El libro analiza y discute las políticas de competencia, con especial énfasis en cuatro de ellas: la defensa de la «libre competencia» (antimonopolio o antitrust), la represión de la competencia desleal, la protección al consumidor y la supervisión de la publicidad. Las políticas de competencia pueden tener un impacto importante en el desarrollo de una economía al posibilitar la obtención de mejores resultados del funcionamiento de los mercados, pero para ello debe recibir especial cuidado la definición del contenido y la aplicación de estas normas. La cuestión central a abordar en tal discusión es el alcance de estas políticas de competencia, es decir, hasta dónde debe intervenir el Estado, en qué casos, qué determina que una intervención sea excesiva o no y a qué costos. Para ello se debe tener en cuenta que estas normas se basan en un supuesto fundamental: el desarrollo económico se consigue en la medida en que los mercados funcionen libremente y de manera adecuada. Las políticas de competencia se orientan a fortalecer el mercado, no a sustituirlo. Un uso indebido de las normas puede llevar a limitar iniciativas que generen un uso más eficiente de los recursos o a reducir, irónicamente, la competencia en los mercados.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

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La actividad de la pequeña minería y minería artesanal representó, hasta el año 1993, un medio de subsistencia y una oportunidad de desarrollo para sus operadores, además de que se convirtió en un importante instrumento de inclusión social y lucha contra la pobreza. Debido al aumento del precio del oro (boom minero 2000-2013), la demanda de oro aumentó haciendo que grandes comercializadores y acopiadores de oro aparezcan en las zonas auríferas del territorio peruano, haciendo que estos pequeños mineros artesanales informales se convirtieran en ilegales explotando a mayor escala con equipos mineros más sofisticados, convirtiéndose en un problema para la administración por el Estado y el bienestar para la sociedad. La presente investigación se basa en la minería artesanal informal aurífera, entendiéndola como la minería desarrollada en lugares no prohibidos pero que han sido censados por el Estado y se han sometido a un proceso de formalización. La minería artesanal ilegal, llamada así porque desarrolla sus actividades en lugares prohibidos por el Estado (parques nacionales, áreas de reserva nacional, monumentos históricos, entre otros) no es materia de este trabajo.

El primer caso a estudiar será el de la sujeción de los sujetos públicos (Estado) a las normas de libre competencia; es decir, analizaremos si el Estado, en alguna de sus manifestaciones, puede ser considerado como un infractor a las normas de libre competencia. Para ello, pondremos énfasis en el estudio de las empresas estatales y el de los organismos o cuerpos de autorregulación, que presentan una dicotomía público-privado, que resulta importante para la delimitación del ámbito de aplicación de las normas de libre competencia, y relevante para efectos de nuestra investigación. En segundo lugar, pasaremos a analizar los casos en los que el Estado afecta la eficacia de la norma de competencia no como sujeto activo, sino como un medio. Nos referimos a supuestos en los que las conductas anticompetitivas serán realizadas siempre por agentes económicos privados, pero utilizando al Estado como un mecanismo para lograrlo, sin temor a la intervención de la autoridad de competencia. Ello se manifestará normalmente a través de las potestades normativas-regulatorias del Estado, que permitirán a los operadores privados eximirse del control de las normas de libre competencia y de la supervisión de la agencia de competencia, a través de lo que se conocen como exenciones normativas. A partir de la revisión de la experiencia comparada y la experiencia nacional, podremos apreciar dos grandes sub-divisiones o expresiones de la intervención estatal “normativa” que tienden a limitar o eliminar la aplicación de la norma de libre competencia.

