En la actualidad, se presenta una problemática en lo concerniente a la competencia para tramitar la ejecución de las actas de conciliación extrajudicial en materia de alimentos; debido a que las mismas son tramitadas ante los juzgados de paz letrado de familia y juzgados de paz letrado civil. En ese sentido, generan que las pretensiones alimenticias que se presenten ante los juzgados de paz letrado civil, los jueces de primera instancia declaren la demanda improcedente por incompetencia procesal. Y todo ello sucediendo porque los justiciables se rigen por lo que indica la norma vigente. En esa línea de ideas, siendo necesario que lo sucedido en la realidad se adecue a la norma vigente, para así evitar que se genere un vacío legal y con ello que los justiciables no tengan dudas ante juez deberán tramitar dichas pretensiones alimenticias. En vista de ello, se plantea como propuesta legal la modificación del artículo 690°-B del código procesal civil, a fin de que sean los juzgados de paz letrado de familia los que tengan exclusivo conocimiento de las demandas de ejecución de actas de conciliación extrajudicial en materia alimentaria.

Desde hace más de treinta años, en gobiernos democráticos y autoritarios, se viene hablando de la necesidad de reformar la justicia en el Perú, asumiéndose como posibles soluciones el incremento presupuestal, asegurar el nombramiento de magistrados capaces para los cargos más importantes o promover la modificación de la estructura del Poder Judicial. Sin embargo, existe un problema al cual parece haberse dado importancia secundaria: el acceso de los ciudadanos a la justicia.

En nuestro Código Civil, la calificación registral de documentos judiciales tienen una connotación genérica, el cuerpo normativo actual expresamente hace hincapié a la calificación de resoluciones judiciales, por lo tanto, es posible que el Código al ser interpretado manifieste dentro de su articulado, solo la función jurisdiccional que ejercen los Jueces dejando de lado la función notarial de otorgar fe de los actos que los Jueces de Paz ejercen en centros poblados, donde no existe un Notario por la poca cantidad de habitantes. Los jueces de paz no solo expiden resoluciones judiciales, también expiden contratos de naturaleza real con actos inscribibles denominadas escrituras imperfectas, cuya base legal en principio se encuentra en el Código de Procedimientos Civiles de 1912 derogada posteriormente por la Ley de Justicia de Paz, ley 29824. Actualmente, los Jueces de Paz no pueden otorgar escrituras imperfectas con actos inscribibles, sin embargo, todavía pueden otorgar escrituras imperfectas de posesión hasta 50 URP. En esa línea de ideas, el Juez de Paz tiene una dualidad, en el sentido que, ejerce una función jurisdiccional y también una función notarial, el Código Civil omite la función notarial respecto a la calificación en las escrituras imperfectas, por otro lado, de forma conexa La Ley de Justicia de Paz y su reglamento reconocen tal función. Las escrituras imperfectas para ser reguladas en sede registral, han sido parte de un extenso análisis en cuatro precedentes vinculantes por parte del Tribunal Registral cuyo rol ha ido más allá del que le compete, es decir, poco a poco ha sesgado problemas jurídicos que cada escritura imperfecta conlleva, como por ejemplo, verificar si la escritura imperfecta es un documento público o no, que documentos adicionales se deberán solicitar para una mejor calificación todo ello a fin de contrastar la validez del acto a inscribir. Finalmente, a la fecha la escritura imperfecta se encuentra regulada por la Directiva 004-2015-SUNARP/SN que reglamenta la calificación registral de una manera uniforme. / In our Civil Code, the registration classification of judicial documents has a generic connotation, the current normative body expressly emphasizes the qualification of judicial decisions, therefore, it is possible that the Code, when interpreted, manifests within its articles, only the jurisdictional function exercised by Judges, leaving aside the notarial function of attesting to the acts that