En esta investigación, el autor realiza un análisis en torno a si la terminación por consentimiento de las partes de un acuerdo internacional de inversiones (AII), ya sea un tratado bilateral de inversiones (TBI) o un tratado de libre comercio con capítulo de inversión (TLC), resultaría contrario a las legítimas expectativas del inversionista. A fin de brindar una respuesta, se considera indispensable estudiar la figura jurídica de la terminación de los tratados, con especial énfasis en los AII, en vista de que estos poseen disposiciones conocidas como cláusulas de supervivencia en mérito de las cuales las protecciones que brinda un AII permanecen por cierto periodo luego de terminado el tratado. Luego de ello, se abordará la discusión en torno a la naturaleza de los derechos del inversionista, es decir, las teorías de los derechos directos y derivados, a fin de establecer si, bajo alguna de estas, es posible alegar que la terminación por consentimiento del AII en cuestión supone una vulneración de los derechos del inversionista. Finalmente, se estudiarán a las legítimas expectativas del inversionista dentro del estándar del trato justo y equitativo, además de analizar si, concretamente, estas suponen una obligación de estabilidad jurídica, para luego examinar las distintas estrategias que podrían ser invocadas por el inversionista, identificándose entre ellas el considerar a las legítimas expectativas como parte del trato justo y equitativo, como principio general del derecho internacional y como un acto unilateral del Estado. Palabras Clave: terminación por consentimiento, cláusulas de supervivencia, derechos del inversionista, legítimas expectativas, trato justo y equitativo, principios generales del derecho internacional, actos unilaterales de los Estados, Derecho Económico Internacional, Derecho de las Inversiones Internacionales. / In this research, the author performs an analysis on whether the termination by consent of the parties of an International Investment Agreement (IIA), would be considered as a breach of the obligation to protect the legitimate expectations of the investor. In order to provide an answer, a survey of the rules that regulates the termination of the treaties is considered essential, with special emphasis on IIAs, given that these have provisions known as survival clauses which allow that the protections provided by an IIA remain for a certain period after the termination of the relevant treaty. After that, the discussion will be focused on the nature of the investor's rights, i.e, the theories of direct and derivative rights. The reason for this is for establishing whether, under any of these theories, it is possible for the investor to file a claim against the host State for breach of its legitimate expectations due to the mutual termination of the AII. Finally, the obligation to protect the legitimate expectations of the investor are studied, the assessment that is employed is to determine when does this exist and the scope of their protection, specifically if they imply an obligation of legal stability. After that, the author will review the different strategies that could be invoked by the investor, identifying among them, considering legitimate expectations as part of fair and equitable treatment, as customary international law, as a general principle of international law and as a unilateral act of the State. Keywords: termination by consent, survival clauses, investor rights, legitimate expectations, fair and equitable treatment, general principles of international law, unilateral acts of State, Economic International Law, International Investment

El presente trabajo de investigación expone uno de los diversos escenarios en donde dos ramas del derecho internacional, las inversiones y los derechos humanos se interrelacionan. Para ello, se parte del supuesto de una demanda interpuesta ante el CIADI por un inversionista extranjero contra un Estado alegando violación del estándar de trato justo y equitativo, ante lo cual, el Estado responde con argumentos relativos a obligaciones referentes al derecho al agua en cabeza del mismo Estado o del inversionista. A partir de ello, se establecen tres supuestos principales, que dichos argumentos sirvan para determinar que no existió violación del estándar, que si bien los mismos no logren ser suficientes para ello, si puedan fungir como un factor mitigante de la compensación a pagar al inversionista, y en ultima ratio, que ante la gravedad de los argumentos y pruebas, los mismo sirvan como base de una demanda reconvencional, en la cual el Estado no solo busque que se le nieguen las pretensiones al inversionista, sino incluso una compensación propia. El trabajo se basa en doctrina y jurisprudencia que permite analizar y determinar de que manera la invocación de obligaciones sobre el derecho al agua pueden incidir en el caso que se adelante ante este centro de arbitraje, partiendo de la identificación de la fuente de dichas obligaciones, el análisis de los elementos relevantes para la determinación de la violación del estándar TJE, la influencia y repercusión que estas obligaciones pudieran tener en la reducción de la compensación, y las reflexiones sobre la viabilidad de plantear demandas de reconvención, con lo cual se logra poner en evidencia la interconexión y complementariedad entre el derecho internacional de las inversiones y los derechos humanos, desde una perspectiva objetiva, cautelosa y fundamentada sobre los limites del método científico- cualitativo a través de una aproximación deductiva.

El estándar de Protección y Seguridad Plenas (PSP), cuyo contenido es de fuente consuetudinaria, se encuentra establecido en los distintos Acuerdos Internacionales de Inversión suscritos por el Perú; asimismo, en el caso Bear Creek se establece que la obligación de debida diligencia del Estado constituye un elemento de este estándar. En ese sentido, la presente tesis desarrolla cómo se debe interpretar esta obligación de debida diligencia para su aplicación en la gestión de conflictos sociales en los proyectos mineros. Para ello, se parte de una aproximación teórica del estándar PSP así como de su elemento de debida diligencia y su concepción en el Derecho Internacional de Inversiones y otras ramas del Derecho Internacional. Luego, revisamos el panorama general sobre la gestión de conflictos sociales en el Perú lo que nos permite analizar el conflicto social en el caso Bear Creek tomando en consideración la tipología de conflictos sociales definida. Finalmente, revisaremos la aplicación del estándar PSP para la prevención de conflictos donde resaltamos los aportes del caso Bear Creek en cuanto a la interpretación de la debida diligencia para prevenir y solucionar conflictos sociales en proyectos mineros. Se concluye que la obligación de debida diligencia debiera interpretarse como la obligación que tiene el Estado a fin de brindar protección y seguridades plenas al inversionista. Si cumple ello, se debe entender que el Estado cumple con el estándar de Nivel Mínimo de Trato y, por lo tanto, con sus compromisos internacionales. Por ello, conforme a la obligación de debida diligencia y tomando en consideración la interpretación del Tribunal Arbitral en el fallo sobre Bear Creek, el Estado peruano se encontraría obligado internacionalmente a implementar un efectivo marco regulatorio de prevención de conflictos que propicie el apoyo y equilibrio entre las políticas de protección de inversiones y el desarrollo de su población. / The Full Protection and Security Standard (FPS), whose content is of a consuetudinary source, is established in the various international investment agreements signed by Peru; Similarly, in the case Bear Creek establishes that the State’s due diligence obligation is an element of this standard. In this sense, this thesis develops how this obligation of due diligence should be interpreted for its application in the social conflict management in mining projects. This is based on a theoretical approximation of the PSP standard as well as its element of due diligence and its conception in International Investment Law and other areas of International Law. Then, we reviewed the general overview on the social conflict management in Peru which allows us to analyze the social conflict in the Bear Creek case taking into consideration the typology of social conflicts defined. Finally, we will review the application of the PSP standard for conflict prevention where we highlight the contributions of the Bear Creek case regarding the interpretation of due diligence to prevent and resolve social conflicts in mining projects. In conclusion the due diligence obligation should be interpreted as the obligation of the State in order to provide full protection and security to the investor. If this is done, it must be understood that the State complies with the International Minimum Standard of Treatment and therefore with its international commitments. Therefore, in accordance with the obligation of due diligence and taking into consideration the interpretation of the Arbitral Tribunal in the Bear Creek case, the Peruvian State would be under an international obligation to implement an effective regulatory framework for conflict prevention that fosters support and a balance between investment protection policies and the development of population.