Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto analizar la licitud o ilicitud de la negativa a contratar, también denominada negativa de venta. Dicha figura ha sido considerara por la doctrina y jurisprudencia administrativa, como una de las conductas lesivas contrarias a la libre competencia contempladas dentro de la enumeración no taxativa del Artículo 3° del Decreto Ley Número 211. El trabajo describe el marco normativo de la libre competencia en Chile, luego analiza la negativa de venta, o negativa a contratar, a la luz de la normativa y jurisprudencia pertinente, realiza luego un análisis comparado teniendo en cuenta los antecedentes norteamericano y europeo, y finaliza con una sección de resumen de casos pertinentes en la jurisprudencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / De esta forma - y constituye precisamente el planteamiento de este trabajo - los órganos de la libre competencia han pasado a tener una enorme influencia en el mercado de las telecomunicaciones, a quienes en los últimos años les ha correspondido conocer los casos más relevantes de la industria, aportando en su orientación y regulación a través de los pronunciamientos emitidos. A fin de poder dar el contexto necesario que permita comprender el objeto y planteamiento de este trabajo, he estimado necesario hacer una referencia general a ciertos aspectos básicos en materia de telecomunicaciones y a ciertos principios y materias generales de libre competencia. Con lo anterior, estimo, el análisis de los casos que se exponen más adelante podrá hacerse en un contexto más amplio que, en opinión de esta autora, conllevan 7 a la conclusión que se contiene al final de este trabajo, respecto a la enorme influencia de los órganos de la libre competencia en la orientación y desarrollo industria de las telecomunicaciones

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con aquel desafío en vista, esta investigación pretende examinar el nivel de observancia de diversos aspectos relevantes para la institucionalidad de la libre competencia en nuestro país. Para tal efecto, evaluaremos descriptivamente el proceder de la Fiscalía Nacional Económica (en adelante “FNE”), del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (en adelante “TDLC”), y de la Tercera Sala de la Corte Suprema cuando conoce de materias de libre competencia, a la luz de las siguientes instituciones y principios: (i) transparencia, (ii) independencia, (iii) accountability, (iv) predictibilidad, (v) proporcionalidad, (vi) no discriminación, (vii) capacidad de respuesta a interesados y agentes externos, (viii) experticia, (ix) impugnabilidad, (x) oportunidad, (xi) debido proceso, (xii) suficiencia de las facultades de investigación y sanción, (xiii) confidencialidad, (xiv) cumplimiento de los Criterios para Archivar una Investigación y (xv) eficacia del enforcement para el cumplimiento de los objetivos previstos por el legislador. Como se aprecia en el listado anterior, en este estudio no sólo se evalúa el funcionamiento de la institucionalidad en términos de la efectividad de la persecución de los ilícitos contrarios a la competencia. Además, adquiere particular relevancia el análisis de la observancia de las garantías vinculadas al debido proceso. Este aspecto resulta fundamental para esta investigación, en el entendido de que “cualquiera que [sea] la órbita en que nos situemos, e independientemente de cuál sea el órgano llamado a imponer la sanción – el juez o administración- debe[n] observarse unos mismos principios generales como guía y limitación de su actuación en la materia”10. Esta memoria consta de dos partes. En la primera se exponen los distintos aspectos que resultan relevantes en el diseño de un modelo de evaluación de la institucionalidad de la libre competencia. En la segunda parte, se desarrolla la aplicación práctica y resultados que ha arrojado el ejercicio de las distintas herramientas que integran el señalado esquema de evaluación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo discute la aplicación de una determinada regla de estándar probatorio para la hipótesis de colusión en el derecho de la competencia chileno (‘preponderancia de evidencia’ o ‘balance de probabilidades’). A partir de las críticas realizadas a dicho estándar, propuesto por el Voto de Prevención de la Sentencia Nº 160/2017 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, plantea una propuesta alternativa de regla de estándar probatorio aplicable, desde la perspectiva de la teoría racional de la prueba. / 02/01/2020