Justices of the Peace exercise in population centers, where there is no Notary Public due to the small number of inhabitants. Justices of the peace not only issue judicial resolutions, they also issue contracts of a real nature with registrable acts called imperfect deeds, whose legal basis in principle is found in the Code of Civil Procedures of 1912 later repealed by the Law of Justice of the Peace, law 29824 Currently, Justices of the Peace cannot grant imperfect deeds with registrable acts, however, they can still grant imperfect deeds of possession up to 50 URP. In this line of ideas, the Justice of the Peace has a duality, in the sense that he exercises a jurisdictional function and also a notarial function, the Civil Code omits the notarial function with respect to the qualification in imperfect deeds, on the other hand, of related form The Justice of the Peace Law and its regulations recognize such function. The imperfect deeds to be regulated at the registry headquarters, have been part of an extensive analysis in four binding precedents by the Registry Court whose role has gone beyond its competence, that is, little by little it has skewed legal problems that each deed Imperfect entails, for example, verifying whether the imperfect deed is a public document or not, what additional documents must be requested for a better qualification, all in order to verify the validity of the act to be registered. Finally, to date the imperfect deed is regulated by Directive 004- 2015-SUNARP/SN that regulates the registration qualification in a uniform manner. / Trabajo académico

Los Jueces de Paz son ciudadanos no instruidos en el Derecho que son elegidos por su comunidad y administran justicia en zonas rurales promoviendo la conciliación y resolviendo ciertos casos menores. La Oficina Distrital de apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) fue creada en el año 2008, como parte del Plan Integral de Reforma del Sistema de Justicia, y tiene como objetivos fortalecer la Justicia de Paz, a través de capacitaciones e implementar logísticamente a los Juzgados de Paz. Esta tesis busca evaluar, desde el enfoque de la Gerencia Social, si la ODAJUP Cajamarca viene cumpliendo con sus objetivos durante el año 2016. Para ello se han analizado cuatro variables: primero, la cobertura y acceso que tiene los Jueces de Paz a los servicios que brinda la ODAJUP; segundo, la participación e involucramiento que tienen tanto los Jueces de Paz como la Gerencia de Corte con los servicios que brinda ODAJUP, tercero el grado de involucramiento de los actores con la Justicia de Paz; y finalmente, la percepción de los usuarios de los Jueces de Paz que han sido capacitados. La metodología que se empleó es de tipo cualitativo y cuenta con una muestra significativa de cuarenta y ocho Jueces de Paz de las provincias de Cajamarca, Hualgayoc, Celendín y Chota. De igual modo, se hicieron ocho entrevistas a Jueces Ordinarios de provincias que tienen a su cargo apoyar a los Jueces de Paz y al Gerente de la Corte Superior de Cajamarca. Esta información fue contratada con reportes y notas de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz durante todo el año 2016. Los resultados indican que las capacitaciones que brindó ODAJUP se dieron principalmente en las capitales de las provincias estudiadas; sin embargo, fue escasa en centros poblados. Las limitaciones del acceso a los servicios son distancia y costo de desplazamiento para asistir a las capacitaciones. En el mismo análisis, para el fortalecimiento de capacidades, el diseño curricular de las capacitaciones que hace ODAJUP no toma en cuenta las necesidades especiales de los jueces de cada provincia. Por otro lado, la dotación de bienes logísticos como computadoras o útiles de escritorio, a la fecha no cuenta con una partida 3 presupuestal para los mismos. Sin embargo, ODAJUP Cajamarca y los Juzgados Ordinarios de Chota y Hualgayoc les entregan materiales que les son destinado para sus funciones. La participación de los Jueces de Paz en los servicios que brinda ODAJUP varía según la provincia, una