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El título de la presente investigación “Causas de la infracción de la ley penal, por menores de 14 a 16 años en la localidad de Sicaya”; dentro de todo lo investigado con relación a los menores que cometen infracción a la ley penal de acuerdo a los distintos fundamentos normativos, dogmáticos y jurisprudenciales que existen en la localidad de Sicaya de forma general en el ordenamiento jurídico, permiten que los menores infractores sean considerados como imputables de acuerdo a la edad dentro de los 14 a 16 años de edad; pero para el sistema de menores infractores. Se identificó las causas que impulsan a la comisión de las infracciones penales cometidas por adolescentes en la localidad de Sicaya, que son las siguientes: la falta de familias debidamente constituidas, violencia familiar, falta de economía (pobreza) y el desinterés por la educación. Ya que, por un lado, las causas de la infracción de la ley penal por menores de 14 a 16 años en la localidad de Sicaya, tiene un alto porcentaje en los últimos años, es así que es necesario tomar conciencia sobre los tipos, características y consecuencias que genera esta conducta en los menores de 14 a 16 años. Y de acuerdo a lo desarrollado y establecida las causas, plantear verdaderas soluciones que ayuden a detener la comisión de infracciones de menores de 14 a 16 años, como causas preventivas; y que, según la estadística de menores infractores de ley penal que va creciendo de manera rápida en la sociedad; que finamente, influyen en la delincuencia adulta ¿Los seres humanos se desenvuelven dentro de la sociedad, los comportamientos humanos también son objeto de control, las medidas socioeducativas se parten en no privativas de la libertad y en la internación en un centro juvenil. Pero en el caso que la infracción no requiere internación, se puede ordenar la amonestación, la libertad asistida y también la prestación de servicios a la comunidad, así como la remisión; evitando así que éstos en el futuro se pueden convertirse en verdaderos delincuentes adultos que afecten a la sociedad.

El crecimiento de la violencia y la criminalidad en nuestras sociedades ha provocado la afirmación peligrosa de un discurso punitivo que amenaza debilitar los derechos humanos y los valores democráticos. Ante ello, la justicia restaurativa, tomando en cuenta las normas internacionales y las experiencias exitosas a nivel mundial, se presenta como una alternativa prometedora. La presente investigación busca conocer y analizar el Proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa implementado en El Agustino (Lima) y Chiclayo (Lambayeque), durante el periodo del 2005 al 2013, tomando en cuenta la opinión de los propios actores implicados en dicho proyecto: los adolescentes en conflicto con la ley penal, los equipos interdisciplinarios del proyecto de justicia restaurativa y los operadores de justicia: fiscales y jueces. La investigación demuestra que el Proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa ha logrado que el sistema de justicia en esas zonas funcione en forma óptima, adecuada, efectiva y restaurativa, haciendo uso de la remisión y la mediación para promover el cambio del adolescente, reparar el daño a la víctima y restablecer la paz social en la comunidad. A partir de los resultados de la experiencia, se propone un conjunto de lineamientos de política para orientar el funcionamiento del sistema de justicia hacia un enfoque restaurativo.