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 2816. Dos mil ochocientas dieciséis son la cantidad de páginas que suman las primeras 98 sentencias del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Esta cifra por sí sola limita fuertemente el número de personas que pueden efectuar un análisis de las mismas y vuelve problemático el manejo de las sentencias para quienes lograron sortear la barrera referida. Por consiguiente, se vuelve urgente el tratamiento de dicha información para permitir mayor liviandad y movilidad a la misma. Estimamos que la liviandad y movilidad referidas vienen exigidas por dos órdenes de ideas relacionadas. En primer lugar, todo sistema de documentación requiere de técnicas de tratamiento que permitan su organización. En este contexto, resulta esencial tener presente la técnica del fichaje, en tanto se ha señalado que su invención constituyó el paso más importante de la documentación . En segundo lugar, la primera idea se vuelve un imperativo en cuanto a la jurisprudencia en materia de libre competencia. Esta afirmación se explica por dos notas. La primera corresponde a la gran importancia relativa de la jurisprudencia en materia de libre competencia, ya que en esta sede la sentencia judicial, a lo menos, clarifica el contenido de la regulación (tipo infraccional abierto). Incluso, se ha señalado que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no se limitaría a clarificar el contenido del tipo, si no que se erigiría como un verdadero ente regulador del comercio . La segunda nota, vinculada a la anterior, corresponde a la relevancia del derecho de la competencia. Es posible graficar dicha importancia de forma conceptual en las palabras de WHISH, quien señala que el derecho de la competencia consiste en reglas que tienen por objeto proteger el proceso competitivo con el fin de maximizar el bienestar de los consumidores . De forma anecdótica, es pertinente recordar la serie de reacciones sociales, políticas, económicas y jurídicas generadas por el acuerdo de conciliación celebrado entre la Fiscalía Nacional Económica y Farmacias Ahumada S.A. en el marco del caso farmacias. Lo anterior, es reflejo de la existencia de una mayor conciencia acerca de la relevancia que tiene la protección de la libre competencia en los mercados

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objeto de estudio de esta tesis son los Acuerdos de Exclusividad —aquellos a través de los cuales se prohíbe a un comprador adquirir bienes o servicios de los competidores del vendedor exclusivo—; fenómeno común pero poco estudiado que se observa principalmente en la cadena de distribución de bienes y, en menor medida, de servicios. Normalmente, la preocupación del Derecho de la Competencia respecto a este comportamiento es que las empresas dominantes pueden emplearlos para excluir anticompetitivamente a sus rivales. Además, se plantea que cuando los Acuerdos de Exclusividad son usados por todos o la mayoría de los agentes económicos de un mercado, éstos también pueden relajar la competencia y propiciar una colusión en el mercado afectado, y, en caso de que los Acuerdos de Exclusividad sean pactados con distribuidores, perjudicar o dificultar las elecciones de los consumidores. A pesar de lo anterior, esta práctica puede ser utilizada con propósitos procompetitivos, pues es comúnmente aceptado que los Acuerdos de Exclusividad permiten disminuir los costos de transacción de las partes involucradas o solucionar un eventual problema de cautividad y, si son parte de un contrato de distribución, eliminar un posible problema de parasitismo o fomentar la competencia por la distribución. Debido a que los Acuerdos de Exclusividad tienen el potencial para ocasionar efectos anticompetitivos y procompetitivos, se propone —en línea con parte de la jurisprudencia y doctrina comparada, y con los fallos del TDLC en casos de abuso de posición dominante— que éstos se analicen conforme a la regla de la razón, test que correspondería aplicar sin importar el poder de mercado que detente el vendedor.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente memoria expone modo exhaustivo la regulación y evolución de ésta relativa mercado de las telecomunicaciones en Chile, y debe entenderse complementaria al trabajo realizado por el señor Eduardo Aguilera Valdivia, titulado “La incidencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en la fijación de tarifas del sector de las telecomunicaciones”. Dado que sin duda alguna, el de las telecomunicaciones es uno de los mercados más dinámicos y cambiantes. Los servicios públicos de telefonía fija y móvil, la televisión pagada, la banda ancha y el resto de los servicios de telecomunicaciones, sufren diversas adaptaciones y cambios radicales debido a los avances tecnológicos que afectan la industria. La aparición de la telefonía IP, nuevos competidores en el mercado de la telefonía fija, el surgimiento de la banda