mayor participación e involucramiento se registra en las provincias de Hualgayoc, Chota y Cajamarca a razón de la entrega de materiales de oficina y el mayor apoyo que brindan los Jueces Ordinarios. Asimismo, el involucramiento de la Gerencia y Presidencia de Corte es limitado al no ser la Justicia de Paz una prioridad dentro de la gestión. En la misma línea, el involucramiento de los Jueces Ordinarios varía según la idea que deben desempeñar la Justicia de Paz, para algunos esta es un aliado del Poder Judicial en áreas rurales, mientras que para otros los Jueces de Paz son simples notificadores. Finalmente, la percepción que tienen los pobladores de la justicia de paz varía por provincia. Para las poblaciones de Cajamarca y Chota las capacitaciones que reciben los Jueces de Paz son beneficiosas por cuanto son mejor atendidos y no confunden los casos que si pueden revisar. Para Celendín y Hualgayoc, las capacitaciones son beneficiosas, pero si en caso sus asuntos no son resueltos, acuden a otros operadores de justicia como la policía o las rondas campesinas. En las cuatro provincias, existe una sensación generalizada de poco control sobre el actuar de los Jueces de Paz. Las recomendaciones que se propone son: primero, hacer alianzas estratégicas con los Jueces Ordinarios de las diferentes provincias a fin de tener más capacitaciones no solo en las capitales de provincia sino en distritos y centros poblados; segundo, elaborar un diseño curricular para las capacitaciones de acorde a las necesidades de los jueces de cada provincia, tercero, iniciar el ciclo de actividades con una partida presupuestada que permita la compra de bienes de oficina; cuarto, establecer un centro de atención para las quejas de la población, que permita a ODAJUP o a los Jueces Ordinarios asesorar a los Juzgados de Paz. / Tesis

La justicia de paz es una institución de largo arraigo en la historia del Perú. Subsiste desde la primera Constitución Política de 1823. En la actualidad, los jueces de paz conforman el cuerpo de jueces más numeroso de la república. El propósito de este estudio es contribuir al conocimiento de las prácticas de la justicia de los juzgados de paz y de la inserción del fenómeno jurídico (leyes y costumbres) en su quehacer, a partir del análisis de casos en el distrito surandino de Cangallo, provincia del mismo nombre, en el departamento de Ayacucho. Enmarcado en la antropología jurídica, este estudio muestra la diversidad de prácticas de justicias de paz en contraste con quienes asumen una justicia de paz hegemónica. Analiza la conceptualización de la ley y el uso de la costumbre en la práctica de los juzgados de paz de Cangallo. Muestra que los jueces no actúan de espaldas a la idea de ley y mucho menos en ignorancia de la ley. El estudio demuestra que las prácticas de justicia de los juzgados de paz del distrito de Cangallo se estructuran como proceso de intermediación animado por la persistente búsqueda del consenso entre las contrapartes. Estas últimas son protagonistas de sus juicios en los que, sin embargo, el juez de paz cumple un rol indispensable como actor de reparto. Los hallazgos de este estudio indican que en el imaginario social de Cangallo la idea de ley destaca por el temor que inspira en los usuarios de la justicia. Las costumbres, por su parte, comprenden un amplio número de prácticas generadas por los propios juzgados o importadas de las prácticas generales de las comunidades y del tejido social de Cangallo. El trabajo concluye que la justicia de paz no es solo una institución legal tampoco unívoca, sino que las diferentes localidades urbanas y rurales se la apropian y moldean en respuesta a las condiciones del escenario y sus singulares necesidades de justicia. En ese marco de acción, las justicias de paz se mantienen en constante cambio, unas son más dinámicas y otras cambian al ritmo de los cambios más profundos de la sociedad que las alberga. En todos los casos, el respeto a la idea de ley, la atención a la costumbre y al sentido común compartido, y la búsqueda del sentido de la «conciliación» son una constante.

