Desde la entrada en vigencia de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPGA,) y en correspondencia con el principio de unidad de la actuación de la administración pública en su conjunto, existe una regla general de colaboración y cooperación entre las entidades que la conforman, con lo que se deja de lado la idea de que solo era posible una interrelación conflictual entre ellas. La colaboración administrativa debe ser apreciada como una noción general en el Derecho administrativo, que trasciende a la cooperación entre entidades públicas, por lo que se torna ineludible dejar atrás el criterio de aplicación restrictivo contenido en la actual normativa. De este modo, el presente artículo —tras analizar aquellas disposiciones de la LPAG que regulan el tema planteado y tomando en cuenta el nuevo rol que vienen asumiendo las entidades públicas en sus relaciones con terceros— pone de relieve la necesidad de un nuevo enfoque de la colaboración administrativa, lo que precisa las modalidades, características y técnicas requeridas para poner en práctica eficientemente esta figura.

En el artículo, la autora analiza lo ocurrido en estos diez años con respecto a temas como los principios del procedimiento administrativo, la simplificación administrativa, los procedimientos sancionadores, el contro ldifuso en sede administrativa y el silencio administrativo.

This article addresses the issue referred to the sanctioning power of the State, which is exercised in two areas (penal and administrative) derived from a single power that allows the State to repress behaviors considered harmful to the development of society. Likewise, the authors have analyzed the Administrative General Procedure Law, where it has been clearly established that all sanctioning administrative procedure should apply the basic principles that protect the rights of the citizens. In this way, the State must apply the principle of guilt, principles of causation, presumption of innocence, among others, to judge customs infringements. / El presente artículo aborda la temática referida al poder sancionador del Estado, el cual es ejercido en dos ámbitos (penal y administrativo) derivados de una única potestad (ius puniendi) que le permite reprimir conductas consideradas nocivas para el desarrollo de la sociedad. Asimismo, se analiza la Ley del Procedimiento Administrativo General donde se ha establecido con claridad que en todo procedimiento administrativo sancionador se deben aplicar los principios básicos que tutelan los derechos de los administrados. De esta forma, se deberá aplicar el principio de culpabilidad, principios de causalidad, presunción de inocencia, entre otros, para juzgar las infracciones aduaneras.

El Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG) es calificado, en la actualidad, como una norma común. Esto implica que los procedimientos administrativos especiales, regulados por ley o reglamento, no pueden apartarse de las reglas y principios establecidos en el mismo TUO de la LPAG. Es así que, a partir de la premisa mencionada, el presente artículo tiene por objetivo poner en evidencia que existen disposiciones del régimen del procedimiento administrativo sancionador en la normativa de contrataciones del Estado que contravienen manifiestamente el referido régimen común.

La definición de Entidad Pública a nivel formativo, tomando como referencia a la Ley del Procedimiento Administrativo, es la investigación llevada a cabo en la presente pesquisa mediante un tipo de investigación de resultados y documentales, junto a un diseño bibliográfico con un método analítico de análisis documental, formulándose como objeto de estudio proponer una definición al término entidad pública en la ley del procedimiento administrativo general, analizando el concepto de “entidad pública” existente en el ordenamiento peruano y a la luz del Derecho Comparado. Por tanto, para dar respuesta a la propuesta se estudiaron distintas fuentes, documentos, revistas, libros y páginas web con importantes aportes al tema de investigación para tratar la forma de organización constitucional del Estado, analizar el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, las características jurídicas de las entidades públicas y sus clases de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, asimismo, realizar un análisis comparado con países como España y Argentina. De esta manera, se puede concluir señalando el vacío conceptual existente hasta la actualidad sobre la definición propiamente dicha de Entidad Pública tanto en el ordenamiento jurídico peruano como en los países de España y Argentina, motivo de investigación de la presente tesis con la finalidad de brindarle un concepto idóneo. / The definition of Public Entity at the educational level, taking the Administrative Procedure Law as a reference, is the investigation carried out through a type of results and documentary research, together with a bibliographic design with an analytical method of analysis. documentary, formulating as an object of study to propose a definition of the term public entity in the law of general administrative procedure, analyzing the concept of "public entity" existing in the Peruvian legal system and in the light of omparative Law. Therefore, in order to respond to the proposal, different sources, documents, magazines, books and web pages were studied with important contributions to the research topic to <leal with the form of constitutional organization ofthe State, analyze article I of the Preliminary Title of the Single Ordered Text of Law No. 27444, the legal characteristics of public entities and their classes according to our legal system, likewise, carry out a comparative analysis with countries such as Spain and Argentina. In this way, it can be concluded by pointing out the conceptual gap that exists to date on the definition itself of Public Entity both in the Peruvian legal system and in the countries of Spain and Argentina, the reason for the investigation of this thesis in order to provide a suitable concept.