Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La aspiración a la certeza y al conocimiento exacto, resultan ser ideas ilusas dentro del marco de la naturaleza humana, lo que se extiende también a las instituciones construidas y conformadas por seres humanos, los que son, por esencia, seres falibles. Así las cosas, no está de más recordar que los jueces, a pesar de su especial poder para adjudicar en los conflictos de terceros, siguen siendo personas, que llevan inherente a su naturaleza la imposibilidad de omnisciencia y, por ende, la capacidad de errar. Lo anterior, en el contexto de un juicio, inexorablemente abre paso a la necesidad de implementar alguna herramienta que posibilite al juez responder a la pregunta de ¿cuándo puede dar por acreditada una determinada versión sobre los hechos, sin incurrir en un error que acarree el reproche social? La respuesta a dicha interrogante, únicamente puede hallarse en la implementación de un estándar de prueba, herramienta procesal que se instituye como el elemento de concatenación lógica en la decisión del adjudicador, pues sin éste, los jueces se encontrarían en la imposibilidad de fundamentar íntegramente sus fallos y a la vez, es fiel reflejo de las expectativas de justicia de la sociedad toda, las que se manifiestan a través de la decisión político-normativa efectuada por sus representantes, a la hora de regular el umbral específico que indicará el nivel de suficiencia probatoria exigible y el margen de error que como comunidad estamos dispuestos a tolerar en las decisiones judicial