En el periodo comprendido entre 1588 y 1658 la “Constitución implícita factual” en que se basaba el reparto del poder en la corona de Castilla, sufrió una de las mayores transformaciones cualitativas y cuantitativas, en el sentido de traspaso de soberanía del individuo a la entidad política. Esta cesión se logró gracias a la complicidad de los mediadores locales, que al administrarla consolidaron su posición; pero en fondo su significación fue el crecimiento factual de la entidad política frente al conjunto de la sociedad y el individuo.

A partir del análisis de la evolución demográfica experimentada por la población de Cartagena entre 1480 y 1650, aproximadamente, caracterizada por un largo periodo de crecimiento (1480-1620). Se profundiza en las derivaciones económicas y sociales de dicha evolución. En la primera parte, tras el análisis demográfico, se procede a la explicación de las diversas coyunturas de cada actividad economía, desde la agricultura, la ganadería y la pesca, hasta el artesanado y el comercio, abordando los problemas del crecimiento de efectivos humanos y de la producción junto con los componentes que en ellos inciden (problemas de los coste en la expansión agrícola, de los arrendamientos de pastos en la actividad ganadera), y los conflictos que de ellos derivan. La industria artesanal se caracteriza, por contraste, en una gran debilidad de efectivos y una escasa organización gremial que no logra impedir la formación a finales del XVI de una industria más libre y de tipo portuario (jabonerías, tenerías, hornos bizcocheros, etc.). El comercio por su parte, muestra una evolución singular en tres etapas: una de escaso crecimiento (1520-1560) y otra de recesión (1620-60). Aparte de los elementos que caracterizan a esta evolución, como la progresiva instalación de genoveses, que se intensifica entre 1560 y 1620.

En esta tesis, se documenta y estudia la aportación fundamental de Rafael Altamira y Crevea (1866-1951) a la educación popular y la escuela pública española desde el Museo Pedagógico Nacional, la Extensión Universitaria de Oviedo y, sobre todo, desde su cargo de primer Director General, de Primera Enseñanza, entre 1911 y 1913. En ese periodo, Altamira y Crevea dignificó la profesión de maestro y sentó las bases administrativas y pedagógicas de la escuela pública nacional que se desarrollaron después durante el primer gobierno de la Segunda República, como se explica mediante un análisis de la legislación de la Dirección General de Primera Enseñanza de ambos periodos y la relación personal de Altamira y Crevea con Rodolfo Llopis, Director General entre 1931 y 1933. Además, se documenta su contribución a la enseñanza de la historia y de valores pacifistas.