Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Todo proceso judicial conduce a que las partes deban incurrir en una serie de desembolsos necesarios para su sustanciación, ya sea que algunos se realicen en cumplimiento de una ley que así lo requiera o se efectúen con el fin de mejorar las expectativas de las partes de obtener un resultado favorable. Sin embargo, si una de las partes resulta totalmente vencida en la litis o en un incidente deberá ser condenada en costas lo que la obligará a pagar a una suma de dinero que podrá ser más o menos equivalente al gasto que incurrió durante la litis. En este sentido, la naturaleza jurídica de la condena en costas ha dado lugar a discusión desde la óptica del Derecho Tributario, en tanto el Servicio de Impuestos Internos comenzó a rechazar el gasto por concepto de condena en costas impuestas a las Instituciones de Salud Previsional en el marco de ciertos los recursos de protección, aplicando sobre dichas sumas el impuesto del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto la Renta, desencadenando una crisis en la industria. En vista de tan relevante cuestión, en el presente trabajo se examinará la regulación de las costas judiciales y la condena en costas bajo el Código de Procedimiento Civil, para posteriormente analizar la acción constitucional de protección con especial énfasis en la condena en costas que se puede imponer en de dicho recurso, y finalmente los aspectos generales del impuesto a la renta de Primera Categoría. Todo ello con el certero fin de dar respuesta al título de esta memoria, esto es, cuál es el tratamiento tributario que reciben las costas y la condena en costas frente a la Ley sobre Impuesto a la Renta, con especial referencia al caso de las Instituciones de Salud Previsional (“ISAPRES”) en los recursos de protección.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo se centra en realizar un análisis detallado de dos instituciones relevantes para el Derecho Procesal: las Tasas y las Costas Judiciales. Tales instituciones presentan vital importancia no sólo por los efectos que éstas tienen en la aplicación práctica de principios que promueven el libre acceso a la justicia y el derecho a la acción, sino que también por las consecuencias sociales que su tratamiento produce en la población, especialmente en la visión del funcionamiento del poder del Estado que ejerce la jurisdicción. En base a lo anterior, la investigación realizada ha concentrado sus objetivos en efectuar un estudio de la regulación nacional –vigente e histórica- aplicable a ambas instituciones, para luego definir, a través del correspondiente estudio comparativista de legislaciones europeas y americanas, qué elementos, normas, derechos, principios y mecanismos de solución resultarían replicables, adaptables o derechamente dignos de ser implementados en una legislación como la chilena, en estas materias. De esta manera, y tras concluir el estudio previamente indicado, este trabajo ofrece alternativas fundadas en la realidad jurídica, social y económica de nuestro país, con la finalidad última de incorporar la aplicación de tasas judiciales para la prosecución de ciertos procesos en la próxima Reforma Procesal Civil, con la indicación de algunas de sus excepciones; así como también para modernizar y reglamentar de una manera objetiva la tasación de costas procesales y la regulación de aquellas personales que se produzcan en la tramitación de un juicio, intentando reducir en la práctica el número de controversias que, actualmente, resultan innecesarias o disipadoras de recursos para el Poder Judicial.