El presente trabajo de investigación pretende analizar la eficacia de dos mecanismos de simplificación administrativa empleados en los procedimientos de otorgamiento de licencias de edificación tramitados ante la Municipalidad Metropolitana de Lima; estos son: la aprobación automática y el silencio administrativo positivo. Se parte de la hipótesis que dicha municipalidad desnaturaliza los referidos mecanismos de simplificación administrativa puesto que desconoce y/o obstaculiza los efectos de estos en los procedimientos administrativos sobre licencia de edificación de su competencia. Este tema resulta relevante ya que la actuación de las municipalidades en los procedimientos sobre autorizaciones administrativas para edificar es un factor determinante para contar con un desarrollo urbano ordenado y con los estándares de seguridad suficientes, así como para tutelar los intereses de los administrados sin generar inseguridad jurídica para los mismos. La investigación se sustenta en el análisis de la doctrina sobre las técnicas de la aprobación automática y del silencio administrativo positivo; en el análisis de la regulación de los procedimientos administrativos sobre licencias de edificación; sobre el análisis de pronunciamientos del Tribunal Constitucional y; sobre el análisis de resoluciones administrativas emitidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se concluye que los servidores encargados de la tramitación de los procedimientos y/o de realizar las acciones de verificación administrativa con posterioridad a la emisión de la licencia de edificación realizan una serie de actuaciones propias de un procedimiento administrativo en trámite, desconociendo la existencia de una resolución ficta que otorga la licencia de edificación ya sea por aprobación automática o por silencio administrativo positivo, quitándole vigencia a dichos mecanismos; lo que implica vulnerar el principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad. / Trabajo de investigación

El presente trabajo de investigación aborda el riesgo que el Estado enfrenta constantemente en los procesos de selección de sus proveedores debido al gran número de procedimientos administrativos sancionadores por la causal de presentación de documentación falsa y/o inexacta en dichos procesos. Este riesgo se circunscribe a la posibilidad de contratar con proveedores no calificados quienes para obtener los contratos estatales falsifican documentos o presentan documentos con contenido inexacto que les permite superar las exigencias que las entidades públicas consignan en sus requisitos obligatorios o en sus componentes de evaluación. La investigación muestra el elevado número de procedimientos administrativos sancionadores por presentar documentos falsos y/o inexactos en relación con el número total de procedimientos, verificando con esta estadística el riesgo que asume el Estado durante el desarrollo de sus procedimientos de selección de proveedores de contratar con empresas no calificadas, obligándonos a analizar si es necesario reformular la visión e interpretación de las disposiciones que regulan los procedimientos de selección, como son la simplificación administrativa y el principio de presunción de veracidad; así como instaurar criterios nuevos –y distintos– en los procedimientos de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Se analiza por qué es posible que los proveedores presenten tan fácilmente la documentación falsificada, encontrando que una de las razones es que la simplificación administrativa se aplica sin ninguna restricción a todos los procedimientos administrativos, sin considerar su naturaleza. Asimismo, se plantean criterios adecuados para aplicar el principio de presunción de veracidad en el ámbito de la contratación pública, como, por ejemplo, tener más control y prevención cuando se traten de documentos elaborados o producidos por agentes privados, que son los más falsificados.

En el artículo, la autora analiza lo ocurrido en estos diez años con respecto a temas como los principios del procedimiento administrativo, la simplificación administrativa, los procedimientos sancionadores, el contro ldifuso en sede administrativa y el silencio administrativo.

In this interview, Luis Carlos Rodrigo tells us about the new measures taken by the Government for unlock investments in order to invigorate the economy. Furthermore, he tell us about the participation of new entities in the granting of mining concession, the impact of these new measures in the mining formalization process, the effects of these in the administrative simplification and about relevant aspects uncontemplated by these rules. / En la presenta entrevista, Luis Carlos Rodrigo nos habla sobre las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno para destrabar las inversiones con el objetivo de dinamizar la economía. Además, nos habla sobre la participación de nuevas entidades en el otorgamiento de una concesión minera, del impacto de estas medidas en el proceso de formalización minera, de los efectos de estas en la simplificación administrativa y sobre aspectos relevantes no contemplados por estas normas.

