Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La creación del Tribunal de Contratación Pública, junto con la normativa instaurada mediante la Ley N°19.886 en relación con los procedimientos de contratación de bienes corporales muebles y servicios celebrados por los distintos servicios públicos afectos a dicha ley, constituye un importante avance en la modernización del Estado en el ámbito de las compras públicas. El objetivo del presente trabajo es examinar el procedimiento de la acción de impugnación, de la cual conoce el Tribunal de Contratación Pública, junto con evaluar su labor para dirimir de las distintas controversias suscitadas en las licitaciones públicas puestas bajo su conocimiento Al respecto, podemos adelantar que existen materias dentro del ámbito procedimental que no quedaron suficientemente tratadas o derechamente fueron omitidas por el legislador, lo que deriva en distintos inconvenientes tanto para las partes como para el tribunal, ya sea en cuanto a criterios, ámbitos de acción y eficacia del mismo. Consideramos que, con la actual regulación del tribunal, en la práctica, se diluye el objetivo por el cual fue creado el tribunal, cual es, solucionar los distintos conflictos en materia de licitaciones públicas, pues en bastantes casos, las sentencias definitivas del tribunal se traducen en meras declaraciones de ilegalidad sin efectos concretos en el proceso licitatorio en cuestión.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / En una licitación pública la propuesta técnica presentada por los oferentes resulta fundamental a la hora de determinar la contratación administrativa de bienes y servicios para el Estado; dicho documento, en ciertos casos, contiene antecedentes cuyo público conocimiento puede afectar sus derechos (e intereses legítimos) comerciales y económicos. Frente a dicha problemática, el ordenamiento jurídico contempla la protección de los derechos de propiedad intelectual, entre ellos, el secreto comercial cuya regulación influencia aquella que es propia del Derecho Administrativo. La eventual colisión entre ambos bienes jurídicos protegidos constitucionalmente, la transparencia en su dimensión del derecho de acceso a la información y los derechos subjetivos económicos y comerciales, se ha resuelto casuísticamente por el Consejo para la Transparencia en aplicación de la excepción contenida en el número 2º del artículo 21 de la Ley Nº 20.285, cuyo argumento ha devenido en el asentamiento de criterios orientadores para efectos de determinar la procedencia de dicha causal de reserva, que incorpora normas de carácter constitucional, legal y reglamentaria, y un análisis en concreto sobre la naturaleza de la información y su posición en el mercado.

Memoria de prueba para optar la grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La captura del regulador es un fenómeno que abarca una multiplicidad de eventos y situaciones, donde un organismo estatal muestra en sus acciones una apariencia de estar velando por los intereses particulares del sector sobre el cual tiene una obligación legal de regular con miras al bien común. A simple vista se aprecia la actuación y su resultado, sin embargo debe analizarse con profundidad las condiciones en las que se gestó dicha actuación, si se pretende corregir esa conducta y evitar su ocurrencia. En razón de lo anterior, el presente análisis busca delinear el estudio de la situación en la que la acción del regulador no sea afín a los propósitos o intereses bajo los cuales se creó. Posteriormente, esbozar el concepto de captura del regulador y evaluar si es posible establecer un modelo de detección para estas situaciones. Luego, aplicar dichas nociones a un conflicto judicial producido entre la Fiscalía Nacional Económica y la Junta Aeronáutica Civil en el año 2007, en relación a la licitación de frecuencias aéreas entre Santiago de Chile y Lima. Se verán casos similares ocurridos en la legislación antimonopólica estadounidense y de la Unión Europea, lo cual permitirá apreciar el tratamiento de esta situación por parte de la legislación comparada. Finalmente, se evaluará si es posible encuadrar la figura de la captura del regulador en el tipo infraccional presente en el artículo 3 del Decreto Ley N° 211, junto con analizar las responsabilidades y sanciones que contraería el regulador en el sistema jurídico chileno como consecuencia de dejarse capturar.