El Objetivo general, responde a la pregunta ¿Cuál es la relación entre la presencia del Estado y los grados de organicidad y formas de derecho alternativo vigentes en las comunidades del distrito de Leoncio Prado?. Su importancia, parte de la premisa que la actual Constitución de 1993 y los Artículos: 139, Num. 8: “Principio de no dejar de administrar justicia [...] en tal caso, debe aplicarse el [...] derecho consuetudinario”; y 149: “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial”; fueron un tanto demagógicos, pues la Ley de Justicia de Paz, recién se promulgó el 2012. La fundamentación teórica, parte del hecho que la colonización europeoanglosajona (“colonias puras”), generó países culturalmente “cuasi homogéneos” y la español-portuguesa (absorción de poblados indígenas); países culturalmente “Heterogéneos, pluriculturales o multiétnicos”, que reprodujeron el mismo modelo de metrópolis colonizadora (centralista, discriminativa, segregacionista y modelos legislativos uniformes), en vez de descentralistas (Federaciones, Regiones, Estados asociados, etc.). El derecho “Monista” (un solo sistema jurídico válido), consideró al derecho consuetudinario: «solo para los dependientes de costumbres salvajes y tiranías incapaces de gobernarse…» y es un “imposible jurídico” (Obligar a pueblos alejados de la “modernidad” a aplicar leyes dictadas desde centros urbanos a donde no llegan). Se justifica la Tesis en la medida que los estudios de comunidades: o son de las muy tradicionales, o son demasiado generalistas (extrapolan casos de derecho alternativo o consuetudinario a todas las comunidades andinas y/o amazónicas). Se concluye con que el estudio de las comunidades campesinas diferenciadas por su altitud y distancias a las urbes, es fundamental para entender su funciones jurisdiccionales en el área andina, por lo que éste tipo de estudios, se podrían aprovechar para una mejor normatividad y aplicación de la Justicia consuetudinaria y de Paz, puesto que es notorio un mayor respeto y mayor efectividad del derecho alternativo en las comunidades más elevadas y alejadas de las ciudades, que en las zonas bajas, más amestizadas y modernizadas. / Tesis

A partir de técnicas de recojo de información cualitativas la presente tesis buscara dilucidar sobre los procesos que implican el acceder a oficinas de justicia del Estado para la población de la provincia de Víctor Fajardo en Ayacucho. En un contexto de post-conflicto donde el Estado tuvo un rol en el uso de la violencia desde los agentes militares, se intentara encontrar las reminiscencias del pasado reciente, junto a los nuevos procesos de expansión y modernización del Estado que involucran a las instituciones de justicia. El Estado visto como un imaginario sistémico translocal que genera experiencias y percepciones compartidas a lo largo del territorio, y al mismo tiempo es en las acciones cotidianas y los encuentros cara a cara entre funcionarios y población donde se genera y reproduce esta experiencia y percepción. Se analizan las acciones cotidianas de la atención al público desde la relación de los funcionarios con el contexto local, así como desde las respuestas de la población. Desde los primeros acercamientos, la circulación de la información sobre los procedimientos legales e institucionales, así como desde las propias narrativas de acceso a la justicia desde la población fajardina. El manejo de recursos, redes y las relaciones interpersonales que se entablan a lo largo de estos procesos entre las partes involucradas y los funcionarios que llevan a cabo los juicios, marcan las condiciones y constantes negociaciones por acceder a un servicio de justicia efectivo para poblaciones históricamente en el margen del Estado y sus beneficios. Enfocándonos al mismo tiempo en los encuentros y desencuentros entre una institucionalidad letrada frente a nociones locales de justicia y sus instituciones tradicionales. De esta manera se analizara la propuesta intercultural declarada en el Juzgado de Paz Letrado de Huancapi desde la historia de vida de sus funcionarios y la forma en que estas experiencias y discursos resultan decisivos a la hora de buscar la viabilidad o desestimación de esta propuesta. Así como para denotar el rol del funcionario a la hora de aplicar propuestas desde un sistema de justicia en muchos casos distante y aun desligado de los contextos en los que estos ejercen sus funciones. / Tesis