Memoria para optar al Título de Periodista / La ley de Violencia en los Estadios, como se señaló incluso en el momento mismo de su promulgación, no puede ni debe solucionar por sí sola el problema de los disturbios en los recintos deportivos, un fenómeno social con arraigo cultural que explotó en nuestras canchas a fines de la década de los ’80 y que se transformó en los años posteriores en uno de los elementos más identificables alrededor del balompié criollo. Sin embargo, los encargados de aplicarla día a día suelen confesar que su aplicación a cabalidad habría posibilitado muchas soluciones, reconociéndose entonces una inoperancia que se explica por diversos factores y que encuentra distintos responsables, dependiendo del punto de vista. Si bien modificaciones puntuales son válidas y para algunos necesarias, el cuerpo legal existente que permanece casi invariable desde su promulgación en 1994 no es una iniciativa del todo errada y abarca varios puntos y soluciones relevantes, pero la falta de rigor en su aplicación le quita peso y, mientras el fenómeno de la violencia en los estadios siga estando presente, a fin de cuentas termina englobada dentro de ese largo listado de cuerpos legales que se identifican más con letra muerta que con soluciones de facto. Este reportaje de investigación se propone dar respuesta a dos interrogantes generales sobre la ley: reconocer en qué se ha fallado y por qué. Para esto, la revisión de casos que en su momento fueron importantes es particularmente útil, ya que permite apreciar cómo se veía el problema en sus orígenes, qué se decía, qué se prometía, eliminando el factor de la reinterpretación que suele usarse para defender la falta de medidas concretas. El empleo de situaciones puntuales también ilustrará como en gran parte este tema ha tendido a ser cíclico, lo que agrava la falta de acciones concretas que en varias oportunidades no sirvieron para más que apaciguar presiones populares y mediáticas. Otra herramienta útil será prescindir al máximo del factor interpretativo, dejando que los hechos y la voz de los protagonistas establezcan las consideraciones más importantes, las que en su conjunto permitirán apreciar el tema de mejor manera. Este trabajo no se enfoca en criticar porque sí a una de las leyes más cuestionadas desde el retorno a la democracia, sino entender las razones por las que esto se produce. En definitiva, el saber si la persistencia de la violencia en los estadios de Chile se debe a errores propios de una ley mal hecha y pensada, o guarda más relación con culpas y responsabilidades compartidas por varios actores.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Aunque se suele afirmar que las leyes penales en blanco constituyen, ante todo, una técnica legislativa, pocos autores han intentado extraer consecuencias analíticas de esta aserción. En general, su estudio se concentra en las denominadas leyes penales en blanco “propias”, debido a que son las únicas que tensionan la garantía de la lex scripta. Estudiar estas figuras a partir de la técnica legislativa, sin embargo, obliga a emprender un análisis no directamente sobre ellas, sino que sobre su tertium genus: las remisiones normativas. Soslayar este punto de partida puede conducir a errar sobre la clase de remisión que entraña un determinado tipo penal y, en consecuencia, errar sobre su constitucionalidad. El presente trabajo constituye un análisis crítico de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, entre el 2006 y el 2016, que recayeron sobre aquellos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del delito de incumplimiento de deberes militares del artículo 299 N°3 del Código de Justicia Militar. Desde el primer requerimiento en adelante, en noviembre de 2006, habiendo sobrados motivos para hacerlo, nadie parece haber cuestionado el desacierto de nuestro Tribunal Constitucional al calificar al citado precepto como penal en blanco. Lo particular de este análisis, además de controvertir esa calificación, se ve reflejado en el lugar desde donde se levanta el discurso crítico: la lex certa; ya que aquella es la manifestación del principio de legalidad penal que se ve tensionada con la cada vez más frecuente técnica legislativa de remisión normativa

En el presente informe se analizarán los fundamentos desarrollados por el Tribunal Constitucional al momento de resolver la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Notarios de Lima contra el artículo 5º y la Quinta, Sexta y Sétima Disposiciones Complementarias Modificatorias del Decreto Legislativo Nº 1106 - Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados con la minería ilegal y el crimen organizado del 18 de abril de 2012, signado con el número de Expediente Nº 0006-2014-PI/TC. El Decreto Legislativo Nº 1106 mediante su Quinta, Sexta y Sétima Disposiciones Complementarias Modificatorias introduce modificaciones a la Ley Nº 27693 - Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera y el Decreto Legislativo Nº 1049 – Decreto Legislativo del Notariado respectivamente, y tipifica un nuevo delito en su artículo 5º, con lo cual el legislador apunta a mejorar los mecanismos de prevención y represión del delito de lavado de activos. Sin embargo, el Colegio de Notarios de Lima considera que dichas normas devienen en inconstitucionales, mientras que el representante del Poder Ejecutivo emisor del decreto en cuestión, defiende la constitucionalidad las mismas. Como parte del presente informe, se detallarán y analizarán los argumentos esgrimidos por las partes intervinientes y las normas jurídicas invocadas como sustento, así mismo se examinará lo argumentado y resuelto por el Tribunal Constitucional. Finalmente, se desarrollarán aspectos relevantes del delito de lavado de activos, como el sistema de prevención, operaciones o transacciones sospechosas, el bien jurídico protegido, entre otros. / Trabajo de suficiencia profesional