Desde marzo de 2020, el mundo está viviendo una crisis producto de la pandemia del COVID-19. No solo la crisis, sino las medidas tomadas por los diferentes Estados para controlarla han tenido un impacto directo en la industria musical y demás industrias culturales a nivel mundial. Es necesario identificar cuál ha sido el impacto que la crisis ha tenido en la industria musical peruana y evaluar si la pandemia ha acrecentado un problema ya existente o ha creado uno nuevo. Asimismo, una vez identificado el impacto, se deben de evaluar qué medidas son las más adecuadas para sostenerla durante la crisis y fortalecerla cuando esta termine. Se recalcará la importancia de la actividad de fomento del Estado como el mecanismo de intervención adecuado para mitigar los efectos económicos adversos en las industrias culturales. Se demostrará que en el Perú será necesario la elaboración de un marco general que regule la actividad pública de fomento y que las medidas adoptadas deben de estar pensadas a largo plazo y no solo en el contexto de la crisis, ya que las que fueron implementadas durante el estado de emergencia no tienen como objetivo principal fortalecer a las industrias culturales una vez terminado el estado de emergencia

El presente trabajo se desarrolla bajo una metodología de análisis cualitativo de resoluciones emitidas por la Sala respecto a procedimientos de eliminación de barreras burocráticas, pues si bien resulta eficiente este tipo de procedimiento tanto para los administrados como para la propia Administración Pública, se advierte que muchas resoluciones han sido declaradas improcedentes al no determinar lo que constituye una barrera burocrática, la cual constituye materia de análisis bajo este tipo de procedimiento, por lo que, de no ser así como resultado de un análisis general, su aplicación no resultaría ser del todo eficiente. En tal sentido, se advierte que ello es consecuencia de la falta de una metodología del examen de procedencia de la denuncia presentada en el marco de este tipo de procedimiento, el cual por su propia naturaleza sui generis requiere de determinadas pautas a seguir a fin de que este procedimiento logre su propósito en los términos de eficiencia que se refleja en el ahorro que representa para los administrados y la Administración Publica al realizar un control de legalidad y razonabilidad sobre la actuación de esta última.

Las normas de simplificación cumplen un rol importante en nuestro sistema administrativo, puesto que busca que este sea eficiente, célere y justo en la ejecución de la normativa nacional, estableciendo, entre otras medidas, la prohibición a las administraciones públicas de imponer trabas como cobros irrazonables y requisitos innecesarios, los cuales afectan a la ciudadanía y empresas. En ese sentido, el presente trabajo expone y analiza los problemas jurídicos suscitados en el Expediente No. 0321-2016/CEB, procedimiento de eliminación de barreras burocráticas iniciado ante el Colegio de Abogados de Lima por el supuesto quebrantamiento de normas de simplificación administrativa en su trámite de incorporación de abogados. Para ello, atendiendo los hechos del caso, abordaremos como problemáticas la figura de los colegios profesionales en nuestro ordenamiento y su relación con el concepto de Administración pública según la Ley No. 27444, los límites y alcances de la competencia de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi (CEB), el examen de legalidad aprobado en el precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución No. 182-97-TDC del Tribunal de Defensa del Consumidor del Indecopi, así como también el principio del debido procedimiento. Tras un desarrollo doctrinario, estudio de la jurisprudencia constitucional e interpretación normativa, concluiremos que el Colegio de Abogados de Lima es una Administración pública, bajo el artículo I.6 del Título Preliminar de la Ley No. 27444, que realiza la función administrativa de habilitar a los abogados para realizar la representación judicial, por lo que la CEB sí era competente para analizar la legalidad de las barreras burocráticas mediante un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas que respete los derechos de defensa y debida motivación como parte del principio del debido procedimiento en sede administrativa