La investigación presentada tiene como objetivo contribuir con el esclarecimiento de los alcances del concepto de intervención del Estado en la economía, proponiendo un marco conceptual que distingue sus distintos elementos y perfila las distintas variantes en las que se pueda concretar. Como consecuencia de esta labor la Tesis permitiría constatar la existencia de vacíos en el estudio de la actuación del Estado en la economía, acarreados por la ausencia de reflexión respecto a las bases y presupuestos que sustentan el discernimiento jurídico desarrollado a nivel doctrinal. Así, el análisis realizado identifica en un primer plano que el concepto de intervención del Estado en la economía no presenta una delimitación concreta, situación que conllevó a que en el presente estudio se proceda a contribuir con una propuesta de los distintos aspectos que comprenderían el concepto de intervención del Estado en la economía, perfilando la “extensión”, “intensión” y “término” que conforman el concepto. A partir de ello, la presente tesis ha permitido formular una definición del concepto de «intervención del Estado en la economía», perfilándola como aquella actuación del Estado en el marco del mercado que tenga como objeto o efecto la delimitación de los derechos fundamentales ejercidos por los agentes económicos en el mercado. Los conceptos derivados de este primer plano permiten establecer un punto de referencia concreto para la actuación estatal al momento de ser estudiada, evitando preconcepciones implícitas que lleven a estudiar realidades distintas como si se tratasen de un mismo hecho. En un segundo plano, y a partir del contraste con el concepto delimitado, la presente tesis identifica que el desarrollo actual de las formas de actuación del Estado, 3 desarrollado a nivel teórico, presentaba ciertas deficiencias en torno a sus criterios de configuración, consistentes en: (i) una incongruencia entre los criterios que establecían su configuración; (ii) una ausencia de diferenciación entre las actuaciones analizadas y sus elementos conformantes; y, (iii) la incorporación de criterios exógenos para configurar espacios específicos dentro de la clasificación. Bajo este contexto, la labor realizada ha permitido depurar los alcances de la clasificación de las formas de actuación estatal, excluyendo de ellas a variantes como la “prestación directa de bienes y servicios” para pasar a catalogarlas como técnicas utilizadas por el Estado. En virtud de estos dos planos la tesis establece una estructura de referencia ordenada y coherente que delimita a la actuación estatal en distintos niveles de concreción, aportando a nivel teórico un punto de referencia concreto y homogéneo para el estudio de la actuación estatal.

El principio de subsidiariedad, previsto en el artículo 60 de la Constitución, ha sido tradicionalmente interpretado en el constitucionalismo peruano de forma restringida, de modo que solo es aplicado a la actividad empresarial del Estado. Sin embargo, una interpretación que atienda a los fundamentos filosóficos y políticos de este principio puede dar cuenta de un ámbito de aplicación más amplio, el cual se extiende a la intervención del Estado en la economía. En ese sentido, es posible una interpretación extensiva del principio de subsidiariedad atendiendo al principio de unidad de la Constitución en el marco del régimen económico de la economía social de mercado, reconocido en el artículo 58 de la Constitución. El propósito de esta investigación es proponer una interpretación constitucional que permita conjugar el principio de subsidiariedad con el régimen económico adoptado por el Perú, reconociendo las particularidades que tiene nuestra Constitución de 1993 en cuanto a las normas de contenido económico que la diferencian de otros ordenamientos. Para ello es pertinente realizar un estado de la cuestión que tome en cuenta los aportes de la doctrina y la jurisprudencia tanto constitucional como administrativa.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo estudia la intervención y estatización de empresas textiles durante el gobierno de la Unidad Popular y busca determinar la influencia que dicha intervención tuvo en el desencadenamiento y desarrollo del conflicto político y social que terminó con la democracia en Chile en 1973. A través del examen tanto de la prensa de la época como de las discusiones en torno a la materia en el Parlamento, se logra demostrar que la masiva intervención estatal en este sector industrial- ocurrida a mediados de 1971- constituyó un hito fundamental, que por un lado significó la primera intervención gubernamental así de masiva en un sector de la industria, y por otro, sirvió de modelo para el actuar en otras áreas que de ahí en adelante tendrían tanto el Gobierno, como los trabajadores y la clase política oficialista y de oposición. El generalizado conflicto en torno a la propiedad y administración de los medios de producción, como se verá, se convirtió en la principal piedra de tope para eventuales acuerdos políticos que dieran una salida negociada a la crisis.

Tesis (magister en derecho) / En efecto, la pregunta base de esta investigación consistió en determinar si en ese proceso de transformación institucional se produjo o no una intervención del nuevo gobierno en el Poder Judicial, y cuáles fueron las consecuencias de tal intervención, tanto al interior de dicho Poder, cuanto en el movimiento sindical y las relaciones laborales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el transcurso de este trabajo, el lector podrá conocer las normas que se dictaron en los primeros años del incipiente Estado Chileno, lo establecido en las Cartas Fundamentales del siglo XIX, los principios del mercantilismo aplicados en el país y la génesis del rol preponderante del Estado como agente cardinal del funcionamiento de la economía nacional, todo lo cual culminará con la mayor expresión de esta última idea en la dictación de la ley que da origen a la CORFO. Uno de los puntos que serán de un estudio primordial en este trabajo es el análisis de las primeras reglamentaciones, tanto legales como constitucionales, en que el Estado comienza a adquirir importancia en la economía, como la Carta Fundamental de 1833, la Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades y las leyes que crean las primeras empresas estatales, propiamente tales, a comienzos del siglo XX. Por lo tanto, y de acuerdo a lo señalado, el tema que se desarrollará en el presente trabajo mostrará la intervención estatal en la economía, el origen de las empresas públicas en Chile y los fenómenos políticos y sociales que han llevado a adoptar los distintos tipos de legislación económica que ha conocido nuestro país.