Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Todo proceso judicial conduce a que las partes deban incurrir en una serie de desembolsos necesarios para su sustanciación, ya sea que algunos se realicen en cumplimiento de una ley que así lo requiera o se efectúen con el fin de mejorar las expectativas de las partes de obtener un resultado favorable. Sin embargo, si una de las partes resulta totalmente vencida en la litis o en un incidente deberá ser condenada en costas lo que la obligará a pagar a una suma de dinero que podrá ser más o menos equivalente al gasto que incurrió durante la litis. En este sentido, la naturaleza jurídica de la condena en costas ha dado lugar a discusión desde la óptica del Derecho Tributario, en tanto el Servicio de Impuestos Internos comenzó a rechazar el gasto por concepto de condena en costas impuestas a las Instituciones de Salud Previsional en el marco de ciertos los recursos de protección, aplicando sobre dichas sumas el impuesto del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto la Renta, desencadenando una crisis en la industria. En vista de tan relevante cuestión, en el presente trabajo se examinará la regulación de las costas judiciales y la condena en costas bajo el Código de Procedimiento Civil, para posteriormente analizar la acción constitucional de protección con especial énfasis en la condena en costas que se puede imponer en de dicho recurso, y finalmente los aspectos generales del impuesto a la renta de Primera Categoría. Todo ello con el certero fin de dar respuesta al título de esta memoria, esto es, cuál es el tratamiento tributario que reciben las costas y la condena en costas frente a la Ley sobre Impuesto a la Renta, con especial referencia al caso de las Instituciones de Salud Previsional (“ISAPRES”) en los recursos de protección.