductas negligentes de los proveedores, apelando al artículo 23° solamente en los casos en los que el legislador no ha regulado la negligencia en una materia específica. / 23/09/2017

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El 24 de abril del año 2013 la Corte Suprema acogió el recurso de casación en la forma interpuesto por el SERNAC, poniendo fin al juicio colectivo entre el éste y CENCOSUD, declarando abusiva la modificación unilateral del monto de la comisión por mantención de la tarjeta Jumbo Más y condenando a la empresa a restituir los cobros indebidos y a pagar una indemnización a los consumidores afectados. Este fallo constituye un importante precedente en materia de protección al consumidor en Chile ya que aclara aspectos relevantes en las relaciones de consumo. En el presente trabajo se analizó la formación del consentimiento en los contratos de consumo a la luz del presente caso, con el objeto de aclarar en qué forma debe prestar su aceptación el consumidor para entender válidamente formado el consentimiento. Para esto se hizo un estudio de la regulación aplicable a la formación del consentimiento en los actos de consumo; luego se hizo una descripción de las posturas de las partes del juicio SERNAC contra CENCOSUD y de los tribunales a cargo de la causa en cuanto a la materia analizada y: finalmente se trató la formación del consentimiento en los contratos de consumo en base a los aprendizajes del citado caso y el estudio de la normativa aplicable, poniendo especial énfasis en la forma en que el consumidor debe dar su aceptación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo el estudio del contrato de mandato, aplicado a un caso concreto de connotación nacional y de gran relevancia para los consumidores, como lo es el “Caso La Polar”, su estudio se centra en el aspecto jurídico del contrato de mandato inserto en el contrato de adhesión que la empresa ofreció a sus clientes, durante el período 2006-2011, denominado “Contrato de Línea de Crédito Tarjeta La Polar”. Para tal efecto, se analizará en detalle el contrato de mandato celebrado por la multitienda “La Polar”, desde una perspectiva normativa y práctica, se examina nuestro ordenamiento jurídico, desde la mirada del derecho común, el comercial y por cierto la Ley de protección de los Derechos de los Consumidores incluidas sus modificaciones, además se revisan las interpretaciones realizadas tanto por el Sernac en la demanda colectiva como por la empresa en cuestión, de manera que el lector pueda conocer y entender en detalle los términos de la cláusula que La Polar, utilizó como fundamento y justificativo para repactar de manera unilateral las deudas de sus clientes. Dicho estudio será realizado a través de dos capítulos: En el primero se estudiará el contrato de mandato y su regulación, para luego analizar las cláusulas que contiene el mandato de La Polar y determinar si nos encontramos frente a cláusulas abusivas o a una extralimitación del contrato. Mientras que en el segundo capítulo se dará a conocer el desarrollo mediático del caso, la línea argumentativa del Sernac y de la empresa, finalmente se expondrá la opinión crítica de la tesista frente al caso.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo exponer la necesidad de constitucionalizar en Chile la protección del consumidor y usuario. Para ello, el Capítulo I comienza relatando la proclamación de los derechos de los consumidores y usuarios como Derecho Humano, aportándose datos sobre sus origen como derecho y luego como Derecho Fundamental. Además, se revisa su protección tanto en órganos internacionales como en España, Argentina, Brasil y Colombia. El Capítulo II plantea que, a pesar de la inexistencia de un precepto constitucional tutelar de los consumidores, sí es posible que ésta los contenga, para luego examinar los proyectos de reforma constitucional de los últimos años, centrándose en el del año 2014. Finalmente, se expresa la importancia de contar con un precepto constitucional que ampare a los consumidores y usuarios