Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A lo largo de la presente investigación presentamos un problema que se encuentra escondido prometedoramente en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, actualmente en trámite legislativo. Este problema se centra en la aplicación del artículo 320 NCPC que establece la posibilidad de que testigos domiciliados en el extranjero puedan declarar en procesos judiciales chilenos. Es prometedor, porque como hemos analizado a lo largo del presente texto, el tráfico jurídico actual, cada día más internacionalizado, necesita una legislación que responda a esta internacionalidad. De esta manera, surgió como manera interesante la propuesta del legislador, escondida en un solo artículo, el artículo 320, que permite la declaración de testigos domiciliados en el extranjero. Sin embargo, es necesario que el legislador regule de qué manera sabrá de llevarse a cabo dicha declaración testimonial, para que esta nueva forma de prestar testimonio realmente cumpla con los imperativos de eficiencia y eficacia que se espera de ella. Esta investigación busca contribuir a este debate, entregando algunos elementos que consideramos importante para atar los cabos sueltos señalados y contribuir a la praxis legal y mantenga vigente el espíritu modernizador de la reforma NCPC. Para resolver las preguntas que han inspirado la investigación se analizó la normativa de España, de Inglaterra, Francia y la del País de Gales entorno latinoamericano se analizó la situación de Argentina, Colombia y Costa Rica, además de la legislación vigente en Chile y el proyecto de ley de NCPC.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Una de las principales críticas que se hacen al derecho procesal civil chileno dice relación con el excesivo tiempo que lleva para las partes la resolución de un conflicto de relevancia jurídica. En especial al excesivo tiempo que le lleva a la parte vencedora dentro del proceso civil, toda vez que no sólo debe contemplar el tiempo para conseguir la sentencia condenatoria a su favor, si no también la fase de ejecución de la misma, asumiendo una carga de tiempo y económica muchas veces excesivas, no pudiendo acceder a una tutela judicial efectiva. Una de las instituciones que vendría a solucionar de cierta manera dicha situación, sería la Ejecución Provisional de las sentencias condenatorias, la cual se encuentra contemplada dentro del Proyecto de Código Procesal Civil chileno. El presente trabajo tiene por finalidad analizar dicha institución desde su concepto, pasando por su naturaleza jurídica, procedimiento, hasta las ventajas y criticas de la aplicación de ésta en nuestra legislación procesal, permitiéndonos determinar en que contexto y bajo que criterios se podría llegar a aplicar en Chile, teniendo en consideración la forma en que se regula en el proyecto, como también teniendo a la vista la doctrina comparada, especialmente, la legislación procesal española, modelo de la regulación que se pretende adoptar. Concluyendo que la Ejecución Provisional de las sentencias condenatorias, sería un instrumento idóneo, ya sea en este proyecto o para futuras modificaciones procesales, para acelerar el proceso en su etapa de ejecución trasladando la carga de soportar el factor tiempo al ejecutado. No obstante lo anterior, sólo tendremos certeza del mayor o menor éxito de la Ejecución Provisional sólo una vez que se comience aplicar dicha normativa por parte de jueces y abogados, encontrando en dicha aplicación los verdaderos límites a dicha institución.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La aspiración a la certeza y al conocimiento exacto, resultan ser ideas ilusas dentro del marco de la naturaleza humana, lo que se extiende también a las instituciones construidas y conformadas por seres humanos, los que son, por esencia, seres falibles. Así las cosas, no está de más recordar que los jueces, a pesar de su especial poder para adjudicar en los conflictos de terceros, siguen siendo personas, que llevan inherente a su naturaleza la imposibilidad de omnisciencia y, por ende, la capacidad de errar. Lo anterior, en el contexto de un juicio, inexorablemente abre paso a la necesidad de implementar alguna herramienta que posibilite al juez responder a la pregunta de ¿cuándo puede dar por acreditada una determinada versión sobre los hechos, sin incurrir en un error que acarree el reproche social? La respuesta a dicha interrogante, únicamente puede hallarse en la implementación de un estándar de prueba, herramienta procesal que se instituye como el elemento de concatenación lógica en la decisión del adjudicador, pues sin éste, los jueces se encontrarían en la imposibilidad de fundamentar íntegramente sus fallos y a la vez, es fiel reflejo de las expectativas de justicia de la sociedad toda, las que se manifiestan a través de la decisión político-normativa efectuada por sus representantes, a la hora de regular el umbral específico que indicará el nivel de suficiencia probatoria exigible y el margen de error que como comunidad estamos dispuestos a tolerar en las decisiones judicial

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo se centra en realizar un análisis detallado de dos instituciones relevantes para el Derecho Procesal: las Tasas y las Costas Judiciales. Tales instituciones presentan vital importancia no sólo por los efectos que éstas tienen en la aplicación práctica de principios que promueven el libre acceso a la justicia y el derecho a la acción, sino que también por las consecuencias sociales que su tratamiento produce en la población, especialmente en la visión del funcionamiento del poder del Estado que ejerce la jurisdicción. En base a lo anterior, la investigación realizada ha concentrado sus objetivos en efectuar un estudio de la regulación nacional –vigente e histórica- aplicable a ambas instituciones, para luego definir, a través del correspondiente estudio comparativista de legislaciones europeas y americanas, qué elementos, normas, derechos, principios y mecanismos de solución resultarían replicables, adaptables o derechamente dignos de ser implementados en una legislación como la chilena, en estas materias. De esta manera, y tras concluir el estudio previamente indicado, este trabajo ofrece alternativas fundadas en la realidad jurídica, social y económica de nuestro país, con la finalidad última de incorporar la aplicación de tasas judiciales para la prosecución de ciertos procesos en la próxima Reforma Procesal Civil, con la indicación de algunas de sus excepciones; así como también para modernizar y reglamentar de una manera objetiva la tasación de costas procesales y la regulación de aquellas personales que se produzcan en la tramitación de un juicio, intentando reducir en la práctica el número de controversias que, actualmente, resultan innecesarias o disipadoras de recursos para el Poder Judicial.