A partir de técnicas de recojo de información cualitativas la presente tesis buscara dilucidar sobre los procesos que implican el acceder a oficinas de justicia del Estado para la población de la provincia de Víctor Fajardo en Ayacucho. En un contexto de post-conflicto donde el Estado tuvo un rol en el uso de la violencia desde los agentes militares, se intentara encontrar las reminiscencias del pasado reciente, junto a los nuevos procesos de expansión y modernización del Estado que involucran a las instituciones de justicia. El Estado visto como un imaginario sistémico translocal que genera experiencias y percepciones compartidas a lo largo del territorio, y al mismo tiempo es en las acciones cotidianas y los encuentros cara a cara entre funcionarios y población donde se genera y reproduce esta experiencia y percepción. Se analizan las acciones cotidianas de la atención al público desde la relación de los funcionarios con el contexto local, así como desde las respuestas de la población. Desde los primeros acercamientos, la circulación de la información sobre los procedimientos legales e institucionales, así como desde las propias narrativas de acceso a la justicia desde la población fajardina. El manejo de recursos, redes y las relaciones interpersonales que se entablan a lo largo de estos procesos entre las partes involucradas y los funcionarios que llevan a cabo los juicios, marcan las condiciones y constantes negociaciones por acceder a un servicio de justicia efectivo para poblaciones históricamente en el margen del Estado y sus beneficios. Enfocándonos al mismo tiempo en los encuentros y desencuentros entre una institucionalidad letrada frente a nociones locales de justicia y sus instituciones tradicionales. De esta manera se analizara la propuesta intercultural declarada en el Juzgado de Paz Letrado de Huancapi desde la historia de vida de sus funcionarios y la forma en que estas experiencias y discursos resultan decisivos a la hora de buscar la viabilidad o desestimación de esta propuesta. Así como para denotar el rol del funcionario a la hora de aplicar propuestas desde un sistema de justicia en muchos casos distante y aun desligado de los contextos en los que estos ejercen sus funciones.

El Objetivo general, responde a la pregunta ¿Cuál es la relación entre la presencia del Estado y los grados de organicidad y formas de derecho alternativo vigentes en las comunidades del distrito de Leoncio Prado?. Su importancia, parte de la premisa que la actual Constitución de 1993 y los Artículos: 139, Num. 8: “Principio de no dejar de administrar justicia [...] en tal caso, debe aplicarse el [...] derecho consuetudinario”; y 149: “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial”; fueron un tanto demagógicos, pues la Ley de Justicia de Paz, recién se promulgó el 2012. La fundamentación teórica, parte del hecho que la colonización europeoanglosajona (“colonias puras”), generó países culturalmente “cuasi homogéneos” y la español-portuguesa (absorción de poblados indígenas); países culturalmente “Heterogéneos, pluriculturales o multiétnicos”, que reprodujeron el mismo modelo de metrópolis colonizadora (centralista, discriminativa, segregacionista y modelos legislativos uniformes), en vez de descentralistas (Federaciones, Regiones, Estados asociados, etc.). El derecho “Monista” (un solo sistema jurídico válido), consideró al derecho consuetudinario: «solo para los dependientes de costumbres salvajes y tiranías incapaces de gobernarse…» y es un “imposible jurídico” (Obligar a pueblos alejados de la “modernidad” a aplicar leyes dictadas desde centros urbanos a donde no llegan). Se justifica la Tesis en la medida que los estudios de comunidades: o son de las muy tradicionales, o son demasiado generalistas (extrapolan casos de derecho alternativo o consuetudinario a todas las comunidades andinas y/o amazónicas). Se concluye con que el estudio de las comunidades campesinas diferenciadas por su altitud y distancias a las urbes, es fundamental para entender su funciones jurisdiccionales en el área andina, por lo que éste tipo de estudios, se podrían aprovechar para una mejor normatividad y aplicación de la Justicia consuetudinaria y de Paz, puesto que es notorio un mayor respeto y mayor efectividad del derecho alternativo en las comunidades más elevadas y alejadas de las ciudades, que en las zonas bajas, más amestizadas y modernizadas.