Ante la propagación del COVID-19, surge una situación de incertidumbre en nuestro pais, en torno a establecer si las medidas de simplificación administrativa de las Licencias de Funcionamiento reguladas en el Decreto Legislativo Nº1497 resultan compatibles con la actividad fiscalizadora de los Gobiernos Locales, en marco de la reactivación económica derivada de la pandemia. Así, no impera una congruencia entre las decisiones y estipulaciones adoptadas por el Gobierno Central y las adoptadas por los Gobiernos Locales, que debilitan el principio de Estado Unitario, a razón de una toma de decisiones no coordinada entre los distintos niveles de gobierno. Lo referido se denota, mediante la emisión de normativa como el Decreto Legislativo Nº1497; sin embargo, pese a que dicho texto tiene como objetivo central la reactivación económica, no toma en consideración que la actividad de fiscalización de los gobiernos locales en cuanto a las licencias de funcionamiento se encuentra debilitada por problemas presupuestales, la falta de personal que verifique el cumplimiento normativo; así como, el predominio de la noción de que la potestad inspectiva radica centralmente en el ejercicio de la actividad sancionadora, ignorando su fin orientador y educativo, máxime ante la crisis económica derivada del COVID-19. En conclusión, se provocan contingencias y ambigüedades pues los agentes económicos no son partícipes de una auténtica reactivación económica, poniendo en tela de juicio su ingreso y permanencia en el mercado. Asimismo, ante la ausencia de trabajo conjunto de los Gobiernos locales y el Gobiernos Central, en relación a las medidas destinadas a la protección del interés público, la sociedad se ve desprotegida por los estragos del COVID-19, toda vez que ante una fiscalización que no se encuentra acorde al contexto que nos ocupa, se da cabida al comercio informal, poniendo en riesgo la salubridad y demás intereses de la sociedad

In this article, the author studies the objectives and principles established during the 90’s,with respect to administrative simplification in contrast with the current governmental objectives for the optimization of the economy and reduction of unnecessary procedures,basically related to mining and environmental proceedings. Finally, the author proposes theneed for a structural change in Peruvian Mining and Environmental Regulations under the framework of what he calls a «positive regulation». / En el presente artículo el autor reflexiona acerca de los objetivos y principios trazados en la década del noventa, en lo que respecta específicamente a la simplificación administrativa comparándolos con los objetivos actuales de dinamización de la economía y reducción de trámites innecesarios; principalmente, los referidos a procedimientos mineros y ambientales. Finalmente, el autor plantea la necesidad de un cambio estructural en la regulación ambiental y minera bajo la forma de lo que denomina una «regulación positiva».

In this academic article, the author analyzes the administrative simplification mechanisms implemented in the Law of General Administrative Procedure, 27444, as amended by Legislative Decree 1272, and in the recent Law of Prevention and Elimination of Bureaucratic Barriers, Legislative Decree 1256. Thus, it can be seen that both laws have taken into account the recommendations of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) in order to (i) alleviate the burdens imposed on the citizens in the development of administrative procedures, (ii) empower the Office of the President of the Council of Ministers in order to implement administrative simplification measures and to monitor compliance by entities, and (iii) eliminate bureaucratic barriers in our legal framework. / En el presente artículo, la autora analiza los mecanismos de simplificación administrativa implementados en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, modificada por el Decreto Legislativo 1272, y en la reciente Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, Decreto Legislativo 1256. Así, se podrá evidenciar que ambas normas han tomado en consideración las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para (i) alivianar las cargas impuestas a los administrados en el desarrollo de los procedimientos administrativos, (ii) empoderar a la Presidencia del Consejo de Ministros para que implemente medidas adicionales de simplificación administrativa y supervise el cumplimiento por parte de las entidades, y (iii) eliminar las barreras burocráticas en nuestro ordenamiento.