“En definitiva, la empresa privada se regula, no se la sustituye, cuando es insuficiente, se la suple”. (Ariño: 1979). Estas palabras de Ariño resumen, en buena cuenta lo que se entiende actualmente por el principio de subsidiariedad del Estado. Si bien, este principio supone una de las piedras angulares de nuestro sistema económico, corresponde preguntarse si incorporar su infracción como un supuesto de competencia desleal en la modalidad de violación de normas es adecuado. El presente artículo busca responder a esta pregunta efectuándose un análisis del objeto de protección de la represión de competencia desleal y el acto de violación de normas como una de sus modalidades infractoras. Asimismo, se estudia la estructura que ha dado nuestro Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, a la violación de normas, como acto de competencia desleal, a fin de concluir si la infracción del principio de subsidiariedad del Estado debe o no entenderse como acto de competencia desleal / Trabajo académico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, pretende comprobar y analizar jurídicamente un problema alegado, en el último tiempo, por padres y madres de escasos recursos, a través de los medios de comunicación de nuestro país, en el sentido que en los procedimientos de medidas de protección de derechos y de susceptibilidad de la adopción se ha considerado determinantemente su condición socioeconómica. Por tanto, el propósito de este trabajo es analizar la forma en que en nuestro país, se les da importancia a los factores socioeconómicos en el procedimiento previo a la adopción de susceptibilidad de la adopción del niño, niña o adolescente y evaluar si aquello se encuentra en concordancia con los principios internacionales consagrados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en particular la subsidiariedad de la adopción. Adelantando como hipótesis que el Estado de Chile, a través de sus tres poderes: legislativo ejecutivo y judicial, sí realiza una diferencia en torno a los recursos económicos, de forma directa e indirecta, en el procedimiento de susceptibilidad de la adopción generándose una vulneración al principio mencionado de la subsidiariedad de la adopción.

Tesis para optar al Grado de Magíster en Urbanismo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria para optar al grado de Licenciado de Ciencias Jurídicas y Sociales, pretende analizar jurisprudencialmente, uno de los temas nacionales de mayor controversia en el último tiempo: el mecanismo de la adopción en Chile, y en particular, los criterios que emplean los Tribunales de Justicia de nuestro país, para determinar los casos en que un menor se encuentra en condiciones de ser adoptado. Esta delicada materia, ha tomado considerable importancia en la actualidad, ya que se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación, las precarias condiciones en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes en las instituciones de acogida dependientes del SENAME, revelándose, además, que se encuentran expuestos a graves y constantes situaciones de vulneración de sus derechos. Es por esto, que el propósito de esta investigación, es analizar los criterios que los Tribunales de Justicia de nuestro país han empleado en los últimos años, para determinar aquellos casos en que es procedente la declaración de susceptibilidad de un menor, y aquellos en que no es procedente, de manera de conocer los criterios generales que permiten que un menor sea separado de su familia de origen, y que tenga la posibilidad de ser acogido por una familia adoptiva. Este análisis se realizará, tomando en especial consideración, la aplicación del principio de subsidiariedad, el cual constituye uno de los principales pilares en materias de adopción, estableciendo una clara preferencia por la familia de origen, considerando de carácter excepcional la separación de un menor de su familia biológica. / 26/12/2019

