Tesis para obtener el grado académico de magíster en comunicación política. / La complejidad de lo ocurrido en Chiloé en mayo del 2016 revierte características interesantes acerca de la dinámica de interrelaciones que potencian una discursividad social asociada a la disconformidad, frustración y protesta por las condiciones propias de la vida, el escaso e inequitativo desarrollo y bienestar, la pérdida de la propia identidad y rasgos culturales, así como el despojo de las riquezas naturales. Estas últimas, indispensables para la subsistencia económica de sus habitantes y familias. El mayo chilote se constituyó como un levantamiento ciudadano del cual subyace una acción colectiva nunca vista en el archipiélago, cuya naturaleza tiene en la industria extractiva a su principal antagonista, tras la contaminación del mar por marea roja. A pesar de tener como víctimas directas a los pescadores artesanales, fue la comunidad en su conjunto la cual reveló la profunda querella social de Chiloé. Bajo la consigna “Chiloé está priva’o” se configura un conflicto socioambiental, el cual, a partir de las determinantes de la contaminación del mar, la actuación de la institucionalidad pública, y la convergencia de diferentes actores sociales, ponen de manifiesto la severidad del capitalismo en torno a una actividad económica, pero que devela la profundidad de sus implicancias en la cultura y el tejido social, afectando a la sociedad chilota en su conjunto. Los discursos desplegados posicionaron a la comunicación con una dinámica de interrelaciones, de los relatos contra/orden, reflejando su capacidad articuladora de los procesos comunitarios, de cambio, transformación, concientización, organización y movilización de la ciudadanía

ftis research project documents the China incoming to the Peruvian industry, focusing on mining. fte investment measures should be made not only in monetary terms but also taking into account their contribution to local development, considering minerals are non-renewable resources. At the core of the thesis, the Shougang Hierro Peru (SHP) case is discussed. ftere are three main dimensions addressed: social, environmental and economic, based on the sustainable development concept, in order to assess the mining investment quality and its relations with its main stakeholders: local government (municipality), workers unions (employees), and civil society (Marcona inhabitants).fte main hypothesis is that the SHP behavior, given its Chinese source, represents a successful model of FDI extractive industry, distinct from the political democracy. SHP is found as a unique and emblematic case, due to its access conditions to Peru, in the context of a government that followed the Washington Consensus policies and allowed a Law-Contract that, until 2016, provided them free use and domain of basic services, water and electricity. SHP is a special case and there are no related mining project with similar characteristics; nevertheless, in order to have control cases, we made a brief comparison using greenfield and brownfield projects, Antamina (Huari, Ancash) and Doe Run (La Oroya, Junín), respectively.ftis investigation, and many authors as well, agree on a same general conclusion: the quality of mining investments projects depends on the national regulatory framework. Without a Government that actively monitors the mining companies’ behavior and establishes fair conditions for population as well as private sector, they would probably prefer the minimum quality standards. / La presente investigación hace una documentación sobre el ingreso de China en la industria peruana, haciendo discusiones generales sobre la extracción minera. La medición de las inversiones debe darse no solo en términos monetarios, sino también en cuánto contribuyen al desarrollo a nivel local, toda vez que los minerales son recursos no renovables, es decir, bienes o riquezas irrecuperables. En el centro de la tesis se discute el caso de Shougang Hierro Perú (SHP, en adelante). Se presentan los antecedentes del caso y, posteriormente se discuten las tres dimensiones seleccionadas (social, ambiental y económica), en base al concepto de desarrollo sostenible, a fin de evaluar la calidad de esta inversión minera y su relación con los principales stakeholders: gobierno local (municipalidad), sindicato de obreros (trabajadores), sociedad civil (habitantes de Marcona). La hipótesis central es que la actuación de SHP, por ser de fuente china, representa un modelo exitoso de industria extractiva e inversión en el extranjero, ajeno a la democracia política. Se encuentra a SHP como un caso único y emblemático, dadas sus condiciones de ingreso al Perú, en el marco de un gobierno que siguió las políticas del Consenso de Washington y permitió un contrato-ley que -hasta el año pasado, 2016- le otorgó el libre uso y dominio de servicios básicos, agua y luz. Fue una de las pocas inversiones chinas que llegaron al Perú en la década de los 90. Es el único que extrae y procesa hierro en tal magnitud en el país y en la región. SHP es un caso especial y los proyectos más cercanos no tienen características similares; no obstante, a fin de tener casos de control, se realizó una breve comparación con Antamina (Huari, Ancash) y Doe Run (La Oroya, Junín), como ejemplos emblemáticos de proyectos greenfield y brownfield, respectivamente. Muchos autores y esta investigación, también, coinciden en una misma conclusión general: la calidad de la inversión minera depende, en gran medida, del marco regulatorio nacional y, por consiguiente, local. Sin un Gobierno que vigile activamente la conducta minera y que establezca condiciones justas tanto para la población y el sector privado, las empresas mineras probablemente preferirán cumplir con estándares mínimos de calidad.

The government of Colombia and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) have signed agreements heralding an era of “peace” for the country. While the end of the confrontation brings many opportunities, it also poses numerous challenges. This article argues that the most significant of these challenges is the potential for the conflict to merely transform into a socio-environmental conflict. Indeed, the mere signing of the peace agreements does not constitute a guarantee to prevent the escalation of conflict in some regions. To prevent this, the dynamics of dialogue and consensus evidenced in the negotiations that took place in Havana must be replicated at a local level in the territories that once were dominated by the FARC. Improved security conditions deriving from the ceasefire have shown propitious for the development of extractive activities in territories previously ridden by armed conflict. But while the dynamism of the mining and energy sector provides significant opportunity for economic development, it has coincided with the intensification of socio-environmental conflict in several regions of the country. If the government does not address these rising conflicts between multi-nationals and local populations, what is now fertile ground for peacebuilding could prove to be the beginning of a new form of long-lasting violent conflict. / El gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han suscrito los acuerdos que presagian una era de “paz” para el país. Si bien el fin del enfrentamiento armado trae consigo muchas oportunidades, plantea a su vez muchos retos. La firma de los acuerdos de paz no constituye una garantía para evitar la intensificación del conflicto en algunas regiones. Las dinámicas de diálogo y concertación de las mesas de negociación de La Habana deben replicarse en los territorios que otrora fueron dominados por las FARC si no se quiere incrementar el conflicto, particularmente el socioambiental. El mejoramiento de las condiciones de seguridad que derivan del cese al fuego entre ambos bandos se ha mostrado propicio para el desarrollo de actividades extractivas en territorios donde hasta hace poco estuvieron vedadas. El reciente dinamismo del sector minero energético coincide con el escalamiento del conflicto socioambiental en numerosos territorios del país. Ante esta situación, la promoción del desarrollo por el Estado colombiano constituye un complejo desafío en el contexto de construcción de la paz.