ancha móvil, la reducción de las llamadas en la telefonía local y especialmente la convergencia tecnológica -la posibilidad que por una misma plataforma sean prestados diversos servicios de telecomunicaciones- son manifestaciones de los cambios drásticos que afectan esta industria y que no suceden con la misma velocidad en otro segmento de nuestra economía. Así por ejemplo, según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el tráfico de salida, en miles de minutos, de la telefonía móvil al año 2000 era de 2.471.208, mientras que al año 2009 el tráfico ascendía a 17.315.208, lo que provoca, claro está, cambios estructurales en el mercado de las telecomunicaciones, en especial si se considera a la telefonía móvil un sustituto cercano a la telefonía fija –segmento altamente concentrado-, tal como estudiaremos en el presente trabajo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria desarrolla, analiza y sistematiza, de un modo exhaustivo, cada una de las materias controvertidas respectos de las cuales se ha pronunciado en Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y debe entenderse complementaria al trabajo realizado por la señorita Mónica Cortés Mondaca, titulado “La incidencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en la fijación de tarifas del sector de las telecomunicaciones: Aspectos Generales”. En este sentido, el trabajo que a continuación se despliega es un complemento del minucioso análisis que ha efectuado la señorita Cortés de cada uno de los fallos del Tribunal de Defensa de la Libre Compentencia relacionados al sector de las Telecomunicaciones. En primer término, resulta útil señalar que, el de las telecomunicaciones, es uno de los mercados más dinámicos y cambiantes. Los servicios públicos de telefonía fija y móvil, la televisión pagada, la banda ancha y el resto de los servicios de telecomunicaciones, sufren diversas adaptaciones y cambios radicales debido a los avances tecnológicos que afectan la industria. La aparición de la telefonía IP, nuevos competidores en el mercado de la telefonía fija, el surgimiento de la banda ancha móvil, la reducción de las llamadas en la telefonía local y especialmente la convergencia tecnológica -la posibilidad que por una misma plataforma sean prestados diversos servicios de telecomunicaciones- son manifestaciones de los cambios drásticos que afectan esta industria y que no suceden con la misma velocidad en otro segmento de nuestra economía. Así por ejemplo, según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el tráfico de salida, en miles de minutos, de la telefonía móvil al año 2000 era de 2.471.208, mientras que al año 2009 el tráfico ascendía a 17.315.208, lo que provoca, claro está, cambios estructurales en el mercado de las telecomunicaciones, en especial si se considera a la telefonía móvil un sustituto cercano a la telefonía fija –segmento altamente concentrado-, tal como estudiaremos en el presente trabajo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En este empeño, el presente trabajo se estructura sobre la base de una primera parte general introductoria (capítulo I), en donde se pretende dar un marco general teórico al desarrollo posterior, precisando la noción de libre competencia y prácticas anticompetitivas, y desarrollando ciertos aspectos procesales que tienen relación con dicho bien jurídico. En la segunda parte (capítulo II), nos introduciremos en la colusión como ilícito, previsto y sancionado en la letra a) del artículo 3° del DL 211 de nuestra legislación, sus elementos y características. Todas cuestiones de particular relevancia a la hora de determinar los esfuerzos probatorios que habrán de desplegar los actores a fin de dar por acreditado dicho ilícito en sede jurisdiccional. En la tercera parte de este trabajo (capítulo III) se tratarán cuestiones relativas a la teoría general de la prueba y su relación e importancia en materia de libre competencia, valoración de la prueba y debido proceso. 11 Y, finalmente, en la cuarta parte de este trabajo (capítulo IV) se abordaran cuestiones relativas a los medios de prueba contenidos en el DL 211 y como estos deben ser y en la práctica han sido desplegados a fin de hacerlos eficaces a la hora de pretender acreditar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y nuestra Excma. Corte Suprema, el ilícito anticompetitivo de colusión.

El presente trabajo busca demostrar, dentro del intento por fortalecer la aplicación pública y la aplicación privada del derecho de la competencia, que el aumento de las multas es incompatible con la implementación de daños punitivos y que, atendidos los fines del derecho de la competencia vistos desde una perspectiva económica, resulta más eficiente optar por el primer camino