Submitted by Mariana Dornelles Vargas (marianadv) on 2015-04-09T14:10:23Z No. of bitstreams: 1 limite_intervencao.pdf: 664200 bytes, checksum: ca8a521ea6dbd71f498c53724890191c (MD5) / Made available in DSpace on 2015-04-09T14:10:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 limite_intervencao.pdf: 664200 bytes, checksum: ca8a521ea6dbd71f498c53724890191c (MD5) Previous issue date: 2009 / Nenhuma / O Estado Democrático de Direito é fundado no paradigma da amplitude das garantias e da satisfação das pretensões materiais, de forma a realizar a dignidade de cada pessoa/cidadão. A justiça política, neste projeto de modernidade está centrada na realização dos direitos humanos, sendo o Estado moderno estruturado a partir deste fundamento. Tem-se, assim, que o Estado Democrático de Direito é caracterizado pelas abstenções do poder público em relação às garantias individuais, bem como pela busca constante da satisfação dos direito sociais. Portanto, passa-se a propor um Estado mínimo em matéria penal e máximo na esfera social. Para tanto, a subsidiariedade apresenta-se como princípio informador para minimalização da utilização do direito penal, o que hodiernamente posta-se em conflito com a exacerbação da intervenção penal por meio dos crimes de perigo, em especial os crimes de perigo abstrato, que operam numa lógica avessa ao minimalismo penal. O princípio da subsidiariedade ou intervenção mínima em matéria criminal pode ser observada a partir de outro princípio: o da legalidade, entendido este como limitador do atuar, muitas vezes, arbitrário dos poderes estatais. Dessa forma, o princípio da intervenção mínima ou da subsidiariedade é a maneira mais eficaz da concretização da necessidade, que é elemento imprescindível em matéria de intervenção estatal nas liberdades individuais. Entende-se, assim, que em um Estado Democrático de Direito, que preceitua a inviolabilidade do direito à liberdade e, em especial no Brasil, que tem por objetivo primário a proteção da dignidade humana, a restrição dos referidos direitos/garantias só se legitima quando estritamente necessária for a sanção penal como resposta a um fato/desvio, sendo que neste contexto se insere a lei 11.705/08. / El Estado Democrático del Derecho es fundado en el paradigma de la amplitud de las garantías, así como por la busqueda de la satisfaccón de las pretensiones materiales, de forma a efectuar la dignidad de cada persona/ciudadano. La justicia política, en este proyecto de la modernidad esta puesta a la realización de los derechos humanos, iendo el Estado moderno estructurado a partir de este fundamento. Se tiene, así, que el Estado Democrático del Derecho es caracterizado por las abstenciones del poder público en relación a las garantías individuales, así como pela búsqueda constante de la satisfacción de los derechos sociales. Por lo tanto, se pasa a proponer un Estado mínimo en materia penal y máximo en la esfera social. Luego, la subsidiariedad se presenta como principio de informacion a la minimalización de la utilización del derecho penal, o que, hodiernamente, con la exacerbación quedase en conflicto con la intervención penal por medios dos crimes del peligro, en especial los crimes del peligro abstracto que operan en una lógica opuesta al minimalismo penal. El principio de la subsidiariedad o intervención mínima en materia criminal puede ser observada a partir de otro principio: o da legalidad, entendido este como limitador del actuar, muchas veces, arbitrario del Judiciário. Desa forma, el principio de la intervención mínima o de la subsidiariedad es la manera más eficaz de la concretización da necesidad, que es elemento esencial en materia de intervención estatal en las libertades individuales. Se comprende, así, que en un Estado Democrático del Derecho, que preceptúa la inviolabilidad del derecho a la libertad y, en especial en Brasil, que tiene por objetivo primario la protección de la dignidad humana, la restrición de los referidos derechos/garantías sólo se legitima cuando estrictamente necesaria fuera la sanción penal como respuesta a un hecho/desvio, y en este contexto se ajusta a la ley 11.705/08.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

El presente artículo tiene como objetivo principal mostrar, desde una perspectiva constitucional, el proceso de formación del régimen económico peruano y su actual orientación hacia una economía social de mercado, modelo que se sustenta en la doctrina social de la iglesia. Para tales efectos, se abordará el concepto de Constitución económica, los principios que rigen nuestro régimen económico y, en consecuencia,  los valores que irradia de manera transversal nuestra Carta constitucional: dignidad y libertad, así como los derechos fundamentales que inspiran a nuestro actual sistema.  The main aim of this paper is to show the development process of the Peruvian economic regime from a constitutional perspective, and its current orientation towards a social market economy, an archetype based on the Catholic Church social teaching. To do this, the author addresses the concept of economic constitution, the principles that rule our economic regime and the values present transversally in our Constitution: dignity and liberty, as well as the fundamental rights that inspire our system.

La actuación del Estado para satisfacer necesidades de sus ciudadanos es una responsabilidad de reconocer la carga social del Estado. Siempre se discute la capacidad de gestión de los servicios públicos que entrega a sus ciudadanos, puesto que no solo es una cuestión de proveer el servicio, sino una cuestión de la calidad del servicio que permita satisfacer de manera similar a una prestación privada. En la presente entrevista, el Dr. Orlando Vignolo nos comparte sus observaciones sobre como el Estado ha ido desarrollando o encaminando la gestión de los servicios públicos, como se puede hacer compatible la actuación del Estado con el límite del principio de subsidiariedad, que nuestra Carta Magna establece.

Confío en que esta investigación sea de utilidad para el estudio de este tema tan importante, pero tan olvidado, pues los niños aún no son materia prioritaria ni para el Estado, ni para la sociedad, ni para nuestro sistema de justicia

“En definitiva, la empresa privada se regula, no se la sustituye, cuando es insuficiente, se la suple”. (Ariño: 1979). Estas palabras de Ariño resumen, en buena cuenta lo que se entiende actualmente por el principio de subsidiariedad del Estado. Si bien, este principio supone una de las piedras angulares de nuestro sistema económico, corresponde preguntarse si incorporar su infracción como un supuesto de competencia desleal en la modalidad de violación de normas es adecuado. El presente artículo busca responder a esta pregunta efectuándose un análisis del objeto de protección de la represión de competencia desleal y el acto de violación de normas como una de sus modalidades infractoras. Asimismo, se estudia la estructura que ha dado nuestro Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, a la violación de normas, como acto de competencia desleal, a fin de concluir si la infracción del principio de subsidiariedad del Estado debe o no entenderse como acto de competencia desleal